Corte Suprema: a la responsabilidad del porteador por incumplimiento del contrato de transporte no se le aplica la prescripción especial del Código de Comercio

Con fecha 2 de marzo de 2017, la primera sala de la Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante, revocando la sentencia que declaró la excepción de prescripción opuesta en juicio ordinario de resolución de contrato. Al no estar acreditado que las mercaderías se encuentren perdidas, la responsabilidad del porteador sólo puede entenderse circunscrita al incumplimiento de las obligaciones que el contrato de transporte le impone al porteador.

El juicio se constituye alrededor del plazo especial de prescripción de seis meses sin dar por establecida la hipótesis de responsabilidad por pérdida de las mercaderías que exige el artículo 214 N° 4 del Código de Comercio, que el fallo de apelación impugnado había aplicado. En el caso, atendiendo a su índole de ley especial, debe entenderse circunscrita a las hipótesis determinadamente señaladas en su texto: las acciones que se vinculan con las obligaciones del porteador por pérdidas, desfalcos y averías derivadas del contrato de transporte definido en el artículo 166 del mismo cuerpo legal y siempre que ese transporte se realice dentro del territorio de la República o se dirija desde Chile a territorio extranjero. Pero precisamente es esa señalada característica la que impide extender su aplicación a situaciones no contempladas en la norma, como lo es aquella relacionada con acciones destinadas a hacer efectiva la responsabilidad del porteador por incumplimiento del contrato de transporte, caso en el cual la prescripción ha de entenderse regida por la normativa general prevista sobre la materia en el artículo 822 del mismo Código, de acuerdo con el cual las acciones que procedan de las obligaciones de que se trata en el Libro II -en cuyo Título V se regula precisamente el transporte terrestre- y que no tengan un plazo especial de prescripción, durarán cuatro años.

Los jueces del fondo, si bien acogen la prescripción de seis meses estipulada en el artículo 214 N° 4 del Código de Comercio, no dan por establecidos los presupuestos de la responsabilidad del porteador por pérdidas, desfalcos y averías, sino que, descartadas estas últimas dos hipótesis por ser impertinentes a los hechos, lejos de dar por sentado que las especies estuviesen perdidas, dan por acreditado que las especies fueron recibidas el 31 de mayo de 2013 por la empresa que correspondía.

Habiendo resuelto lo anterior, se considera también que al no estar acreditado que las mercaderías se encuentran perdidas, la responsabilidad del porteador sólo puede entenderse circunscrita al incumplimiento de las obligaciones que el contrato de transporte le impone al porteador de acuerdo al artículo 191 del Código de Comercio, en particular la de concluir el viaje entregando las especies en el lugar de destino.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Corte Suprema acoge prescripción tributaria por derecho a ser juzgado en un plazo razonable

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo, acogiendo la excepción de prescripción opuesta en segunda instancia por la reclamante por cometerse infracción al derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El martes 10 de enero, la segunda sala del máximo tribunal revocó la sentencia que rechazó la excepción de prescripción, y en cambio aceptó la reclamación, cobrando las diferencias de impuesto de primera categoría e impuesto global complementario de los años tributarios 1995, 1996 y 1997, por no justificar los orígenes de los fondos empleados en distintas inversiones.

Según la resolución, el poder coercitivo del Estado encuentra su límite en las garantías individuales que son reconocidas a las personas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la legislación nacional, a consecuencia de lo establecido en el artículo 5 de la Carta Fundamental. En el caso, el lapso de tiempo de 19 años por el cual se extendió el proceso constituye una infracción al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, circunstancia que impone a la judicatura ejercer el control a que se encuentra llamada. En el caso, esto se manifiesta en verificar si la acción de cobro de tributos ha sido ejercida y mantenida dentro un plazo de tal naturaleza. Siguiendo esta línea, se consideró que el plazo en que se resuelve el asunto –19 años– resulta irrazonable.

Teniendo esto en consideración, la corte estima que

la forma en que las disposiciones del derecho interno se relacionan con las normas constitucionales y de derecho internacional citadas, pues el respeto de estas últimas, exige que la acción de la justicia sea rápida y oportuna, tanto en escuchar a los justiciables, como en zanjar los problemas puestos en su conocimiento, sean ellos del ámbito civil o penal, debiendo resolverse el conflicto en un plazo razonable, esto es, ajustado a la razón. En tal perspectiva, si bien la conjunción de los artículos 201 incisos 2° y 3° dejan en claro que la presentación del reclamo basta para suspender el curso de la prescripción que consagra el Código Tributario y que ese estado se mantiene, de acuerdo con su inciso final, mientras los impuestos no pueden girarse, ya sea en primera instancia por disposición de la ley o en alzada a petición del reclamante (artículo 24 inciso 2° y 147), no es posible aceptar, en razón de la antedicha normativa –preferentemente integrada, en lo internacional, por el pacto de San José de Costa Rica y el artículo 5° de la Carta Política, en lo nacional–, que tal suspensión opere, en la práctica, de manera indefinida, deviniendo la acción de cobro del Fisco, en los hechos, en imprescriptible, sin fundamento legal.

En tal perspectiva, no corresponde que el pleito declarativo se extienda por más de dos décadas, lapso considerado desde la data de exigibilidad de los impuestos en cobro hasta la fecha de expedición de este fallo (…). El deber de respetar y promover el aludido derecho impone optar por aquella interpretación que, de manera mejor y más completa, resguarde y concrete tal garantía, cuestión que no se logra dando aplicación, únicamente, a la ley positiva del ordenamiento interno, pues ello importaría someter al contribuyente a una carga que perpetúa la indefinición de su situación fiscal y patrimonial, continuando indeterminadamente expuesto a la realización de sus bienes ante la inactividad del ente encargado de llevar adelante el cobro de lo adeudado. En ese sentido, resulta contradictorio que la máxima prescripción que contempla nuestro Código Civil opere al vencimiento del término de diez años y, en cambio, la extinción de la pretensión fiscal pueda requerir un mayor plazo y encontrarse en suspenso indefinidamente.

Por lo mismo, no aplicar preferentemente las disposiciones de los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 5 inciso 2° y 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución Política de la República, constituye un error de derecho en que incurrieron los sentenciadores de alzada, al privilegiar las disposiciones del derecho interno en materia de prescripción.

El fallo tiene un voto de disidencia de los Ministros señores Juica y Dahm.

Los disidentes consideran que se debe rechazar el recurso de casación, pues si bien la garantía de ser juzgado en un plazo razonable prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos es directamente aplicable por estar incorporada al ordenamiento jurídico nacional, se trata de un concepto jurídico indeterminado, que carece de precisión legislativa dentro de los cuales se encuadre su aplicación, esto es, no contiene la determinación de lo que debe entenderse como un tiempo razonable para justificar un juzgamiento. En ese contexto, para determinar que dicho término ha sido excedido, se requiere ponderar, caso a caso, una serie de condiciones establecidas que permita a una corte de casación suponerlas fuera de un contexto legal.

Lo que se reprime constitucionalmente es la tardanza que se produce en la tramitación del proceso mismo y no en lo que se demora por el Estado en cobrar un tributo, para lo cual, en éste último caso, opera la prescripción extintiva prevista por la ley tributaria entre la fecha en que debió pagarse el tributo y la data de la notificación de la liquidación pertinente, cuestión que en este evento no se ha producido, porque precisamente la liquidación legalmente notificada introdujo dicho término extintivo. De modo, que en el presente caso, el juicio real, en su duración sólo debe contarte a partir del seis de febrero de dos mil siete, data establecida como hecho de la causa, dictándose la sentencia definitiva de primer grado el veinte de mayo de dos mil quince, lo que dista considerablemente de los 19 años expresados como de demora del «juicio».

Caso SQM: Corte de Santiago rechaza sobreseimiento de Manuel Rodríguez Campillay

SQMLa Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución dictada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que aprobó el sobreseimiento de Manuel Rodríguez Campillay, imputado en el denominado caso SQM.

En fallo unánime (causa rol 3.663-2016), la Undécima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Hernán Crisosto, Alejandro Rivera y la abogada (i) Paola Herrera– revocó el sobreseimiento por considera que los hechos imputados no se encuentran prescritos.

«Como se aprecia, en el presente caso la trascendencia procedimental de la denuncia criminal, se comprueba con la consecuencia que su ausencia tendría para el Ministerio Público, constituyendo un requisito de procesabilidad para proceder penalmente, lo que se encuentra reconocido expresamente en el inciso 1° del ya referido artículo 162 del Código Tributario, que dispone: «Las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena privativa de libertad sólo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del Servicio. Con todo, la querella podrá también ser presentada por el Consejo de Defensa del Estado a requerimiento del Director», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «(…) por último, en relación al tipo penal especial que sí se asociaría a la conducta desplegada por el imputado, sería el consignado en el inciso final del artículo 97 N° 4 del Código Tributario, que sanciona a todo aquél que maliciosamente confeccione, venda o «facilite«, a cualquier título, los documentos tributarios que en él se mencionan -entre los cuales se indican las boletas- empleando verbos rectores disyuntivos, siendo que el último se ajusta con precisión a la intervención que se le imputa al contribuyente en los hechos que son materia de investigación y, dicho sea de paso, habría proporcionado, aportado, suministrado o facilitado un total de diecisiete documentos, por la suma total de $28.333.339.- a la Empresa SOQUIMICH S.A., ilícito cuya penalidad no supera los cinco años de presidio menor en su grado máximo, el que se califica de simple delito y prescribe en igual periodo de tiempo (…) como corolario de todo lo que se ha venido señalando, es que, dado que el último hecho ilícito que se le imputa al denunciado aconteció en el mes de julio de 2010 y la denuncia criminal suspensiva lo fue el 2 de abril de 2015, aparece de manifiesto que esta tuvo el alcance señalado en el artículo 96 del texto penal, esto es, suspender el curso de la prescripción de cinco años de la acción penal respectiva, lo que habría acontecido conforme a la información con que se cuenta, en el mes de agosto de 2015. Por ello, es que no procedía declarar la prescripción como lo hizo el juez a quo, por lo que dicha decisión habrá de ser revocada».

«(…) a mayor abundamiento –continúa–, cabe señalar que no obstante que el escenario propuesto por el querellante Servicio de Impuestos Internos y Ministerio Público se circunscribió a imputar siempre un simple delito (artículo 97 N° 4, incisos primero o final del Código Tributario, respectivamente), esa propuesta no supone necesariamente una realidad objetiva inmodificable e invariable, siendo que su calificación jurídica como la referida a la participación criminal corresponderá en definitiva a la que se realice ante el tribunal respectivo».

(Fuente: Poder Judicial)

Imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores: Comisión Especial abre debate y desarchiva moción de senadores

violenciaUna nutrida agenda de temas abordó la recientemente creada Comisión Especial encargada de tramitar los proyectos relativos a niños, niñas y adolescentes tras iniciar el trámite de las iniciativas que crean la figura del Defensor del Niño  y el que sanciona el maltrato infantil fuera del contexto familiar.

En la oportunidad y, por unanimidad, la instancia solicitó además desarchivar la moción presentada por los senadores Patricio Walker y Jaime Quintana en 2010 y que apunta a declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, es decir, que la acción penal no caduque en estos casos.

El tema cobró vigencia, tras las dramáticas revelaciones de la atleta nacional, Erika Olivera, quien debió soportar abusos y violaciones entre los 5 y 17 años por parte de su padrastro.

El presidente de la Comisión de Infancia, Patricio Walker, valoró la valentía de la deportista, afirmando que “ella, junto a las víctimas de Karadima, se han transformado en la cara visible de una situación lamentable que tiene que terminar lo antes posible. Sus palabras demuestran valentía y coraje. Esperemos que sirvan de algo para terminar con la impunidad que gozan muchos abusadores”.

«Esto porque diversos estudios demuestran que las víctimas de estos casos demoran entre 20 y 25 años en hacer la denuncia sufrida, ya sea por chantajes, amenazas y también porque cuando son niños no saben que están siendo víctimas de uno de los delitos más deleznables», dijo el parlamentario.

Precisó que «la legislación actual establece que solo hasta los 28 años la persona puede entablar la denuncia, por lo que muchas veces el abusador queda libre e impune. Nosotros creemos que así como hay crímenes de lesa humanidad que no prescriben también en este tipo de delitos la acción penal no debiera prescribir».

El parlamentario precisó que «queremos retomar el debate y además pedimos el respaldo del Ejecutivo para que le ponga urgencia a esta iniciativa. Este es un tema que no da para más, porque los niños y la infancia tienen que dejar de ser el patio trasero de las políticas de Estado”.

ESTÁNDARES

En la misma línea, el senador y co-autor de esta iniciativa, Jaime Quintana, planteó que, «en su momento se dieron opiniones que no permitieron avanzar en esta materia. Sin embargo, hoy se han dado casos que hacen necesario debatir al respecto ya  que en la actualidad, las sanciones para estos delitos no son de los estándares más altos».

Agregó que «estamos convencidos que hay que legislar no solo por los hechos conocidos en el último tiempo sino también porque es necesario. Por eso hemos solicitado invitar a la Relatora Especial de la ONU en materia de infancia, cuando visite el país, porque vemos que nuestros estándares de protección al menor no son de los mejores».

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 6956-07.

 

Plantean aumentar los plazos de prescripción de las acciones por infracción a la ley del consumidor

consumidorCon la idea de avanzar en la defensa de los derechos de los consumidores, un grupo de diputados de la UDI, encabezados por Joaquín Lavín, presentó una moción que permite ampliar los plazos de la prescripción de las acciones por infracción a la Ley de protección al consumidor. La iniciativa legal, enviada a estudio a la Comisión de Economía, fue ingresada a trámite el 2 de mayo.

Los autores recordaron que la Ley sobre Protección de los derechos del Consumidor establece que las acciones que persigan la responsabilidad contravencional que se sancionan por este marco normativo prescribirán en el plazo de seis meses, contado desde que se haya incurrido en la infracción respectiva.

Sostuvieron que existe a nivel ciudadano la sensación que los plazos para el reclamo por infracciones a la ley del consumidor son exiguos, habida consideración que las materias ventiladas en esta normativas requieren, en algunos casos, de varios meses para la sola detección de la infracción, en particular aquellas demandas que sustentan intereses colectivos o difusos.

«Consideramos que los plazos establecidos en nuestra legislación son claramente cortos y, por tal motivo, impiden que las acciones posean una tramitación estudiada y, en muchas ocasiones, sin siquiera existir la posibilidad de accionar porque sencillamente el plazo expiró», remarcaron.

En línea con lo expuesto, el proyecto consiste en aumentar los plazos de prescripción de las acciones originadas con ocasión de la infracción a las normas establecidas en la ley del consumidor. Así, se plantea extender de los actuales seis meses a un año, aquellas acciones por reclamos de interés individual, y a dos años, respecto de aquellos reclamos por interés difuso o colectivo

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10632.

Diputados presentan proyecto para homologar plazos de prescripción de responsabilidad administrativa en Fuerzas Armadas

FUERZAS ARMADASUn grupo de diputados presentaron una iniciativa legal para modificar el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, así como la ley orgánica constitucional de Carabineros, para aumentar el plazo de prescripción de la acción disciplinaria ante hechos irregulares.

El texto aumenta de dos a cuatro años el plazo de prescripción administrativa en caso de ilícitos para miembros de las FF.AA y Carabineros, hecho que hace justicia con el período que actualmente rige para quienes se desempeñan en la administración pública.

La propuesta surgió en el marco de lo que ha sido el trabajo de la Comisión Investigadora del Fraude en el Ejército, particularmente, tras la presentación realizada por el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien indicó que uno de los problemas en la aplicación de sanciones por parte del órgano fiscalizador es el hecho que los uniformados tienen plazos de prescripción de su responsabilidad administrativa mucho menor al resto de los funcionarios públicos, dos años en el caso de los miembros de las FFAA y seis meses en el caso de Carabineros.

En los argumentos de esta moción, se señala que la probidad administrativa surgió en nuestro ordenamiento jurídico a propósito de la función pública y adquirió rango constitucional el año 2005. De esta manera, el principio de probidad exige a los funcionarios públicos, observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de su cargo, poniendo el interés general siempre por sobre el particular.

De ahí entonces que exista un conjunto de deberes que deben cumplir todos los funcionarios de la Administración del Estado, y que la responsabilidad administrativa se origine en una infracción cometida por el funcionario público a dichos deberes, prohibiciones y/o incompatibilidades que le afecten.

Sin embargo, como toda responsabilidad, independiente de su naturaleza, una de las formas de extinguirla es por el transcurso del tiempo, vale decir la prescripción. La regla general de prescripción de la responsabilidad administrativa para los funcionarios se encuentra consagrada en el Estatuto Administrativo, que dispone que la acción disciplinaria prescribirá en un plazo de cuatro años.

Pero, tratándose del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, estos plazos son diferentes, existiendo así «una manifiesta desigualdad entre la totalidad de los funcionarios públicos».

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de Ley, Boletín Nº 10623.

Corte de Apelaciones confirmó sobreseimiento definitivo de Carlos Ominami

SQMAl mediodía de este viernes, la undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento definitivo del ex senador Carlos Ominami en el marco del caso SQM.

En la oportunidad, el tribunal de alzada definió que los delitos tributarios por los que fue formalizado están prescritos, como lo estableció el juez Daniel Aravena, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Esta resolución podría marcar un precedente para el resto de las causas en las que aún no se presentan acciones legales por parte del SII, ya que corren el mismo riesgo de que pasen los cinco años de prescripción, lo que impediría investigar las campañas políticas de 2009 y 2010.

(Fuente: Cooperativa)

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