Corte de Apelaciones resuelve que funcionarios DGAC pertenecen a Capredena y no al régimen de AFP

aerolinea avion aeropuertoLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de apelación interpuesto por los Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, declarando que los actores pertenecen al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. Consulte el fallo de apelación analizado en Microjuris.

La sentencia de primera instancia del 29° Juzgado Civil de Santiago falló a favor del Fisco, rechazando la demanda aduciendo que la Ley 18.458 derogó tácitamente el régimen previsional que los vinculaba con el de Fuerzas Armadas. El hecho gatilló con posterioridad una movilización de cuatro días durante el mes de Diciembre del 2015, que terminó en una fallida negociación con el gobierno.

La apelación, fallada por la quinta sala el pasado 9 de Agosto, establece que no se ha modificado la calidad de empleados civiles de Fuerzas Armadas de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Esta calidad es la que arroga el régimen previsional de Caja de Previsión de Defensa Nacional (Capredena) para los 1.331 funcionarios aeronáuticos, conforme expresamente lo establece el artículo 1 de la Ley N° 18.458, norma que, incluso, prevé la posibilidad de opción entre regímenes previsionales y excluye del sistema pretendido solamente al personal que se incorpora a las instituciones dependientes del Ministerio del Interior y Defensa Nacional con posterioridad a su entrada en vigencia.

En ese sentido, la resolución comenta que no procede la derogación alegada por el Fisco, en la medida que ella se sustenta en una supuesta regulación específica por parte de la Ley N° 18.458 del régimen previsional del personal de la Fuerzas Armadas, lo que, aunque pudiera considerarse efectivo, no modifica la calidad de empleados civiles de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Por todo esto, la sentencia resuelve finalmente que se deben revertir los efectos de la aplicación errónea de las normas previsionales que hacen que los funcionarios se encuentren actualmente en el régimen de pensiones AFP, correspondiéndoles el de Capredena.

El fallo contiene un voto de disidencia del Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, que explica que se debe rechazar el recurso de apelación, confirmando la sentencia de primera instancia.

Según explica el disidente, la Dirección General de Aeronáutica Civil no forma parte de las Fuerzas Armadas conforme al artículo 1 de la Ley N° 16.752 y artículo 101 de la Constitución Política de la República, por lo que no puede asimilarse al personal institucional de las ramas de las F.F.A.A., en razón de la naturaleza de las funciones que éstas cumplen. Asimismo, el artículo 96 inciso 1 del D.L. 3.500 estatuye que el personal afecto a los regímenes de Capredena y Dipreca continúan sujetos a dichas instituciones y la Ley N° 18.458 señala taxativamente quienes son imponentes de Capredena, estableciendo en su artículo 1 letra b) que el mismo se aplica a la Planta de Empleados Civiles de las F.F.A.A. y no al personal a contrata. Finalmente, según el artículo 4 del D.F.L. N° 1, el personal es el que pertenece a F.F.A.A. y no aquel perteneciente a servicios públicos dependientes, como es la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Presentan solicitud para permitir el retiro parcial de fondos previsionales

afpUn grupo de diputados pidió al Ejecutivo el envío de un proyecto que posibilite, por una sola vez, el retiro de hasta el 25 por ciento de los ahorros previsionales de cada cotizante para comprar un inmueble o entregar un pie en un crédito hipotecario.

A través de una resolución –que aún debe ser votada y aprobada por la Sala de la Corporación– los legisladores piden al gobierno que mientras se espera e implementa una reforma previsional general, es necesario contar con medidas que operen a corto y mediano plazo para apoyar a la clase media, planteando, como una de estas, la posibilidad del retiro parcial de los fondos ahorrados en las AFP.

Al respecto, el diputado Marcelo Chávez explicó que “hay que recordar que los fondos previsionales en Chile son de propiedad de los afiliados y lamentablemente en Chile, al parecer, se ha ido perdiendo esta noción. Por lo tanto, creemos que, por esta, vía los afiliados al sistema de pensiones podrían rentar mucho más por la vía de la adquisición de una vivienda que lo que hoy día están haciendo a través del sistema de pensiones».

