Instan al gobierno a enviar al Congreso ley de sustentación de tarifas para la pequeña y mediana empresa

Como un “tema muy preocupante”, calificó el senador integrante de la Comisión de Minería, Baldo Prokurica, la situación que enfrenta la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). Ello, porque los recursos que destinó para financiar la Sustentación de Tarifas de la pequeña y mediana minería del cobre el año 2015 –y que deberían hacer sido repuestos en la ley de presupuesto del año siguiente-, todavía no han sido reintegrados a la estatal por parte del gobierno.

“Además, vamos a cumplir dos años desde que el Gobierno de la Presidenta Bachelet, comprometió el envío de un proyecto de ley -en un elemento que es fundamental para la Enami-, como es la Sustentación de Tarifas para la pequeña y mediana minería”, indicó.

Además el senador por Atacama, agregó que “en esta discusión, se ha ido perdiendo un tema que es fundamental… como es el Endeudamiento Artificial de la Enami –como ocurrió en anteriores Gobiernos de la Concertación-, donde la administración de la Presidenta Bachelet no será una excepción, ya que nuevamente los recursos que la Enami utilizó el año 2015 para sustentar tarifas aún no han sido devueltos por parte del Ministro de Hacienda”.

A juicio del senador Prokurica, “endeudar a una empresa tan importante… que genera condiciones de viabilidad para tantas familias y comunas que no tienen otra alternativa de vida que no sea la pequeña minería; es un error garrafal y que destruye una actividad económica que resulta fundamental para un gran número de comunas del norte de nuestro país”.

Al conmemorarse un nuevo aniversario de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) –recalcó el senador Prokurica-, “llamo al gobierno, a no seguir endeudando a este empresa estatal tan importante, devolviéndole los recursos que ya fueron utilizados el año 2015 –como corresponde-, y a enviar el proyecto de ley –comprometido-, para establecer de forma regular la Sustentación de Tarifas para la pequeña y mediana minería; y no como ocurre en la actualidad que obedece solo a la voluntad del gobierno de turno”.

“Este proyecto –que no ha sido enviado-, es un compromiso que el Gobierno de la Presidenta Bachelet adquirió con la Comisión de Minería del Senado, y que hasta la fecha no se ha cumplido”, concluyó el senador Prokurica.

(Fuente: Senado)

Corte Suprema confirma multa aplicada por la SEC a División Radomiro Tomic de Codelco

codelcoLa Corte Suprema ratificó la multa de 3.600 UTM (unidades tributarias mensuales) aplicada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a la División Radomiro Tomic de Codelco por no entregar información solicitada en el marco de las inspecciones realizada por la autoridad reguladora.

En fallo unánime (causa rol 35567-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama, Alfredo Pfeiffer y el abogado (i) Álvaro Quintanilla– rechazó el recurso de reclamación y revocó la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que había rebajado la multa.

«Resulta prístino que para determinar la sanción aplicable a la empresa reclamante debieron tomarse en consideración la totalidad de las circunstancias contenida en el inciso 2° del artículo 16 de la Ley N° 18.410, no pudiendo argumentarse como lo hizo el fallo en alzada, que sólo son aplicables las contenidas en las letras c) a f) de dicho precepto, por carecer ello de sustento normativo (…) de lo anterior se colige que la SEC, al considerar todas y cada una de las circunstancias antes aludidas para determinar el quantum de la sanción impuesta a la parte reclamante, ha actuado con estricto apego a la normativa que la rige, descartándose, en consecuencia, la ilegalidad en su obrar», sostiene el fallo del máximo tribunal.

Resolución que agrega: «Al haberse acreditado, por una parte, la existencia de la infracción imputada a la parte reclamante y, por otra, al estimarse que la sanción aplicada fue determinada conforme a derecho, atendida su calificación de leve, de una escala de una ($550.884) a diez mil Unidades Tributarias Anuales ($5.508.840.000) solamente le aplicó 3600 Unidades Tributarias Mensuales ($165.265.200), que equivale al 3% del importe total de la multa que le es posible aplicar a la autoridad administrativa».

(Fuente: Poder Judicial)

Tribunal Ambiental de Santiago autorizó nueva clausura parcial del sector de pozos de extracción de agua de Minera en Atacama

segundo tribunal ambientalEl ministro de turno del Tribunal Ambiental de Santiago, Sebastián Valdés, autorizó a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para decretar, por 15 días hábiles, la clausura temporal y parcial del sector de pozos de extracción de agua del proyecto Refugio de Compañía Minera Maricunga (CMM), ubicado en la precordillera de la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

“Se autoriza la medida urgente y transitoria, conforme al artículo 3 letra g) de la LOSMA, de clausura temporal y parcial del sector de pozos de extracción de agua de la Compañía Minera Maricunga (pozos RA-1, RA-2 y RA-3), ubicados en el Corredor Biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda, consistente en la prohibición de extracción de agua de dichos pozos en un caudal superior a lo indicado por la Superintendencia del Medio Ambiente en su solicitud, la que se hará efectiva desde la fecha de notificación que efectúe el Superintendente, y por un plazo de 15 días hábiles, o hasta que la Compañía Minera Maricunga ejerza su derecho consagrado en el artículo 56 de la LOSMA, lo que ocurra primero, señala dice la resolución.

Cabe recordar que en marzo de este año la SMA sancionó a CMM con la clausura definitiva de dichos pozos, tras establecer que la faena minera habría desecado al menos 70 hectáreas de humedales en el corredor biológico Pantanillo- Ciénaga Redonda.

Esta es la tercera ocasión en que el Tribunal Ambiental autoriza una solicitud de la SMA para dictar medida provisional contra CMM; en abril se solicitó la clausura total de dichos pozos, mientras que en las medidas de mayo y junio se solicitó la clausura parcial.

Antecedentes

  • Compañía Minera Maricunga es titular del “proyecto minero Refugio”, cuya faena principal se encuentra en las inmediaciones del complejo lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.
  • El proyecto cuenta con varias resoluciones de calificación ambiental favorable, que regulan su actividad. En lo relacionado con el presente proceso destacan las RCA’s N°2/1994, que calificó el EIA del “Proyecto minero Refugio”; N°4/2004, de la DIA del proyecto “Modificación instalaciones y diseños proyecto Refugio”; N°268/2009, de la DIA del proyecto “Optimización proceso productivo proyecto Refugio”; y N°45/2011, de la DIA del proyecto “Modificación proyecto minero Refugio racionalización de la operación mina-planta”.
  • 6 de mayo de 2015, la SMA inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra el proyecto, calificando el incumplimiento ambiental imputado como gravísimo (rol D-14-2015, de la SMA).
  • 17 de marzo de 2016, la SMA sancionó a Compañía Minera Maricunga con la clausura definitiva de sus pozos de extracción, tras comprobar que debido a su acción se desecaron al menos 70 hectáreas de humedales ubicados en el complejo lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa.
  • 28 de marzo de 2016, la empresa interpuso un recurso de reposición en contra de la resolución sancionatoria de la SMA. El que fue acogido por el ente fiscalizador el pasado 23 de junio
  • 25 de abril de 2016, la SMA ingresa al Tribunal Ambiental la solicitud de autorización de la medida provisional de clausura temporal total de los pozos de extracción de agua, rol S-33-3016. La medida fue autorizada el 26 de abril, por 15 días corridos.
  • 18 de mayo de 2016, la SMA ingresa al Tribunal Ambiental solicitud de autorización de la medida provisional de clausura temporal y parcial de los pozos de agua, rol R-36-2016. La medida fue otorgada por 25 días hábiles.
  • 23 de junio de 2016, la SMA acogió el recurso de reposición de CMM, adecuando la sanción de clausura definitiva (Res. Ex. N°234/2016) conforme a los siguientes lineamientos técnicos (i) suspender la incorporación de cianuro a las pilas de lixiviación; (ii) dar comienzo al inicio de lavado de dichas pilas, para lo que se autorizó extraer desde los pozos RA-1 y RA-2 un caudal promedio mensual específico, determinado sobre la base de las pérdidas por evaporación y requerimientos de los trabajadores que permanecen en faena (Tabla N° 1 y 3); (iii) la extracción será autorizada sólo hasta que se alcance el límite objetivo de cianuro en las pilas, lo que será definido por la SMA sobre la base de la concentración de cianuro presente en ellas; (iv) para determinar lo anterior, la SMA ordenó a CMM una serie de medidas de seguimiento y control (Res. Ex. N°571/2016.
  • 23 de junio de 2016, la SMA ingresó al Tribunal Ambiental solicitud de autorización de la medida provisional de clausura temporal y parcial de los pozos de agua, rol R-39-2016

(Fuente: Tribunal Ambiental)

Consulte el expediente de la causa Rol S-39-2016.

Presentan mociones para anular cuestionada norma en ley del royalty minero de 2010

mineríaEn atención a la investigación que realiza el Ministerio Público, en torno a un posible cohecho y la eventual comisión de delitos tributarios por parte de una empresa minera nacional, que habría influido en la determinación de una norma transitoria en el contexto de la tramitación de un cambio legal a la Ley del royalty minero, en 2010, dos grupos de legisladores presentaron mociones para anular dicho artículo.

La primera de las propuestas —Boletín Nº 10597— pasó a consideración de la Comisión de Constitución. Los legisladores resaltaron los antecedentes conocidos a través de la prensa, hoy analizados por la Fiscalía, en que se da cuenta de una eventual influencia de parte de SQM en la definición del artículo cuarto transitorio de la Ley 20.469, que introdujo modificaciones a la tributación de la actividad minera.

La citada norma, en términos concretos, aborda la situación de las empresas nacionales que soliciten la suscripción de un contrato de invariabilidad sometido al nuevo impuesto a la actividad minera que se fijó en la Ley 20.469.

«Estos hechos vienen a significar que en el proceso de elaboración del citado artículo transitorio de la Ley 20.469 existió una intervención directa de una empresa en resguardo de sus intereses económicos, situación inaceptable para un sistema democrático. Desde el punto de vista de la tramitación legislativa, constituye una grave vulneración al principio constitucional de probidad.

En este sentido, cabe observar que existen responsabilidades y efectos en planos distintos. Una dimensión es la responsabilidad penal que debe ser determinada por los tribunales y otra diversa consiste en los efectos en el proceso legislativo», plantearon los legisladores.

Estimaron que, la contundente evidencia sobre la intervención de la empresa en el resultado del royalty minero, conduce a concluir que el proceso legislativo respecto del artículo cuarto transitorio del cuerpo legal citado no se ajustó a la forma que prescribe la ley (artículo 7º de la Carta Fundamental), por lo que resulta insanablemente nulo, situación que se busca concretar a través de este proyecto.

La segunda iniciativa —Boletín Nº 10598— fue derivada a la Comisión de Hacienda. El grupo de parlamentario que la formuló, tras recordar el contexto de la Ley 20.469 y retrotraer su función como vía de financiamiento de la reconstrucción del terremoto/maremoto de 2010, lamentaron las «espurias motivaciones subyacentes» en varias disposiciones del cuerpo legal, tal como se ha conocido públicamente.

«No podemos negar que la corrupción, de cuya ausencia tanto tiempo nos vanagloriamos, es un flagelo que ha lacerado nuestras instituciones en lo más profundo y que, por lo tanto, debemos ser intolerantes ante estos hechos y eliminar de nuestro ordenamiento jurídico aquellas normas que hayan sido obtenidas por motivaciones distintas, e incluso contrapuestas, al bien común», evaluaron.

Así, consideraron que no existe una justificación racional que haya sustentado la aprobación de un artículo de las características del actual cuarto transitorio de la Ley 20.469, ni que pueda sustentar su mantención en la actualidad.

Los diputados explicaron que las autoridades del anterior Gobierno propusieron una extensión del plazo de la invariabilidad tributaria para aquellos explotadores mineros que fueran titulares de un régimen de este tipo, cuya fuente fuera un contrato de inversión extranjera celebrado con el Estado de Chile.

Detallaron que la extensión del plazo de invariabilidad tributaria representaba una opción para el inversionista que tenía un objetivo claro: ser un aliciente o estímulo para que el inversionista extranjero ya acogido a un sistema de invariabilidad, optara por acogerse voluntariamente a un régimen impositivo transitorio con tasas más altas.

En dicho plano, criticaron que se haya también promovido la extensión de la invariabilidad tributaria a explotadores nacionales. «No había necesidad de generar incentivos para que los explotadores nacionales accedieran a tributar en las nuevas tablas de tasas del impuesto específico a la actividad minera, pues ninguno de ellos mantenía contratos vigentes con el Estado relativos a la invariabilidad de los tributos, razón por la cual quedarían sujetos a las normas generales sobre tributación. Esto quiere decir que se fabricó un beneficio a la medida de ciertos explotadores chilenos, como SQM Salar y SQM Nitratos, utilizando argumentos falaces y aprovechando la premura en la tramitación de una norma imprescindible en la obtención de recursos para la reconstrucción, para procurar el enriquecimiento de ciertos grupos económicos», sostuvieron.

Bajo estos argumento y al igual que en el caso anterior, el proyecto avanza en proponer la supresión del artículo cuarto transitorio de la Ley 20.469, al tiempo que reordena numéricamente las restantes normas transitorias.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de Ley, Boletín Nº 10597 y 10598.

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