Creación del Fondo de Infraestructura S.A.: avanza estudio de las indicaciones

En la mitad de la revisión de las indicaciones del proyecto que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A., que cursa su primer trámite, están los integrantes de la Comisión de Obras Públicas.

En su última sesión, los legisladores continuaron analizando las mejoras realizadas al texto tanto por el Ejecutivo como por los propios senadores. Todos coinciden en la necesidad de generar un fondo para reimpulsar las concesiones, dándoles un nuevo estatus.

En tal sentido, el senador Juan Antonio Coloma comentó que “las concesiones han tenido un bajón importante en los últimos años. Es cosa de recordar lo que pasó en el sector salud con las concesiones que buscaban construir nuevos hospitales, política que fue eliminada de plano”.

“También sentimos la necesidad de desarrollar proyectos en regiones que es donde más falta. Queremos que las obras tengan un impacto cierto porque no se trata de construir por construir”, aseguró.

Respecto a las indicaciones, el senador Antonio Horvath explicó que “estamos abogando por algunas mejoras que hicimos a la redacción. Por ejemplo, queremos que con cargo a este fondo se puedan hacer estudios y proyectos, y así se pueda rehabilitar vías defectuosas sean camioneras, ferroviarias o portuarias”.

“También nos interesa que las obras puedan ser realizadas por terceros o, de manera directa, por los ministerios o servicios implicados (…) Una cosa que no nos parece y que fue presentada por el Ejecutivo, es que el Ministerio de Desarrollo Social sea el que entregue el visto bueno para el financiamiento de una propuesta. Creemos que esa cartera no coordina ni planifica”, hizo ver.

EQUIDAD TERRITORIAL

Un tema que se hizo presente en sesiones anteriores dice relación con la equidad territorial. En este sentido, el senador Alfonso De Urresti –quien es presidente de la Comisión- declaró que “se requiere una visión integradora que equilibre el desarrollo del país, pensando también en las zonas menos pobladas o donde habitan pueblos originarios. Se trata de armar una estructura con visión integradora, de manera de no concentrar las obras en grandes ciudades donde la rentabilidad es mayor”.

Por su parte, el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga se mostró confiando en la tramitación de la propuesta, planteando “que ya se ha votado lo más complejo que dice relación con el objetivo del proyecto, ver como el fondo se relacionará con otros servicios y también, los senadores decidieron que esta herramienta permita financiar todo tipo de infraestructura, no solo las tradicionales carreteras”.

Queda pendiente votar las indicaciones relacionadas con la organización del fondo y temas operacionales. Se presume que en dos sesiones más, el texto podría ser despachado a la Comisión de Hacienda para su estudio.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10647-09.

Comienza proceso de renovación de presidencia de las comisiones

Durante la semana que concluye, se produjo el cambio de mesa en diversas comisiones legislativas, en el marco del inicio de una nueva legislatura (periodo legislativo que va desde los meses de marzo a enero). Así, en un ambiente de camaradería, los legisladores saludaron a los senadores que dejan la presidencia y aquellos que asumen este rol, en virtud de un acuerdo político adoptado por los propios Comités.

Cabe recordar que, la próxima semana también corresponde el cambio de Mesa de la Corporación, luego que los actuales Presidente y Vicepresidente, Ricardo Lagos Weber y Jaime Quintana, respectivamente, hicieran entrega de sus cargos.

En la próxima sesión ordinaria, la Sala procederá a elegir a los representantes de la Corporación.

En tanto, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el senador Pedro Araya entregó la presidencia al senador Felipe Harboe. El legislador saliente reconoció que “muchos de los debates que se efectuaron en el último año fueron complejos, pero muy positivos”. En tal sentido, el entrante comentó que “nuestra idea es sacar adelante muchos proyectos de ley, que desde hace un tiempo también contemplan la esfera económica”.

En la Comisión de Hacienda, el senador Andrés Zaldívar hizo lo propio con el senador Carlos Montes. El miércoles pasado ejerció su titularidad el legislador, debutando con la tramitación del proyecto relativo al fortalecimiento de la regionalización del país.

En la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, el senador Manuel Antonio Matta le entregó la posta al senador Juan Pablo Letelier. El primero calificó como un año intenso el periodo que le tocó presidir la instancia. “Nos tocó ver materias diversas como la ley de TVN, la velocidad mínima de internet, y la conducción en vehículos con vidrios polarizados, todas las que fueron bien recibidas”.

En la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador Jorge Pizarro entregó la presidencia al senador Hernán Larraín. Este último se mostró entusiasmado con el desafío, declarando que “este año se vienen temas importantes como es la demanda de Bolivia por una salida al mar y la modernización de la Cancillería, entre otros”.

En la Comisión de Economía, el senador Iván Moreira hizo lo propio con el senador Eugenio Tuma. Este último aseguró que “se continuará con la senda de la instancia que ha buscado legislar en favor de los derechos de los consumidores. Estoy pensando en diversas propuestas que apuntan a terminar con la asimetría entre los proveedores y los compradores”.

(Fuente: Senado)

Comisión de Cultura ratificó cuenta pública presidencial para el 1 de junio de cada año

bandapresidencialTras un amplio debate, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados optó por ratificar el criterio adoptado por la instancia en enero pasado, en orden a dejar como fecha para la rendición de la cuenta pública del Presidente de la República ante el Congreso Pleno, el 1 de junio de cada año.

El presidente de la Comisión, diputado Ramón Farías (PPD), informó que el grupo parlamentario debió reabrir la discusión del proyecto debido a la presentación de cuatro indicaciones: dos que abarcaban temas no coincidentes con la idea matriz del proyecto, por lo que fueron declaradas inadmisibles; y dos que proponían fechas alternativas, una para el 11 de septiembre, que fue rechazada por la unanimidad de los legisladores presentes, y otra para el 11 de julio, coincidente con la conmemoración de la nacionalización del cobre, que fue rechazada por cuatro votos a favor, siete en contra y una abstención.

El diputado Farías reconoció que hubo un amplio debate sobre los puntos, aunque resaltó que no hubo argumentos nuevos respecto de los planteados en enero pasado. En todo caso, dijo no objetar, al igual que otros legisladores, la fecha del 11 de julio, pero estimó que ello podría impedir alcanzar el alto quórum requerido para la modificación constitucional (70 votos afirmativos en el caso de la Cámara) y mantener problemas como los que se producen hoy con la norma vigente.

«Creo que podría llegar a producirse el mismo problema que se produce con el 21 de mayo, que algunos van a querer celebrar o conmemorar la nacionalización del cobre y otros van a estar en la cuenta. Entonces hay una mezcla que a mí me parece que no es buena y, más bien, lo que tenemos que hacer es buscar una fecha relativamente neutra que diga relación con nuestro Parlamento», planteó.

El diputado Osvaldo Urrutia (UDI), autor junto a otros seis legisladores de una de las tres mociones que dieron origen a este proyecto, se manifestó muy conforme con el resultado y resaltó que el 1 de junio es un día que concita un amplio consenso político, manifestado en múltiples proyectos de ley presentados previamente por más de cien parlamentarios que, lamentablemente, no tuvieron en su tiempo el apoyo suficiente para prosperar.

Asimismo, remarcó la necesidad de mantener un criterio de neutralidad política a hora de definir la celebración de un acto republicano como la Cuenta Pública Presidencial, apoyado en una fecha de tradición histórica.

«Estaba establecida en la primera Constitución que nos rigió en el año 1833 y que no fue impuesta, fue porque en ese día se iniciaron las sesiones ordinarias del Congreso y que más propio del Congreso, cuando se rinde la cuenta pública que el Presidente tiene la obligación de hacerlo ante los parlamentarios, en el Congreso Pleno, que la fecha en que se inició históricamente esa actividad», enfatizó.

El diputado Renzo Trisotti (UDI) estimó que primó el espíritu original que tuvieron al presentar este proyecto de manera transversal, donde hubo firmas desde la UDI al PC, que dice relación con desvincular dos hechos importantes de nuestra tradición democrática, como es la realización de la cuenta presidencial ante el Congreso Pleno con la celebración de las Glorias Navales.

«Esto no puede ser una bandera ni de la izquierda ni de la derecha el establecer una fecha alternativa. Acá se rechazaron indicaciones que iban desde el día de la nacionalización del cobre hasta el día 11 de septiembre, creo que eso se alejaba demasiado del espíritu que se tuvo al momento de poder presentar este proyecto y me alegra que acá haya primado una fecha que es importante en nuestra historia republicana, que tiene un sustento histórico pero que además no genera divisiones», sentenció.

Finalmente, los legisladores expresaron su interés de que la propuesta legal sea prontamente aprobada en la Sala de la Cámara, como asimismo en el Senado, de modo que pueda estar vigente la norma para el presente año.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9741.

Corte Suprema remite al senado informe sobre proyecto de ley que suspende sentencias para embarazadas y madres de menores de 3 años

Pleno Corte SupremaReunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el viernes 3 de febrero recién pasado– analizó el contenido del proyecto de ley que establece la suspensión de la ejecución de sentencias y de la prisión preventiva de embarazadas y mujeres con hijos menores de 3 años. Informe que fue remitido al presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, el lunes 13.

La Corte Suprema, tras la revisión de la iniciativa legal afirma que: «(…) es posible concluir que el proyecto en cuestión propone ajustes normativos de importancia no menor, en relación al cumplimiento de los estándares internacionales antes mencionados, los que intentan equilibrar las desigualdades que afectan a las mujeres privadas de libertad embarazadas o que dan a luz en esa condición y proteger el interés superior de niños y niñas, a través de modificaciones legales que pretenden hacerse cargo del rol de cuidado de los hijos que socialmente se atribuye a la mujer, y del impacto que sobre la base de este rol socialmente definido, tiene la privación de su libertad para ella y para la sociedad en general».

Oficio que agrega: «Ahora bien, la opción tomada por el proyecto obliga también a preguntarse si una modificación como la propuesta no contribuiría, acaso, a perpetuar el rol socialmente asignado a la mujer como única o exclusiva cuidadora de sus hijos, excluyendo la participación de los hombres en el ejercicio de su rol parental y la corresponsabilidad en la crianza de los hijos, que han potenciado las últimas reformas introducidas al Código Civil por la ley 20.680».

Respecto de la suspensión de la ejecución de la sentencia, el máximo tribunal sostiene que «(…) si bien la medida de suspensión parece orientarse a proteger a la familia y al interés superior del niño, su carácter doblemente incondicionado –no constituye una facultad para el juez, sino una obligación, y al finalizarse el periodo de suspensión esta siempre implicará la privación de libertad de la mujer y la separación de su hijo, aunque se haya rehabilitado y ya no exista necesidad de pena– puede perjudicar el interés superior del niño o niña y contradecir el sentido general que de acuerdo a la ley y los tratados internacionales debe perseguir el sistema penitenciario: promover la reinserción social y la ulterior prevención del delito».

«En efecto –continúa–, sin perjuicio de su enorme relevancia en la generalidad de los casos, no es difícil pensar en situaciones en que la medida de suspensión de la condena podría resultar irrelevante o incluso inútil en relación al interés del menor. Y esto es así, porque tal como demuestra la experiencia de la situación regulatoria actual, pueden existir casos en que justamente aquello que más convenga al menor sea quedar bajo el cuidado personal de su padre, algún otro miembro de su familia o, en casos especialmente graves, su internación en un centro de lactantes e infantes del SENAME. En estas situaciones, la medida de suspensión de la condena de la madre no serviría a los fines que busca el proyecto y, al contrario, podría contribuir a perpetuar estereotipos de género, pudiendo su aplicación particular dificultar las acciones encaminadas a lograr una mejor distribución de roles y tareas en materia de cuidado de los hijos».

Potestad discrecional
Ahondado en el punto, el pleno de ministro propone, «en lo que a este asunto respecta, pareciera pertinente considerar la medida de suspensión de la condena como una potestad discrecional de los tribunales de justicia y no un deber incondicionado, tal como aparece en la propuesta. Esto haría posible conciliar, en el caso concreto, todos los fines que enuncia la moción, haciéndose cargo del hecho que en la generalidad de los casos es la mujer la que ejerce el cuidado del niño o niña, sin contradecir un enfoque respetuoso de las consideraciones de género y el interés superior de las niñas y niños implicados. Asimismo, la denunciada rigidez del sistema, que tampoco distingue, al expirar el plazo de suspensión de la condena, e impone, necesariamente, la privación de libertad en la mujer que ha utilizado esta herramienta, puede provocar importantes distorsiones respecto de los fines de reinserción que debiese perseguir un modelo de ejecución penitenciaria respetuoso de los Derechos Humanos».

«En este sentido –prosigue–, tal como en el caso anterior, resulta contra intuitivo o incluso violento privar de libertad a una mujer que, tras haber visto suspendida su condena, demuestra haberse reinsertado adecuadamente en sociedad y haberse hecho cargo del cuidado del niño o niña y su desarrollo integral. Lo cierto es que, tal como en el caso anterior, parece aconsejable entregar la evaluación de la situación de la mujer y su hijo a la judicatura especializada, la que en conocimiento de las circunstancias del caso y el interés superior del niño, debería ser capaz de ampliar el plazo de suspensión o, inclusive, sustituir o conmutar su condena. Esta sola posibilidad, podría constituir un importante incentivo para la reinserción de la mujer, la prevención de su reincidencia, y el resguardo de la familia y el interés superior del niño.
De hecho una solución regulativa similar se ha propuesto por varios expertos chilenos en la materia».

Cautelares
Sobre los mecanismos de control de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, la Corte Suprema estima que «(…) la suspensión de la condena sujeta a la mujer a un régimen de control innominado, que no especifica detalladamente sus implicancias ni refiere a algún estatuto legal o reglamentario que defina claramente sus consecuencias, no precisándose si la sujeción al control de la mujer corresponde a una pena, o a alguna otra medida. De esta manera, la estrategia regulativa del proyecto no responde cuestiones tan elementales como las que siguen:
– Determinar si el mecanismo de suspensión interrumpe o suspende el plazo de prescripción de la pena que se estipula. Esto es importante, especialmente, en atención a las reglas de media prescripción que estipula el artículo 103 del Código Penal, y la posibilidad de extender hasta por tres años más el periodo de suspensión, como sugiere el nuevo artículo 468 bis de la propuesta;
– Determinar si el mecanismo de revocación de la suspensión será incondicionado; si se producirá sólo tras la comisión de un nuevo delito o también con el incumplimiento del régimen de control impuesto; si se discriminará según la entidad del incumplimiento, o la reiteración de los mismos; qué rol jugará en su evaluación el cuidado del niño, su interés superior o el proceso de reinserción de la condenada;
– Determinar cómo se ejercerá el control de la autoridad; si será de cargo del SENAME. De las policías o de Gendarmería de Chile; si se someterá a la mujer a una o más condiciones determinadas, como las de realizar acciones en favor de su hijo o el hogar común;
– Determinar qué sucederá si al cumplirse dos años de suspensión nace un nuevo hijo; ¿Se suspenderá nuevamente la pena respecto de este nuevo recién nacido? ¿Cómo se calificará la existencia de una enfermedad grave?
– Determinar cómo se aplicarán las reglas de abono, si se someterá a las reglas generales explicitadas en el artículo 26 de la ley 18.216, independientemente del hecho que el control al que se somete a la mujer no tiene necesariamente el carácter de pena (o modo de cumplimiento de la misma)».

A modo de compendio, el pleno sostiene que «(…) no obstante la positiva inspiración del proyecto, éste no considera algunas cuestiones relacionadas, que han sido observadas por diversos expertos como de necesaria reforma:
– La inexistencia de una regla o principio según el cual la lactancia o el cuidado personal de un niño puedan servir de fundamentación o argumento para la concesión de alguno de los beneficios o derechos penitenciarios que prevé la ley, como son la libertad condicional, la rebaja de condena, el sistema de salidas, o la pena mixta.
– La inexistencia de una reglamentación que permita facilitar la relación directa y regular de madres y padres privados de libertad, con sus hijos menores, durante toda su niñez.
– La inexistencia de regímenes y principios que plasmen la importancia de la maternidad o paternidad para efectos de acceder prioritariamente a las plazas de trabajo, educación y capacitación en contextos de encierro.
– La inexistencia de un sistema de ejecución penitenciario moderno, que cuente con jueces de ejecución con competencias claras, con cobertura jurisdiccional adecuada, y criterios interseccionales que permitan compatibilizar el resguardo del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la legalidad y juridicidad en el cumplimiento de las penas, y la reinserción social de los condenados».

Prisión preventiva indispensable
Sobre la prisión preventiva, el informe del máximo tribunal afirma que «es menester tener presente que, en su calidad de medida cautelar, ella se impone sobre la base de un juicio de ponderación complejo que, de un lado, considera la existencia de determinados riesgos que pueden producirse mientras dura la investigación o el juzgamiento de la acción (como podrían ser la fuga del imputado o la perpetración de un nuevo ilícito), y por otro, considera los daños, costos y riesgos que una medida tan intensa como ésta produce (v.gr. los costos económicos que conlleva la privación de libertad para el Estado, el riesgo jurídico de privar de libertad a alguien que en definitiva será declarado inocente, etc.). De allí que ella sólo pueda imponerse cuando, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Procesal Penal, ella sea ‘indispensable'».

«Pues bien –continúa–, atendida la naturaleza jurídica de la prisión preventiva como medida cautelar, la existencia de una mujer embarazada, o que tenga a su cargo el cuidado de su hijo, implica riesgos y consecuencias dañinas adicionales -a las que se ha hecho referencia en el apartado anterior del presente informe- que no se encuentran presentes respecto de otros imputados. Estos riesgos intensificados, contrastados con el principio de la primacía del interés superior del niño, de la personalidad de las penas y la protección de la vida del que está por nacer, plausiblemente pueden llevar a considerar al legislador la prohibición de aplicar esta medida a mujeres embarazadas. Esto equivaldría, desde luego, a una decisión de política criminal, en la que el legislador ordena de modo incondicionado que, ante los conflictos de intereses que pudieran existir entre los principios de éxito de una investigación y prevención del delito por un lado, y el interés superior del niño y la protección de la vida de aquél que está por nacer, por otro, el juez siempre deba privilegiar estos últimos, debiendo el ordenamiento prever otros mecanismos orientados a resguardar el éxito de la investigación. Con todo, valen aquí las reflexiones hechas anteriormente, en relación a los eventuales problemas que podría generar una opción legislativa rígida o incondicionada, que eventualmente podría conspirar contra los propósitos del mismo proyecto».

«Sin perjuicio de lo anterior, es menester tener presente que la prisión preventiva es una medida que, aún hoy, sin norma expresa al respecto, podría decidir no aplicarse para las mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años, tanto en razón del criterio de ponderación antes indicado, como en directa aplicación del control de convencionalidad relativo al interés superior del niño, priorizando otras medidas de control contempladas por la ley. Así, «no se sacrifica aquí ningún interés público estatal de coerción personal sino que se lo adapta para conjugarlos con los derechos de protección especial que involucran a la infancia y la adolescencia«, concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Consulte el informe de la Corte Suprema.

 

Diputados buscan perfeccionar funcionamiento de los cajeros automáticos

Finanzas DineroPerfeccionar el funcionamiento de los cajeros automáticos modificando el Decreto Supremo 222, que regula medidas mínimas de seguridad aplicables a su instalación y operación, es lo que solicita la Sala de la Cámara de Diputados al Ejecutivo.

La solicitud, aprobada por 92 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, fue presentada a la Cámara por los diputados RN Alejandro Santana, Bernardo Berger, Gonzalo Fuenzalida, Jorge Rathgeb, Marcela Sabat y René Manuel García, además de los UDI David Sandoval e Iván Norambuena y el socialista Fidel Espinoza.

Según expresaron los legisladores, el uso de los cajeros automáticos está regulado en nuestro país a través del Decreto Supremo 222, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual regula medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación y operación de cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero de cualquier especie.

Sin embargo, y aunque el mencionado decreto regula diversos cuerpos relativos a la seguridad y al funcionamiento, argumentaron que este no ha regulado un detalle relativo a la operación de la tarjeta bancaria durante el giro de dinero, u otra operación al interior de un cajero automático.

En ese contexto, argumentaron que en los cajeros de las mayorías de las entidades bancarias, la operación exige, para comenzar, que se inserte la tarjeta de débito o crédito en el interior del cajero automático y esta solo es devuelta una vez que la operación ha concluido. “Son muy pocos los cajeros que operan con la lógica contraria: el cliente debe insertar y retirar la tarjeta de crédito en el mismo acto y después de eso puede operar en el cajero hasta finalizar la operación”, acotaron.

Por lo anterior, manifestaron que esta última versión es la más segura, puesto que evita que el cliente olvide su tarjeta bancaria al interior del cajero automático, una vez que ha recibido el dinero. “La norma administrativa debiera ir en esta línea, pues se trata de un cambio deseable, barato de implementar, y que puede ayudar a la seguridad de todos los usuarios”, remataron.

(Fuente: Diputados)

Consulte la resolución de la Cámara de Diputados N° 794.

Diputados ingresan proyecto para garantizar escaños parlamentarios a pueblos originarios

congreso nacional smallUna Reforma Constitucional que busca crear un padrón indígena a fin de garantizar su representación en el Congreso, ingresaron esta mañana los diputados de Amplitud Pedro Browne y Joaquín Godoy, junto a los diputados Karla Rubilar (IND), Pepe Auth (IND), Leonardo Soto (PS), Diego Paulsen (RN) y Joaquín Tuma (PPD).

“Una fórmula que ha logrado la inclusión de los pueblos originarios no solamente en la actividad económica, sino también política, es asegurar la representación en las instancias de decisión como es el Congreso”, explicó el diputado Browne.

Tras esto, el parlamentario aseguró que la propuesta ingresada busca crear un padrón electoral de pueblos originarios, complementario al actual, de manera que proporcionalmente a la cantidad de gente que lo conforma, puedan elegir representantes en el Congreso.

En cuanto al avance en la concreción de proyectos que beneficien a La Araucanía, el diputado Tuma señalo que, lamentablemente, están «amarrados con el Convenio 169», que implica que el gobierno tiene que hacer consultas previas para poder avanzar en este tema. «Por lo tanto, hacemos un llamado precisamente en esa dirección”, señaló.

Al mismo tiempo, el legislador afirmó que solicitarán que el gobierno ponga urgencia para aplicar el convenio 169 y hacer las consultas para que todos estos proyectos puedan seguir caminando a ser ley en la República de Chile.

Por su parte, el diputado Soto afirmó que Chile tiene una deuda con los pueblos originarios y en su institucionalidad no ha sido capaz de darle un cauce e integración que permita que los pueblos originarios se expresen políticamente en las decisiones del país.“Este es un paso necesario en la evolución de nuestro país, que sin duda le va a dar un cauce de expresión que es muy distinto al que se está dando en La Araucanía», comentó.

Finalmente, el parlamentario subrayó que la respuesta policial que hace el Estado de Chile es insuficiente para hacerse cargo de las problemáticas y desafíos que tienen los pueblos originarios. “Nosotros estamos dando una alternativa profundamente democrática, que esperamos tenga el impulso y respaldo de parte del Ejecutivo», concluyó.

(Fuente: Diputados)

Presentan solicitud para permitir el retiro parcial de fondos previsionales

afpUn grupo de diputados pidió al Ejecutivo el envío de un proyecto que posibilite, por una sola vez, el retiro de hasta el 25 por ciento de los ahorros previsionales de cada cotizante para comprar un inmueble o entregar un pie en un crédito hipotecario.

A través de una resolución –que aún debe ser votada y aprobada por la Sala de la Corporación– los legisladores piden al gobierno que mientras se espera e implementa una reforma previsional general, es necesario contar con medidas que operen a corto y mediano plazo para apoyar a la clase media, planteando, como una de estas, la posibilidad del retiro parcial de los fondos ahorrados en las AFP.

Al respecto, el diputado Marcelo Chávez explicó que “hay que recordar que los fondos previsionales en Chile son de propiedad de los afiliados y lamentablemente en Chile, al parecer, se ha ido perdiendo esta noción. Por lo tanto, creemos que, por esta, vía los afiliados al sistema de pensiones podrían rentar mucho más por la vía de la adquisición de una vivienda que lo que hoy día están haciendo a través del sistema de pensiones».

Añadió que la idea de esta propuesta es que tendría un carácter voluntario, no obligatorio, de manera quien quiera, pueda ,por una vez en su vida, retirar para este solo objeto.

Chávez precisó que “queremos contribuir con esta propuesta a generar y abrir la conversación en torno a este sistema de pensiones, no para consolidar este sistema, muy por el contrario; sino para abrir la conversación, para abrir el debate y generar el espacio y las propuestas que puedan ir surgiendo a propósito de este tema”.

El diputado Fuad Chahin, en tanto, señaló que “este sistema es un crimen social que no da para más, que requiere cambios profundos, estructurales, y hay que pasar a un sistema mixto con aportes tripartitos y solidarios; pero, este cambio de sistema, va a tener efectos en 20 o 30 años, esos son los tiempos que se toma en surtir efecto un cambio estructural como el que el país necesita y que nosotros respaldamos. Obviamente hay que tener, además otras medidas que generen algún efecto en el corto plazo, y ahí hemos propuesto a los menos dos; fortalecer el Pilar Solidario para los más vulnerables y aportar con iniciativas que mejoren las pensiones y aumenten la rentabilidad y por eso esta propuesta que hoy hemos ingresado».

Agregó que “hoy día el Estado de Chile gasta entre un 0,9 y 1 punto del PIB para financiar las pensiones de los 130 mil pensionados de las FFAA y de Orden; y, apenas 0,7 puntos del PIB para el millón y medio de personas que reciben el Pilar Solidario o pensiones básicas solidarias, aportes previsional solidario; eso, tenemos que mejorarlo. El esfuerzo del Estado tiene que estar con ese millón y medio más vulnerable, ampliando los montos y también la cobertura».

Pero, además, llamó la atención sobre la clase media, ya que el Estado también tiene beneficios para aquellos poseen mayor capacidad de ahorro, porque los aportes previsionales voluntarios tienen franquicia tributaria y, por lo tanto, «es la clase media la que hoy día en el corto plazo tiene pocas posibilidades de poder mejorar sus pensiones o sus ingresos porque este cambio estructural se va a tomar un tiempo en surtir efecto, y queremos por lo tanto que la decisión se tome ahora».

En esa línea, la solicitud plantada por medio de esta resolución busca que la clase media, que no recibe los beneficios del Pilar Solidario ni tampoco tiene capacidad de ahorro para un APV, pueda retirar parte de sus fondos de pensiones para invertir «en un negocio bastante seguro y bastante rentable como el negocio inmobiliario, ya sea para destinarlo al arrendamiento o para poder adquirir una vivienda propia y evitar el pago justamente de una renta».

El diputado Pablo Lorenzini, en tanto, manifestó que “además de mirar para adelante, y en eso estamos, yo pido revisar lo que se ha hecho; revisar, por ejemplo, todo lo que ocurrió con las tablas y cálculos de mortalidad efectuados por las superintendencia y que obviamente ha sido manipulado a favor de las AFP. Lo de ofrecer renta vitalicia versus renta programada y los cambios que eso significa en las pensiones también está manipulado”.

El proyecto de Resolución fue firmado, también, por los diputados DC Juan Morano, Iván Flores, Sergio Ojeda, Víctor Torres y Mario Venegas.

