Corte Suprema: el decreto que invalida un nombramiento de funcionario requiere que se le confiera a la afectada audiencia previa para realizar descargos

Con fecha 1 de marzo de 2017, la sala tercera de la Corte Suprema acoge el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de protección, revocando el Decreto Alcaldicio que invalidó el nombramiento de la funcionaria como Directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad. El tribunal consideró que la Municipalidad incumple con el artículo 53 de la Ley 19.880 para invalidar un acto administrativo, pues debe otorgar a la interesada una audiencia previa para que efectúe sus descargos. Al no realizar este trámite, la invalidación es ilegal y vulnera derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley.

La funcionaria argumentaba que no se le confirió audiencia previa para otorgar descargos, la cual es un requisito del artículo 53 de la Ley 19.880 para proceder a invalidar un acto administrativo. Señala además que el acto recurrido carece de justificación para invalidar su nombramiento. La razón para invalidar el decreto alcaldicio se encuentra en el Dictamen N° 47.346 de Contraloría, el cual –resolviendo el reclamo de un tercero oponente en el concurso público– determina que otra persona debe ocupar el cargo, debiendo la municipalidad propiciar todas las medidas para cumplir la decisión.

Según el tribunal, el artículo 53 de la Ley N° 19.880 señala que la invalidación de un acto administrativo es procedente –tanto de oficio como a petición de parte– previa audiencia del interesado. Si la municipalidad –dando cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría– procedió a dictar el Decreto Alcaldicio por el cual invalidó el nombramiento de la recurrente, lo que procedía era iniciar un procedimiento de invalidación en el que se otorgara a la interesada la posibilidad de ser oída, lo que no aconteció.

El certificado emitido por el Administrador de la Municipalidad, del cual dio fe la Secretaria Municipal, en el que se acredita que se informó previamente a la recurrente cómo se iba a proceder en el caso no le permite acreditar haber dado cumplimiento al artículo 53 de la Ley 19.880, ya que el documento tiene fecha posterior a la interposición del recurso y ni siquiera aparece firmado por la actora.

Finalmente, el tribunal concluye que si la Administración pretende ejercer la facultad de invalidación de sus actos debe necesariamente oír al interesado al constituir dicha audiencia, el cual es un requisito para el ejercicio de la referida potestad. Si no lo hace, el acto se torna ilegal y se vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, en cuanto se le ha dado un trato distinto al que procede conforme a derecho.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Corte de Santiago rechazó recurso de reclamación presentado por notario en contra de la unidad de análisis financiero

corte-apelaciones-santiagoLa Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación presentado en contra de la decisión de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que formuló una serie de cargos por irregularidades detectadas en notaría.

En fallo unánime (causa rol 12.498-2016), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Alejandro Madrid, Mario Rojas y el abogado (i) David Peralta– descartó infracción de ley en los procesos abiertos por la UAF en contra del notario Sergio Martel Becerra.

«Que teniendo presente el ámbito de intervención de esta Corte, es posible advertir que la resolución que se impugna ha cumplido, de un modo objetivo y preciso, con las exigencias que le impone el citado artículo 22° de la ley 19.913, pues ha señalado con precisión los cargos y los hechos en que se funda; la fecha en que se verificaron, la norma eventualmente infringida, la sanción asignada y el plazo para formular los cargos, de modo que las alegaciones de la reclamante en cuanto a la falta de precisión, incoherencia de los cargos y el no tener correlato con la fiscalización, no son aspectos que permitan sostener una contravención a la ley, sin perjuicio que tales consideraciones se hagan valer en la instancia administrativa correspondiente al procedimiento en curso», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «sin perjuicio del análisis que se efectúa al tenor del reclamo interpuesto, cabe señalar que las alegaciones que formula la recurrente de un modo extenso acerca de las ilegalidades de las Circulares en que se basan los incumplimientos que le reprochan, no es materia susceptible de ser revisada a través de la presente reclamación, como tampoco resulta procedente analizar cada uno de los aspectos que sirven de respuesta a los cargos que le fueron formulados, pues ello excede la naturaleza de la reclamación y deben ser expuestos en otra sede o bien en el curso del procedimiento administrativo correspondiente».

«(…) los antecedentes que hace valer el reclamante no son suficientes para alterar lo decidido por la autoridad fiscalizadora, ni para sostener que esta al resolver como lo hizo haya infringido alguna disposición legal o reglamentaria y por lo demás, aparecen que todos los presupuestos para dar curso al proceso administrativo de sanción en este caso, han sido suficientemente cumplidos y siendo así, el reclamo de ilegalidad debe ser necesariamente declarado sin lugar», concluye.

(Fuente: Diario Constitucional)

Contraloría amplió el requerimiento de estados financieros a la totalidad de municipios del país

Patente MunicipalesCon la publicación de las Instrucciones sobre la Preparación de los Estados Financieros Municipales por parte de este organismo de control, se inicia el período de elaboración y presentación de la información financiera del ejercicio contable 2016. Los antecedentes deberán ser remitidos a la CGR hasta el 30 de abril de este año.

Cabe señalar que los estados financieros deberán considerar las operaciones ejecutadas durante 2016 en forma comparativa con las operaciones del año anterior.

La CGR establece que su elaboración tendrá que cautelar la aplicación de la normativa y procedimientos contables vigentes, especialmente en lo que dice relación con las notas explicativas, las que constituyen uno más de los estados exigidos.

Tres son los principales cambios que Contraloría estableció en las Instrucciones de este año:

El primero corresponde a la ampliación del requerimiento de estados financieros a la totalidad de municipios del país. Hasta el ejercicio anterior esta obligación sólo se había limitado a una muestra de gobiernos locales.

El segundo cambio está dado por la introducción de medidas específicas para asegurar la confiabilidad de las cifras al cierre del ejercicio, tales como la correcta declaración de los saldos vigentes de deudores por rendiciones de cuentas; los saldos de deuda corriente, no corriente y otras; y la ejecución presupuestaria municipal.

La tercera modificación se refiere a la exigencia adicional de entregar información financiera de las corporaciones municipales, en forma de nota explicativa. Este antecedente será de gran relevancia para dar a conocer la situación financiera municipal de una manera integral.

La información que deberá ser aportada por los municipios a través de estos estados financieros no sólo constituirá, de acuerdo a la CGR, un insumo para mejorar la fiscalización de éste órgano sobre los municipios, sino que también permitirá a las propias entidades edilicias manifestar su compromiso con la transparencia financiera, empleando estos informes como un instrumento para dar a conocer las fuentes y destino de los recursos municipales.

(Fuente: Diario Constitucional)

Corte Suprema condena a Municipalidad a pagar indemnización por automóvil que cayó en un hoyo en la vía pública

eventos en autopista hoyos bachesLa Corte Suprema acogió recurso de casación y condenó a la Municipalidad de Los Ángeles a pagar una indemnización total de $7.500.000 (siete millones quinientos mil pesos) a grupo familiar que sufrió diversas lesiones, producto de un accidente automovilístico provocado por una zanja en la vía pública.

En fallo unánime (causa rol 57.156-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, Juan Eduardo Fuentes y los abogados (i) Rafael Gómez y Arturo Pardo– acogió la demanda presentada por Francisco Briones Bustamante en contra del municipio.

El demandante transitaba el 3 de marzo de 2014, junto a su esposa y nieto, abordó de su automóvil. Vehículo que cayó en un orificio de 40 centímetros, ubicado en calle Caupolicán de Los Ángeles, el que no contaba con ningún tipo de advertencia o señalización.

En sentencia de reemplazo, el máximo tribunal del país establece la responsabilidad del municipio por la falta de servicio.

«Ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte, en situaciones como aquella a que se refieren los antecedentes de autos, que la función general de cuidado que sobre las calles y veredas situadas dentro de la respectiva comuna entrega a los municipios la primera de las disposiciones mencionadas en el motivo que antecede, debe ejercerse «sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder a otros órganos públicos o a empresas concesionarias de servicios públicos respecto de instalaciones específicas», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «aun cuando no le correspondiera a las municipalidades la mantención y supervisión de las vías públicas de su comuna, de todas maneras no podría el municipio sustraerse de la responsabilidad que en este juicio se le reclama por la actora, dada la amplitud con que ha de entenderse, según antes se expresó, referida al deber de administración que le incumbe en relación a los bienes nacionales de uso público de que se trata».

«Para arribar a esta conclusión debe tenerse especialmente en consideración lo expresado en el artículo 188 de la Ley N° 18.290, con arreglo al cual, las municipalidades tienen la obligación de advertir acerca de cualquier desperfecto que sus inspectores detectaren en las calzadas y aceras y comunicarlo a la repartición o empresa encargada de repararlas; obligaciones de mantención, cuidado y prevención cuyo carácter imperativo queda en evidencia, como se ha dicho, al establecerse en el artículo 169 inciso 5° de la Ley N° 18.290 la responsabilidad civil de las municipalidades», concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Contraloría se pronunció sobre incumplimiento de pago de honorarios y contratación de personas con discapacidad por parte de municipalidad

Contraloría General de la RepublicaSe denunció ante la Contraloría General de la República el incumplimiento en los pagos por servicios prestados en la Municipalidad de Cerro Navia en calidad de honorarios correspondientes al mes de abril y a los primeros días de mayo de 2016, por cuanto el trabajo que se habría desarrollado en esa entidad no tenía relación con el decreto alcaldicio que aprobaba la respectiva contratación, situación que habría originado la dilación en el desembolso de otros periodos en que ejerció sus labores. Añade que cuando consultó por la situación que le aquejaba, no tuvo respuesta por parte del Alcalde, la Administradora Municipal ni del Contralor Municipal.

Al respecto, el ente de control recordó que, de conformidad a su jurisprudencia administrativa contenida en sus dictámenes N°s. 7.266 de 2005 y 40.050 y 49.429, ambos de 2014, ha considerado que las personas contratadas a honorarios, no le son aplicables las disposiciones de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, por cuanto no tienen la calidad de funcionarios municipales.

Enseguida, la Contraloría indica a propósito de las indagaciones efectuadas sobre el particular, permitieron tomar conocimiento que la Municipalidad de Cerro Navia, el 30 de julio de 2015, dictó el reglamento N° 1 sobre “Contratación de Personas a Honorarios”, aprobado por la autoridad comunal en igual fecha, señalando sus artículos 23 y 24, las condiciones y fijación de la fecha de pago de esas personas dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio.

Así, consta en dichos decretos la aprobación de las labores a honorarios del recurrente, fijándose como periodo de desempeño entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese mismo año, cuyo cometido para el primer acto administrativo tenía relación con el “Estudio o proyecto que permita conocer de manera sistemática la situación actual de las organizaciones sociales de Cerro Navia, para construir fundamentalmente una propuesta que permita apoyar su desarrollo”, objetivo que fue cambiado en el mes de octubre de 2015 para “Desarrollar procedimientos de control interno a las operaciones que desarrolla la Dirección de Administración y Finanzas, en las áreas de Patentes Comerciales, Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, Recursos Humanos, con el fin de asegurar la eficiencia y resguardar la gestión municipal en éstas áreas”. Añade, que estas últimas funciones se prorrogaron y sancionaron para el año siguiente en el decreto alcaldicio N° 31, de 2016.
A su vez, la Contraloría hace presente que consultada a la autoridad comunal, esta indicó que habiendo revisado los libros de ingreso de correspondencia en la unidades de Recursos Humanos, Administración y Oficina de Partes, no existió constancia de la renuncia del denunciante, y que al no presentarse a trabajar la autoridad comunal dictó el decreto alcaldicio N° 312 de 2016, que le puso término al contrato a contar del 6 de mayo de ese año, en conformidad con la cláusula primera del acuerdo. Agrega, que conjuntamente se remitieron los desembolsos de las mensualidades de los servicios prestados por el afectado, desde el 2015 a marzo de 2016 y la hoja de observaciones N° 70, de 12 de abril de ese último año, del Contralor Municipal, quien no aprobó el pago de servicios del denunciante en el mes de marzo, pagaderos en abril, argumentando que la labor específica para la cual fue contratado no tenía relación con el informe mensual de actividades que describía las tareas asociadas al proceso de conciliación bancaria, concluyendo que eran ajenas a lo requerido y la improcedencia que fueran retribuidas.