Añadió que la idea de esta propuesta es que tendría un carácter voluntario, no obligatorio, de manera quien quiera, pueda ,por una vez en su vida, retirar para este solo objeto.

Chávez precisó que “queremos contribuir con esta propuesta a generar y abrir la conversación en torno a este sistema de pensiones, no para consolidar este sistema, muy por el contrario; sino para abrir la conversación, para abrir el debate y generar el espacio y las propuestas que puedan ir surgiendo a propósito de este tema”.

El diputado Fuad Chahin, en tanto, señaló que “este sistema es un crimen social que no da para más, que requiere cambios profundos, estructurales, y hay que pasar a un sistema mixto con aportes tripartitos y solidarios; pero, este cambio de sistema, va a tener efectos en 20 o 30 años, esos son los tiempos que se toma en surtir efecto un cambio estructural como el que el país necesita y que nosotros respaldamos. Obviamente hay que tener, además otras medidas que generen algún efecto en el corto plazo, y ahí hemos propuesto a los menos dos; fortalecer el Pilar Solidario para los más vulnerables y aportar con iniciativas que mejoren las pensiones y aumenten la rentabilidad y por eso esta propuesta que hoy hemos ingresado».

Agregó que “hoy día el Estado de Chile gasta entre un 0,9 y 1 punto del PIB para financiar las pensiones de los 130 mil pensionados de las FFAA y de Orden; y, apenas 0,7 puntos del PIB para el millón y medio de personas que reciben el Pilar Solidario o pensiones básicas solidarias, aportes previsional solidario; eso, tenemos que mejorarlo. El esfuerzo del Estado tiene que estar con ese millón y medio más vulnerable, ampliando los montos y también la cobertura».

Pero, además, llamó la atención sobre la clase media, ya que el Estado también tiene beneficios para aquellos poseen mayor capacidad de ahorro, porque los aportes previsionales voluntarios tienen franquicia tributaria y, por lo tanto, «es la clase media la que hoy día en el corto plazo tiene pocas posibilidades de poder mejorar sus pensiones o sus ingresos porque este cambio estructural se va a tomar un tiempo en surtir efecto, y queremos por lo tanto que la decisión se tome ahora».

En esa línea, la solicitud plantada por medio de esta resolución busca que la clase media, que no recibe los beneficios del Pilar Solidario ni tampoco tiene capacidad de ahorro para un APV, pueda retirar parte de sus fondos de pensiones para invertir «en un negocio bastante seguro y bastante rentable como el negocio inmobiliario, ya sea para destinarlo al arrendamiento o para poder adquirir una vivienda propia y evitar el pago justamente de una renta».

El diputado Pablo Lorenzini, en tanto, manifestó que “además de mirar para adelante, y en eso estamos, yo pido revisar lo que se ha hecho; revisar, por ejemplo, todo lo que ocurrió con las tablas y cálculos de mortalidad efectuados por las superintendencia y que obviamente ha sido manipulado a favor de las AFP. Lo de ofrecer renta vitalicia versus renta programada y los cambios que eso significa en las pensiones también está manipulado”.

El proyecto de Resolución fue firmado, también, por los diputados DC Juan Morano, Iván Flores, Sergio Ojeda, Víctor Torres y Mario Venegas.

(Fuente: Diputados)

Suprema rechaza casación y ordena a Instituto de Previsión Social considerar asignación en pensión de exonerado político

supremaEn fallo dividido, la Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo y ratificó que el Instituto de Previsión Social debe reliquidar, recalcular y a pagar, en su oportunidad, el monto de la pensión no contributiva por gracia obtenida por el actor en su calidad de exonerado político, incluyéndose en su cálculo inicial la asignación de fiscalización establecida en el artículo 6° del Decreto Ley N 3.551, como parte de la base de remuneraciones imponibles.

La sentencia del máximo Tribunal establece, en primer término, que a pesar de que el libelo de anulación sustancia se funda en tres capítulos, en estricto rigor las infracciones que se denuncian dicen relación con una sola cuestión central, cual es el objeto de la Ley N 19.234, que establece beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos, y si atendido su carácter, se debe o no aplicar en el cálculo de la pensión no contributiva que establece, la regla que restringe la base de cálculo a las remuneraciones imponibles respecto las cuales efectivamente se ha cotizado, específicamente, en lo relativo a la asignación  de fiscalización que el demandante reclama.