(Fuente: Diputados)

Moción propone que funcionario condenado a pena alternativa no sea desvinculado del respectivo servicio

Funcionarios JudicialesLa moción del senador Chahuán expone que el Título III de la LOC Nº 18.575, de Bases de la Administración del Estado, contempla las normas sobre probidad administrativa, prescribiéndose en su artículo 54 letra c) que no pueden ingresar a cargos de la Administración del Estado, las personas que se hallen condenadas por crimen o  simple delito.

Observa luego que tal restricción es aplicable para el ingreso a dichos cargos, el legislador también ha considerado el caso de que durante el desempeño de los mismos, un funcionario sea condenado por su responsabilidad en un ilícito de dichas categorías, lo que constituye una inhabilidad sobreviniente para su desempeño que debe ser informada por el afectado a su superior jerárquico en el plazo de 10 días, debiendo en el mismo acto presentar su renuncia so pena de sancionarlo con la medida de destitución del infractor.

Al efecto, el autor de la iniciativa aduce que la condena impuesta en un proceso judicial constituye indudablemente una inhabilidad sobreviniente para el funcionario que le afecte, de igual entidad a la prohibición de ingreso por una causal similar, estima que es necesario hacer algunas precisiones a dicha forma de marginación del servicio en la administración estatal, por cuanto se produce una asimetría entre ambas situaciones.

Lo anterior, debido a que en muchas ocasiones se ha dado el caso de que un funcionario público es condenado, por su responsabilidad en un simple delito, mediante sentencia ejecutoriada que le impone una pena que no sea privativa de libertad, tales como suspensión del empleo o pago una multa, y que las mismas son cumplidas por el afectado durante su permanencia en el servicio. Sin embargo, pese a tal satisfacción de las sanciones impuestas, solo por efecto de lo dispuesto en el artículo 64, debe igualmente hacer abandono del respectivo servicio, ya sea mediante la presentación de la renuncia, previa declaración de la causal de inhabilidad que le afecta, o bien mediante destitución en el evento que no cumpla con tal obligación.

Por los motivos antes expuestos, y con el objeto de evitar la desproporcionalidad de las sanciones, el proyecto de ley propone modificar la LOC Nº 18.575, estableciendo que los servidores regulados por este cuerpo legal y que hayan sido condenados por un simple delito a una pena que no sea privativa de libertad, tales como multa o suspensión del empleo, que hayan sido cumplidas, y que asimismo como resultado de sus calificaciones anuales se encontraren en clasificados en Lista 1 o 2, tienen derecho a que no se les exija su renuncia, pudiendo continuar en el organismo respectivo.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10781-06.

Ley de Medicamentos 2 incorpora regulación de dispositivos médicos

remedio_medicamentosUna mirada a la regulación de los dispositivos y elementos médicos dieron los integrantes de la Comisión de Salud en última sesión. Esto en el marco de la discusión en particular del proyecto que regula los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias.

La norma en primer trámite, más conocida como ley de medicamentos 2, está siendo analizada por los legisladores, quienes se encuentran revisando las indicaciones presentadas por los congresistas y el Ejecutivo.

En esta ocasión, se estudiaron la regulación de los dispositivos médicos, el rol que tendrá el Instituto de Salud Pública (ISP), los elementos de uso cosmético especial y el fraccionamiento de los fármacos.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

La presidenta de esta instancia, la senadora Carolina Goic explicó que en el caso del primer tema, resulta un aporte legislar al respecto puesto que en el Código Sanitario solo están normados el uso de jeringas, guantes y condones. “Todo el resto de dispositivos como marcapasos, prótesis, implantes y stend, entre otros, no están regulados. Queremos dar seguridad a la población respecto de la calidad de estos implementos y acá entregamos esa tarea de fiscalización al ISP”, aclaró.

“En este proyecto revisamos la fabricación, importación, exportación y venta al público de estos elementos. Se distingue su riesgo, de manera que aquellos que son de bajo riesgo deben notificar al ISP, mientras que los que sean calificados como de alto riesgo, deberán pedir autorización para comercializarlo”, comentó.

Durante la sesión, el senador Guido Girardi aseguró que “el ISP debe ser capaz de certificar la calidad de estos productos. Necesitamos esa garantía que podría ser entregada por el propio Ministerio de Salud (Minsal) o también un tercero legitimado”.

Por su parte, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe consultó por aquellos dispositivos de riesgo que el ISP puede autorizar cuando no existe registro sanitario. “Me imagino que en casos de urgencia o en el marco de un ensayo clínico, se podrán usar sin tener los debidos registros”, indicó.