Posteriormente, la autoridad comunal complementó la respuesta entregada inicialmente a la Contraloría, indicando que en forma previa al entero de los honorarios el ex contratado debe subsanar las observaciones formuladas por la Contraloría Municipal en las hojas de observaciones N°s. 61, y 70, del 7 y 12 de abril de 2016, respectivamente, que objetaron el pago por los servicios prestados en marzo de este año, reiterando que las actividades informadas no daban cuenta del cumplimiento de las labores contratadas. Respecto a los desembolsos efectuados al ex servidor, se comprobó que en los meses de enero, febrero, agosto y septiembre todos de 2015, el entero se realizó en una fecha posterior a la periodicidad mensual establecida en el contrato a honorarios suscrito entre las partes y que existen montos adeudados desde abril de 2016 hasta los cinco primeros días de mayo.

Sobre la improcedencia del pago argumentada por el Director de Control de esa corporación edilicia, el órgano contralor aduce que tal como lo ha reconocido, los honorarios constituyen una contraprestación al cumplimiento efectivo de las funciones asignadas al prestador, en razón del principio retributivo de dar a cada uno lo que le corresponde, en el cual el desempeño de una labor para la Administración lleva aparejado el pago de las sumas pertinentes, de manera que, de no realizarse dicho desembolso, se produciría un enriquecimiento sin causa a favor de ella, situación que acontecería en el caso que se analiza si no se pagan denunciante sus honorarios respecto del periodo mencionado precedentemente (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 75.482 de 2010, 54.812 de 2011, 62.690 de 2012, 5.620 de 2013 y 61.314 de 2014, todos de este origen).

De esa forma, la Contraloría concluye en síntesis manifestando que, en mérito de lo expuesto, la Municipalidad de Cerro Navia deberá, en el más breve plazo, pagar al afectado, informando de ello al Departamento de Atención y Denuncia Ciudadana, y ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios municipales que no adecuaron oportunamente el cambio de cometido asignado al afectado, remitiendo al citado Departamento la copia del decreto alcaldicio que lo disponga y la designación del fiscal en el plazo ya indicado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Contraloría desestimó reconsiderar dictamen que se pronunció sobre gastos en que incurrió el concejal

Contraloría General de la RepublicaSe solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de la empresa Gestión Global Ltda.- la reconsideración o en subsidio, el complemento del dictamen N° 35.858 de 2016, que ratificó el oficio N° 20.948 de 2016, de la Sede Regional del Bío-Bío, que concluyó que la Municipalidad de Hualpén se ajustó a derecho al no reconocer como deuda los gastos en que incurrió el concejal de dicha comuna don Luis Chamorro Uribe, por la “gira técnica de adquisición de conocimiento, experiencia y aprendizaje, Eurozona”, dado que no existió vínculo contractual, de conformidad con lo previsto en la preceptiva que regula las compras de las entidades edilicias.

Al respecto, el ente de control advirtió que luego de examinada la presentación de que se trata, las consideraciones que plantea el ocurrente tienden a abundar acerca de aspectos ya expuestos con anterioridad, en cuanto a que las actividades objeto de la mencionada gira se ajustan a las funciones y atribuciones municipales.

Enseguida, se expone que el dictamen recurrido indicó, que si bien en el programa de la mencionada gira técnica se contemplan algunas actividades que se vinculan a ciertas funciones municipales contenidas en el artículo 4° de la Ley N° 18.695, también se consideraban visitas de carácter turístico, las cuales no se condicen con las aludidas facultades. Agrega dicho pronunciamiento, en lo que concierne a la alegación de que existiría enriquecimiento sin causa a favor del ente edilicio que, si bien el concejo municipal aprobó inicialmente el cometido del concejal, este fue posteriormente dejado sin efecto, fundado en las opiniones de los directores de control y jurídico, quienes comunicaron la improcedencia de dicha gira por las razones que se detallan, tanto a la ex alcaldesa como al señor Chamorro Uribe, no existiendo un acto administrativo que vincule a la entidad edilicia con la empresa recurrente.

Asimismo, la Contraloría recuerda que el citado dictamen concluyó que a pesar de haberse declarado en forma previa a la gira la improcedencia de misma, el mencionado concejal concurrió igualmente a dicha actividad sin contar con autorización municipal, razón por la cual no cabe sino entender que el citado edil utilizó los servicios de la empresa Gestión Global Ltda. a título personal, sin que corresponda afectar el patrimonio municipal

Por lo antes expuesto, el órgano contralor concluye aduciendo que la situación analizada ya ha sido estudiada, y dado que en esta oportunidad el recurrente no aporta nuevos antecedentes que permitan modificar el criterio sustentado en su dictamen N° 35.858 de 2016, se rechaza la solicitud de reconsideración, confirmándolo en todas sus partes.

(Fuente: Diario Constitucional)

Corte de Valdivia rechaza recurso de protección en contra concursos públicos de Municipalidad

valdiviaLa Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó ayer –miércoles 4 de enero– el recurso de protección interpuesto por el alcalde de San Pablo, Juan Carlos Soto Cau Cau, en contra del jefe comunal saliente, Omar Alvarado Agüero, por haber iniciado concursos públicos, en noviembre pasado, para llenar dos cargos vacantes de la planta municipal.

En fallo unánime (causa rol 1056-2016), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Ignacio Correa, Darío Carretta y Marcia Undurraga– desestimó el recurso de protección al establecer que el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario.

«Como se observa, quien denuncia infracciones o amenazas a sus garantías constitucionales, al momento de deducir la acción, no obstante de tratarse del alcalde electo, aún no asumía el cargo en propiedad. En cuanto a los llamados a concurso que se han cuestionado, uno se declaró desierto y, el otro, no obstante los argumentos del recurrente, obedece al legítimo ejercicio de las funciones propias del municipio, acto de no ha sido cuestionado por alguno de los participantes en el concurso público, en otras palabras no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales que invoca el actor, razón que se estima suficiente para desestimar el recurso», sostiene el fallo.

Por lo tanto, concluye: «se rechaza la acción de protección interpuesta por el señor Juan Carlos Soto Cau Cau, concejal en ejercicio y alcalde electo de la comuna de San Pablo».

(Fuente: Poder Judicial)

Juzgado de Letras del Trabajo: existe discriminación por edad cuando se despide a una enfermera con 35 años de servicio y se contratan a dos técnicos con menores remuneraciones en su reemplazo

enfermeraEl Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la denuncia por vulneración de derechos fundamentales y cobro de prestaciones interpuesta por una enfermera de una Corporación de Educación y de Salud por el despido discriminatorio de una trabajadora a causa de su edad. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 11 de Octubre, el tribunal laboral de Santiago acogió la demanda a través de la cual se denunciaba la discriminación a causa de la edad, exigiendo que se pagaran las indemnizaciones y recargos correspondientes.

Si bien la demandada justifica el término de los servicios de la actora en la forma dispuesta por la letra i) del artículo 48 del Ley N° 19.378, aparece sin lugar a dudas que la decisión de despedir a trabajadores de la Corporación de Salud municipal se llevó a cabo en relación a trabajadores que tenían más de 56 años, con más de 35 años prestando servicios para el ente edilicio y que percibían también las mayores remuneraciones para los profesionales de su categoría C.

