Colusión del papel Tissue: Juzgado suspende audiencia de conciliación por acuerdo de compensación a consumidores

PapeLHasta las dependencias del 10 juzgado civil de Santiago llegaron cerca de las 8.30 de esta mañana representantes de Conadecus, CMPC y el Sernac, para ratificar el acuerdo de enero de este año, que implica una compensación de alrededor de $7 mil para todos los chilenos mayores de 18 años por la colusión en el mercado de productos de papel tissue que se llevó a cabo  por al menos 10 años entre la empresa y SCA Chile.

Sin embargo, y tras una hora en la sala, las partes salieron sin ratificar el acuerdo, debido a que el Sernac se presentó como notificado y no como parte.

“En esta ocasión hemos entregado los antecedentes del acuerdo conciliatorio o acuerdo extrajudicial que se llevó a cabo a través de la mediación del Sernac. El Sernac ha concurrido en calidad de notificado pero no como parte y en este caso la Papelera ha solicitado también que el Sernac, para poder llegar a un acuerdo, tiene que ser parte, ese es un trámite que está pendiente, que debe hacerse y mañana hay una nueva reunión para poder tratar de acordar esta situación”, explicó Hernán Calderón, presidente de Conadecus.

El dirigente agregó que “lo que nosotros estamos manifestando es que este juicio es donde se debe conciliar porque esta es la demanda colectiva que está en proceso y que ya lleva más de un año y, en consecuencia, nosotros lo que estamos diciendo es que para poder avanzar necesitamos que las instituciones vayan tomando las decisiones adecuadas para poder llegar al acuerdo y poder compensar a los consumidores lo más rápidamente posible”, agregó.

En tanto el director subrogante del Sernac, Andrés Herrera, dijo que en la audiencia no se ratificó el acuerdo, ya que tanto ellos como CMPC consideraron que “faltan una serie de formalidades que se cumplan respecto del acuerdo marco”.

“Tenemos mañana una reunión acordada de antemano con todas las partes involucradas, para efectos de elegir la mejor opción procesal para validar y ratificar este acuerdo”, añadió.

Además, un recurso judicial presentado por SCA ante la Corte de Apelaciones , que busca impugnar la competencia de este tribunal, y una reclamación ante la misma Corte por parte de CMPC, que apunta a la prescripción de la causa, serían también las razones que habrían llevado a las partes a no firmar el acuerdo.

(Fuente: La Tercera)

 

Diputados presentan proyecto de ley para fortalecer la persecución penal del delito de colusión

colusionDos proyectos de ley destinados a combatir penalmente la colusión de precios por parte de las empresas que operan en el país fueron presentadas esta semana por dos grupos distintos de diputados, ello en el contexto del nuevo caso conocido que afecta particularmente al mercado de los pañales para bebés.

La primera de las iniciativas legales fue presentada por el Presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS), junto a los diputados Aldo Cornejo (DC) y Lautaro Carmona (PC). «Creemos que un proyecto de esta naturaleza, aprobado con la mayor rapidez posible dentro del Congreso, significará que en un nuevo caso de colusión podrá intervenir el Ministerio Público de inmediato, establecer las responsabilidades penales si existen y aplicar las sanciones que correspondan», enfatizó Aldo Cornejo, vocero del grupo.

Explicitó que la idea de la propuesta legal es que el Ministerio Público pueda intervenir en estos casos, sin tener que esperar las decisiones administrativas de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

En concreto, el proyecto establece que las investigaciones de los hechos de colusión solo se podrán iniciar de oficio por el Ministerio Público o por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica, sin que sea admisible denuncia o cualquier otra querella.

Asimismo, se define que el Ministerio Público podrá aplicar la suspensión condicional del procedimiento, cuando la pena que pueda imponerse al imputado no exceda del presidio menor en su grado máximo y el acuerdo ilícito no hubiese afectado gravemente a los mercados.

«El establecimiento de una suspensión condicional del procedimiento permitirá que el Ministerio Público lleve a juicio oral solo a aquellos carteles duros que inciden con mayor impacto en los mercados y en la vida económica de los ciudadanos. Dicha determinación quedará entregada al Ministerio Público y los Tribunales de Garantía, competentes en lo penal, y se deberán imponer condiciones obligatorias destinadas a reparar el daño causado y mejorar los controles de las empresas involucradas de manera que se puedan evitar nuevas infracciones a la libre competencia», se explica en la moción.

Además, se determina que el fiscal del Ministerio Público deberá contemplar como condición necesaria, al menos, el pago de una determinada suma, a título de indemnización de perjuicios, a favor de la víctima o garantizar debidamente su pago. También se podrá autorizar el pago en cuotas o dentro de un determinado plazo, el que, en ningún caso, podrá exceder el período de suspensión del procedimiento.

Al mismo tiempo, se podrá contemplar en dicho acuerdo la obligación de implementar programas de cumplimiento de las normas de libre competencia, los que deberán ser visados por la Fiscalía Nacional Económica y otras medidas que tiendan a evitar riesgos futuros de un comportamiento empresarial que no se ajuste a las normas que protegen la libre competencia. También podrán imponerse otras medidas tendientes a reparar el daño sufrido por los consumidores.

La segunda moción fue presentada por los diputados Vlado Mirosevic (PL), René Saffirio (IND), Alejandra Sepúlveda (IND) y Miguel Angel Alvarado (PPD) y está destinada a aumentar el periodo de prescripción de los delitos relativos a este ámbito: de tres a cinco años, para los delitos comunes de libre competencia; y de cinco a diez años, para los delitos de colusión.

«El plazo de cinco años para la prescripción del delito de colusión es insuficiente, dado que estas se tratan de investigaciones muy complejas, que requieren de tiempo y estudio», planteó el diputado Mirosevic.

(Fuente: Diputados)

Corte Suprema estima que se vulnera la libre competencia por «uso de signos distintivos de envases y colores y aún de nombres» de perfumes

cacharel_amor_amor_eau_de_toiletteLa Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por la empresa farmacéutica impugnando la sentencia que ordenaba cesar los actos de competencia desleal, absteniéndose de seguir comercializando sus productos de belleza con nombres y diseños similares a L’Oreal, retirándolos del mercado. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El 21 de Noviembre pasado, la cuarta sala del máximo tribunal del país confirmó la sentencia de apelación que acogió la demanda por competencia desleal interpuesta por L’Oreal contra Laboratorios Prater S.A. por la comercialización de productos que imitan nombres y diseños de la empresa.

El fallo estima que se cumplen las hipótesis de las letras a) y b) del artículo 4 de la ley 20.169, ya que la demandada se ha aprovechado de la reputación ajena para incrementar sus ventas en perjuicio de L’Oreal, usando signos distintivos de envases y colores y aún de nombres de tres perfumes que imitan Hypnose de Lancome, Tresor y Amor Amor de Cacharel, que se venden bajo licencia y/o amparo de la empresa demandante, lo que ha redundado en la afectación de los mercados de esta última.

Existe una conducta objetiva que es contraria a las normas de corrección que exige la ley, como es imitar el envase de un perfume característico de un competidor, que se encuentra posicionado en el mercado, y los colores, fonética y nombres de otros de sus productos. Dichas conductas, por sí solas, revelan que se ha intentado desviar la clientela de un agente del mercado como es la demandante, a través de medios ilegítimos, que demuestran un obrar de mala fe.

Ante la alegación de que no concurre dolo, la sala declara que se equivoca la empresa farmacéutica cuando pretende que la sentencia ha establecido la existencia del dolo únicamente a partir de una carta enviada por el CONAR de 19 de noviembre de 2012 en que reprocha el incumplimiento de la demandada. De hecho, la actora no estaba conminada a acreditar el dolo, desde que también fundó su demanda en la concurrencia de los tipos específicos de las letras a) y b) del artículo 4° de la ley 20.169, que lo comprenden.

