Corte Suprema: la revisión de los contactos de un celular incautado está dentro de la hipótesis de flagrancia que permite actuar autónomamente a la policía

Con fecha 6 de marzo de 2017, la segunda sala de la Corte Suprema rechaza el recurso de nulidad interpuesto por el acusado, frente a la sentencia de juicio oral que lo condenó como autor de un delito de robo con intimidación y de un delito de hurto. Fundamenta su recurso en la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, señalando la infracción al debido proceso en relación al derecho a un proceso previo legalmente tramitado, por efectuarse llamadas a través de los teléfonos celulares que le incautan al imputado y por un reconocimiento fotográfico deficiente. Sin embargo, se estima que en una situación de flagrancia los policías se encuentran obligados al registro e incautación de especies provenientes del delito, pudiendo revisar los celulares que tenía el detenido con el fin de encontrar testigos o posibles víctimas. Así, por ser flagrancia tal situación no requiere autorización del Ministerio Público.

La sentencia considera respecto a la realización de diligencias no autorizadas, que en el caso se está frente a la situación de flagrancia de los artículos 129 y 130 del Código Procesal Penal, debido a que la policía recogió la denuncia de una presunta víctima que señaló la comisión de un reciente ilícito y del lugar por donde huía su hechor, obteniendo la pronta detención del sujeto. En esta circunstancia, los policías se encuentran obligados al registro e incautación de especies provenientes del delito y de los objetos utilizados para cometerlo. De esa manera, la incautación del celular se encontraba autorizada expresamente en ese supuesto, de conformidad al artículo 187 del Código Procesal Penal.

Además, señala el recurso que los policías efectuaron llamadas a través de los teléfonos celulares que le incautaron al imputado, realizando así una diligencia autónoma no autorizada. Sin embargo, los agentes estatales se encontraban facultados para realizar –sin necesidad de instrucción previa del Ministerio Público– las diligencias básicas e indispensables para identificar a los posibles testigos, según lo establece el artículo 83 letra d) del Código Procesal Penal. Por su parte, el acusado no señaló ningún derecho sobre los aparatos, por lo que no puso en duda la legitimidad de su revisión por parte de los policías.

Ahondando más en el asunto, la corte considera que se está ante lo que la doctrina ha llamado «descubrimiento inevitable», planteamiento que diluye el vínculo entre la supuesta infracción y el hallazgo de la evidencia incriminatoria. Conforme a esta doctrina, puede afirmarse que existiendo medios probatorios que indiquen que la prueba cuya ilicitud se discute también pudiese haber sido descubierta por medios lícitos, se puede también sostener la pérdida del vínculo causal entre la ilicitud original y el hallazgo posterior. Por lo tanto, el hallazgo de la prueba incriminatoria es inevitable y lícito. Dado que el acusado fue detenido de manera flagrante, de todas formas la Fiscalía iba a instruir la revisión de los teléfonos, sea inmediatamente después de que se le comunicara la detención y sus circunstancias, o durante el curso de la investigación, por lo que los policías no hacen sino adelantarse –con facultades para ello– a una diligencia que necesariamente debía ejecutarse más adelante.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Corte Suprema: ¿Reconocimiento espontáneo o diligencia probatoria?

Carcel rejas preso La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de 2 menores de edad por vulneración de las garantías del debido proceso, aduciendo que la diligencia probatoria de reconocimiento de los imputados fue realizada sin la presencia de abogados defensores, atentando contra el debido proceso. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

En fallo dividido, el pasado 5 de enero la sala segunda del máximo tribunal consideró que el reconocimiento realizado por la víctima de los dos menores imputados fue accidental, no constituyéndose propiamente tal como una diligencia probatoria.

Según los hechos asentados en el caso, los dos menores se habrían encontrado detenidos en la Décima Comisaría de La Cisterna, dentro del contexto de un control de identidad por supuesto delito de porte ilegal de armas, cuando fueron reconocidos por la víctima de un robo con violencia o intimidación cometido en la comuna de El Bosque dos horas atrás. Es decir, el control de identidad se efectuó por una denuncia de infracción a la ley de armas, deteniéndose al conductor y a los pasajeros de un automóvil por el delito flagrante de manejo en estado de ebriedad, pero en el caso el delito por el cual se acusó corresponde a un robo con intimidación.

Según el voto de mayoría, no resultaba exigible en el contexto cuestionar que la identificación por parte de la víctima se haya realizado sin la presencia del abogado defensor de los menores, como demanda el artículo 31 de la Ley N° 20.084, sencillamente porque no correspondió a una actuación o diligencia de investigación llevada a efecto o preparada ni por el Ministerio Público ni por las policías, sino a una identificación accidental de la víctima, que es luego informada a los policías que no participan en la misma.

Según la defensa ello habría constituido una diligencia probatoria de reconocimiento de imputados, llevada a efecto sin la presencia del abogado defensor, infringiendo lo dispuesto por el artículo ya mencionado de la Ley N° 20.084, y con ello la garantía al debido proceso de un procedimiento racional y justo. Sin embargo, la sentencia considera que el reconocimiento obrado por la víctima del robo con violencia o intimidación no constituye una gestión probatoria sino meramente un reconocimiento espontáneo, toda vez que tiene lugar nada más al entrar a la Comisaría y ver a los imputados, quienes se encontraban momentáneamente detenidos conforme a derecho en el contexto del control de identidad por el supuesto porte ilegal de armas.

El fallo contienen disidencia del Ministro Sr. Haroldo Brito, que estuvo por anular sentencia, dictaminando que un nuevo tribunal no inhabilitado realizara un nuevo juicio oral excluyendo la prueba derivada del reconocimiento que efectúa el ofendido de los acusados en la unidad policial.

Según el disidente, cuando los carabineros de la Décima Comisaría de La Cisterna recibieron la noticia a las 14:30 hrs. acerca del robo con violencia o intimidación cometido en otra comuna a la misma hora, ya habían determinado la identidad de los acusados, porque sabían que el vehículo en que fueron habidos los acusados se apuntaba como aquel en que huyen los autores del robo. No obstante lo anterior, en vez de liberar a los acusados, ellos fueron retenidos en los «calabozos» o «sala de control de identidad» hasta la llegada de la víctima del delito de robo con violencia o intimidación, lo que importa un reconocimiento en las irregulares condiciones ya descritas. Dicha coordinación da cuenta de una diligencia probatoria de reconocimiento de imputados y no un mero reconocimiento espontáneo, y que conforme al artículo 31 de la ley N° 20.084, no podía llevarse a cabo sin la presencia del abogado defensor de los menores de edad.

Moción aumenta pena asignada al delito de almacenamiento de pornografía infantil

juez justicia penal garantíaLa moción de los senadores Goic, Matta y Walker, expone que la Ley Nº 19.927, que modificó el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal, en materias de delitos de Pornografía Infantil, tipificó la adquisición y el almacenamiento de pornografía infantil, fundamentándose esencialmente en que quienes poseen pornografía infantil, son parte de la cadena criminal que destruye la dignidad de los niños y promueve su utilización en prácticas sexualmente abusivas y dañinas.

Observa luego que se ha constatado en la persecución de los delitos de producción y almacenamiento de pornografía infantil, que no obstante haberse encontrado grandes cantidades de videos y material pornográfico infantil a los imputados, los respectivos jueces de garantía han otorgado la libertad después de la formalización y han decretado medidas cautelares tales como arraigo nacional, firma periódica ante la autoridad, y/o prohibición de acercarse a ciertos lugares específicos.

Al efecto, los autores de la iniciativa arguyen que dichas cautelares resultan insuficientes para garantizar el éxito de las investigaciones, atendida la especial naturaleza de la comisión de los delitos, donde generalmente se trata de verdaderas asociaciones ilícitas, motivo por el cual resulta esencial evitar que los imputados se comuniquen con el resto de la organización, a fin de lograr el desbaratamiento de estos grupos.

Así, la propuesta legal sostiene que el aumento de la pena asignada para el delito de almacenamiento de material pornográfico infantil, limitará la posibilidad de los imputados y/ condenados por estos ilícitos para la obtención de libertad provisional, beneficios alternativos al cumplimiento de las condenas y suspensión condicional del procedimiento.

Por las razones expuestas, y con el objeto de proteger al niño o niña contra todas las formas de explotación y abusos sexuales, de conformidad a los dispuesto en el Convenio de La Haya sobre Protección de los Niños y la Conferencia Internacional de lucha contra la Pornografía Infantil en Internet, el proyecto de ley propone modificar el artículo 374 del Código Penal, aumentando la pena asignada al delito de almacenamiento de pornografía infantil.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10823-07.

Juzgado de Garantía de San Bernardo decreta la prisión preventiva de padre e hijo imputados por homicidio

juez justicia penal garantíaEl Juzgado de Garantía de San Bernardo ordenó hoy –martes 2 agosto– la medida cautelar de prisión preventiva de Raúl José Aravena Lisboa y de su hijo, Gustavo Raúl Aravena Gallardo, imputados por el Ministerio Público como autores del delito de homicidio simple de Juan Jorquera Toro, quien habría robado, junto a otros tres sujetos, el vehículo de Aravena Gallardo, ilícito perpetrado ayer, lunes 1 de agosto, en la comuna de San Bernardo.

La resolución (causa rol 8169-2016) fue dictada por la magistrada Magdalena Casanova, quien descartó la tesis de la defensa, al desestimar que el actuar de padre e hijo corresponda a una legítima defensa, ordenando su ingreso al Centro de Detención Preventivo Santiago 1, por constituir «un peligro para la seguridad de la sociedad».