USO COSMÉTICO

En cuanto a los elementos de uso cosmético especial, la senadora Goic recordó que dentro de la Comisión se hizo un debate respecto de la pertinencia de incorporar en esta ley este tipo de productos, por ejemplo, pensando en bloqueadores solares o pastas de dientes.

El senador Fulvio Rossi consultó por el estándar de estos elementos. “Quiero saber qué pasa por ejemplo con los bloqueadores, porque en mi región se venden en la calle a precios bajos. Es obvio que son productos falsificados y pueden ser muy peligrosos para la población”, hizo ver.

En la misma línea, el senador Girardi planteó que “hay que establecer categorías. No es lo mismo un repelente de insectos que una crema cosmética. Estamos hablando de elementos básicos. Quiero pedirle al Minsal pensar cómo particularizar este capítulo en esta ley, tal vez mediante indicaciones”.

FRACCIONAMIENTO

Otra discusión que se dio en la jornada dijo relación el fraccionamiento de fármacos. Hoy la ley en vigencia contempla esta práctica, pero a juicio de la senadora Goic, “no es algo que ha surtido el efecto esperado”.

La legisladora añadió que “la idea de fraccionar es que el paciente compre la cantidad de medicamento que se le indica para su tratamiento y no malgaste dinero adquiriendo más pastillas o píldoras, por así decir”.

Al respecto, el senador Girardi propuso que las droguerías también puedan materializar esta práctica. “Me gustaría que quedara en manos de los laboratorios y droguerías esta tarea porque no me parece que deba hacerse en una farmacia o punto de venta”, propuso. Tras ello, la Comisión recogió esta idea aprobándola como una indicación.

En tanto, el senador Chahuán expresó sus dudas en este punto, asegurando que “creo que es complejo pensando en la seguridad sanitaria. Estoy pensando en las pequeñas farmacias donde no siempre hay condiciones de inocuidad. Además se requiere un especialista. Sí me parece que las droguerías serían lugares adecuados para fraccionar”.

Finalmente, la senadora Van Rysselberghe preguntó cómo afecta esta acción el costo del medicamento. El Minsal indicó que no existen diferencias significativas entre los fármacos fraccionados y aquellos que están dentro de una caja.

(Fuente: Senado)

Agenda corta antidelincuencia: Comisión mixta aprueba control preventivo de identidad y excluye a menores

carabineros fuerzas de orden protestaLa comisión mixta que analiza la agenda corta antidelincuencia aprobó esta mañana el control preventivo de identidad y acogió la propuesta del gobierno. Por siete votos contra dos -del diputado Leonardo Soto (PS) y el senador Alfonso De Urresti (PS)- los parlamentarios apoyaron una de las medidas más cuestionadas del proyecto.

Por otro lado, la comisión aprobó la propuesta del Ejecutivo de excluir a los menores de edad en los controles preventivos, segmento que continuaría rigiéndose bajo la norma que actualmente funciona en el país.

A esto se suma la eliminación de la retención en recintos policiales, es decir, otorgar dispositivos que permitan la revisión de identidad en la calle, sin tener que trasladar a una persona a un cuartel, salvo en casos en que alguien se niegue a ser controlado.

“Si bien se avanzó en los aspectos más controvertidos,  este control sigue siendo arbitrario e inútil, prestándose para la discriminación sin aportar en nada en el objetivo de combatir la delincuencia”, señaló el diputado Soto.

Tras la sesión, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, sostuvo que «hoy hemos logrado un acuerdo transversal en la comisión mixta, lo que ya nos permite la próxima semana ir a ambas Cámaras y ya tener una ley que nos va a permitir combatir el delito con mayor fuerza que es lo que quieren hoy día todos los chilenos y chilenas».

«Lo que es el control de identidad preventivo hoy día se va a aplicar exclusivamente a mayores de 18 años y es un procedimiento que sólo se va a poder hacer en el lugar donde la persona es requerida, que es en las vías públicas», aseguró la secretaria de Estado, añadiendo que «se puede acreditar no solo a través de medios expedidos por la autoridad pública sino que también (…) con cualquier medio idóneo que nos permita acreditar que somos quienes decimos ser».

«Si no está clara la edad de la persona siempre se va a presumir que es menor, o sea hay toda una lógica de defensa a menores de edad», enfatizó.

Por otro lado, Blanco aseguró que Carabineros de Chile «ha comprometido poner a disposición medios tecnológicos para verificar la identidad, eliminando la posibilidad de que la persona sea conducida a la unidad, nadie va a ser conducido a la unidad».

Asimismo, la comisión fijó que el procedimiento de control de identidad «no puede durar más de una hora, y lo más probable es que no sea una hora. Nos pareció mejor regularlo porque sino podríamos tener procedimientos que duraran cuatro o tres horas», manifestó la ministra.

(Fuente: La Tercera)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9885-07.

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