Aprueban normas administrativas para complementar ley sobre probidad y prevención de conflictos de interés

SENADOEse acuerdo se refiere al cumplimiento de dicha obligación por parte de los integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, del Comité de Auditoría Parlamentaria y de los tres Jefes de Servicio del Congreso Nacional: los Secretarios Generales del Senado y de la Cámara de Diputados y el Director de la Biblioteca del Congreso.

De esa forma se completa la aplicación de una normativa común a todas las autoridades y funcionarios del Congreso Nacional obligados a efectuar las declaraciones de intereses y patrimonio, luego de que dicha propuesta había sido aprobada, previamente, por las Comisiones de Etica y Transparencia de cada Cámara respecto de los senadores y diputados.

Esa serie de normas administrativas complementa la aplicación de la ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés y su reglamento, con vistas a procurar una interpretación homogénea de sus disposiciones que, a la vez, siga los criterios generales contemplados para todo el sector público.

Así lo explicó el presidente de la citada instancia, senador Pedro Araya quien señaló que “la comisión bicameral aprobó un reglamento respecto del cómo deben rendirse las declaraciones de patrimonio e intereses. Hay que recordar que la ley entra en vigencia a partir del mes de marzo y hoy día se va a hacer todo en forma electrónica”.

En tal sentido, dijo que “se aprobaron las normas técnicas de cómo se va a hacer la declaración y se dio por parte del prosecretario del Senado una explicación respecto de la utilización de la página web para que los senadores, diputados y todas las demás personas obligadas puedan realizar su declaración que después la ciudadanía va a poder consultar en línea”.

El senador Araya indicó que “lo que se busca hoy es que exista una base de datos única con las declaraciones de patrimonio e intereses de las distintas autoridades del país y en estas no están exentas ni el Senado ni la Cámara y a partir de eso va a existir una página web que la ciudadanía va a poder consultar y va a poder ver cuáles son las declaraciones de patrimonio e intereses y a partir de eso ver si existen conflictos de interés o no cuando un senador o diputado esté votando un proyecto de ley o alguna otra autoridad o funcionario del Congreso adoptando una decisión en materias de su competencia”.

Se trata de la página web http://www.declaracionjurada.cl donde se puede descargar el formulario para hacer la declaración y también se pueden ver todas las declaraciones de las distintas autoridades. En la página web del Senado http://www.senado.cl también estarán disponibles las de los parlamentarios y de los funcionarios que están obligados por ley a entregar una declaración de patrimonio e interés.

“Durante el mes de marzo las distintas autoridades tienen que ingresar el formulario y a partir del 1 de abril la ciudadanía va a poder consultar en línea las declaraciones”, aseguró el senador Araya.

(Fuente: Senado)

Solicitan derogar la Ley Reservada del Cobre y dar celeridad a los proyectos relativos al financiamiento de las Fuerzas Armadas

TRABAJADORES DEL COBREPor 81 votos a favor, 10 en contra y 7 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución que solicita a la Presidenta de la República derogar la Ley Reservada del Cobre y darle celeridad a los proyectos de ley relativos al financiamiento de las Fuerzas Armadas.

La solicitud fue presentada a la Cámara por un grupo transversal de diputados compuesto por Paulina Núñez (RN), Cristina Girardi (PPD), Felipe Kast (Evopolis), Pedro Browne (Amplitud), Daniella Cicardini (PS), Camila Vallejo (PC) y Felipe De Mussy (UDI).

En el documento, los legisladores señalaron que la contingencia actual, relativa al precio del cobre, así como la situación financiera de Codelco, han derivado en que esta empresa ha visto disminuida su capacidad de aporte en razón de las pérdidas que ha registrado en el último tiempo. Sin embargo, “las pérdidas contables que ha registrado, derivan parcialmente de ingresos brutos que deberían contarse como utilidades, pero que, por disposición de la ley, deben entregarse a las Fuerzas Armadas”, acotaron.

Agregaron que la Ley Reservada del Cobre tuvo su origen en la persistente falta de recursos para las Fuerzas Armadas, toda vez que la correcta y debida provisión de las necesidades de la defensa fue, sistemáticamente, postergada por décadas, poniendo a nuestro país en una situación desventajosa frente a las demás naciones con las cuales no había, por aquellos tiempos, buenas relaciones.

En este contexto, añadieron que la Ley Reservada del Cobre ha cumplido un rol relevante en la normalización de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, pero también, después de años de aplicación, parece conveniente que sea puesta críticamente en debate y ponderación de actualización.

“La Ley Reservada del Cobre hoy constituye un medio inadecuado de financiamiento, por lo que urge que se dispongan los medios necesarios para una forma moderna y acorde a las necesidades actuales de la defensa nacional”, expresaron.

Por otro lado, argumentaron, recientes casos de irregularidades en el manejo de estos fondos han demostrado que los controles y modo de empleo requieren de un nuevo marco que asegure mejores estándares para la reinversión de estos.

Por este motivo, “urge que se derogue la Ley Reservada del Cobre y, conjuntamente, se urjan los proyectos relativos al financiamiento de las Fuerzas Armadas”, puntualizaron.

(Fuente: Diputados)

Consulte la Resolución 704 de la Cámara de Diputados.

Unánime apoyo a proyecto que aumenta las sanciones para los delitos de cohecho y soborno

cohechoEn forma unánime la Sala del Senado aprobó el proyecto, en primer trámite, que aumenta las penas para los delitos de soborno y cohecho y que además tipifica el delito de soborno entre particulares y administración desleal, entre otras medidas. Con ello, la iniciativa quedó en condiciones de discutirse en particular por la Comisión de Constitución, para lo cual se fijó plazo el 6 de octubre para presentarle indicaciones.

En lo principal, la iniciativa presentada por los senadores Pedro Araya, Alfonso de Urresti, Alberto Espina, Felipe Harboe y Hernán Larraín, aumenta las penas para el cohecho impropio a reclusión menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años); el de cohecho propio a reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo (5 años a 10 años).

Asimismo, propone que para el delito de soborno las penas fluctúen de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado medio, es decir entre los 541 días hasta 15 años; mientras que para el delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros, eleva la pena a reclusión menor en su grado medio a reclusión mayor en su grado mínimo (541 días a 10 años).

Durante el debate intervinieron los senadores Pedro Araya, Hernán Larraín, Rabindranath Quinteros, Alberto Espina, Felipe Harboe y Alfonso de Urresti, quienes destacaron la importancia de elevar los estándares de la legislación nacional en esta materia a los niveles internacionales.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10739-07.

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