Y es que a partir del estudio del espíritu del cuerpo legal mencionado, el máximo Tribunal concluyó que tiene una naturaleza reparatoria, y las pensiones allí contempladas se conceden de manera graciosa, sobre la base del reconocimiento de una calidad determinada la de exonerado político por el Presidente de la República,  por lo anterior “no es procedente la aplicación de la regla que limita la base de cálculo de las pensiones, a las remuneraciones imponibles sobre las cuales el afiliado efectivamente cotizó”. Obrar de otra manera, además de vulnerar el tenor literal del artículo 12 de la ley 19.234, también afectaría “la intención y el espíritu del legislador, cual es reparar pecuniariamente a quienes se vieron perjudicados en sus derechos laborales y previsionales con la separación forzada de sus cargos por motivos de carácter político”, por lo que no se advierten las infracciones denunciadas en el recurso.

La decisión fue acordada con el voto en contra de las Ministras Chevesich y Muñoz, estuvieron por acoger el arbitrio de la demandada, al enfatizar lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 18.675, que sostiene que debe considerar como “remuneración imponible la que hubiese correspondido conforme a la normativa vigente con anterioridad al 1 de enero de 1988”, lo que implica que, “en lo relativo a la asignación de fiscalización pretendida por el demandante, no es procedente efectuar el cálculo de las pensiones sobre el total de imposiciones computables, ya que la imponibilidad sobre esta asignación de fiscalización se hizo efectiva sólo a partir de la fecha antes indicada”.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el fallo analizado por Microjuris.

Cotización de Salud: Eximición total o parcial a los pensionados.

Hoy, 31 de agosto, fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 20.531, que exime, total o parcialmente, de la obligación de cotizar el 7% para salud a los pensionados, según edad y condición socioeconómica.

El proyecto aprobado, que va en directo beneficio  de los adultos mayores de nuestro país, exime de la cotización del 7% de salud a los todas las chilenas y chilenos que reciben los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias de la Ley Nº 20.255, (Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario), que perciben jubilaciones inferiores a 250 mil pesos y que integren un grupo familiar perteneciente al 60 por ciento de la población más pobre, a contar del tercer mes siguiente a la fecha de publicación de la ley, es decir, desde el 01 de noviembre del año en curso, sin considerar gradualidad por edad o nivel socioeconómico.

Asimismo, todos los pensionados de 65 años o más de edad, que no pertenecen al Pilar Solidario de Pensiones, pero que integran un grupo familiar perteneciente a los cuatro primeros quintiles de ingresos, se beneficiarán con la reducción de su cotización de salud desde el 7%  a un 5%. Esta rebaja, que extenderá el beneficio a la case media, entrará en vigencia doce meses después de iniciada la eximición del descuento de 7% a los pensionados beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias.

Los beneficiarios de la exención o rebaja de la cotización de salud tendrán derecho a una bonificación de cargo fiscal, que contribuirá al financiamiento del plan de salud contratado por el pensionado, en un monto igual a la exención o rebaja de la cotización legal, no modificándose de esta forma, de manera alguna los contratos de salud vigentes, ni la calidad de pensionado cotizante.

El Instituto de Previsión Social será el encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley y de informar de los beneficiarios afectos a la exención y  rebaja de la cotización de salud a las entidades pagadoras de la pensión.

Cabe hacer presente que la rebaja establecida por esta ley, no es aplicable a las pensiones de los regímenes dela Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, tema que ya está en discusión en la opinión pública, y que las autoridades han asumido como un compromiso futuro.  

Con esta Ley, que busca eliminar  y reducir el descuento de 7% de salud para los jubilados en el plazo de quince meses de aprobada, se producirá  un aumento neto de la pensión de los beneficiarios y la mantención de manera estricta y absoluta de todas las garantías de salud vigentes al día de hoy, concretándose así, un merecido reconocimiento a los adultos mayores de nuestro país por su aporte a la sociedad, sin dejar de lado su bienestar.

A %d blogueros les gusta esto: