Corte Suprema rechaza recurso de funcionarios y oficia al ministerio de justicia por sobrepoblación en centros del Sename

La Corte Suprema rechazó recurso de protección presentado por asociaciones gremiales del Servicio Nacional de Menores, en contra de la directora del servicio por la sobrepoblación de los centros Galvarino, Pudahuel y San Joaquín; sin embargo, ofició al Ministerio de Justicia advirtiendo de la situación denunciada.

En fallo unánime (causa rol 67.467-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y los abogados (i) Jaime Rodríguez y Leonor Etcheberry– confirmó la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el recurso que buscaba que se impidiera a dichos centros recibir más niños y adolescentes.

El tribunal establece que no cuentan con facultades para dictar tal medida, no obstante advirtió al Ministerio de Justicia de la situación de sobrepoblación de los recintos.

«Que aun cuando esta Corte comprueba la efectividad de los hechos delatados por los comparecientes, en cuanto a que los centros Galvarino, Pudahuel y San Joaquín operan con una sobrepoblación que pone en riesgo la integridad psíquica de los niños y adolescentes internos, como de los funcionarios que sirven en ellos, no resulta procedente acoger el presente arbitrio en la forma como se propone, desde que esta Corte no puede acoger la prohibición de ingreso de nuevos niños, niñas y adolescentes a dichos planteles, ya que, tal como se reflexionó, merced a lo preceptuado en los artículos 8°, 19 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 68 de la Ley N° 18.968, ante la constatación de transgresiones de derechos, los niños, niñas o adolescentes deben ser ingresados en centros que le deben proporcionar la debida protección, así como garantizar que los adolescentes objeto de persecución penal se internen en centros diferenciados de la población común», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «a mayor abundamiento, parece imperioso consignar que la medida requerida ni siquiera puede ser dispuesta a condición que se aumente la capacidad, recursos y planta de cada recinto, puesto que es materia de una política pública que escapa a las atribuciones de esta Corte.

En efecto, tal pretensión se vincula directamente con la inyección de recursos económicos necesarios para suplir el déficit que padecen esos centros como corolario de la sobrepoblación que los aqueja, lo que envuelve una acción del Estado tendiente a solucionar un problema público, que está en manos de la administración, encargada de discernir, dentro del marco de sus competencias, los recursos que deben destinarse a esos propósitos».

«(…) en atención a la imposibilidad de admitir este libelo –continúa– y de cara a la grave situación que afecta a los centros Galvarino, Pudahuel y San Joaquín, esta Corte considera pertinente poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio de Justicia, de quien depende el Sename, a fin que vele por el cumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos de los niños y adolescentes en situación de riesgo social, para cuyos designios debe valerse de instituciones que dispongan de personal capacitado e instalaciones suficientes, junto con adoptar las medidas conducentes a ello, por tratarse de un problema público que concierne a los niños, un sector altamente vulnerable de la población, que por lo mismo, debiera constituir uno de los ejes centrales de las políticas públicas».

(Fuente: Poder Judicial)

Cámara de Diputados analizará en sala proyecto que crea bases de un seguro para trabajadores con hijos gravemente enfermos

Sentar las bases de un nuevo componente del sistema de protección social a través de la creación de un fondo que financie un seguro para las madres y padres trabajadores de hijos e hijas menores de edad, afectados por una condición grave de salud y/o de alto riesgo vital es el fin del proyecto que abordará hoy la Sala de la Cámara de Diputados.

La propuesta legal, calificada con urgencia de Discusión Inmediata (seis para el trámite), fue discutida y aprobada ayer en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo. En ambas instancias, la iniciativa contó con el respaldo unánime de los legisladores presentes en cuanto a su idea de legislar, principalmente porque se reconoció las dificultades que los padres presentan a la hora de enfrentar la enfermedad grave de un hijo.

Sin embargo, la discusión también contó con observaciones y críticas, particularmente de la oposición en el caso de la Comisión de Hacienda, dirigidas a la urgencia del trámite y al hecho que la aprobación del sistema conlleva amarrada una institucionalidad que aún no existe y que solo se definirá a través de un proyecto de ley a presentarse con posterioridad.

Al respecto, el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explicó que la demora en el ingreso de la presente propuesta se debió a que se buscó llegar al Parlamento con el acuerdo de las mutualidades en la mayor parte de las materias. Acotó que uno de los temas pendientes, que justamente ha imposibilitado la entrada del proyecto que crea el nuevo seguro para los padres (Sanna), es definir la forma en que se validará que los accidentes efectivamente existan (para las enfermedades bastará que estén contempladas en el sistema GES).

Otro tema de debate se radicó en el artículo tercero transitorio que, en lo fundamental, determina que, si dentro de los seis meses siguientes al envío del proyecto de ley que definirá el Fondo Sanna, este no fuese aprobado, se extinguirá la cotización creada en la presente propuesta legal.

Si bien ya había sido objeto de observaciones en la Comisión de Hacienda, fue en la Comisión de Trabajo donde la discusión tomó mayor realce, ya que diputados oficialistas refutaron la falta de confianza del Ejecutivo en el texto que se propondrá en el proyecto de ley Sanna.

A la hora de votar, la Comisión de Hacienda aprobó el conjunto de artículos (cinco permanentes y tres transitorios) por ocho a favor y cinco abstenciones (todos de la oposición). A su vez, la Comisión de Trabajo aprobó el articulado, con excepción del tercero transitorio, por siete votos a favor; en tanto que el tercero transitorio lo ratificó por cuatro votos a favor y tres en contra.

El hasta ayer presidente de la Comisión de Trabajo, Patricio Vallespín (DC), valoró el tenor de la propuesta legal y remarcó que la iniciativa responde a una demanda que nace de la sociedad civil. «Lo que hoy sucede en los hechos es que la gente no va al trabajo porque está con sus hijos y termina perdiendo el trabajo por esa situación no considerada y que muchos países la tienen. Por lo tanto, creo que estamos avanzando en la línea correcta y la Presidenta cumplió con ingresarlo el día de ayer y nosotros hemos cumplido con aprobarlo en la Comisión de Trabajo y hoy, no me caben dudas, que se va a aprobar en la Sala», planteó.

Datos del proyecto y del sistema que se creará

En su exposición de ayer, la Ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, explicó que el proyecto contempla como primer objetivo hacerse cargo del financiamiento de mediano y largo del plazo del Fondo de Contingencia de las Mutualidades, asegurando la sostenibilidad financiera de estas entidades y el respaldo de los compromisos futuros de pago de las prestaciones económicas por conceptos de pensiones y sus incrementos extraordinarios.

Para lo anterior, precisó, la propuesta legal permite la extensión de la vigencia de la cotización extraordinaria que los empleadores pagan a las mutualidades, a contar del 1 de abril de 2017 y en forma indefinida, pero considerando una disminución gradual hasta su extinción definitiva.

Además, se establece un límite máximo de recursos que las mutualidades deben aportar al Fondo de Contingencia por la diferencia positiva del GPE (Gasto de Pensiones Equivalente) y el GAP (Gasto Ajustado de Pensiones) anuales, equivalente al 4% de los ingresos por cotización básica; al tiempo que se disminuye el requerimiento de respaldo con activos financieros líquidos del 100% del Fondo de Reserva de Pensiones a un 65%.

En segundo lugar, tal como se adelantó, el proyecto crea las bases para un fondo que financie un seguro para las madres y padres trabajadores de hijos e hijas menores de edad, afectados por una condición grave de salud y de alto riesgo vital.

La idea, explicó, es que las madres y padres puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, a través de una licencia médica, para prestarles atención, acompañamiento o cuidado personal a sus hijos enfermos o accidentados. Durante ese periodo, el seguro-subsidio entregará al trabajador una prestación económica que reemplazará total o parcialmente su remuneración mensual.

Según especificó la Ministra, los beneficiarios de este seguro serán los y las trabajadoras, dependientes del sector público y privado, así como los independientes, que cumplan los requisitos legales. En tanto, los causantes del beneficiario serán los hijos e hijas mayores de 1 año y menores de 15 o 18 años de edad, afectados por una condición grave de salud debidamente calificada.

Alejandra Krauss detalló que el sistema tendrá como base de financiamiento parte de la cotización que hoy se paga a las mutualidades y que este proyecto de ley extiende en su aplicación, justamente en la perspectiva de la concreción del Fondo Sanna. La proyección de los aportes será como sigue:

  1. Hasta diciembre de este año, la cotización será de 0,05%, con un 0,04% para las mutualidades y un 0,01% para el nuevo seguro.
  2. En 2018, la cotización total se reducirá a un 0,03% y el aporte se repartirá en un 0,015% para las mutualidades y en un 0,015% para el seguro.
  3. En 2019, la cotización pasa a ser de un 0,01% para las mutualidades y de un 0,02% para el Sanna.
  4. A partir del 1 de enero de 2020 la cotización total del 0,03% va al seguro.

Los Ministros sostuvieron que las mutualidades actuarán solo como entidades recaudadoras de la cotización y adelantaron que la administración del fondo, la calificación de los beneficiarios y la gestión integral de los beneficios será realizada por un órgano definido en la ley que creará formalmente el Sanna. Afirmaron que dicho proyecto de ley entrará a trámite legislativo al Parlamento dentro de los próximos 60 días y que se contemplará un plazo de seis meses para su aprobación (citado artículo tercero transitorio).

Finalmente, estimaron que la cotización tendrá enormes beneficios sociales y para la productividad laboral, dado que se reducirán las contribuciones que realizan los empleadores (de 0,05% a 0,03%), lo que implicará un ahorro para los afiliados a las mutualidades de más de $8.481 millones y de más de $866 millones para los afiliados al Instituto de Seguridad Laboral.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 11161.

Corte Suprema: ¿Reconocimiento espontáneo o diligencia probatoria?

Carcel rejas preso La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de 2 menores de edad por vulneración de las garantías del debido proceso, aduciendo que la diligencia probatoria de reconocimiento de los imputados fue realizada sin la presencia de abogados defensores, atentando contra el debido proceso. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

En fallo dividido, el pasado 5 de enero la sala segunda del máximo tribunal consideró que el reconocimiento realizado por la víctima de los dos menores imputados fue accidental, no constituyéndose propiamente tal como una diligencia probatoria.

Según los hechos asentados en el caso, los dos menores se habrían encontrado detenidos en la Décima Comisaría de La Cisterna, dentro del contexto de un control de identidad por supuesto delito de porte ilegal de armas, cuando fueron reconocidos por la víctima de un robo con violencia o intimidación cometido en la comuna de El Bosque dos horas atrás. Es decir, el control de identidad se efectuó por una denuncia de infracción a la ley de armas, deteniéndose al conductor y a los pasajeros de un automóvil por el delito flagrante de manejo en estado de ebriedad, pero en el caso el delito por el cual se acusó corresponde a un robo con intimidación.

Según el voto de mayoría, no resultaba exigible en el contexto cuestionar que la identificación por parte de la víctima se haya realizado sin la presencia del abogado defensor de los menores, como demanda el artículo 31 de la Ley N° 20.084, sencillamente porque no correspondió a una actuación o diligencia de investigación llevada a efecto o preparada ni por el Ministerio Público ni por las policías, sino a una identificación accidental de la víctima, que es luego informada a los policías que no participan en la misma.

Según la defensa ello habría constituido una diligencia probatoria de reconocimiento de imputados, llevada a efecto sin la presencia del abogado defensor, infringiendo lo dispuesto por el artículo ya mencionado de la Ley N° 20.084, y con ello la garantía al debido proceso de un procedimiento racional y justo. Sin embargo, la sentencia considera que el reconocimiento obrado por la víctima del robo con violencia o intimidación no constituye una gestión probatoria sino meramente un reconocimiento espontáneo, toda vez que tiene lugar nada más al entrar a la Comisaría y ver a los imputados, quienes se encontraban momentáneamente detenidos conforme a derecho en el contexto del control de identidad por el supuesto porte ilegal de armas.

El fallo contienen disidencia del Ministro Sr. Haroldo Brito, que estuvo por anular sentencia, dictaminando que un nuevo tribunal no inhabilitado realizara un nuevo juicio oral excluyendo la prueba derivada del reconocimiento que efectúa el ofendido de los acusados en la unidad policial.

