Cámara de Diputados inició debate de proyecto que fortalece investigación de delitos terroristas

Con el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, entregado por la diputada Claudia Nogueira (UDI), se inició este jueves la discusión del proyecto de ley, que fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad.

En primer lugar, la propuesta autoriza en primer lugar al Fiscal Nacional para el nombramiento de un fiscal con dedicación exclusiva para la investigación de hechos constitutivos de delitos terroristas, por un plazo de dos años prorrogable por otros dos cuando sea necesario.

Se establecen también normas de cooperación internacional para la persecución de delitos terroristas y la posibilidad de que embajadas y consulados colaboren con la Fiscalía.

Además, el Fiscal Nacional podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos de Estado, incluidas las Fuerzas de Seguridad y de Orden, y la destinación de funcionarios de sus respectivas dependencias, en comisión de servicio a la Fiscalía Nacional.

Entre otras materias, se establece que en casos calificados en que el Ministerio Público justifique que la mantención del secreto más allá del término legal resulte indispensable para el éxito de la investigación, éste podrá renovarse mediante autorización judicial fundada. El plazo del secreto no podrá, en ningún caso, exceder de seis meses.

El fiscal especial podrá autorizar el uso de funcionarios policiales como agentes encubiertos y el uso de informantes, regulando que se entenderá por cada cual.

La Sala acordó que el texto legal será votado este martes 11 de abril.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10460.

Diputados anuncian presentación de proyecto de ley para ampliar el ámbito de la legítima defensa

Tras conocerse el caso del comerciante viñamarino que quedó detenido por defender su negocio durante un asalto, los diputados UDI Osvaldo Urrutia y Gustavo Hasbún, anunciaron la presentación de un proyecto de ley que buscará ampliar el ámbito de la legítima defensa.

Según explicaron los legisladores, la idea es evitar que “los Fiscales actúen en favor de los delincuentes y en contra de la gente”.

“La Fiscalía, una vez más, se equivoca metiendo preso al que defiende su propiedad y protegiendo a los delincuente (…). El señalar que la legítima defensa no se aplica porque el robo ya se había efectuado y los asaltantes escapaban es un absurdo jurídico y una torpeza del Ministerio Público”, remarcó el diputado Urrutia.

Para el diputado Gustavo Hasbún, “la señal que está dando el Ministerio Público es demasiada peligrosa; deja prácticamente en la indefensión a la gente y dándole carta ancha los delincuentes, usando la lógica del entrar, llevar y robar porque la Fiscalía nos defenderá”.

“No solo se encuentran protegidos por la Defensoría, sino que, además, por fiscales poco criteriosos en la aplicación de la ley”, sentenció.

Los diputados Urrutia y Hasbún anunciaron que la propuesta legal buscará que no quepa duda de su aplicación en resguardo de la gente, la vida y de la propiedad, «estableciendo una señal a los delincuentes para que la piensen antes de ingresar a robar”.

(Fuente: Diputados)

Corte Suprema acoge recurso y anula fallo por incorporación de lectura de testimonio de testigo

La Corte Suprema acogió recurso de nulidad presentado en contra de sentencia dictada por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que condenó a Ignacio Salazar Estelle a la pena de 7 años de presidio, como autor del delito de robo con violencia. Ilícito perpetrado el 24 de enero de 2016, en La Florida.

En fallo dividido (causa rol 4.693-2017), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm– ordenó al realización de un nuevo juicio, tras establecer que la resolución recurrida se dictó con infracción al debido proceso, al incorporar mediante lectura declaración de un testigo, modalidad que no estaba permitida a la época de los hechos.

«Que el análisis a que obliga la norma citada en el recurso y que supone la situación planteada, impone el estudio de la mayor o menor favorabilidad del estatuto que se reclama, lo que ha de hacerse en el caso concreto. De esta manera, entonces, se advierte desde ya el yerro del tribunal que pretende superar la objeción planteada sosteniendo que el nuevo escenario por el que reclama la defensa no es tal al encontrarse también a su disposición la misma herramienta en caso de requerirla, por cuanto tal argumentación es meramente formal y prescinde de analizar los efectivos derechos de que se ha visto privada la defensa con su empleo, en el caso en análisis», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «La situación producida, sin embargo, vicia, desde ya y gravemente, la sentencia dictada al dotarla de un grave sesgo de parcialidad, toda vez que se ha preferido una prueba ingresada sin los controles propios de la adversarialidad en relación a otra que lo fue con pleno goce de tales garantías, lo que no resulta posible de admitir».

«(…) cuando los jueces del fondo –continúa– autorizaron la introducción al juicio de una prueba en virtud de un estatuto diverso del que regía a la época de los hechos y que resulta más gravoso para el acusado, lo que impidió a la defensa el adecuado ejercicio de sus atribuciones, han dado aplicación retroactiva a una ley que le perjudica, lo que se encuentra vedado, incurriendo en la materialización de la infracción a las garantías constitucionales del imputado que aseguran su derecho a un debido proceso y a que la sentencia que se pronuncie por el tribunal sea el resultado de una investigación y un procedimiento racionales y justos, por cuanto dicha exigencia supone que cada autoridad actúe dentro de los límites de sus propias atribuciones (…), lo que en este caso quedó de manifiesto que no ocurrió, infracción que solo puede subsanarse con la declaración de nulidad del fallo y del juicio que le precedió, y dada la relación causal entre la prueba censurada y los hechos asentados, como ya se anotó, se retrotraerá la causa al estado de verificarse un nuevo juicio con exclusión de dicho testimonio en la forma que se ha censurado».

Por lo tanto, concluye: «se acoge el recurso de nulidad deducido por la Defensoría Penal Pública a favor de Ignacio Valentín Salazar Estelle y en consecuencia, se invalidan la sentencia de veintitrés de enero pasado y el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC 1600081898-8, RIT 1-2017 del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y se restablece la causa al estado de realizarse nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado, excluyéndose la posibilidad de presentar a juicio las declaraciones escritas, prestadas ante la fiscalía, por el testigo Camilo Arriagada Zavala, sin perjuicio de otros derechos».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Apelaciones de Santiago eleva pena por declaración maliciosa de impuestos

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó a 5 años y un día de presidio efectivo, la pena que deberá cumplir Pedro Eduardo Fuentealba Escobar, condenado por infracción al artículo 97 N° 4, inciso segundo del Código Tributario; es decir, declaración de impuestos maliciosamente incompleta o falsa, ilícito perpetrado entre 2001 y 2002.

En fallo unánime (causa rol 473-2016), la Undécima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Fernando Carreño y María Paula Merino– incrementó la pena de 541 días dictada por el 34° Juzgado del Crimen de Santiago.

La sentencia de la Corte de Apelaciones confirma la responsabilidad del condenado en el delito, pero descarta aplicar la aminorante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos investigados.

«El delito tipificado por el inciso final del artículo 97 N°4 del Código Tributario –que es de aquellos que la doctrina denomina de peligro abstracto y de mera actividad y no de resultado–, sanciona al que maliciosamente confeccione, venda o facilite a cualquier título, guías de despacho o facturas, notas de débito o de crédito, boletas falsas con o sin el timbre del Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en dicho numeral, fue introducida por la Ley 19.738, conocida como la «Ley de Lucha contra la Evasión», cuyo espíritu no fue otro que condenar a las personas que cometían fraudes con facturas, esto es, el tráfico de facturas falsas (…) los elementos del tipo, el verbo rector consiste en confeccionar, vender o facilitar a cualquier título, incluso gratuito», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «En cuanto al elemento material, debe tratarse de facturas o de los otros documentos tributarios que indica, falsos. En lo que respecta al elemento subjetivo la norma se refiere a que el autor cometa o posibilite la comisión de los delitos de los incisos 1º, 2º y 3º. El sujeto activo puede ser cualquier persona natural, a diferencia de lo que ocurre en el ilícito tipificado en el inciso segundo en que este tiene que ser contribuyente sujeto a IVA».

«(…) los informes periciales acompañados en autos –continúa–, rolantes a Fs. 1, 125 y 249, sólo es posible determinar que el acusado Fuentealba Estobar disminuyó el impuesto a las ventas y servicios que debía ingresar en arcas fiscales, por cuanto imputaba al débito fiscal IVA un mayor crédito fiscal que se fundaba en facturas material e ideológicamente falsas (…) al registrar facturas irregulares en su contabilidad, aumentó ficticiamente sus costos y/o gastos operacionales, disminuyendo con esto la utilidad declarada en arcas fiscales, no pudiendo establecerse que él actuara como facilitador de algún tipo de facturas a terceros».

Además, «la minorante contemplada en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, exige por parte del agente un ánimo de colaboración para esclarecer los hechos materia de la investigación, el cual además, debe reunir la característica de ser sustancial, esto es, trascendente para alcanzar los fines del proceso: el completo esclarecimiento del hecho punible y/o la participación. Además, el aporte del imputado debe abarcar situaciones fácticas que, al menos hasta ese momento, los órganos persecutores no hayan estado en condición de acceder a ellos, por lo tanto no tenían conocimiento de su existencia (…) en la especie, resulta suficiente para desechar tal atenuante, el propio reconocimiento efectuado por el sentenciador al analizar la autoría que se le imputó al acusado en la presente investigación, pues reconoce que éste «niega su participación en los hechos investigados».

«Lo anterior motivó que ésta tuvo que determinarse teniendo en consideración la demás prueba aportada en el presente juicio, tales como los dichos de los supuestos proveedores de madera del encartado, los que no reconocen tal calidad, como asimismo, los peritajes allegados al proceso. Ergo, no corresponde beneficiar al sentenciado con la atenuante en comento, menos calificarla», concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema: la revisión de los contactos de un celular incautado está dentro de la hipótesis de flagrancia que permite actuar autónomamente a la policía

Con fecha 6 de marzo de 2017, la segunda sala de la Corte Suprema rechaza el recurso de nulidad interpuesto por el acusado, frente a la sentencia de juicio oral que lo condenó como autor de un delito de robo con intimidación y de un delito de hurto. Fundamenta su recurso en la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, señalando la infracción al debido proceso en relación al derecho a un proceso previo legalmente tramitado, por efectuarse llamadas a través de los teléfonos celulares que le incautan al imputado y por un reconocimiento fotográfico deficiente. Sin embargo, se estima que en una situación de flagrancia los policías se encuentran obligados al registro e incautación de especies provenientes del delito, pudiendo revisar los celulares que tenía el detenido con el fin de encontrar testigos o posibles víctimas. Así, por ser flagrancia tal situación no requiere autorización del Ministerio Público.

La sentencia considera respecto a la realización de diligencias no autorizadas, que en el caso se está frente a la situación de flagrancia de los artículos 129 y 130 del Código Procesal Penal, debido a que la policía recogió la denuncia de una presunta víctima que señaló la comisión de un reciente ilícito y del lugar por donde huía su hechor, obteniendo la pronta detención del sujeto. En esta circunstancia, los policías se encuentran obligados al registro e incautación de especies provenientes del delito y de los objetos utilizados para cometerlo. De esa manera, la incautación del celular se encontraba autorizada expresamente en ese supuesto, de conformidad al artículo 187 del Código Procesal Penal.

Además, señala el recurso que los policías efectuaron llamadas a través de los teléfonos celulares que le incautaron al imputado, realizando así una diligencia autónoma no autorizada. Sin embargo, los agentes estatales se encontraban facultados para realizar –sin necesidad de instrucción previa del Ministerio Público– las diligencias básicas e indispensables para identificar a los posibles testigos, según lo establece el artículo 83 letra d) del Código Procesal Penal. Por su parte, el acusado no señaló ningún derecho sobre los aparatos, por lo que no puso en duda la legitimidad de su revisión por parte de los policías.

Ahondando más en el asunto, la corte considera que se está ante lo que la doctrina ha llamado «descubrimiento inevitable», planteamiento que diluye el vínculo entre la supuesta infracción y el hallazgo de la evidencia incriminatoria. Conforme a esta doctrina, puede afirmarse que existiendo medios probatorios que indiquen que la prueba cuya ilicitud se discute también pudiese haber sido descubierta por medios lícitos, se puede también sostener la pérdida del vínculo causal entre la ilicitud original y el hallazgo posterior. Por lo tanto, el hallazgo de la prueba incriminatoria es inevitable y lícito. Dado que el acusado fue detenido de manera flagrante, de todas formas la Fiscalía iba a instruir la revisión de los teléfonos, sea inmediatamente después de que se le comunicara la detención y sus circunstancias, o durante el curso de la investigación, por lo que los policías no hacen sino adelantarse –con facultades para ello– a una diligencia que necesariamente debía ejecutarse más adelante.

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Diputados envían a sala proyecto que fortalece la investigación de delitos terroristas e iniciativa denominada «Ley Joaquín»

En primer lugar, la instancia legislativa entregó su respaldo al proyecto que modifica la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, para efectuar una distinción, en materia de determinación de las penas aplicables, en función de la edad del infractor.

El texto legal se fundamenta en el caso de Joaquín Fernández Cáceres, estudiante de 18 años de edad, quien fue asaltado y asesinado el 07 de septiembre de 2016, presuntamente por un adolescente de 16 años.

El objetivo es actualizar la legislación vigente, pues el proyecto considera que los jóvenes de más de 16 años tienen la madurez suficiente para determinar sus acciones.

El impulsor del texto legal, que será visto próximamente en Sala, diputado Issa Kort (UDI) detalló que «se trata de un gran paso para la ley Joaquín, pues la realidad penal adolescente en Chile es terrible, ya que ellos creen que delinquiendo pueden satisfacer sus carencias sociales. Y eso no es así.»

«Lo que nosotros buscamos, explicó el diputado, es que el joven sepa que tendrá una sanción dura y drástica a la hora de cometer el delito. También entregamos a los jueces herramientas para que ellos puedan impartir justicia como corresponde»

El legislador de la UDI explicó que con esta iniciativa «lo que hacemos, por ejemplo, es que el juez no podrá otorgar libertad simple. Si quiere entregar libertad a un joven entre 16 y 18 años deberá ser libertad asistida». En segundo lugar, los jueces no podrán otorgar simples libertades sin emitir informe. Sobre todo para los jóvenes reincidentes, acotó, quienes van a saber que no sólo van a cumplir una sanción sino que además ésta será respaldada por un informe del juez con los argumentos de su decisión».

Leticia Cáceres, madre de Joaquín Fernandez, manifestó su emoción por el avance del proyecto y afirmó que «esto fortalece el movimiento que se ha impulsado en torno al caso de su hijo y de otras personas que han sido cruelmente asesinadas por delincuentes».

Delitos terroristas

En un segundo punto, la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó y envió a Sala el proyecto de ley que fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad.

En sus antecedentes, el texto indica que, con el propósito de potenciar las investigaciones del ente persecutor y dotarlas de mayor eficacia desde el punto de vista condenatorio, es conveniente incorporar el agente encubierto y el informante, en términos similares a la ley 20.000.

Al respecto, el diputado Daniel Farcas (PPD) señaló que el texto legal «se enmarca en lo que ocurre en el sur del país, donde por desgracia, hay grupos que argumentado una causa justa utilizan medios que son absolutamente reñidos con la moral y la ética, como es el terror».

El parlamentario destacó que «es por eso que es tan importante esta legislación que permite los agentes encubiertos y que evidentemente hace un símil con otras leyes como la ley 20.000, que persigue el narcotráfico, estableciendo algunas maneras para que las fiscalías puedan investigar y otorgándole facultades a los fiscales para que en su labor puedan llegar a los culpables».

Lo que ha pasado hasta ahora, describe el parlamentario del PPD, es que «muchas veces los fiscales no establecen los delitos como terrorismo, porque la posibilidad de que esas personas sean juzgadas y condenadas es muy baja. Por eso lo que hacemos hoy es entregar esa facultad a los fiscales para que en función de ello tengan las posibilidades de establecer, por supuesto, a las personas que cometen esos delitos generando situaciones que en nada contribuyen al bienestar de la zona y que tampoco ayudan a la legítima causa mapuche».

(Fuente: Diputados)

Corte de Puerto Montt: beneficios de libertad vigilada a condenados por delitos sexuales contra menores por no cumplir el objetivo de resocialización

Con fecha 27 de Febrero de 2017, La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acoge el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía, revocando la resolución que otorgaba beneficio de libertad vigilada a los condenados por el delito de estupro. En el caso no se entregan en el proceso antecedentes sociales, laborales, educacionales y características de personalidad de los condenados, ni otros elementos suficientes que hubiesen permitido al Tribunal presumir que los beneficios carcelarios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores los disuadirá de cometer nuevos ilícitos.

El voto de mayoría de la sentencia resolvió de tal manera, estimando que el espíritu de las penas sustitutivas es la de resocialización de los condenados por medio de sanciones cuyas consecuencias sean menos perjudiciales para éstos. De esta forma, el tribunal debe tener presente para determinar su procedencia y optar entre diversas penas sustitutivas, entre otras circunstancias: el tipo de delito cometido, las modalidades y móviles del ilícito, la extensión de la pena impuesta, y la existencia de penas anteriores. Todo esto, a fin de lograr un carácter disuasivo de la medida en el comportamiento posterior de éstos.

Por lo demás, se consideró que no se logró formar la convicción de que con la libertad vigilada intensiva y con la remisión condicional de la pena los condenados no volverán a delinquir, en atención a las naturaleza de los delitos imputados –estupro, obtención de servicios sexuales de menores de edad y almacenamiento de material pornográfico infantil–, su modalidad, su número y teniendo en especial consideración el estado de vulnerabilidad en que se encontraban las víctimas al momento de ser ofendidas penalmente.

Además, tampoco se allegan antecedentes sociales, laborales, educacionales y características de personalidad de los condenados, ni otros elementos suficientes que hubiesen permitido al Tribunal presumir que alguno de dichos beneficios lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos, resultando insuficiente para los fines perseguidos por la norma el único informe social que se conoció sólo respecto de uno de los condenados.

El fallo cuenta con el voto de disidencia del Abogado Integrante don Mauricio Cárdenas García, que estuvo por acceder al otorgamiento de las penas sustitutivas impuestas en la sentencia en alzada.

El disidente estima que los sentenciados estuvieron afectos a prisión preventiva y luego, hasta la fecha de comunicación de la sentencia, con arresto domiciliario total, medida cautelar esta última que ha sido cumplida de manera satisfactoria sin que exista constancia de su quebrantamiento. Con dicha conducta se revela que los condenados pueden someterse a condiciones especiales para evitar comisión de nuevos ilícitos, pudiéndose esperar en consecuencia una baja probabilidad de reincidencia.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Hombre enterrado vivo porque lo pensaban muerto: en el caso concurre imprudencia temeraria y no dolo eventual

La Corte Suprema acogió el recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia que condenó por el delito de homicidio a título de dolo eventual a dos personas que enterraron viva a otra pensando que había muerto –posteriormente falleciendo el ofendido por asfixia–. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

En fallo dividido, el pasado 13 de marzo la segunda sala del máximo tribunal del país revocó la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de San Antonio en la cual se condenó a María Audolia Molina Cabezas en calidad de autora del delito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, cometido en la persona de Segundo Arístides Inostroza Paredes, el día 21 de marzo de 2015 en la Comuna de El Tabo.

Al efecto, el fallo considera que dado que el reproche de los sentenciadores del Tribunal Oral en lo Penal va encaminado a un actuar negligente de la acusada al llegar a una conclusión apresurada –la muerte del ofendido–, que de haber tomado medidas mínimas que parecían esperables en ese caso la habrían sacado de esa creencia errada. De esta forma, el razonamiento no fue encaminado a que habiéndose representado que el ofendido sobrevivía no adoptó esas medidas porque, incluso si éstas hubieran confirmado que seguía con vida, ello no habría modificado su obrar posterior ya que el ocasionar su muerte le resultaba indiferente. Es decir, la acusada, al colaborar o participar del entierro del ofendido, no actuó con dolo eventual porque no se determinó una representación efectiva de la sobrevivencia del ofendido, sino sólo potencial, que podría haberle significado el posible resultado típico más grave de su actuar ilícito –la muerte del ofendido en vez de la mera inhumación ilegal de un fallecido– y su ratificación posterior.

El dolo y la categoría de dolo eventual, se halla integrado por un elemento intelectual y un elemento volitivo, puesto que representa un conocer y un querer la realización del injusto típico. La preponderancia de cada uno de estos elementos es afirmada, respectivamente, por las denominadas «teoría de la representación» y «teoría de la voluntad». La opción en favor de una u otra teoría, parece irrelevante, en tanto que ambas posiciones reconocen, en principio, que en el dolo ha de concurrir tanto el conocimiento cuanto la voluntad.

Aclarando esto, la sentencia continúa estableciendo que la categoría de dolo eventual concurre, según la teoría del consentimiento o asentimiento, en la medida que el sujeto se representa como probables las consecuencias antijurídicas de su actuar y, pese a ello, actúa, asumiéndolas. La mera representación del resultado es insuficiente para calificar de dolosa la conducta del autor; el dolo requiere un momento volitivo. Y puesto que, por definición, en el dolo eventual la voluntad no se dirige al resultado, como a su meta, se requiere, al menos, que a diferencia de lo que ocurre en la imprudencia, el autor haya asumido el resultado siquiera como uno probable. Debe ponerse el acento en un elemento emocional. Si acaso el hechor aprueba el evento no pretendido, hay dolo eventual; si, en cambio, livianamente, con un injustificado optimismo, ha actuado con la confianza de que todo va a salir bien, habrá sólo culpa consciente.

Por tanto, para deslindar si la conducta se perpetró con culpa o dolo debe necesariamente atenderse especialmente al elemento cognitivo sobre la existencia o no de la representación del resultado antijurídico, por cuanto de existir representación se estará ante dolo eventual y de no haberla, frente a la culpa inconsciente. Esto conduce a excluir la posibilidad de que pueda presentarse culpa consciente, pues no se determinó que la acusada se representó o previó que el ofendido podía continuar vivo al momento de ser enterrado. Al contrario, de haber llevado a cabo esta acción no obstante esa representación o previsión, necesariamente importa que aceptó, se conformó o allanó a ese resultado mortal y, por consiguiente, actuó con dolo eventual. No basta con asentar que la encartada «pudo» haberse representado la supervivencia del acusado o que «no pudo sino haberlo hecho», pues en estos últimos casos no se efectúa un reproche por haber actuado no obstante haber sabido o previsto que una de las posibilidades de su obrar sería ocasionar la muerte de una persona, sino que lo que se reprocha es el fallar en prever ese resultado mortal como consecuencia de su actuar, propio de la culpa inconsciente.

La corte también comenta sobre la manera en que se puede probar la representación de este resultado antijurídico por parte del imputado, a propósito de una impugnación por parte de la defensa respecto a cómo se tomó y ponderó la declaración de la imputada. De esta forma, si bien el derecho a guardar silencio es renunciable, y si bien la presencia de un abogado defensor tiene por finalidad garantizar que la declaración se prestó de manera deliberada y consciente, esto es, que fue el fruto de una decisión libre e informada, no es la única forma como se puede demostrar aquello, pues su voluntad en el sentido indicado puede ser aclarada en la audiencia de juicio por otras vías. Así, los funcionarios policiales al proceder tomando la declaración de la víctima no transgredieron las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, no vulneraron las normas legales que orientan el proceder policial, como tampoco las garantías y derechos constitucionales, por lo que no hay vicio alguno al fundamentarse la decisión condenatoria en tal declaración.

Es por estas razones que consideran que el hecho únicamente puede ser sancionado a título culposo conforme a la figura de imprudencia temeraria del artículo 490 N° 1 del Código Penal, por lo que los jueces del grado han incurrido en error al calificar el hecho como delito de homicidio a título de dolo eventual.

El fallo cuenta con el voto disidente del Ministro Sr. Juica, que estima que en el caso no concurre culpa sino dolo eventual. Al efecto, el disidente dice:

Ante la esperable falta de algún elemento probatorio que diera cuenta directamente de una manifestación proveniente de la propia acusada respecto a haber previsto o representado la posibilidad de sobrevida del ofendido y, en consecuencia, de la posibilidad de anticipar mentalmente la consecuencia dañosa de su actuar, sólo restaba a los sentenciadores llevar adelante el reseñado «juicio de inferencia» a partir de las diversas circunstancias de hecho que fue fijando y concatenando sucesivamente y que pasaron a conformar un cúmulo de prueba indiciaria o circunstancial que condujo a dicho juicio, esto es, que la víctima no sufrió una lesión aguda producto de la caída que dice la acusada haber aquél tenido, el consumo excesivo de alcohol del ofendido que era conocido de la imputada, la falta de acciones de parte de ésta para verificar el deceso, probanza circunstancial toda ella que les llevó a inferir «que la encartada no pudo sino representarse como posible que la víctima estuviera con vida y en consecuencia, que el enterrarlo en una fosa, le podría causar la muerte», manera de expresar sus conclusiones por la que se optó, como resultaba razonable a juicio de este disidente, porque aparecía como más adecuada a la dificultad de pesquisar procesos internos y reservados del agente, con sus dudas subsecuentes e inevitables.