Aun así, respecto a la concurrencia concreta del dolo el tribunal es categórico en afirmar que

el objetivo del artículo 3° de la ley [20.169], al referirse al dolo, no apunta a tener que acreditar elementos subjetivos, sino que, como la doctrina ha concluido, basta que se hayan violado las normas objetivas de conducta que establece la ley [20.169] en su artículo 3°, ya que de tener que probarse el dolo o la culpa del infractor, no se daría la protección debida a los intereses de los consumidores y del mercado, lo que permite sostener que «solo es necesario que se comprueben los medios ilegítimos de que se valió el infractor para desviar clientela y que resulten contrarios a la buena fe o a las buenas costumbres mercantiles, para que la acción sea procedente». (Oscar Contreras Blanco, La Competencia Desleal y el deber de Corrección en la ley Chilena, Ediciones UC, 2012, pp. 97 – 100; 162). Con todo, si bien no son necesarios esos elementos subjetivos, comúnmente estarán presentes al producirse la conducta desleal (…).

Finalmente, respecto al reproche consistente en que se habría pasado por alto el análisis de la prueba relativa a las marcas registradas por la demandada, el fallo de apelación impugnado se refiere a esa alegación, descartando que las copias de los registros de las marcas Etienne Tess’or, Etienne Delicious Senses y Amour Etienne puedan alterar lo razonado o aportar a la resolución del conflicto. En efecto, «no se discute un problema marcario, sino actos de competencia desleal».

Esto es concordante, por lo demás, con la regulación contemplada en la ley 20.169, que no impide que una conducta que puede ser calificada como de competencia desleal, genere o pueda generar distintas acciones regidas por estatutos jurídicos diferentes, en la medida que prevé, en forma expresa, en el artículo 2° del cuerpo legal citado que, «Una conducta podrá ser calificada como un acto de competencia desleal conforme a las disposiciones de esta ley aunque resulten procedentes respecto de la misma conducta y ante los tribunales competentes una o más de las siguientes acciones…», refiriendo luego los estatutos de relativos a la libre competencia, protección al consumidor y propiedad intelectual e industrial.

Corte Suprema confirma multas aplicadas a SMU por incumplir condiciones para fusionar supermercados

FNELa Corte Suprema acogió el recurso de reclamación presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE)  y aplicó una multa de 508 UTA a  la empresa SMU S. A. por incumplimiento de las condiciones impuestas al proceso de fusión de locales.

En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal ratificó, además, la multa de 2.334 UTA aplicada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a SMU por incumplir las condiciones primera y tercera de la resolución que autorizó la fusión.

Asimismo, la sentencia del máximo tribunal establece que la empresa también incumplió la segunda condición, consistente en que, «en tanto no se complete la enajenación de locales indicados en la condición anterior, SMU y sus relacionadas, según corresponda, deberán mantener en operación dichos locales y equiparar los precios existentes en la localidad más cercana que presente condiciones de competencia suficientes, ajustados por los costos de flete si correspondiere y acordar condiciones y precios con los proveedores locales de los supermercados ubicados en dichas localidades que no sean menos favorables que las acordadas con proveedores de productos equivalentes para los locales ubicados en la capital regional más cercana, ajustados por los costos de flete en los casos en que ello correspondiere».

«Todo lo anterior, en concepto de esta Corte no permite tener por cumplida la condición segunda con la modalidad utilizada por SMU”, detalla el fallo.

Asimismo, indica que “toda vez que ella adoleció de defectos que implicaron, en la práctica, una imposibilidad de equiparación de los precios y ámbitos de discrecionalidad inadmisibles a la luz de las finalidades que se tuvieron en vista al momento de establecer la obligación. De esta forma, resulta acreditado, por una parte, el incumplimiento de la condición segunda y, por otro, la culpabilidad de la empresa, en tanto todas las circunstancias anteriores que configuran la infracción son reconocidas por ella en sus presentaciones de la causa, de lo que se desprende que estaba en conocimiento de que la modalidad utilizada, finalmente, no satisfizo los objetivos que se buscaba lograr».

La decisión se adoptó con el voto en contra de la ministra Egnem.

(Fuente: Poder Judicial)

Fiscalía Nacional Económica tendrá iniciativa penal para querellarse en casos de colusión

FNECon ocho votos a favor y dos en contra, la Comisión Mixta encargada de zanjar las diferencias respecto del proyecto que sanciona la colusión, aprobó la norma que establece que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) será el único ente que deberá iniciar acciones penales en casos en los que se produzca colusión, y deberá hacerlo obligatoriamente cuando se afecte gravemente la libre competencia.

