Comunicado: Poder Judicial lamenta y repudia violento incidente en Juzgado de Garantía de San Bernardo

Pleno Corte SupremaAnte el ataque realizado en plena audiencia por un reo a un gendarme y a un juez, se realizó un comunicado el día de ayer sobre los hechos:

El Poder Judicial, representado por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, lamenta los violentos hechos ocurridos hoy, lunes 13 de febrero, en el Juzgado de Garantía de San Bernardo y que tuvieron como resultado un juez amenazado y agredido.

Los hechos ocurrieron en la zona de calabozos del tercer piso del tribunal, cuando el interno Leonardo Andrés Azagra Valdivia se encontraba a la espera de una audiencia y agredió a un gendarme, a quien le quitó su arma de servicio. Armado se desplazó hasta la sala de audiencias, donde amenazó al magistrado Sergio Henríquez y lo bajó del estrado, llevándolo hasta la calle, amenazando a quienes intentaron detenerlo, para luego huir en un automóvil.

El Poder Judicial repudia estos hechos, considerando que se puso en riesgo la vida y la integridad de muchas personas y solidariza especialmente con el juez que en el cumplimiento de sus funciones, se vio enfrentado a esta agresión que lo dejó lesionado.

El presidente de la Corte Suprema, enterado de lo ocurrido, se comunicó con el magistrado para darle su apoyo y conocer su estado de salud. Tras ello sostuvo que «es un hecho grave, pero aislado y estamos preocupados de la seguridad e integridad de todos nuestros jueces y funcionarios. Sin perjuicio de eso, reafirmamos nuestro compromiso con la función a la que estamos llamados, de administrar justicia con independencia y celeridad, resguardando los derechos y garantías de todas las personas».

El ministro Dolmestch agregó que «estamos recabando toda la información de lo sucedido para disponer las medidas pertinentes que aseguren que episodios como este no vuelvan suceder. Asimismo estamos preocupados de la salud del juez y de todas las personas agredidas durante el desarrollo de esta acción que terminó en una fuga».

En tanto, el pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel, encabezado por la presidenta María Teresa Díaz, tomó conocimiento de los hechos y solicitó informes a Gendarmería de Chile, sobre el desarrollo de los acontecimientos. Asimismo, dispuso que el administrador de la CAPJ de San Miguel, concurriera hasta el tribunal para recabar información y prestar apoyo en lo que sea requerido, a la vez que se comunicó con el juez Henríquez para manifestarle su solidaridad y apoyo.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Santiago confirma fallo que condenó a empresa pesquera por comercializar recurso bajo veda extractiva

PESCALa Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a la empresa Chile Food S.A., a pagar una multa de 260 UTM (unidades tributarias mensuales) por infracción a la ley de pesca, al comercializar y almacenar locos (concholepas concholepas), especie bajo veda extractiva.

En fallo unánime (causa rol 12.092-2016), la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros María Soledad Melo, Jaime Balmaceda y la abogada (i) María Cecilia Ramírez– ratificó la resolución dictada el 28 de junio pasado, por el 25° Juzgado Civil de Santiago.

«(…) atendida la presunción legal establecida en el párrafo final del numeral 1° del artículo 125 y, considerando que en la audiencia indagatoria decretada en autos, la parte denunciada reconoció los hechos que motivaron de la denuncia, se tiene por configurada la infracción del artículo 107 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en relación a lo establecido por Resolución Exenta N° 1319 de fecha 06 de mayo del 2014 del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura; y, el hecho que el denunciado –en su oportunidad– no haya entregado a la autoridad competente, de forma completa y fidedigna, la información a que se refiere el Decreto Supremo N° 129 de fecha 14 de agosto del 2013; y, considerando además, lo dispuesto por Decreto exento N° 344 de la Subsecretaría de Pesca, referido a la veda extractiva de locos Concholepas concholepas desde el 13 de abril del 2012 al 31 de diciembre del 2017, se concluye que se ha configurado la infracción denunciado», sostiene el fallo de primera instancia.

La resolución confirmada agrega que: «conforme a lo razonado y dispuesto en los motivos precedentes y, en consideración el daño producido a los recursos hidrobiológicos y al medio ambiente, necesario será considerar que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, se accederá a lo pedido en la denuncia formulada en lo principal de fojas 1, en el sentido que corresponderá aplicar y determinar a la denunciada el monto de la multa contemplada en dicha disposición, considerando sólo al respecto el hecho de haber reconocido los hechos fundantes de la denuncia».

(Fuente: Poder Judicial)

Asociación de Magistrados califican como “grave agresión a la independencia judicial” el congelamiento de sueldos a los jueces

juez justicia penalDesde la Directiva de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile hoy 17 de noviembre emitieron una declaración pública en rechazo al congelamiento y rebaja en la remuneración de más de mil jueces considerada en el presupuesto 2017 para el Poder Judicial.

“Rechazamos que tanto el Ejecutivo como el Congreso Nacional no adviertan la grave agresión a la independencia judicial que significa reducir los salarios de quienes, como un poder independiente del Estado, ejercemos la función jurisdiccional”, se afirma en el escrito.

También lamentan “la falta de visión de las autoridades políticas”, ya que argumentan que pese a los llamados de atención, estos no consideraron “las graves implicancias que para el régimen democrático tiene la reducción del salario de los jueces, homologando su tratamiento al de un empleado subordinado del Estado”.

De igual forma critican que debiese ser a lo menos una obligación actualizar con la variación del IPC cada año las remuneraciones de los trabajadores, “sin perjuicio de impulsar políticas de mejoramiento centradas principalmente en los salarios más bajos”.

Por último, llaman a la presidenta Michelle Bachelet a enviar un veto que elimine este congelamiento y reducción, además que se aplique al menos el reajuste conforme al IPC. De igual forma, solicitan al presidente de la Corte Suprema que abogue con urgencia en favor de ello.

“Instamos al Ejecutivo y el Congreso Nacional a corregir este paso en falso consagrando con urgencia y con la más alta jerarquía, una norma que permita asegurar la irreductibilidad de la remuneración de los jueces”, se afirma en la declaración y se convoca “a todos los miembros del Poder Judicial a mantenerse en alerta ante este grave y reiterado atentado a la independencia de la función Jurisdiccional, derecho ciudadano, condición esencial del régimen democrático”.

(Fuente: El Mostrador)

Consulte la declaración de la Asociación Nacional de Magistrados.

Tribunales laborales: proponen precisar los plazos para las sentencias en procedimientos monitorios

TRIBUNALESLa Comisión de Trabajo y Previsión Social despachó dos proyectos de ley, con el primero de ellos respaldó las enmiendas propuesta por la Cámara de Diputados, para la norma, en tercer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo, en materia de plazo para audiencia única del procedimiento monitorio.

HASTA TRES DÍAS

Cabe recordar, que la instancia parlamentaria, había aprobado que el juez decrete sentencia el mismo día de la audiencia, «vale decir, que no se prolonguen los juicios a la eternidad, sino que se desarrolle en forma expedita un procedimiento monitorio. Sin embargo, esto que así fue aprobado por el Senado, tuvo algunas modificaciones en la Cámara y fueron aprobados por unanimidad y lo que hace es otorgar la posibilidad al juez de extender hasta por tres días la sentencia en casos muy calificados, particularmente cuando el caso es complejo y hay temas de riesgo», detalló la senadora Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión.

La idea, reforzó la legisladora es tener «sentencias más sólidas». Ahora será la Sala la que deberá pronunciarse sobre el proyecto.

UNIFICA TRIBUNALES

En segundo lugar, se despachó la moción que modifica el artículo 420 del Código del Trabajo, confiriéndole competencia a los tribunales laborales para conocer las contiendas en que los familiares de los trabajadores buscan hacer efectiva la responsabilidad del empleador, derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.

Según explicó la senadora Muñoz, «se busca unificar en sede de los tribunales laborales para todos los procesamientos laborales que llevan a cabo los familiares de trabajadores que han sido víctimas fatales de algún accidente del trabajo».

«Hoy –agregó la parlamentaria– los sobrevivientes, las familias, generalmente las esposas, son las que llevan esta carga de ir a los tribunales a establecer las anomalías laborales, infracciones que podrían haberse cometido en estos accidentes. Con este proyecto estamos buscando que sea solamente le tribunal laboral solamente el que conozca estas causas y no como hoy día ocurre, que son también los tribunales civiles y laborales».

«De esta manera, se pretende que las causas sean más expedito y los trámites se harán de forma más simple», comentó.

La norma fue aprobada en general y en particular y ahora le corresponderá a la Sala del Senado pronunciarse sobre la moción.

(Fuente: Senado)

Consulte los proyectos de ley, Boletines Nº 9623-13 y 8379-13.

Corte de Santiago acoge recurso de protección contra empresa por acoso telefónico a cliente

telefono movilLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado en contra de la Movistar S.A. por acoso telefónico a cliente por una supuesta deuda con la empresa.

En fallo unánime (causa rol 36222-2016), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Jessica González, Romy Rutherford y el abogado (i) Mauricio Decap– acogió la acción cautelar presentada por el abogado Francisco Bravo López.

La sentencia del tribunal de alzada determina el actuar arbitrario, irracional e justificado el proceder de la empresa al utilizar «un verdadero acoso telefónico a un deudor».

«Podemos colegir que existe un ámbito de protección de las personas que se encuentra precisamente referido a su integridad psíquica, que no puede ser vulnerado por los proveedores aun en caso de deudas, sino que debe recurrirse a los procedimientos ordinarios de cobranza judicial, bastando con poner en noticia del deudor la existencia de la obligación impaga, sin que tenga justificación bajo ningún aspecto incurrir en un verdadero acoso telefónico a un deudor, al margen de todas las oposiciones que aquél pueda realizar legítimamente en el procedimiento de cobro judicial de la deuda. No puede soslayarse lo dudoso que resulta la existencia de deudas que aparecen con posterioridad al abandono de la propiedad donde se prestaba el servicio, sin perjuicio de la necesaria fundamentación que la empresa pueda efectuar al momento de demandar el cobro de la deuda respectiva», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «Ciertamente, la recurrida intenta justificar su conducta en la existencia de una deuda del recurrente, debiendo cuestionarse la empresa acerca de la racionalidad o justificación razonable de su proceder con dicha finalidad, la que aquí, como se viene sosteniendo, no es posible divisar, razón por la que se estima por este Tribunal que la recurrida ha incurrido en una conducta arbitraria (…) nuestra Carta Fundamental consagra en el artículo 19 N° 1, el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, derecho fundamental que se ve vulnerado en cuanto a lo que se refiere a la integridad psicológica, en la medida en que este acoso telefónico resulta ser persistente, ajeno a lo razonable y excede, por lo mismo, los márgenes de lo permitido y tolerable, y en consecuencia procede acoger la acción interpuesta.

Por lo tanto, concluye, «se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don Francisco Alejandro Bravo López, abogado, domiciliado en calle Suiza N°2063, departamento 605, de la Comuna de Providencia, en contra de TELEFONICA CHILE S.A. (MOVISTAR), en lo principal de la presentación de fojas 15 y siguientes, debiendo la recurrida abstenerse de efectuar en el futuro llamados telefónicos de cobros extrajudiciales de la presunta deuda que con ella mantiene el recurrente ya individualizado».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Santiago condena a un abogado por apropiación de fondos de cliente

abogadoEn fallo unánime, la Corte de Santiago rechazó recurso de nulidad y confirmó la sentencia que condenó al abogado Germán Silva Montana a la pena de 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional, y al pago de una multa de 6 UTM por apropiación de $1.500.000 de un cliente que representó en un juicio laboral.

La sentencia sostiene que «el motivo DECIMO de la sentencia que se revisa permite apreciar que con la prueba de cargo, testimonial y documental, el Tribunal estableció más allá de toda duda razonable que el acusado fue mandatario judicial de la víctima, y que en su calidad de abogado lo representó en un juicio laboral, suscribiendo en esa calidad una conciliación con la parte demandada con fecha 19 de enero de 2012, por un monto total de $1.500.000, los que fueron pagados con un cheque girado a nombre del propio acusado en su calidad de mandatario judicial, realizando el imputado el cobro de dicho cheque, negándose a hacer entrega de este dinero a la víctima, apropiándose de la totalidad de éste, con el consiguiente perjuicio económico, sin que el propio acusado controvirtiera el hecho de haberse quedado con los dineros obtenidos. De manera que los defectos que advierte la defensa no pasan de ser elementos carentes de la entidad necesaria como para justificar la invalidación del fallo».

(Fuente: Diario Constitucional)

Cortes de Apelaciones están legalmente autorizadas para realizar itinerancias

Pleno Corte SupremaReunido el tribunal pleno de la Corte Suprema el miércoles 4 de mayo, acordó declarar que las Cortes de Apelaciones del país se encuentran legalmente autorizadas para determinar su funcionamiento en ciudades  o comunas dentro del respectivo territorio jurisdiccional, distintas a donde tienen su asiento. Declaración que tiene por objetivo orientar respecto de las facultades de que disponen los tribunales de alzada para sesionar de manera itinerante, modalidad que ya se ejerce en diversas jurisdicciones.

Resolución que considera, entre otros factores que: «El acercamiento de la justicia a la población, así como el acceso a ella de manera expedita, constituye un propósito del Estado moderno, que pone el acento en los derechos de las personas, estando sus órganos al servicio de aquellas y no al revés, actuaciones con las cuales se les reconoce su dignidad e importancia. Es en este contexto que la Carta Política dispone en su artículo 12° que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por lo que el Estado está al servicio de la personas humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece».

En tal sentido –continúa– «(…) las reformas procesales han tendido a tales principios y es así como en materia penal imponen a los tribunales constituirse para desarrollar íntegramente el juzgamiento de determinados hechos en ciudades distintas de la que es asiento del tribunal. Con lo cual el legislador deja en claro la orientación a la cual se deben ajustar los tribunales y no a cánones de más de dos siglos de antigüedad en esta materia específica de que se trata».

Por ello, establece que «la itinerancia solo tendrá lugar en la medida que la Corte de Apelaciones que la disponga funcione en más de una sala y (…) la determinación de ese traslado temporal se adoptará de manera prudencial, justificada en razones de buen servicio judicial y siempre baja condición de que no se altere el normal desenvolvimiento de la Corte ni se incrementen las cargas de trabajo asociadas al mismo».

Acuerdo adoptado con los votos en contra de los ministros Milton Juica y Rosa Egnem.

(Fuente: Poder Judicial)

Consulte la resolución de la Corte Suprema.

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