Para adoptar dicha decisión la demandada no explicó de qué manera el actos de discriminación para decidir a quién despedir y a quién no, se alejaba de las prohibiciones consagradas en el artículo 2 del Código del Trabajo. La denunciada consideró un aspecto no propio de una causal objetiva de término de servicios, y por otra parte tampoco existió una pauta objetiva y que pudiera ser conocida por los afectados de manera de entender las razones de su desvinculación. Así es razonable establecer que en la especie se decidió el despido de la actora para luego apoyar dicha decisión en argumentos dados en juicio; es decir, hasta ahora hay explicaciones que se asumen luego de optar por el despido.

Además, una vez despedida la actora, la Corporación Municipal decidió contratar en calidad de técnicos de nivel superior en enfermería a diversos profesionales. Dichos contratos dan cuenta del ingreso de los profesionales a prestar servicios de TENS  (Técnico en Enfermería Nivel Superior) luego que la actora fue despedida, es decir, se despide a la actora conforme a la letra i) del artículo 48 de la Ley N° 19.378, pero contrario a la hipótesis de despido de dicha hipótesis legal, se contrata a profesionales jóvenes para prestar servicios a plazo fijo y por rentas muy inferiores a las percibidas por la actora según se puede ver al confrontar sus liquidaciones de remuneraciones y aquellas indicadas en los respectivos contratos de trabajo. En este contexto, ha de señalarse que incluso la propia disposición aludida por la demandada para despedir a la enfermera denunciante establece una limitación para efectos de poder contratar personal transitorio para ejecutar labores análogas a las que cumplía el funcionario al quien le fue aplicada la respectiva causal.

Sobre el ámbito normativo aplicable, en el caso el consultorio de Renca donde trabaja la enfermera dejó de estar bajo la administración del Servicio de Salud respectivo para pasar a depender de la Corporación de Salud y Educación de Renca, ente que escrituró un contrato de trabajo para la actora a partir del 01 de agosto de 1984. Al no haberse referido por la demandada que aquella contratación haya sido a plazo y dada la fecha desde la cual la actora ha prestado sus servicios, necesariamente habrá que establecer que la misma presta aquellos conforme a un contrato de duración indefinida, integrándose de esa forma a la referida dotación del consultorio de Renca.

A pesar de lo anterior, se aplica para efectos de la petición por pago de feriados la norma contemplada en el artículo 18 de la ley 19.378 de 1995, que hace referencia al uso y duración del feriado de los trabajadores regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, derecho que necesariamente debe ejercerse cumplido que sea el requisito para ello. Pero la misma no ha contemplado la procedencia de la compensación en dinero para el evento de que el funcionario no hubiere hecho uso del feriado en el período que le correspondía, como tampoco el pago del feriado proporcional, cuando se ha puesto término a la relación laboral. Que ha de tenerse presente que la ley 18.883, el Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales aplicable para el caso de manera supletoria, tampoco contempla la procedencia del pago de la indemnización del feriado por el no uso del beneficio ni el pago del feriado proporcional por término de la relación laboral, ni menos contempla la figura del feriado progresivo. Además, ha de indicarse que la conclusión anterior no puede verse alterada por el hecho de que tales funcionarios fueron regidos por el Código del Trabajo, por cuanto con la entrada en vigencia de la ley 19.378 este último cuerpo legal estableció normas especiales en materia de feriado legal que prevalecen sobre cualquiera otra normativa sobre el particular.

Por mayoría: despachan a Sala articulado para la elección del gobernador regional

SENADOLa Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, despachó por mayoría el articulado del proyecto, en primer trámite constitucional, que permite la elección de gobernadores regionales, por votación popular.

Durante la primera sesión de la instancia parlamentaria se aprobó lo que los legisladores denominaron «el corazón de la propuesta”, constituida por la indicación del Ejecutivo para el artículo 111 que en su inciso primero establece que La administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región”.

Esto fue respaldado por 3 votos a favor de los senadores Andrés Zaldívar, Rabindranath Quinteros y Carlos Bianchi y 2 abstenciones de la presidenta de la Comisión senadora Ena Von Baer y del senador Alberto Espina.

Al término del debate, junto con agradecer el apoyo, el Ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, adelantó que el Ejecutivo le pondrá discusión inmediata a la norma, para que pueda ser tramitada por la Sala del Senado la próxima semana.

Cabe precisar que a solicitud de la senadora Von Baer se sometió a votación el artículo 111, inciso por inciso, con lo que –a su juicio- “da claridad de lo que estamos respaldando y en lo que no estamos de acuerdo», al referirse a lo que calificó como un débil traspaso de competencias «(…) lamento que no hayamos podido llegar a un acuerdo transversal con el Ejecutivo, por la importancia que tiene este proyecto. Perdimos una oportunidad”, sentenció.

Otro de los puntos centrales despejados fue la fórmula para la elección que fija un piso de 40% de los votos para ser electo gobernador regional, lo que contó con 3 votos a favor, 1 abstención y el voto en contra de la senadora Von Baer quien manifestó que “yo estoy de acuerdo con la simple mayoría, no me gusta el 40% y como no llegamos a acuerdo con el gobierno, voto en contra”.

Asimismo, el Ministro Eyzaguirre, a solicitud del senador Bianchi se comprometió a darle urgencia al proyecto referido a la transferencia de competencias, que es parte de los puntos que solicitaba un sector de la Comisión para llegar a Sala con un acuerdo transversal, pero se reiteró que son proyectos diferentes. Lea nota relacionada.

“Nos apremia hacer efectiva esta elección, aprobar este proyecto, porque en paralelo está avanzando el tema de las competencias y podría decir que para este proyecto esperamos conversar y flexibilizar, pero en la elección es donde estamos muy apretados de tiempo”, sentenció el Secretario de Estado.

GOBERNADOR REGIONAL

Los legisladores argumentaron la votación de cada inciso del artículo 111 que prosigue:

“El gobierno regional estará constituido por un gobernador regional y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio.

El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, correspondiéndole presidir el consejo y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine. Asimismo, le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el Gobierno Regional.

El gobernador regional será elegido por sufragio universal en votación directa. Será electo el candidato a gobernador regional que obtuviere la mayoría de los sufragios válidamente emitidos y siempre que dicha mayoría sea equivalente, al menos, a un cuarenta por ciento más uno de los votos válidamente emitidos, en conformidad a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva. Durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelegido consecutivamente sólo para el período siguiente”.

DESCENTRALIZACIÓN

El senador Alberto Espina reiteró que “el país necesita descentralizarse a la brevedad y tienen 4 elementos básicos: elección popular de intendentes; facultades y competencias para una verdadera priorización para la región; financiamiento; y fiscalización del uso de los recursos (…); sin embargo, aquí realmente no estamos eligiendo una autoridad que tenga todo sus sentido en su región”.

«La diferencia de fondo –agregó- se nos produce con la forma en que esta está planteado, donde no se transfieren realmente las atribuciones”,

A su turno, el senador Bianchi indicó que “no queremos gobiernos de papel, pero sí necesitamos regionalización, manteniendo el Estadio unitario” y apeló a la «confianza» para aprobar la norma y permitir que pase a Sala con el informe favorable de la Comisión.

En tanto, el senador Quinteros recordó que “un intendente designado tiene atribuciones, hoy suman 23 y en esta reforma se aumentan a 49 nuevas y paulatinamente se van a ir agregando otras. Todos entendemos que una reforma trascendental como ésta, requiere de gradualidad”.

Para el senador Zaldívar “tenemos que determinar si queremos elegir o no a la autoridad regional. (…) Efectivamente estaba a favor de una mayoría absoluta, pero se ha escuchado a todos y quiero dejar en claro que hemos logrado eficacia legislativa, no estamos legislando en forma improvisada”.

YA NO EXISTIRÁ INTENDENTE

Por su parte, la senadora Von Baer fue enfática al manifestar que “aquí no estamos eligiendo al intendente, este desaparece. Hoy tiene tareas importantes como la coordinación de los seremis, que ya no estarán a su cargo. El intendente supervisa a los servicios públicos, pero con esta nueva figura no dependerán de él sino que del Delegado Presidencial; lo único que les quedará es el 10% del presupuesto regional”.

En la misma línea la legisladora y el senador Espina recordaron que le solicitaron al Gobierno el establecer servicios públicos regionales, “nos preocupa porque el Gobernador electo siempre necesitará a un servicio público, pero este estará centralizado, por lo que se podrían producir problemas d gobernabilidad”.

“Buscábamos llegar a un acuerdo con atribuciones autónomas desde el día en que asuman, pero hoy no existe claridad”, recalcaron.

INDICACIONES

Durante la sesión de la tarde, la Comisión abordó las indicaciones presentadas por los senadores y el Ejecutivo, varias de ellas fueron rechazadas, entre otras mantener el nombre de “intendente”; mientras que algunos perfeccionamientos fueron retirados por sus propios autores.

Además, se rechazó la indicación 41 propuesta por la Presidenta de la República, en la que se señala que: “Toda transferencia de competencias a las municipalidades deberá señalar la fuente de los recursos necesarios para su desarrollo.”

No obstante, a juicio de los senadores Quinteros y Zaldívar “da mayor certeza de la procedencia de los recursos y resguarda aún más los intereses municipales”; posición adversa manifestaron los senadores Von Baer, Espina y Bianchi, éste último manifestó que su voto en contra es para que en Sala se pueda analizar con mayor precisión y que no exista duda de “esta transferencia de recursos, porque este ha sido el eterno problema de las administraciones municipales: traspasos sin los dineros. Debe haber un debate profundo en la Sala sobre esta indicación”, sentenció.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9834-06.

A Comisión Mixta bono para el retiro de profesionales de la educación municipal

educacionLos integrantes de la Comisión de Educación y Cultura tomaron conocimiento de los cambios realizados por la Cámara Baja al proyecto que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822.

La norma en tercer trámite pasará a Comisión Mixta. Así lo informó el senador Fulvio Rossi, quien explicó que las diferencias sustanciales entre los parlamentarios dicen relación con la fórmula que se utilizará cuando existan más postulantes a los beneficios, que cupos.

“En simple, esta norma va en favor del personal de la educación pública, quienes recibirán dos bonos: dineros equivalentes a un mes por año, con un tope de once años para mejorar las condiciones de retiro; y otro por antigüedad”, explicó.

A su vez, detalló que “en lo esencial estamos de acuerdo en el contenido, pero la Cámara de Diputados nos han hecho ver a quién vamos a priorizar cuando hayan más postulantes que cupos. Queremos generar una fórmula con un criterio justo”.

PROYECTO

El proyecto tiene por objeto prorrogar el plan de retiro voluntario establecido en la ley Nº 20.822, beneficiando a los profesionales de la educación del sector municipal y de los establecimientos de administración delegada regidos por el decreto ley N° 3.166, que hayan cumplido o cumplan las edades legales para pensionarse por vejez.

La norma permitirá, durante los nueve años que se encontrará vigente, que hasta 20.000 profesionales de la educación puedan acceder a la bonificación por retiro voluntario. De esta forma, se beneficiarán los trabajadores y trabajadoras que cumplieron o cumplan, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2024, 60 años de edad, si son mujeres o 65 años de edad, si son hombres, y aquellos que al 31 de diciembre de 2015 hayan cumplido dichas edades o más, siempre que reúnan los demás requisitos para acceder a la bonificación.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10744-04.

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