Asimismo, el organismo estará obligado a explicar los casos en que no presente querella.  Así lo explicaron los senadores Pedro Araya, Hernán Larraín, Alfonso De Urresti y Alberto Espina, presidente e integrantes de la citada Comisión Mixta, respectivamente.

«Se ha optado porque en primer lugar actúen las autoridades de carácter administrativo, que se sea la Fiscalía Nacional Económica la que realice la primera investigación. Si determina que estos hechos son graves llevará ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que es el organismo especializado en determinar si se atenta o no contra la libre competencia y si existe o no un cartel, antes de que opere la acción penal, porque justamente lo que se busca es desbaratar carteles…lo que hace este proyecto es reforzar las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica para perseguir actos contra la libre competencia», dijo el senador Araya.

En tanto, el senador Larraín precisó que «llegamos a un acuerdo en donde le dejamos la responsabilidad de la iniciativa penal al Fiscal Nacional Económico, pero en el entendido que estará obligado a hacerlo, toda vez que los delitos en contra la de la libre competencia, sean muy graves y se le da un plazo para que ejerza esta acción. Con esto se garantiza que en esa situación va a haber persecución penal y no se va a ver afectado a la delación compensada porque si se afecta ésta, no va a haber posibilidad alguna de descubrir, detectar y poder sancionar a los casos de colusión que se desarrollan en nuestra legislación».

A su turno, el senador De Urresti indicó que «hemos apoyado la propuesta que hizo el gobierno. Esto equilibra muy bien las herramientas que tiene la Fiscalía Nacional Económica para perseguir los carteles y con las facultades que se tienen posteriormente por parte del Ministerio Público para iniciar las acciones penales y condenar penalmente a quienes se coluden».

En tanto, el senador Espina explicó por qué votó en contra de que sea solo la Fiscalía Nacional Económica la que inicie la acción penal. «Yo era partidario que el Ministerio Público, una vez que había condena por colusión pudiera deducir la acción penal, para lo cual en el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia debía establecerse si existía o no una grave afectación a la libre competencia. Yo creo que el Ministerio Público debía tener el derecho a querellarse en ese caso y que no me parecía correcto inhibirle ese derecho y por eso voté en contra», indicó.

Finalmente, el legislador recordó que la delación compensada ha sido el principal instrumento que permitió desbaratar los carteles de colusión, ya que el primero en confesar todo, a cambio de eso, no recibe sanción penal.

(Fuente: Senado)

Lista para votarse en Sala norma que sanciona penalmente la colusión y da más atribuciones a Fiscalía Nacional Económica

SENADOEn condiciones de ser discutido y votado por la Sala del Senado quedó el proyecto que modifica la ley que fija normas para la defensa de la libre competencia, sancionando penalmente la colusión y entregando nuevas y mejores herramientas para perseguir a los carteles y a los infractores de la libre competencia.

Ello, luego que la Comisión de Constitución terminara con el exhaustivo estudio que hizo de la iniciativa y que la Comisión de Hacienda revisara las normas que eran de su competencia.

Según explicó el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, en el proyecto «se aumenta el rango de sanciones en caso de infracciones a la libre competencia tanto para carteles como para abusos de libre competencia, pero se aumenta en forma drástica, tanto de que puede llegar a ser incluso el 30% de las ventas durante el período de infracción».

Asimismo, se establece una sanción eventual y sucesiva, penal que va tres años y un día a 10 años en casos de carteles; se define un procedimiento de revisión previa con notificación previa a la Fiscalía Nacional Económica en casos de operaciones de concentración y además se establecen facultades para permitir que la FNE realice estudios de mercados.

En opinión de Irarrázabal «las atribuciones que se están entregando a las autoridades de libre competencia, tanto a la Fiscalía Nacional Económica como al Tribunal de Libre Competencia y también a otros organismos como el Sernac o el Ministerio Público permite dotar a los organismos del Estado de herramientas muy efectivas para el combate de la colusión y el combate de todos los abusos de la libre competencia y también para preventivamente hacer un análisis de las operaciones de concentración de hasta qué punto podrían en el futuro facilitar situaciones de cartel».

LEGISLACIÓN MODERNA

El presidente de la Comisión de Constitución explicó que el proyecto «sanciona penalmente la colusión y además otorga nuevas atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica con el objeto de poder investigar los mercados y evitar que se produzcan los carteles».

En tal sentido, destacó que «producto de esta legislación que estamos aprobando se va a sancionar con penas de cárcel que van desde los 3 años y un día  a los 10 años a quienes cometan infracciones a la ley de la libre competencia. Una persona o personas que se coludan para perjudicar en el mercado pueden arriesgar esta sanción de cárcel».

Del mismo modo, dijo que «se establece que independiente de la pena que aplique el tribunal, siempre van a tener que cumplir a lo menos un año de cárcel efectiva. También se aprobó que sea la Fiscalía Nacional Económica  una vez que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia resuelve que ha habido una infracción a la libre competencia, como por ejemplo, el caso de un cartel, sea el que pueda interponer la acción penal para perseguir la responsabilidad penal que corresponda».

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9950-03.

Comisión de Constitución despacha proyecto que sanciona penalmente la colusión

Comision Constitucion SenadoTras un intenso trabajo legislativo, la Comisión de Constitución del Senado terminó con el estudio del proyecto que modifica la ley que fija normas para la defensa de la libre competencia, sancionando penalmente la colusión.

Así lo informó el integrante de esa instancia legislativa, senador Alberto Espina, tras indicar que la iniciativa no solo contempla cambios en aspectos penales, sino que también en la forma de fiscalizar las reglas de la libre competencia por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Según el legislador, en el proyecto se «establece en términos generales una sanción de tres a 10 años de cárcel para las personas que sean autores de este delito, una vez concluido por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y declarado culpable de la existencia de la infracción a las normas, con una multa que puede ser hasta de 50 millones de dólares y un monto que sea el 30% del valor de las ventas de la empresa o el doble de lo generado por lo coludido».

El senador Espina agregó que esta «es una ley que va a tener mayor fiscalización y control sobre la obligación de toda empresa de respetar las reglas de la libre competencia, porque es un acto que afecta gravemente la fe pública cuando se producen casos de colusión, porque nuestro modelo económico descansa en la libertad de emprendimiento y en la libre competencia y si se viola flagrantemente esa norma con el propósito de obtener beneficios económicos indebidos, lo lógico es que tenga una sanción muy dura».

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9950-03.

Corte Suprema rechaza recurso de reclamación en contra de pronunciamiento del TDLC en mercado de telefonía

TELECOMUNICACIONESLa Corte Suprema rechazó el recurso de reclamación presentado en contra de sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia –TDLC– que modificó instrucciones de carácter general del sistema denominado on-net off-net de telefonía.

La resolución del tribunal establece que el pronunciamiento no se basa en la prohibición de discriminar entre tarifas on-net/off-net, sino que, por la inversa, se asienta específicamente en que las diferencias de tarifas que puedan derivar de la contratación de un Plan Grupal Monocontratado no derivan de la red de destino de las llamadas, puesto que todos ellas se efectúan exclusivamente dentro de la red de una misma compañía. Consulte fallo de la Corte Suprema analizado por Microjuris.

En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Manuel Antonio Valderrama– confirmó la resolución impugnada por las compañías de telecomunicaciones que validó los cambios en dicho mercado.

Los denominados «planes monocontratados» se refieren a aquellos planes de telefonía móvil que incluyan dos o más números o usuarios, contratados por una única persona natural o jurídica, que tengan tarifa preferencial en relación con las llamadas que se cursen entre dichos números o usuarios. La resolución del TDLC establece explíticamente que estos planes no están incluidos dentro de la prohibición de cobro diferenciado fundado en la red de destino de la llamada, de la regla A.4 de las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012. Esta norma reza que a partir de su entrada en vigencia, «los planes de prepago y post pago que comercialicen las empresas de servicios de telefonía móvil no podrán contener diferenciación de tarifas o de minutos incluidos en un plan, fundada en la red de destino de la llamada. Se entenderá que no están fundadas en la red de destino de la llamada las diferencias de tarifas o minutos contenidas en los planes de telefonía móvil que incluyan dos o más números o usuarios, contratados por una única persona natural o jurídica, en relación con las llamadas que se cursen entre dichos números o usuarios».

Al respecto, el máximo tribunal establece que la modificación introducida a las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012 por la resolución que se revisa es adecuada, esto es, no afecta la libre competencia, a la vez que las reclamaciones en examen no se encuentran revestidas del fundamento suficiente que justifique su corrección, motivos por los que las mismas serán desestimadas. En efecto las eventuales dificultades que los operadores móviles virtuales puedan enfrentar para replicar Planes Grupales Monocontratados -es decir, aquellos donde se consideran varios números para abaratar tarifas- no tienen relación directa con la diferenciación de tarifas según la red de destino y, por lo tanto, con los riesgos para la competencia que las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012 pretenden resolver, de lo que se sigue que tal materia, por consiguiente, escapa al ámbito del presente proceso. En efecto, el objetivo tenido a la vista por el TDLC al dictar las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012 y su modificación se vincula con los efectos que, en la libre competencia, podría provocar la diferenciación de precios en los servicios públicos de telefonía móvil basada en la red de destino de las llamadas, también conocida como distinción entre tarifas on-net y off-net.

A la vez, el tribunal comenta que en el procedimiento de modificación de las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012 impugnado, se ha buscado evitar la ocurrencia de los perniciosos efectos que podría provocar la diferenciación de precios en los servicios públicos de telefonía móvil, sin que haya sido objeto del procedimiento el examen de la conducta de las empresas incumbentes y de las medidas que eventualmente podrían adoptarse, en el caso de que se estableciera su ocurrencia, para corregirla. Tampoco formó parte de las materias examinadas por los jueces del TDLC la definición de cuál sería el modelo más adecuado para regular el mercado de la telefonía móvil, puesto que sólo se abordó un preciso y determinado aspecto de la actividad en este ámbito, el que se ha restringido exclusivamente a la llamada distinción entre tarifas on-net y off-net.

Finalmente, se desestima también la alegación consistente en que las Instrucciones de Carácter General N° 4/2015 afectan gravemente a la libre competencia al no establecer los mecanismos necesarios para que los operadores entrantes puedan competir con las incumbentes en la comercialización de los planes grupales en igualdad de condiciones. Esto, puesto que esto supone que se debió ordenar a estas últimas presentar a los operadores entrantes ofertas de facilidades que les permitieran comercializarlos con márgenes económicos positivos; que se incorporasen mecanismos para reducir los costos de cambio que implica la portabilidad del plan grupal a otras compañías y que se determinase la cantidad máxima de líneas adscritas al plan grupal. Pero para llegar a tal determinación, se tomaron en cuenta asuntos que no fueron materia de análisis en el procedimiento de modificación de las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012, toda vez que en la especie se ha buscado evitar la ocurrencia de los perniciosos efectos que podría provocar la diferenciación de precios en los servicios públicos de telefonía móvil basada en la red en que se practican y terminan las llamadas, sin que haya sido objeto del procedimiento el examen de la conducta de las empresas incumbentes ni la definición de cuál sería el modelo más adecuado para regular el mercado de la telefonía móvil.

Corte Suprema rechaza recurso de reclamación en contra de la sentencia del TDLC en mercado de telefonía

telefonia telecomunicaciones redes conexionesLa Corte Suprema rechazó el recurso de reclamación presentado en contra de sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia –TDLC– que modificó instrucciones de carácter general del sistema denominado on-net off-net de telefonía.

En fallo unánime (causa rol 8654-2015), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Manuel Antonio Valderrama– confirmó la resolución impugnada que validó los cambios en dicho mercado.

«Cabe consignar que el recurso aparece como demasiado escueto en esta parte, pues no explica suficientemente por qué motivo las empresas desafiantes, particularmente los operadores móviles virtuales, quedarían excluidos de competir en este segmento, máxime si se considera que los argumentos en que se apoya están constituidos casi exclusivamente por meras conjeturas acerca de los que las incumbentes podrían eventualmente hacer para impedirles competir. Como es evidente dicha manera de razonar en un recurso de esta clase impide absolutamente su acogimiento, puesto que se trata de simples elucubraciones que no se encuentran debidamente respaldadas por los antecedentes, a lo que se debe añadir que si lo que la autoridad quiso expresar es que los operadores móviles virtuales no podrán replicar las ofertas de planes grupales, dicha materia, como se ha reiterado en numerosas ocasiones a lo largo de esta sentencia, se aleja de las cuestiones discutidas en este recurso, de modo que no puede servir de sustento a este examen si no ha sido planteada y discutida previamente ante el TDLC», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «Es preciso hacerse cargo de lo afirmado por el recurrente en cuanto a que las señaladas condiciones no pueden ser fácilmente replicadas por las empresas desafiantes, debido principalmente a su escala de producción y a los mayores costos asociados. Sobre el particular es del caso subrayar que, como se ha reiterado en este fallo, dicha materia no fue objeto de discusión ni análisis por los sentenciadores en estos autos, toda vez que lo verdaderamente examinado por ellos tiene que ver con los perniciosos efectos que en la libre competencia podría provocar la diferenciación de tarifas basada en la red en que se efectúan las llamadas y, además, si tales efectos se podrían derivar de los llamados Planes Grupales Monocontratados».

 «El recurrente ha sostenido –continúa– que los últimos decretos tarifarios móviles, que se aplicarán hasta 2019, significaron una rebaja cercana a un 75% de los cargos de acceso móviles para el primer año y aun mayor para el resto de los años del quinquenio, por lo que no hay fundamento objetivo en los costos de terminación de llamadas que justifiquen tal diferenciación, a lo que añade que los planes de que se trata afectan el comportamiento de los usuarios al restringir las llamadas dirigidas a los de otras empresas, debido al mayor costo asociado a llamar fuera del grupo o de la misma red. Para desechar tales razones basta dejar establecido que, tal como se ha repetido reiteradamente a lo largo de esta sentencia, dicha materia excede los límites de la presente gestión, toda vez que en estos autos el examen de los falladores se ha limitado a determinar si, efectivamente, las llamadas efectuadas dentro de una misma red a propósito de los llamados Planes Grupales Monocontratados afectan a la libre competencia, habiéndose concluido que las prevenciones que justificaban la dictación de las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012 no se encuentran presentes en el señalado caso, de manera que han podido declarar que «las diferencias de tarifas o minutos contenidas en los denominados Planes Grupales Monocontratados no están fundadas en la red de destino de la llamada».

(Fuente: Poder Judicial)

Senado aprobó que FNE iniciará acción penal para perseguir delito de colusión previa sentencia del TDLC

Imagen foto_00000018Un avance importante tuvo el proyecto que busca sancionar penalmente la colusión, luego que ayer la Comisión de Constitución del Senado estableciera que la acción penal para perseguir el delito de colusión va a ser iniciado por la Fiscalía Nacional Económica una vez que se termine el procedimiento administrativo de sanción en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Así lo informó el nuevo presidente de esa instancia legislativa, senador Pedro Araya tras explicar que también se logró establecer «un plazo especial de prescripción de estos delitos en 10 años después que ha terminado la investigación administrativa de forma tal que el Ministerio Público efectivamente pueda perseguir la responsabilidad penal de aquellas personas que han incurrido en el delito de colusión».

Cabe recordar que el objetivo de la iniciativa es introducir la sanción penal a la colusión, que actualmente es sancionada con multa. De este modo, se estableció que dicho delito contempla una pena que va de 3 años y un día a 10 años de cárcel y que durante el primer año de la pena se suspenderá cualquier sanción sustitutiva que se haya impuesto, lo que implica que a todo evento, el primer año de la condena el culpable lo va a pasar en la cárcel.

Asimismo, se estableció una pena de inhabilitación absoluta que puede fluctuar entre los 7 años y 1 día a 10 años, para ejercer el cargo de director, gerente o administrador de una sociedad anónima abierta, especial de una empresa del estado y el cargo de director o gerente en una asociación gremial o profesional.

Además, se estableció que el inicio de la acción penal requiere de dos elementos: que exista una sentencia previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que condene a alguien por colusión y que la Fiscalía Nacional Económica ejerza la acción penal presentado la correspondiente querella ante el tribunal de garantía para que el Ministerio Público siga con el caso.

Según explicó el senador Araya  «a este proyecto le quedan todavía varios capítulos para despachar, entre otros, poder abocarnos derechamente a los temas de libre competencia, lo que es integración vertical, así como también lo que es la composición del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, entre otros».

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 9950-03.

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