Comisión de Cultura ratificó cuenta pública presidencial para el 1 de junio de cada año

bandapresidencialTras un amplio debate, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados optó por ratificar el criterio adoptado por la instancia en enero pasado, en orden a dejar como fecha para la rendición de la cuenta pública del Presidente de la República ante el Congreso Pleno, el 1 de junio de cada año.

El presidente de la Comisión, diputado Ramón Farías (PPD), informó que el grupo parlamentario debió reabrir la discusión del proyecto debido a la presentación de cuatro indicaciones: dos que abarcaban temas no coincidentes con la idea matriz del proyecto, por lo que fueron declaradas inadmisibles; y dos que proponían fechas alternativas, una para el 11 de septiembre, que fue rechazada por la unanimidad de los legisladores presentes, y otra para el 11 de julio, coincidente con la conmemoración de la nacionalización del cobre, que fue rechazada por cuatro votos a favor, siete en contra y una abstención.

El diputado Farías reconoció que hubo un amplio debate sobre los puntos, aunque resaltó que no hubo argumentos nuevos respecto de los planteados en enero pasado. En todo caso, dijo no objetar, al igual que otros legisladores, la fecha del 11 de julio, pero estimó que ello podría impedir alcanzar el alto quórum requerido para la modificación constitucional (70 votos afirmativos en el caso de la Cámara) y mantener problemas como los que se producen hoy con la norma vigente.

«Creo que podría llegar a producirse el mismo problema que se produce con el 21 de mayo, que algunos van a querer celebrar o conmemorar la nacionalización del cobre y otros van a estar en la cuenta. Entonces hay una mezcla que a mí me parece que no es buena y, más bien, lo que tenemos que hacer es buscar una fecha relativamente neutra que diga relación con nuestro Parlamento», planteó.

El diputado Osvaldo Urrutia (UDI), autor junto a otros seis legisladores de una de las tres mociones que dieron origen a este proyecto, se manifestó muy conforme con el resultado y resaltó que el 1 de junio es un día que concita un amplio consenso político, manifestado en múltiples proyectos de ley presentados previamente por más de cien parlamentarios que, lamentablemente, no tuvieron en su tiempo el apoyo suficiente para prosperar.

Asimismo, remarcó la necesidad de mantener un criterio de neutralidad política a hora de definir la celebración de un acto republicano como la Cuenta Pública Presidencial, apoyado en una fecha de tradición histórica.

«Estaba establecida en la primera Constitución que nos rigió en el año 1833 y que no fue impuesta, fue porque en ese día se iniciaron las sesiones ordinarias del Congreso y que más propio del Congreso, cuando se rinde la cuenta pública que el Presidente tiene la obligación de hacerlo ante los parlamentarios, en el Congreso Pleno, que la fecha en que se inició históricamente esa actividad», enfatizó.

El diputado Renzo Trisotti (UDI) estimó que primó el espíritu original que tuvieron al presentar este proyecto de manera transversal, donde hubo firmas desde la UDI al PC, que dice relación con desvincular dos hechos importantes de nuestra tradición democrática, como es la realización de la cuenta presidencial ante el Congreso Pleno con la celebración de las Glorias Navales.

«Esto no puede ser una bandera ni de la izquierda ni de la derecha el establecer una fecha alternativa. Acá se rechazaron indicaciones que iban desde el día de la nacionalización del cobre hasta el día 11 de septiembre, creo que eso se alejaba demasiado del espíritu que se tuvo al momento de poder presentar este proyecto y me alegra que acá haya primado una fecha que es importante en nuestra historia republicana, que tiene un sustento histórico pero que además no genera divisiones», sentenció.

Finalmente, los legisladores expresaron su interés de que la propuesta legal sea prontamente aprobada en la Sala de la Cámara, como asimismo en el Senado, de modo que pueda estar vigente la norma para el presente año.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9741.

Proyecto modifica conteo del plazo en observaciones del veto presidencial

bandapresidencialLa moción de los senadores Bianchi, Chahuán, García, Letelier y Prokurica, expone que el artículo 73 de nuestra Carta Fundamental, establece la posibilidad de que el Presidente de la República desapruebe un proyecto de ley que haya sido aprobado por el Congreso Nacional, caso en el cual puede formular las observaciones que considere convenientes, devolviéndolo a la cámara de origen.