«(…) la prisión preventiva fue dictada porque se dio por establecido el delito de homicidio simple y no habría causal de justificación que eximiera de responsabilidad a los imputados. Más allá de las circunstancias que hayan ocurrido al momento de la sustracción del vehículo, lo que se ve es que existe un dolo directo, una intención de matar por parte de los imputados a través de las lesiones que profirieron a la víctima» agrega.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 6 horas de ayer, lunes 1 de agosto, Gustavo Aravena Gallardo, de 32 años, salía en su automóvil desde su hogar, ubicado en San Bernardo, momento en que fue abordado por cuatro sujetos, quienes le habrían robado el vehículo.

Ante los gritos de ayuda, el padre de la víctima salió en su apoyo y ambos, abordo de otro vehículo, iniciaron la persecución de los hechores, a quienes lograron dar alcance en calle 1° de Mayo de la comuna. Tres logran huir a pie y el cuarto, Juan Jorquera Toro, es atrapado por Aravena Gallardo y Aravena Lisboa, quienes lo golpearon con elementos contundentes en diversas partes del cuerpo, golpiza que habría provocado su deceso en el lugar.

(Fuente: Poder Judicial)

Senado aprueba Agenda Corta Antidelincuencia y proyecto queda en condiciones de ser remitido al Ejecutivo para su promulgación

carabineros fuerzas de orden protestaCon 29 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias en torno al proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal, más conocido como agenda corta antidelincuencia. Con ello, la iniciativa quedó en condiciones de ser remitida al Ejecutivo para su firma y promulgación como ley de la República.

En lo medular, el proyecto incrementa las sanciones aplicables a quienes sean culpables de los delitos contra la propiedad de mayor connotación social como robo con violencia o intimidación; eleva de 15 a 40 años de prisión efectiva, el rango de las penas a quien, con motivo del robo, cometa además los delitos de homicidio o violación. Si la víctima sufre castración, mutilaciones o lesiones graves que ocasionen incapacidad absoluta para trabajar, entonces la pena máxima será de presidio perpetuo simple.

Asimismo, se restringe el efecto de la aplicación de las atenuantes y se elevan las sanciones en los casos de reincidencia en los delitos de hurto y robo; y crea un Banco Unificado de Datos para facilitar una labor coordinada de las instituciones involucradas en la persecución del delito.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el nuevo procedimiento sobre control de identidad.  En este punto se acordó excluir a los menores de 18 años y se estableció que se podrá controlar la identidad in situ, no se podrá extender el procedimiento por más de una hora y se podrá exhibir cualquier documento oficial en el cual conste la identidad de la persona requerida, tales como: cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta nacional estudiantil.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10240-08.

Acuerdos preliminares en Comisión Mixta por agenda corta antidelincuencia

carabineros fuerzas de orden protestaLa Comisión Mixta constituida para abordar las discrepancias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto del proyecto de agenda corta antidelincuencia, avanzó este lunes en la búsqueda de una fórmula que aune los criterios.

Pese a que no se alcanzó a votar el artículo referido al control preventivo de identidad, los legisladores adelantaron que existen al menos dos propuestas de redacción, pero que en ambas fueron excluidos de este control los menores de edad.

El diputado Guillermo Ceroni (PPD) afirmó que aunque son muchos los que se han opuesto a este control el hecho de dejar fuera a los menores es un paso muy importante, así como establecer que el control debe realizarse en el lugar y no con traslado a las unidades policiales.

«Bajo esos términos sería mi posicón aprobarlo (…) y teniendo en cuenta que es cierto que esto restringe la libertad de desplazamiento de la gente, hay que considerar que la delincuencia es un tema serio en nuestro país y, por lo tanto, uno tiene que ceder parte de sus libertades en aras de combatir la delincuencia», añadió el diputado Ceroni.

Por su parte, el diputado Arturo Squella (UDI) explicó que de las alternativas propuestas, una diferencia está en el caso de qué ocurre cuando el requerido no cuenta con un documento de identidad y no hay certeza sobre su posible edad, caso en que una de las redacciones plantearía la presunción de que se trataría de un menor.

Otro punto es si los medios tecnológicos para acreditar identidad también pueden ser usados por la persona a la cual se le realiza el control, por ejemplo, mostrando una foto de su cédula.

El diputado Leonardo Soto (PS) planteó que aún hay defectos técnicos que hacen impracticable la norma y son un riesgo para las libertades públicas.

Entre los acuerdos alcanzados hoy, la comisión señaló en materia de las lesiones no visibles al personal de Carabineros, considerarlas como una falta y se excluyó del proyecto la norma que sancionaba las filtraciones de las investigaciones. Además, se aprobó elevar el piso mínimo de la pena para los delitos de robo con intimidación, violación, mutilación o lesiones gravísimas, que pasaría de los actuales 10 años a un mínimo de 15 años y un día; se propone tipificar el secuestro express (10 a 20 años de prisión) y sancionar como una nueva falta penal, el impedir el ejercicio fiscalizador de un inspector municipal.

La Comisión Mixta continuará votando la propuesta este miércoles 11 de mayo, a partir de las 9 horas.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9885-07.

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