En base a esto, estima que el fallo sí asienta como un hecho probado que no puede desconocerse que la encartada se representó efectivamente que el ofendido podía seguir con vida, alternativa real que le fue indiferente y que no fue óbice para realizar los actos posteriores que finalmente ocasionaron su deceso, resultado típico que de ese modo fue aceptado, concurriendo entonces todos los elementos del dolo eventual.

Corte de Santiago: finalidad terapéutica del consumo hace atípico el delito de cultivo ilegal

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia que condenó por el delito de cultivo ilegal, estimándose que por la finalidad terapéutica del consumo se está frente a un hecho atípico. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 10 de marzo de este año, el tribunal de alzada capitalino anuló –de manera unánime– la sentencia del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago que había condenado por el delito de cultivo ilegal de plantas que producen graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud humana, previsto en el artículo 8° de la Ley N° 20.000 y sancionado en el artículo 50 de la misma norma. El hecho que su cultivo estuviera destinado a al uso o consumo personal y próximo en el tiempo de la planta de marihuana fue determinante para adoptar esta decisión.

Según el tribunal, hubo una errónea calificación jurídica del ilícito penal, puesto que al incorporarse dentro de la situación concreta la finalidad terapéutica del consumo, se está frente a un hecho atípico, respecto del cual no es posible la labor de subsunción exigida por el principio de tipicidad, pues la norma del artículo 8 de la Ley 20.000 ordena sancionar el uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo del producto de la siembra, plantación, cultivo o cosecha de marihuana en aquellas hipótesis no justificadas con finalidades terapéuticas, atendido que una lectura sistemática de los tipos penales regulados en esta legislación contempla una causal eximente especial en la parte final del inciso 1° del artículo 4 de la señalada ley, referida a la destinación de la droga «a la atención de un tratamiento médico».

Dentro del contexto fáctico que considera por un lado la plantación y cosecha de marihuana sin la competente autorización por el acusado destinado a su consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, se encuentra establecido también por el tribunal del fondo que la finalidad de dicho consumo era terapéutica, sin elementos probatorios que permitieran presumir algún fin ilícito o potencialmente dañino del bien jurídico protegido por dicha legislación. Por ende, esa es la circunstancia fáctica concreta que debe ser subsumida en algunas de las figuras penales reguladas en el artículo 8 de la Ley N° 20.000.

Entender que la hipótesis fáctica contemplada en la parte final del artículo 8 de la Ley 20.000 –referido a aquellas situaciones en que existe justificación del uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo de marihuana– no distingue la finalidad para la que se destina la especie, contraviene completamente el principio de lesividad de las conductas. En efecto, el tribunal comenta que

El principio de «lesividad» ­que localiza la esencia del hecho punible en ese efecto primordial de la conducta típica, de necesaria lesión al bien jurídico­ se alza así como uno de los limitativos del ius puniendi del Estado y obliga ­también en el ámbito del enjuiciamiento­ a establecer la real dañosidad social de la conducta incriminada, sobre todo cuando este factor ha sido especificamente considerado para la tipificación y penalización de determinados hechos ilícitos, como lo hace el artículo 8° de la Ley N° 20.000.

Adicionalmente, y sobre la posibilidad de producción del resultado de peligro que involucran los delitos de la Ley N° 20.000, se comenta que para la sanción de un delito de peligro se requiere la posibilidad que de la conducta pudiera seguirse la difusión incontrolable o incontrolada de sustancias que pongan en peligro la salud y libertad de los demás; lo que conduce a descartar la aplicación de los preceptos que reprimen el tráfico ilícito si la acción de que se trata aparece exclusivamente dirigida al concreto consumo de ellos por una persona individualizada. Por tanto, aun cuando el tipo de los delitos de peligro abstracto se estimare aplicable al artículo 8 de la Ley N° 20.000­, este no reclama, a diferencia de lo que sucede en los delitos de peligro concreto, la producción de un peligro efectivo, si requiere una acción apta para producir un peligro para el bien jurídico como elemento material integrante del tipo del delito. Se trata de exigir, además de la peligrosidad de la acción, la posibilidad de producción del resultado de peligro, o lo que es lo mismo, el juez ha de verificar si en la situación concreta ha sido posible un contacto entre la acción y el bien jurídico en cuya virtud hubiera podido producirse un peligro efectivo para éste.

Corte Suprema rechaza recurso de nulidad y confirma condena de sacerdote por apropiación indebida

La Corte Suprema rechazó recurso de nulidad y confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, que condenó al sacerdote Ramón Caroca Marchant a la pena de 541 días de presidio, en calidad de autor del delito de apropiación indebida de $20.000.000 (veinte millones de pesos) de la Fundación Educacional San Pedro Nolasco de la ciudad penquista.

En fallo dividido (causa rol 148-2017), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüker, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas, Andrea Muñoz y Carlos Cerda– desestimó el recurso presentado por la defensa que argüía vulneración al debido proceso al formalizar la investigación en contra del sacerdote 5 años después de producido el delito.

«Es efectivo que el Código Procesal Penal, al normar los efectos de la formalización de la investigación, señala que uno de estos es suspender el curso de la prescripción (artículo 233 letra a). Pero aun cuando este precepto se encuentra inserto en la regulación del procedimiento ordinario, cuya estructura está sentada sobre la base de un organismo autónomo que dirige la investigación, y que puede actuar sin requerir de la participación de la víctima en el ejercicio de la acción penal, el correcto entendimiento de la norma indica que dicha actuación no es la única que tiene el mérito de suspender la prescripción, pues ha de adecuarse también a delitos para cuya configuración se precisa de la actividad de la víctima, en que el afectado cumple con un rol protagónico dentro de la pesquisa», establece el fallo.

Resolución que agrega: «En efecto, no de otro modo puede entenderse el derecho de la víctima a deducir una querella criminal, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Código Procesal Penal, es uno de los medios idóneos para iniciar la investigación de un hecho que revistiere caracteres de delito y que para ser admitida a tramitación debe contar con la identificación de quien la deduce, una relación circunstanciada del hecho con apariencia delictiva a pesquisar, la individualización del querellado, con indicación de su profesión u oficio, o una designación clara de su persona, si se ignoraren tales circunstancias, y la expresión de las diligencias cuya práctica se solicitare al ente persecutor. Como se ve, su contenido, en términos de certeza de la imputación, no difiere sustancialmente de la formalización».

«De lo que se viene señalando –continúa– es posible concluir que la querella, además de constituir una de las formas de dar inicio al procedimiento, evidencia en quien la formula -asumiendo el rol de querellante- la clara intención de cooperar en la actividad desarrollada por el Ministerio Público para la investigación del hecho delictivo y sus partícipes, todo lo cual permite concluir que, como trámite inicial del proceso, ella produce el efecto de suspender el curso de la acción penal en los términos indicados por el precitado artículo 96 del código punitivo».

«Tal conclusión es posible porque, por una parte, el artículo 233 letra a) del Código Procesal Penal, que confiere a la formalización de la investigación el efecto de suspender la prescripción, no es una norma de clausura, que otorgue en forma exclusiva esa consecuencia a la comunicación al imputado de los hechos que a su respecto se indagan y, por la otra, porque como se indicó previamente, la prescripción no es una institución procesal, sino que es de orden sustantivo, regulada en el Código Penal, cuerpo normativo a cuyas disposiciones ha de ajustarse el examen de este instituto y que fija como época de suspensión de su decurso el momento en que «el procedimiento se dirige contra el delincuente», frase a la que, en definitiva, hay que dotar de sentido para resolver la cuestión debatida. En este punto y siendo inconcuso que el proceso se dirige contra el delincuente al momento de la formalización de la investigación, igualmente lo es cuando se impetra en su contra una querella criminal que cumple con todas las menciones exigidas por la ley, lo que supera la incerteza que cree ver el recurrente y, por ende, da comienzo al procedimiento dirigido en contra del querellado», concluye.

Decisión adoptada con el voto en contra del ministro Brito.

(Fuente: Poder Judicial)

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