Según el disidente, cuando los carabineros de la Décima Comisaría de La Cisterna recibieron la noticia a las 14:30 hrs. acerca del robo con violencia o intimidación cometido en otra comuna a la misma hora, ya habían determinado la identidad de los acusados, porque sabían que el vehículo en que fueron habidos los acusados se apuntaba como aquel en que huyen los autores del robo. No obstante lo anterior, en vez de liberar a los acusados, ellos fueron retenidos en los «calabozos» o «sala de control de identidad» hasta la llegada de la víctima del delito de robo con violencia o intimidación, lo que importa un reconocimiento en las irregulares condiciones ya descritas. Dicha coordinación da cuenta de una diligencia probatoria de reconocimiento de imputados y no un mero reconocimiento espontáneo, y que conforme al artículo 31 de la ley N° 20.084, no podía llevarse a cabo sin la presencia del abogado defensor de los menores de edad.

Entrevistas videograbadas a menores víctimas de delitos sexuales: despachan mensaje a la Cámara de Diputados

juez justicia penalCon el fin de prevenir la victimización secundaria de niños y adolescentes, víctimas o testigos de delitos de connotación sexual, secuestro, homicidio, entre otros, el Senado despachó el proyecto ad hoc, a segundo trámite constitucional.

Cabe recordar que en sesión anterior se comenzó el debate de la moción, oportunidad en la que se solicitó el aplazamiento de la votación.

El proyecto se orienta a evitar dilaciones innecesarias, propicia el contar con personal altamente idóneo y espacios especiales y adecuados para realizar las entrevistas, resguardando la privacidad y protección de los menores.

Asimismo, contempla como regla general que los entrevistadores serán funcionarios de la PDI, Carabineros y del Ministerio Público, certificados por el Ministerio de Justicia.

Cabe señalar que la prevención de la victimización secundaria busca evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir los menores con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas o testigos, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos señalados.

VOTACIÓN

Las enmiendas que llegaron con votación unánime a la Sala, fueron ratificadas por 33 votos a favor.

Luego, se sometió a escrutinio el artículo 17 referido a la reproducción del video de la entrevista investigativa en la audiencia de juicio, permitiendo la exhibición del registro sólo en casos puntuales, entre otros, en el supuesto de que el menor hubiere fallecido, o caído en incapacidad. Esto fue aprobado por 28 votos a favor y 2 abstenciones.

En tanto, la posibilidad de que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública pueda proveer de entrevistadores -en el caso de que Carabineros, la PDI o el Ministerio de Público no cuenten con uno- suscitó la mayor discusión y finalmente se ratificó por 32 votos a favor y una abstención.

Al respecto, el senador José García Ruminot, recordó que durante la Comisión de Hacienda se abstuvo, pues a su juicio se deben asegurar entrevistadores acreditados de las instituciones a cargo. Esto fue aclarado por los senadores Felipe Harboe, Alberto Espina y Hernán Larraín, quienes enfatizaron que la acreditación estará a cargo del Ministerio de Justicia, por lo que todos los entrevistadores tendrán una formación estándar.

Asimismo, justificaron la posibilidad de que participe el Ministerio del Interior, poniendo como ejemplo la complejidad de contar con los profesionales en zonas aisladas o pequeñas, con lo que una cuarta institución participante «evita la suspensión de las entrevistas y así se impide dilatar los juicios».

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9245-07.

Creación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez: despachan mensaje a Comisión de Hacienda

niñosCada vez está más cerca la ley que permitirá la creación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, instancia que surgirá como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad será la difusión, promoción y protección de los derechos de los niños y niñas, a fin de que su rol de persuasión sea fundamental para cumplir con los objetivos del sistema de garantías de tales derechos, velando siempre por el interés superior de la niñez.

El articulado del mensaje, en segundo trámite constitucional, fue recientemente aprobado por la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes y ahora será el turno de la Comisión de Hacienda, quienes deberán analizar las normas de su competencia, entre otros: la remuneración bruta mensual del Defensor, la composición del patrimonio de la Defensoría, y el mayor gasto fiscal que represente la aplicación del proyecto de ley.

LA VOZ DE LOS SIN VOZ

«Estamos muy contentos con la aprobación», señaló el senador Patricio Walker, presidente de la Comisión Especial, quien precisó que la norma es fundamental, «porque Chile es uno de los únicos países del Continente que no tiene un ente autónomo, imparcial e independiente de los gobiernos de turno, que tenga la libertada para poner el dedo en la llaga y denunciar donde no se respetan los derechos de los niños y efectivamente con esto se podrá contribuir a cambiar políticas públicas, proponer modificaciones legales y reglamentarias, y en definitiva ser la voz de los sin voz».

El legislador adelantó que el Defensor deberá realizar un informe anual respecto de la situación de los niños, tomar la defensa colectiva de vulneraciones de derechos de los niños y proponer cambios legales.

DEFENSOR CON VISIÓN DE ESTADO

Asimismo, detalló que «este Defensor será nombrado, previo a escuchar a las organizaciones de infancia, al consejo consultivo del Defensor del Niño, a los académicos y a la sociedad civil y la Comisión de Derechos humanos tendrá que proponer una terna a la Sala del Senado, el que tendrá que nombrar -según aprobamos en la Comisión por 2/3 (25 senadores)- a un defensor que durará en su cargo 8 años, al igual que un fiscal nacional, para que esta persona ejerza sus funciones más allá de un gobierno, sino que con una visión de Estado».

El Defensor podrá ingresar, por ejemplo, a lugares donde hay niños privados de libertad, podrán hacer informes, fiscalizar, pedir información, «de modo tal que no se escondan realidades que cada cierto tiempo se conocen. Debe haber monitoreo permanente, para evitar anomalías. Esperamos un Defensor con muchas facultades, lo que es importante para que tenga peso y autoridad», recalcó el parlamentario.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10584-07.

Aumento de penas y sanciones para agresores de niños y personas vulnerables encabeza tabla de Cámara de Diputados

juez justicia penalEl informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que aumenta las penas y sanciones para agresores de niños y personas vulnerables encabeza la tabla de este martes 17 de enero, de la Sala de la Cámara de Diputados.

Tal como consta en el texto, la controversia entre la Cámara y el Senado se focalizó en dos artículos (403 bis y 403 ter) introducidos al Código Penal, durante el segundo trámite legislativo, que no fueron aceptados por los diputados en los términos propuestos por los senadores.

La primera de las normas (art. 403 bis), que refiere al maltrato a menores de 18 años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, fue rechazado por la Cámara de Diputados, básicamente, por considerar que la nueva redacción, en algún sentido, presenta una especie de tipicidad en blanco, por la falta de un criterio de relevancia que determine claramente la faz objetiva del ilícito.

«Se consideró que la conducta típica establecida (el que maltratare corporalmente) presenta una apertura demasiada amplia, que no permite diferenciar con claridad qué conductas se considerarían dentro de dicha hipótesis y cuáles no. De ese modo, se sugirió que tal conducta presente algún tipo de adjetivo, que se incorpore al ilícito como un elemento objetivo adicional, a fin de poder distinguir con certeza las acciones que resultarían penadas, por una parte, de las que no merecen reproche penal, por otra», se explicita en el informe.

Finalmente, por una alta mayoría, la Comisión acordó como texto del citado artículo que, aquel que de manera relevante, maltrate corporalmente a un niño, niña o adolescente menor de 18 años, a una persona adulta mayor o a una persona en situación de discapacidad será sancionado con prisión en cualquiera de sus grados o multa de una a cuatro UTM, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad.

Además, se estableció que, con igual sanción se castigará a quien, de manera relevante, maltrate corporalmente a quien sea o haya sido su cónyuge o conviviente.

Finalmente, se determinó que, el que teniendo un deber especial de cuidado o protección respecto de alguna de las personas referidas en este artículo, la maltrate corporalmente de manera relevante o no impida su maltrato debiendo hacerlo, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo (desde 61 días a 540 días), salvo que el hecho fuese constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a este.

Luego, respecto del artículo 403 ter, se explica en el informe que el rechazo de la Cámara se debió, fundamentalmente, a que su estructura se encuentra estrechamente al artículo 403 bis, por lo que cualquier modificación de este último repercutiría necesariamente en aquél.

El acuerdo de la Comisión Mixta estableció, como nuevo texto, que quien someta a una de las personas protegidas por esta ley a un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo.

Por último, el informe da cuenta de algunas adecuaciones legales a otros artículos, ello con el fin de dar coherencia normativa a estos, conforme a los preceptos de los artículos 403 bis y ter, recién señalados.

(Fuente: Diputados)

/Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9279.

Comisión de Salud ratificó sanciones para quienes administren o entreguen cannabis a menores de edad

MARIHUANALa Comisión de Salud de la Cámara continuó este martes 29 de noviembre la votación en particular del proyecto que modifica la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con el objeto de despenalizar el expendio de la marihuana medicinal y el autocultivo para consumo privado de cannabis.

En la ocasión, la instancia centró el debate en las sanciones que se le otorgarán a quienes administren o entreguen cannabis a menores de edad, salvo en aquellas situaciones en que haya un diagnóstico clínico, donde exista una prescripción médica.

“Queremos que la entrega de cannabis tenga un efecto positivo, por eso hemos ratificado las sanciones que ya habían sido aprobadas por la Comisión. Además, hemos establecido el aumento en penas para aquellos que administren este tipo de sustancias a menores de edad por otras razones”, explicó el presidente de la Comisión, diputado Víctor Torres (DC).

En cuanto al porte y tenencia, el parlamentario señaló que en este aspecto es necesario analizar cuántas plantas o gramos se van a permitir tanto dentro de los domicilios como fuera de estos. “Hay algunas indicaciones para poder modificar aquello, pero hemos decidido dejar esas materias para el final, debido a que son las más conflictivas”, enfatizó.

Por otro lado, la diputada Karla Rubilar (IND) manifestó su preocupación por la forma en la que se ha dado la votación de algunas indicaciones. “Hay tal desorden en la votación, que se aprueban algunas cosas que no tienen coherencia con otras, se caen cosas importantes como el aumento de las penas del trafico a menores, que tratamos de subsanar con otras pero que no cumplen el objetivo, entonces esto está teniendo poca correlación y está saliendo una ley que va a ser cuestionada después”, declaró.

Al mismo tiempo, la parlamentaria aseguró que es necesario darle un hilo conductor común a la iniciativa para poder analizar cómo va quedando, entendiendo que hay muchas indicaciones que, según expreso, no tendrían sentido con la caída de otras. “Sabemos que será la Sala la que determinará, pero hoy día cómo está quedando está bastante incongruente”, resaltó.

(Fuente: Diputados)

Consulte los proyectos de ley, Boletines Nº 9496 y 9471.

Plantean a través de una moción endurecer las penas a menores infractores de la ley penal

carabineros fuerzas de orden protestaUn grupo de legisladores presentó una moción que endurece algunas de las normas presentes en la Ley 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. El proyecto, enviado a estudio a la Comisión de Seguridad Ciudadana, fue ingresado el pasado viernes 4 de marzo.

Los diputados estimaron imprescindible reformular la Ley Penal Adolescente, fijando márgenes concretos a la decisión judicial. «La Ley debe, obligatoriamente, tomar en cuenta los ilícitos que cometió un menor con anterioridad y sancionar con especial rigor conductas que tienen un reproche especial del punto de vista punitivo en la legislación sustantiva», acotaron.

En línea con lo expuesto, la moción modificar las normas que permiten a los menores de edad imputables que cometen un delito, rebajar la pena de esta en un grado (lo que en concreto puede llegar a 5 años), solo por ser menores de edad, en el caso de ser reincidentes de delitos de igual o mayor gravedad. Así, se indica que no será aplicable el citado beneficio «a quienes hayan sido condenados previamente por delitos a los que la ley asigne igual o mayor pena”.

Además, se propone que, independiente de las circunstancias de un crimen, tratándose de delitos de homicidio, robo con violencia o intimidación, robo en lugar habitado o violación -entre otros-; el juez solo podrá aplicar la pena de reclusión en régimen cerrado con programa de reinserción social a los menores que los cometan, siempre que sean imputables.

Asimismo, se plantea regular la sanción frente al quebrantamiento de internación en régimen cerrado, para lo cual se propone que se cumpla un tiempo adicional a la condena, idéntico a aquel durante el cual se quebrantó la condena.

Finalmente, se busca fortalecer el principio de separación y, con ello, evitar que mayores de edad lleguen a centros del Servicio Nacional de Menores y convivan con adolescentes en formación, aun alejados de los patrones delictivos de los adultos.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10560.

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