Diputados piden urgencia a debate sobre Protección de Datos Personales

Como un tema urgente de abordar en el país calificó el diputado de la Democracia Cristiana y presidente del Comité de Evaluación de la Ley, Pablo Lorenzini, la modernización de la normativa vigente sobre protección de datos personales.

El parlamentario explicó que este es un proyecto muy complejo, que se analizó en el Departamento de Evaluación de la Ley, y que tiene que ver con el mundo privado, la ciudadanía y con las reglamentaciones internacionales.

En ese contexto, señaló que, tras revisar la realidad actual, queda en evidencia la vulneración a la privacidad de los chilenos, ya que las bases de datos son compartidas entre las empresas privadas, sin que exista un control adecuado al respecto.

Por ello, el diputado pidió que se asigne urgencia al debate sobre protección de datos personales, considerando, además, que se suscribió un compromiso con la OCDE para avanzar en esta línea, que aún no se ha concretado.

“Es necesario legislar en este ámbito, manteniendo los resguardos para no tener un efecto contraproducente, ya que hay aspectos sobre probidad y transparencia que, en el caso de las autoridades, deben ser públicos”, aclaró.

Asimismo, resalto que se requiere, además, la creación de una Agencia de Protección de Datos que pueda fiscalizar el nuevo sistema con total independencia, respecto del trabajo de los ministerios.

Proyecto de Ley

La iniciativa abordaría una serie de temas que dicho departamento analizó, entre los que se destacan el establecimiento de siete principios que regirían el tratamiento de los datos personales: licitud del tratamiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, responsabilidad, seguridad e información. En este último se incorporan los Derechos Arcos, que a su vez, tipifican claramente los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición.

El nuevo texto crearía, además, el derecho de portabilidad de la información, regularía la cesión de datos, definiría datos sensibles y categorías especiales sobre estos. También incorporaría reglas especiales para ciertos tipos de datos, como por ejemplo, los relativos a la salud.

Al mismo tiempo, regularía el tratamiento de datos personales por parte de organismos públicos y crearía una Agencia de Protección de Datos Personales.

Evaluación de la Ley

Cabe destacar que los profesionales del Departamento de Evaluación de la Ley realizaron un estudio de la eficiencia y eficacia de la actual Ley 19.628, sobre protección de la vida privada, texto que fue entregado al Ministerio de Hacienda a fines del 2016 y que recomienda, entre otras cosas, modificar el concepto de dato personal, como también el de dato estadístico, así como identificar el de personal identificable.

Asimismo, señala que la definición de «fuentes accesibles al público» es poco clara en la ley actual y con escaso control sobre su finalidad. Al tiempo que existiría una utilización abusiva de datos sensibles.

A lo anterior, se añade la ausencia de límites en el tratamiento de datos por organismos públicos y el escaso cumplimiento de las instituciones del estado de inscribir sus bases de información en el registro de bancos de datos personales a cargo del Servicio de Registro Civil. Las cifras oficiales señalaron que a mayo del 2016 sólo 99 entes públicos de un universo de 700 habían cumplido con esta obligación.

Por último, se establece que la actual Ley N° 19.628 carece de sanciones efectivas en caso de infracción a la normativa y la ausencia de un órgano administrativo autónomo que vele por el cumplimiento de esta.

(Fuente: Diputados)

Corte de Santiago acoge protección en contra del uso de globos de vigilancia en Las Condes y Lo Barnechea

Imagen: soychile.cl

Imagen: soychile.cl

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección interpuesto por un grupo de vecinos y organizaciones sociales en contra del sistema de vigilancia por globos en las comunas, pues los mismos vulneran la privacidad al abarcar tanto espacios públicos como de propiedad privada, sin la debida autorización.

La resolución establece que si bien la Ley sobre Protección de la Vida Privada dispone que los órganos públicos no requieren autorización del titular para almacenar datos personales como las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, no es admisible que esos órganos públicos deleguen esas atribuciones que el ordenamiento jurídico les otorga privativamente en empresas privadas de vigilancia. Consulte fallo de la Corte de Apelaciones analizado por Microjuris.

En fallo unánime, el pasado viernes 4 de Marzo la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió de forma unánime el recurso en contra de la implementación de un sistema de vigilancia de cámaras aéreas que permite visualizar el interior de los hogares y patios. El sistema implementado en el territorio comunal permite captar desde el aire imágenes, grabarlas y almacenarlas en un amplio campo alrededor de los globos de vigilancia, abarcando dicho campo tanto espacios públicos como de propiedad privada, sin la requerida autorización.

Según la corte, las prerrogativas reconocidas en los Nº 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República han sido afectadas por la actividad de las recurridas. La responsabilidad de las Municipalidades en el fomento y apoyo a la seguridad ciudadana, la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofe y la contribución al ordenamiento del tránsito y transporte públicos, no validan la intromisión que en su intimidad padecen los vecinos recurrentes, por cuanto el levantamiento de las imágenes que se extraen desde sus ámbitos privados no es realizado directamente por los funcionarios públicos que forman parte de las plantas del municipio recurrido, sino por trabajadores contratados por la empresa que presta el servicio de vigilancia, esto es por personas que no tienen autorización para ello.

Aunque el ordenamiento jurídico chileno no contempla una normativa específica que regule la instalación y la operación de sistemas de vigilancia como lo son los globos de seguridad, lo que de ningún modo puede llegar a significar que los entes públicos puedan llegar a afectar derechos constitucionales de las personas. La administración estatal se encuentra sujeta a las prescripciones del derecho no solamente en lo que dice relación con su organización, sino también con el modo cómo ejercen las atribuciones de las que están dotados, siendo nulo todo acto que contravenga estas exigencias, por lo que no es bastante el solo hecho de que las atribuciones ejercidas en la especie estén contempladas dentro del estatuto orgánico de las recurridas, sino que además es necesario que esas actuaciones cumplan con los requerimientos que el ordenamiento jurídico impone.

En ese sentido, el tribunal establece que las imágenes obtenidas desde las cámaras de vigilancia son un dato personal, que incluso pueden llegar a constituir un dato sensible. En tal contexto, si bien es cierto que el artículo 20 de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada autoriza a los órganos públicos para obviar la autorización de los titulares de los datos personales, debe considerarse que dicho precepto establece expresamente que en ello dichos órganos deben sujetarse a las prescripciones de ese cuerpo legal. Sin embargo, se debe considerar que la mera atribución legal de una determinada competencia a un órgano público no implica que pueda ejercerla de cualquier modo, sin que resulte admisible que esos órganos públicos deleguen las atribuciones que el ordenamiento jurídico les otorga privativamente, máxime cuando en ello resultan afectados los derechos constitucionales de los actores.

Finalmente, si bien el fallo acoge las peticiones de aquellos recurrentes que tienen domicilio en la comuna, rechaza la petición de uno de los recurrentes que no fija su domicilio en la misma, pues su privacidad no se vería vulnerada en el espacio público. Según la corte,

[el recurrente] queda afecto a la vigilancia de los implementos dispuestos por la recurrida solamente cuando circula por espacios públicos en los que no puede tener una razonable expectativa de privacidad, puesto que dichos espacios están abiertos a toda clase de personas, sin que el señor […] pueda excluir a nadie de ellos, que es lo que al fin y al cabo caracteriza la privacidad, lo que llevará al rechazo del recurso a su respecto.

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