Corte de San Miguel: la sanción por no pago de cotizaciones previsionales procede independiente de quien haya deducido la acción para poner término a la relación laboral

Con fecha 23 de enero de 2017, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel acoge el recurso de nulidad interpuesto por el trabajador en contra de la sentencia que no aplicó la sanción de nulidad del despido ante el incumplimiento de su empleador en el pago de cotizaciones previsionales. Esto, pues la sanción de nulidad del despido por no pago de cotizaciones previsionales procede sea que el trabajador o el empleador le hayan puesto término a la relación laboral. Además, respecto de la responsabilidad solidaria de la empresa principal, esta solo tiene lugar respecto de las obligaciones laborales y previsionales que se generan durante el servicio de los trabajadores subcontratados.

El fallo unánime considera que si el empleador durante la relación laboral infringió la normativa previsional, corresponde imponerle la sanción que contempla el artículo 162 inciso 5º del Código del Trabajo, independiente de quien haya deducido la acción para ponerle término. Sea que la haya deducido el empleador o el trabajador, el presupuesto fáctico que autoriza para obrar de esa manera es el mismo: el empleador no enteró las cotizaciones previsionales a los órganos respectivos en tiempo y forma. En consecuencia, la sentencia impugnada ha efectuado una incorrecta aplicación de los artículos 160 y 171 del estatuto laboral ya citado.

Sobre las alegaciones de responsabilidad solidaria, durante el periodo que la demandante trabajó en régimen de subcontratación para la demandada solidaria, el empleador pagó las cotizaciones de seguridad social, de Fonasa y de AFC. En efecto, los periodos impagos que la juez a quo da por establecido se refieren a periodos diversos a aquellos en que la demandante prestó servicios para la demandada de que trata. Consecuentemente, yerra la sentencia impugnada en su análisis del artículo 183 B del Código del Trabajo al entender que la demandada debe responder de las obligaciones labores y previsionales correspondiente a un período diverso a aquel durante el cual el trabajador prestó servicios en régimen de subcontratación. Aquello implica darle al artículo 183-B del Código del Trabajo un alcance restringido que no se justifica.

Finalmente, se comenta que si el recurrente invoca la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, no puede el tribunal de alzada variar los presupuestos fácticos a que ha arribado el juez de la instancia, toda vez que éstos resultan inamovibles para la Corte de Apelaciones. En la especie, se encuentra asentado en la sentencia que el actor prestó servicios para la empresa demandada a partir del 3 de marzo de 2010 y sobre la base de dicho presupuesto acogió la demanda por despido indirecto. Luego, el recurso no puede pretender por la vía de esta causal modificar los hechos asentados en el fallo que se revisa. A lo anterior ha de señalarse que el presente recurso de invalidación es de carácter formal y de derecho estricto, razones por las cuales, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 474, 477, 479 y siguientes del Estatuto Laboral que lo regulan, en el escrito de interposición el recurrente debe expresar con claridad y precisión las leyes que se habrían infringido en la sentencia. De igual forma, señalar como el vicio invocado ha influido en lo dispositivo del fallo cuestión que el recurso omite indicar.

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Corte Suprema: la revisión de los contactos de un celular incautado está dentro de la hipótesis de flagrancia que permite actuar autónomamente a la policía

Con fecha 6 de marzo de 2017, la segunda sala de la Corte Suprema rechaza el recurso de nulidad interpuesto por el acusado, frente a la sentencia de juicio oral que lo condenó como autor de un delito de robo con intimidación y de un delito de hurto. Fundamenta su recurso en la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, señalando la infracción al debido proceso en relación al derecho a un proceso previo legalmente tramitado, por efectuarse llamadas a través de los teléfonos celulares que le incautan al imputado y por un reconocimiento fotográfico deficiente. Sin embargo, se estima que en una situación de flagrancia los policías se encuentran obligados al registro e incautación de especies provenientes del delito, pudiendo revisar los celulares que tenía el detenido con el fin de encontrar testigos o posibles víctimas. Así, por ser flagrancia tal situación no requiere autorización del Ministerio Público.

La sentencia considera respecto a la realización de diligencias no autorizadas, que en el caso se está frente a la situación de flagrancia de los artículos 129 y 130 del Código Procesal Penal, debido a que la policía recogió la denuncia de una presunta víctima que señaló la comisión de un reciente ilícito y del lugar por donde huía su hechor, obteniendo la pronta detención del sujeto. En esta circunstancia, los policías se encuentran obligados al registro e incautación de especies provenientes del delito y de los objetos utilizados para cometerlo. De esa manera, la incautación del celular se encontraba autorizada expresamente en ese supuesto, de conformidad al artículo 187 del Código Procesal Penal.

Además, señala el recurso que los policías efectuaron llamadas a través de los teléfonos celulares que le incautaron al imputado, realizando así una diligencia autónoma no autorizada. Sin embargo, los agentes estatales se encontraban facultados para realizar –sin necesidad de instrucción previa del Ministerio Público– las diligencias básicas e indispensables para identificar a los posibles testigos, según lo establece el artículo 83 letra d) del Código Procesal Penal. Por su parte, el acusado no señaló ningún derecho sobre los aparatos, por lo que no puso en duda la legitimidad de su revisión por parte de los policías.

Ahondando más en el asunto, la corte considera que se está ante lo que la doctrina ha llamado «descubrimiento inevitable», planteamiento que diluye el vínculo entre la supuesta infracción y el hallazgo de la evidencia incriminatoria. Conforme a esta doctrina, puede afirmarse que existiendo medios probatorios que indiquen que la prueba cuya ilicitud se discute también pudiese haber sido descubierta por medios lícitos, se puede también sostener la pérdida del vínculo causal entre la ilicitud original y el hallazgo posterior. Por lo tanto, el hallazgo de la prueba incriminatoria es inevitable y lícito. Dado que el acusado fue detenido de manera flagrante, de todas formas la Fiscalía iba a instruir la revisión de los teléfonos, sea inmediatamente después de que se le comunicara la detención y sus circunstancias, o durante el curso de la investigación, por lo que los policías no hacen sino adelantarse –con facultades para ello– a una diligencia que necesariamente debía ejecutarse más adelante.

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Corte Suprema: no se dan por establecidos los elementos ni el desequilibrio de poder negociador para que haya un contrato de adhesión

Con fecha 2 de marzo de 2017, la segunda sala de la Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante contra la sentencia que acogió la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal, en juicio ordinario sobre indemnización de perjuicio por infracción al derecho del consumidor por estimarse que el contrato de promesa de compraventa realizado con una inmobiliaria no es de adhesión. Para decidir esto, el tribunal considera que se requiere demostrar que el contrato de promesa de compraventa suscrito con la inmobiliaria fue obra exclusiva del oferente o, al menos, que ha sido éste quien ha impuesto sus cláusulas esenciales. Sin embargo, no se prueba ni esto, ni un desequilibrio de poder negociador que permitiría imponer estas cláusulas.

La sentencia unánime considera que para que sea aplicable la norma que permite al consumidor recurrir siempre a la justicia ordinaria debe tratarse en el caso de un contrato de adhesión. En efecto, el artículo 16 de la Ley 19.946 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores se ubica en el párrafo 4° del Título II, titulado «Normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión». Por lo demás, el inciso que inicia el artículo 16, que determina el ámbito de las reglas, se refiere expresamente a los contratos de adhesión. Sin embargo, el demandante no puede demostrar que existe un contrato de adhesión, por lo que para resolver cualquier conflicto del contrato corresponde se debe ejecutar la cláusula de arbitraje y no recurrir a la justicia ordinaria, como permite la ley.

El demandante ha fundado su alegación de que el contrato de promesa de compraventa es de adhesión en la circunstancia que habría sido redactado por la Inmobiliaria demandada, y en que existen varios contratos del mismo tipo celebrados por ella con otros promitentes compradores en los que la competencia queda radicada en los tribunales ordinarios, mientras en otros se radica ante el juez árbitro, lo que en su concepto demostraría que la cláusula de competencia queda entregada al arbitrio de la demandada. Tales postulados resultan insuficientes para evidenciar que en la promesa de venta de que se trata el consentimiento se haya formado mediante la sola aceptación expedida por el actor, de las condiciones dispuestas por la demandada.

Por regla general la compraventa de un inmueble es (y lo propio puede sostenerse de una promesa de compraventa, si se mantuviere la aplicación de estas reglas a ella) un contrato de libre discusión en el que las partes debaten y estipulan libremente su contenido. Por otra parte, si bien la doctrina reconoce que los contratos de adhesión pueden presentarse no sólo en aquellas situaciones en que hay condiciones generales de contratación o estandarización contractual, sino también en una convención aislada entre dos sujetos (donde la oferta no tendrá las características ni de generalidad ni de permanencia, y probablemente tampoco de minuciosidad, caracteres comúnmente pedidos para la adhesión), en todo caso debe estar presente un rasgo que se tiene por decisivo para calificar la adhesión: el desequilibrio del poder negociador de los contratantes.

En tal sentido, se requiere demostrar que el contrato de promesa de compraventa fue obra exclusiva del oferente o, al menos, que ha sido éste quien ha impuesto sus cláusulas esenciales: en particular, las relativas a la cosa, el precio, la forma de pago, y al plazo o condición que fija la época de celebración del contrato prometido en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1554 del Código Civil. Además, ciertamente debió demostrarse la presencia de elementos constitutivos de aquel desequilibrio del poder negociador que constituye el contrato por adhesión.

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Corte Suprema: Seremi de Salud tiene facultades para prohibir el funcionamiento de la consulta profesional de una extranjera sin título convalidado

Con fecha 6 de marzo de 2017, la tercera sala de la Corte Suprema acoge de manera unánime el recurso de apelación, revocando la sentencia de protección que dejó sin efecto las resoluciones dictadas por la Seremi de Salud que prohibieron el funcionamiento de la consulta profesional de la recurrente, desconociendo el título que posee para ejercer su profesión. De esta manera, reinstaura la prohibición dictada por la autoridad administrativa. Se considera que en tal actuar no hay ilegalidad, toda vez que la Seremi tiene las facultades legales para prohibir el funcionamiento de determinados establecimientos en casos que exista un riesgo para la salud. La falta de inclusión de la carrera de optometría en el Código Sanitario de modo alguno puede implicar que tal profesión se ejerza al margen de toda la normativa sanitaria nacional.

El tribunal considera que no es factible atribuir a la Seremi ilegalidad alguna por su resolución, toda vez que aquella tiene las facultades legales para prohibir el funcionamiento de determinados establecimientos en casos que exista un riesgo para la salud, según lo dispone el artículo 178 del Código Sanitario. Esta atribución debe ser directamente relacionada con los antecedentes de hecho del caso, pues el servicio de su profesión constituía un riesgo inminente para la salud de las personas, estableciéndose que la consulta de optometría funcionaba dentro de la sala de ventas de una óptica, soslayando que lo hacía en otra parte del mismo local comercial. Con esto, y lo dispuesto en el artículo 126 inciso segundo del Código Sanitario, se puede descartar además la arbitrariedad de la conducta atribuida a la Seremi de Salud regional.

El tribunal entra a analizar, para hacer esta interpretación de la ley, el fin del artículo 126 del Código Sanitario, dictaminando que la prohibición de funcionamiento de consultas en el interior de establecimientos ópticos se hace aplicable a las consultas optométricas, toda vez que el optómetro es un profesional que puede medir la visión, detectar problemas y prescribir lentes correctivos.

El artículo 126 del Código Sanitario permite que en los establecimientos de óptica se abran locales destinados a la recepción y al despacho de recetas emitidas por profesionales relativas a lentes, bajo la responsabilidad técnica de la óptica pertinente, estableciendo que en ninguno de estos establecimientos estará permitida la instalación de consultas médicas o de tecnólogos médicos. Esta normativa tiene claramente un fin preventivo relacionado con los conflictos de intereses que se pueden producir en un ámbito tan delicado como es la salud, puesto que resulta evidente que el interés que tiene el establecimiento óptico por vender sus productos no puede estar relacionado con la prescripción de aquellos por parte de los profesionales que se encuentren estrechamente relacionados con aquél.

Además, en atención a que en Chile tal carrera no se imparte por las Universidades chilenas nuestro Código Sanitario obvió su inclusión, pero aquello de modo alguno puede implicar que tal profesión se ejerza al margen de toda la normativa sanitaria nacional. Esto, máxime si en virtud de la Convención sobre Canje de Títulos contenida en la Ley N° 3860, únicamente se exime a los optómetras colombianos de la obligación de convalidar estudios ante la facultad de medicina de la Universidad de Chile.

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Corte de Puerto Montt: beneficios de libertad vigilada a condenados por delitos sexuales contra menores por no cumplir el objetivo de resocialización

Con fecha 27 de Febrero de 2017, La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acoge el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía, revocando la resolución que otorgaba beneficio de libertad vigilada a los condenados por el delito de estupro. En el caso no se entregan en el proceso antecedentes sociales, laborales, educacionales y características de personalidad de los condenados, ni otros elementos suficientes que hubiesen permitido al Tribunal presumir que los beneficios carcelarios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores los disuadirá de cometer nuevos ilícitos.

El voto de mayoría de la sentencia resolvió de tal manera, estimando que el espíritu de las penas sustitutivas es la de resocialización de los condenados por medio de sanciones cuyas consecuencias sean menos perjudiciales para éstos. De esta forma, el tribunal debe tener presente para determinar su procedencia y optar entre diversas penas sustitutivas, entre otras circunstancias: el tipo de delito cometido, las modalidades y móviles del ilícito, la extensión de la pena impuesta, y la existencia de penas anteriores. Todo esto, a fin de lograr un carácter disuasivo de la medida en el comportamiento posterior de éstos.

Por lo demás, se consideró que no se logró formar la convicción de que con la libertad vigilada intensiva y con la remisión condicional de la pena los condenados no volverán a delinquir, en atención a las naturaleza de los delitos imputados –estupro, obtención de servicios sexuales de menores de edad y almacenamiento de material pornográfico infantil–, su modalidad, su número y teniendo en especial consideración el estado de vulnerabilidad en que se encontraban las víctimas al momento de ser ofendidas penalmente.

Además, tampoco se allegan antecedentes sociales, laborales, educacionales y características de personalidad de los condenados, ni otros elementos suficientes que hubiesen permitido al Tribunal presumir que alguno de dichos beneficios lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos, resultando insuficiente para los fines perseguidos por la norma el único informe social que se conoció sólo respecto de uno de los condenados.

El fallo cuenta con el voto de disidencia del Abogado Integrante don Mauricio Cárdenas García, que estuvo por acceder al otorgamiento de las penas sustitutivas impuestas en la sentencia en alzada.

El disidente estima que los sentenciados estuvieron afectos a prisión preventiva y luego, hasta la fecha de comunicación de la sentencia, con arresto domiciliario total, medida cautelar esta última que ha sido cumplida de manera satisfactoria sin que exista constancia de su quebrantamiento. Con dicha conducta se revela que los condenados pueden someterse a condiciones especiales para evitar comisión de nuevos ilícitos, pudiéndose esperar en consecuencia una baja probabilidad de reincidencia.

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