Proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas encabeza tabla de este martes

El proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, entidad que vendrá a reemplazar y potenciar a la actual Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP), encabeza la tabla de la Cámara de Diputados para este martes, 3 de abril.

Para el análisis de la propuesta legal, cuyo trámite legislativo se inició en junio de 2015, se contempla la rendición de los informes de las Comisiones de Hacienda y de Obras Públicas, que serán presentados por los diputados Giorgio Jackson (REVD) y Felipe De Mussy (UDI), respectivamente.

En particular, la iniciativa crea la citada Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y establece la obligación del Ministerio del ramo de contar con una planificación permanente en un horizonte a cinco años.

Además, la nueva institucionalidad promueve el fortalecimiento del modelo de gestión y de fiscalización de los proyectos, así como el perfeccionamiento del modelo de desarrollo y de aprobación de estos; y la profundización de las capacidades para el análisis y estructuración financiera de los proyectos.

Asimismo, se promueve el fortalecimiento de la cartera entre inversionistas y financistas, nacionales y extranjeros; la implementación de sistemas tecnológicos para la gestión interna y para la entrega de información a la ciudadanía; y una mayor coordinación con otros organismos públicos, entre otros aspectos.

Entre las diferencias contempladas entre el informe de la Comisión de Obras Públicas y el de Hacienda se encuentra la inclusión de un conjunto de normas, aprobadas por esta última instancia, que vienen a ratificar, de parte del Ejecutivo, los acuerdos que alcanzó con el personal de la CCOP, en enero pasado.

En concreto, dichas disposiciones integran al cuerpo legal una asignación especial para los funcionarios pertenecientes a la planta de profesionales de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, o que se encuentren asimilados a ella, en razón del desempeño de las funciones de regulación y fiscalización de la Dirección.

Según se define en el texto, el monto de la asignación especial no podrá ser superior a un 60% de la suma del sueldo base y de otras asignaciones específicas, según corresponda.

La asignación especial será otorgada hasta un máximo de 72 y el monto para cada uno de ellos será determinado por el Ministro de Obras Públicas, a propuesta del Director General de Concesiones de Obras Públicas, mediante decreto fundado en criterios objetivos que considerarán los niveles de responsabilidad y complejidad de las funciones desempeñadas por los beneficiarios.

La asignación especial se pagará mensualmente, tendrá el carácter de imponible y tributable y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Además será incompatible con las asignaciones de los artículos sexagésimo quinto y septuagésimo tercero de la Ley 19.882.

Adicionalmente, se establece que la asignación especial recién señalada será otorgada, además, hasta a un máximo de 22 funcionarios a contrata asimilados a las plantas de Técnicos y de Administrativos de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas que, a la fecha de su contratación, cumplan con los siguientes requisitos copulativos:

a) Haber prestado servicios a honorarios por, a lo menos, 5 años continuos o discontinuos, en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas.
b) Haberse encontrado prestando servicios en calidad de honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas al 30 de noviembre de 2016.
c) Que las labores desempeñadas a honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas hayan correspondido a la prestación de servicios para cometidos específicos y que sean de naturaleza habitual de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

La iniciativa define que los cupos se asignarán por una única vez y se extinguirán cuando el personal a quien se le hubiere otorgado la asignación cese en sus funciones por cualquier causal, no pudiendo reasignarse a otros funcionarios. Cada vez que dicho personal cesare en sus funciones, la Dirección General de Concesiones deberá comunicarlo a la Dirección de Presupuestos.

Luego, se establece que la asignación especial no podrá significar un gasto total anual superior a $545 millones de pesos, el que irá disminuyendo en razón de la cantidad de cupos que se extingan.

Otra de las modificaciones impulsadas en Hacienda viene a reflejar un acuerdo del Gobierno con los diputados de dicha instancia, en orden a adelantar desde un año a nueve meses la puesta en marcha de la nueva institucionalidad.

Otros temas

La tabla de la Sala también contempla el posible tratamiento de otras dos iniciativas legales:

1. El proyecto, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades, para eliminar la incompatibilidad entre el cargo de concejal y los cargos profesionales y técnicos en educación que existen en el ámbito municipal. Presenta informe rendido de la Comisión de Gobierno Interior y discusión pendiente.
2. La propuesta legal, iniciada en moción, que confiriere competencia a los tribunales laborales para conocer de las contiendas en que los causahabientes del trabajador buscan hacer efectiva la responsabilidad del empleador, derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Contempla informe de la Comisión de Trabajo que será rendido por el diputado Matías Walker (DC).

Adicionalmente, la Sala considera analizar, en sesión especial a celebrarse entre las 16:30 y las 18:30 horas, «las graves denuncias de errores, vicios e irregularidades en el proceso de evaluación ambiental del proyecto minero denominado Dominga, en la región de Coquimbo».

Para este efecto, se considera la participación de los Ministros de Minería y de Medioambiente, además de director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10126.

Creación del Fondo de Infraestructura S.A.: avanza estudio de las indicaciones

En la mitad de la revisión de las indicaciones del proyecto que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A., que cursa su primer trámite, están los integrantes de la Comisión de Obras Públicas.

En su última sesión, los legisladores continuaron analizando las mejoras realizadas al texto tanto por el Ejecutivo como por los propios senadores. Todos coinciden en la necesidad de generar un fondo para reimpulsar las concesiones, dándoles un nuevo estatus.

En tal sentido, el senador Juan Antonio Coloma comentó que “las concesiones han tenido un bajón importante en los últimos años. Es cosa de recordar lo que pasó en el sector salud con las concesiones que buscaban construir nuevos hospitales, política que fue eliminada de plano”.

“También sentimos la necesidad de desarrollar proyectos en regiones que es donde más falta. Queremos que las obras tengan un impacto cierto porque no se trata de construir por construir”, aseguró.

Respecto a las indicaciones, el senador Antonio Horvath explicó que “estamos abogando por algunas mejoras que hicimos a la redacción. Por ejemplo, queremos que con cargo a este fondo se puedan hacer estudios y proyectos, y así se pueda rehabilitar vías defectuosas sean camioneras, ferroviarias o portuarias”.

“También nos interesa que las obras puedan ser realizadas por terceros o, de manera directa, por los ministerios o servicios implicados (…) Una cosa que no nos parece y que fue presentada por el Ejecutivo, es que el Ministerio de Desarrollo Social sea el que entregue el visto bueno para el financiamiento de una propuesta. Creemos que esa cartera no coordina ni planifica”, hizo ver.

EQUIDAD TERRITORIAL

Un tema que se hizo presente en sesiones anteriores dice relación con la equidad territorial. En este sentido, el senador Alfonso De Urresti –quien es presidente de la Comisión- declaró que “se requiere una visión integradora que equilibre el desarrollo del país, pensando también en las zonas menos pobladas o donde habitan pueblos originarios. Se trata de armar una estructura con visión integradora, de manera de no concentrar las obras en grandes ciudades donde la rentabilidad es mayor”.

Por su parte, el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga se mostró confiando en la tramitación de la propuesta, planteando “que ya se ha votado lo más complejo que dice relación con el objetivo del proyecto, ver como el fondo se relacionará con otros servicios y también, los senadores decidieron que esta herramienta permita financiar todo tipo de infraestructura, no solo las tradicionales carreteras”.

Queda pendiente votar las indicaciones relacionadas con la organización del fondo y temas operacionales. Se presume que en dos sesiones más, el texto podría ser despachado a la Comisión de Hacienda para su estudio.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10647-09.

Comisión aprobó proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas

En condiciones de ser visto por la Comisión de Hacienda quedó el proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, luego que la Comisión del ramo concluyera su análisis y votación esta semana.

La propuesta legal, ingresada a trámite legislativo en junio de 2015, da cuenta que para implementar el programa de concesiones de manera ágil y flexible, surgió dentro del Ministerio de Obras Públicas una institución especializada hoy denominada «Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP).

Dicha unidad, explicitó el Ejecutivo, se constituyó como el organismo técnico encargado de ejecutar los procesos asociados a las concesiones, siendo responsable de, entre otras cosas, articular la generación y el diseño de proyectos susceptibles de operar bajo esta modalidad; llevar a cabo los procesos de licitación; y realizar el seguimiento de las distintas instancias de desarrollo de los proyectos ya concesionados, es decir, la gestión contractual tanto en la etapa de construcción como en la de explotación.

Sin embargo, expuso el Gobierno, frente a la actual dimensión de los proyectos en curso y por venir, se reconoció la necesidad de crear una nueva entidad capaz de sacar adelante las iniciativas con una adecuada planificación, en cuanto a plazos y recursos, de manera de no afectar la ruta crítica para el éxito en la adjudicación y posterior ejecución de la nueva cartera, ni a los proyectos actualmente en construcción y/o ejecución.

En esta línea, la iniciativa crea la citada Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y establece la obligación del Ministerio del ramo de contar con una planificación permanente en un horizonte a cinco años.

Además, la nueva institucionalidad promueve el fortalecimiento del modelo de gestión y de fiscalización de los proyectos, así como el perfeccionamiento del modelo de desarrollo y de aprobación de estos; la profundización de las capacidades para el análisis y estructuración financiera de los proyectos; el fortalecimiento de la cartera entre inversionistas y financistas, nacionales y extranjeros; la implementación de sistemas tecnológicos para la gestión interna y para la entrega de información a la ciudadanía; y una mayor coordinación con otros organismos públicos, entre otros.

Según se informó desde la Comisión que preside el diputado Felipe Letelier (PPD), el proyecto fue aprobado prácticamente en los mismos términos en que fue ingresado, salvo la introducción de una norma negociada con el Ejecutivo que permite que el director general de Concesiones de Obras Públicas, previa aprobación del Ministro del ramo, pueda delegar en funcionarios de su dependencia atribuciones específicas para una o más regiones o localidades, cuando circunstancias calificadas lo hagan necesario, y pudiendo poner término a la delegación en cualquier momento.

Acuerdos y cambios pendientes

En la sesión de este miércoles, el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, informó de los alcances de la negociación llevada a cabo con el personal de la CCOP y que quedaron plasmados en un protocolo de acuerdo firmado el 27 de enero de este año.

La autoridad explicó que entres los acuerdos se considera que, a través de distintos mecanismos, el 95% del personal de la Coordinación, independiente si es a contrata o a honorario de suma alzada, se podrá traspasar a la nueva Dirección General, manteniendo las rentas brutas actuales, mediante un proceso gradual y con reconocimiento de la antigüedad laboral. Además, se contemplará la entrega de una asignación de modernización general y una asignación transitoria excepcional para técnicos y administrativos.

«Este acuerdo reconoce el mérito y la experiencia de los equipos humanos de la CCOP, que han venido desarrollando esta labor con el mayor profesionalismo hace más de 20 años», remarcó el Ministro en su presentación.

Según se especificó en la sesión, los acuerdos afectarán principalmente a los artículos transitorios, los cuales se espera modificar durante el trámite en la Comisión de Hacienda. Entre los puntos a abordar está la inclusión de las citadas asignaciones, que tendrán un costo fiscal de $528 millones anuales.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10126.

Termina votación de indicaciones de norma que regula la publicidad vial

carretera obras publicas callesEn condiciones ser visto por la Sala quedó ayer el proyecto que modifica normas de seguridad para la instalación de toda clase de dispositivos de publicidad en caminos públicos, sus fajas adyacentes y áreas circundantes, y sobre publicidad vial.

La norma en primer trámite fue respaldada por los integrantes de la Comisión de Obras Públicas en su última sesión. Los legisladores terminaron de votar las indicaciones al texto, la mayor parte de las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

El presidente de la Comisión de Obras Públicas, el senador Alfonso De Urresti explicó que “esperamos analizar en la Sala esta iniciativa la próxima semana que tiene importantes implicancias prácticas”.

Recordó que “se trata de una moción de autoría de los miembros de esta instancia, quienes vieron la necesidad de regular el avisaje que se da en caminos y carreteras, el que muchas veces atenta contra la seguridad vial dado que tapa señalética importante o el mismo flujo de vehículos”.

RUTAS ESCÉNICAS

Otro aspecto destacado por el congresista fue una indicación que dispone la generación de un registro de rutas escénicas de relevancia histórica y turística. “Ahora el Departamento de Viabilidad contará con este listado que tendrá características especiales para su conservación y cuidado. Queremos que estos espacios –que se encuentran en todo Chile- sean valorados tanto por los chilenos como los extranjeros que vienen de turistas”, manifestó.

Al respecto, el senador Antonio Horvath enumeró como zonas de rutas escénicas: la carretera Austral, la ruta del vino y la ruta de los poetas. “Se trata de instalar letreros acordes con el entorno, pensando en el diseño, la construcción, la mantención y su operación. También es relevante que la comunidad va a poder abogar para que un sector sea declarado ruta escénica”, explicó.

El legislador valoró que durante la tramitación, se desarrollara un trabajo en conjunto con el Ejecutivo puesto que intervinieron los ministerios de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, y Vivienda y Urbanismo. “Estas gestiones nos permitieron contar con un texto que mejora las condiciones de seguridad en las rutas y también pone en valor el patrimonio que se observa en las orillas de los caminos”, insistió.

Se espera que en una próxima sesión ordinaria, la iniciativa sea analizada por la Sala en particular. De ser aprobadas las indicaciones propuestas por la Comisión de Obras Públicas, la norma pasará a su segundo trámite a la Cámara Baja.

PROYECTO

El proyecto corresponde a dos mociones refundidas que fueron presentadas por los senadores Antonio Horvath, Pedro Araya, Alfonso De Urresti y Baldo Prokurica (Boletín 9.686-09) y Juan Antonio Coloma, Alfonso de Urresti, Antonio Horvath, Jaime Quintana e Ignacio Walker (Boletín 10.209-09), respectivamente.

Ambas normas proponen:

  • Disponer que las instalaciones de elementos publicitarios en caminos públicos situados fuera de los límites urbanos, en las vías públicas urbanas (sean caminos públicos o no) o en otros espacios públicos urbanos, tales como plazas y parques, deberán contar con las autorizaciones y permisos que les sean exigibles, cumpliendo con los requisitos y prohibiciones que para cada caso se establecen en este proyecto de ley y en las normas reglamentarias que al efecto se dicten.
  • Prohibir la instalación de elementos publicitarios en la faja vial de un camino público y de una vía urbana, sin embargo se permite su instalación en paraderos o refugios peatonales de transporte público.
  • Tampoco se podrán instalar elementos publicitarios en puntos peligrosos, o aquellos que no cumplan con el distanciamiento mínimo entre letreros sucesivos establecido por los reglamentos respectivos; los ubicados a contramano; los que presenten movimientos de cualquier clase y los de texto variable o que por su alto contenido distractor constituyan un peligro para los conductores y usuarios de las vías; aquéllos ubicados sobre o bajo líneas de transmisión de energía; los que por su dimensión y/o ubicación obstaculicen la visibilidad de conductores y peatones en cruces, empalmes, u otros afines; en los antejardines; en áreas de protección, tales como parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales.
  • Regular el procedimiento para la obtención de los permisos de instalación de elementos publicitarios.
  • Regular la forma de obtener los permisos para la instalación de este tipo de publicidad, sea en un bien nacional de uso público, bien fiscal, bien municipal o bien privado.
  • Facultar a los municipios para cobrar derechos especiales adicionales por las concesiones o permisos precarios que otorguen para instalar elementos publicitarios en espacios públicos.
  • Establecer los requisitos mínimos que deberá cumplir el elemento publicitario para asegurar un mínimo impacto en el entorno urbano en donde pretende emplazarse.
  • Restringir la facultad de solicitar el permiso y el derecho a que se le otorgue, sólo a las personas -naturales o jurídicas- que se encuentren con inscripción vigente en el Registro Nacional de Avisadores Viales y Camineros, que se crea, el que estará a cargo de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
  • Sancionar con multa de 10 a 200 UTM ($ 459.070 a $ 9.181.400), toda contravención a las normas sobre publicidad vial, siendo competente para conocer de las mismas el Juzgado de Policía Local del lugar de emplazamiento del elemento publicitario.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 11029-04.

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