Observa luego que dicha atribución es lo que comúnmente se conoce como el veto presidencial, que puede ser supresivo, sustitutivo o aditivo, respecto de las normas que conforman el proyecto aprobado por ambas ramas del Poder Legislativo. Así, en el caso que las dos cámaras aprobasen las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al Presidente de la República para su promulgación.

De manera contraria, esto es, en el caso que todas o parte de las observaciones sean rechazadas por las cámaras y estas insistan con un quórum de 2/3 de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado primitivamente, se devolverá al Presidente para su promulgación, el cual tendrá un plazo de 30 días para formular observaciones, contados desde la fecha de su aprobación.

Sin embargo, los autores arguyen que se ha dado el caso de que mientras está vigente dicho plazo, el proyecto de ley de que se trate se encuentra pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional, ya sea porque se ha ejercido un requerimiento de constitucionalidad a su respecto, o porque se encuentra sometido al control de constitucionalidad, conforme lo dispone el artículo 93 N° 1, y su sentencia se dicta con posterioridad al vencimiento del plazo, lo que dificulta el ejercicio del veto que le corresponde a la máxima autoridad del país, para el caso que así lo estimare.

Por las razones expuestas, y con el objeto de evitar la situación antes descrita, el proyecto de ley propone modificar el citado artículo 73, estableciendo que el plazo de treinta días, debe contarse desde la notificación al Poder Ejecutivo de la sentencia correspondiente.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Sala del Senado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Comisión Constitución del Senado deberá analizar moción que crea un régimen político semipresidencial

SenadoEn medio debate por una nueva Constitución, el senador Andrés Allamand presentó un proyecto de ley para cambiar el actual régimen político por uno semipresidencial, en donde se separen los roles del Presidente de la República y del Primer Ministro. El texto fue presentado al Ministro del Interior, Jorge Burgos, quien quedó de estudiarlo. En forma paralela, la iniciativa ingresó al Congreso Nacional y dada su temática fue derivada para su análisis a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El legislador asegura que “la lógica del presidencialismo es la de separación de los poderes; la lógica que Chile hoy requiere es la de colaboración de poderes en las tareas de gobierno. Y el régimen político que mejor lo permite es el semipresidencialismo”.

El congresista asegura que “este nuevo modelo obliga al Primer Mandatario a gobernar con mayoría en el Congreso, generando gobiernos más fuertes. Ello implicará formar coaliciones, pero éstas lejos de perjudicar la gestión ejecutiva”.

Los cambios constitucionales principales que se proponen son los siguientes:

  • El Presidente de la República es el Jefe del Estado. Le corresponderá velar por el respeto a la Constitución, la defensa nacional, la independencia e integridad del territorio del Estado, las relaciones exteriores de la República y su seguridad externa. Asimismo, ejercerá las demás funciones y atribuciones que le confieren la Constitución y las leyes. El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y solo podrá ser reelegido por una vez para el período inmediatamente siguiente.
  • El Primer Ministro es el Jefe del Gobierno. Le corresponderá  dirigir la acción del gobierno, la administración del Estado y la conservación del orden público de conformidad con la Constitución y las leyes. El 21 de mayo de cada año, el Primer Ministro dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno. Para ser elegido Primer Ministro se requiere tener la nacionalidad chilena, poseer la condición de parlamentario y  las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Será elegido al inicio de cada período legislativo por el Congreso Nacional, sin debate alguno, a propuesta del Presidente de la República. Dentro de sus atribuciones está presentar al Congreso Nacional proyectos de ley, incluidos los que corresponden a su iniciativa exclusiva; proponer al Presidente de la República el nombramiento y remoción de los ministros del Gobierno; nombrar y remover a los subsecretarios; dictar decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución; ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal; declarar el estado de sitio, de emergencia o de catástrofe;  conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia, con arreglo a las leyes; y cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley.

En una próxima sesión, los integrantes de la Comisión de Constitución deberán estudiar las ideas matrices de la norma. La idea es que en las próximas semanas pueda votarse en general para que la Sala conozca su contenido.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de Ley, Boletín Nº 10607-07.

A %d blogueros les gusta esto: