Corte de Concepción rechaza amparo interpuesto a favor de interna que fue mantenida engrillada durante parto

embarazoLa Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de amparo interpuesto a favor de interna que fue mantenida engrillada durante sus labores de parto, aduciendo que la acción perdió su oportunidad. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

La primera sala de la Corte rechazó el amparo, interpuesto por la Defensora Penal Pública Penitenciaria a causa de la concurrencia e ilegalidad de actos de coerción y vigilancia desproporcionada durante el parto de la amparada. De acuerdo a los sentenciadores, la acción perdió oportunidad, al no existir la afectación actual que se denuncia por la colocación de grilletes a la amparada antes, durante y después del parto, habiendo transcurrido la situación de hecho descrita por la defensora días antes de la interposición misma del recurso.

Adicionalmente, agregaron:

un actuar ilegal o arbitrario de Gendarmería que atente contra la libertad o seguridad personal de la madre, no debiendo olvidarse que la amparada se halla recluida en un penal a causa de una sentencia dictada por tribunal competente, sindicándola autora de una receptación y de un robo con intimidación.

En tal sentido, el recurso de amparo no sería el medio adecuado para impugnar lo ocurrido, pues, no existe actualmente ningún hecho constitutivo de privación ilegal de libertad personal o amenaza en tal sentido o que afecte la seguridad individual de la madre amparada, conforme al artículo 21 inciso tercero de la Constitución Política de la República.

En tanto, el Senador Alejandro Navarro,  intercede en favor de la niña recién nacida (hija de la interna), aduciendo que se ha hecho una indebida extensión de los efectos de la pena a una persona distinta de la condenada, en este caso, sobre la recién nacida. Sin embargo, la sentencia establece que no se determina la existencia de algún hecho que constituya privación, perturbación o amenaza al derecho a la libertad personal y seguridad individual de la menor amparada, razón por la cual no se está en situación de adoptar medidas protectoras a su respecto.

El fallo cuenta con la prevención del ministro señor Manuel Muñoz Astudillo.

Justifica su prevención aduciendo que la amparada fue sometida a un tratamiento que no solo afecta su dignidad personal, sino también su salud, producto entre otros del abuso de medidas de seguridad, especialmente grilletes, en el contexto de una sentenciada parturienta y con trabajo de parto. Más aún, consultado Gendarmería de Chile por la Sala, manifestó que este mismo tratamiento se le dará al remitirla al establecimiento penitenciario donde cumple condena. En efecto, todas las acciones que se debieron realizar para dar atención médica de urgencia a la sentenciada por la que se recurre de amparo, en cuanto a las medidas de seguridad tomadas por la institución recurrida, no guardan proporción alguna con el hecho que, engrillada, debió soportar un largo viaje en estado de preñez con características de parto prematuro, al punto que debió ser atendida quirúrgicamente en el nacimiento de su hija; el ser observada por personal no médico durante la consulta, preparación y cirugía, todo ello aduciendo temor de fuga o participación violenta de terceros como habría ocurrido en otra ocasión.

Todos estos hechos no justifican el engrillamiento y la falta de recato en la atención de la sentenciada durante la atención médica por parte de sus custodios lo que evidentemente implica un atentado a la dignidad personal y con ello a la salud de la parturienta, materia distinta y no vinculada al hecho de la sentencia que se le aplicó.

Por tanto, concluye la prevención estableciendo que no se puede, de modo alguno, desatender los fundamentos del recurso en extenso, al menos en aquella parte que previene que la amparada sigue sometida a medidas de prevención y que existe la cierta posibilidad que las acciones de engrillamiento persistan en su traslado. Cuestión que se estima exagerada, inútil, abusiva y arbitraria, en el contexto de ser custodiada por gendarmería de Chile con apoyo de Carabineros de Chile.

Tribunales laborales: proponen precisar los plazos para las sentencias en procedimientos monitorios

TRIBUNALESLa Comisión de Trabajo y Previsión Social despachó dos proyectos de ley, con el primero de ellos respaldó las enmiendas propuesta por la Cámara de Diputados, para la norma, en tercer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo, en materia de plazo para audiencia única del procedimiento monitorio.

HASTA TRES DÍAS

Cabe recordar, que la instancia parlamentaria, había aprobado que el juez decrete sentencia el mismo día de la audiencia, «vale decir, que no se prolonguen los juicios a la eternidad, sino que se desarrolle en forma expedita un procedimiento monitorio. Sin embargo, esto que así fue aprobado por el Senado, tuvo algunas modificaciones en la Cámara y fueron aprobados por unanimidad y lo que hace es otorgar la posibilidad al juez de extender hasta por tres días la sentencia en casos muy calificados, particularmente cuando el caso es complejo y hay temas de riesgo», detalló la senadora Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión.

La idea, reforzó la legisladora es tener «sentencias más sólidas». Ahora será la Sala la que deberá pronunciarse sobre el proyecto.

UNIFICA TRIBUNALES

En segundo lugar, se despachó la moción que modifica el artículo 420 del Código del Trabajo, confiriéndole competencia a los tribunales laborales para conocer las contiendas en que los familiares de los trabajadores buscan hacer efectiva la responsabilidad del empleador, derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.

Según explicó la senadora Muñoz, «se busca unificar en sede de los tribunales laborales para todos los procesamientos laborales que llevan a cabo los familiares de trabajadores que han sido víctimas fatales de algún accidente del trabajo».

«Hoy –agregó la parlamentaria– los sobrevivientes, las familias, generalmente las esposas, son las que llevan esta carga de ir a los tribunales a establecer las anomalías laborales, infracciones que podrían haberse cometido en estos accidentes. Con este proyecto estamos buscando que sea solamente le tribunal laboral solamente el que conozca estas causas y no como hoy día ocurre, que son también los tribunales civiles y laborales».

«De esta manera, se pretende que las causas sean más expedito y los trámites se harán de forma más simple», comentó.

La norma fue aprobada en general y en particular y ahora le corresponderá a la Sala del Senado pronunciarse sobre la moción.

(Fuente: Senado)

Consulte los proyectos de ley, Boletines Nº 9623-13 y 8379-13.

Diputados proponen extender la presunción de legítima defensa a los portonazos

Carcel rejas preso La moción de los diputados Alvarado, Farcas, Fuenzalida y Silber expone que los portonazos se han convertido en una acción delictual cotidiana cada vez más frecuente en nuestro país, que ha contribuido al aumento de la sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía.

Observa luego que la legítima defensa constituye un elemento esencial y central en nuestro ordenamiento jurídico, pero que requiere adaptarse a los nuevos tiempos y a las modernas técnicas delictivas.

Al efecto, los autores de la iniciativa sostienen que es necesario ampliar la presunción de legítima defensa hasta un radio superior, que contemple –entre otros– el ingreso o salida a las casas, condominios, locales comerciales y propiedades en general, de modo que permita reforzar la seguridad ciudadana y hacer frente de manera efectiva a los delitos.

Por los motivos antes expuestos y con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y la sensación de seguridad, el proyecto de ley propone modificar el artículo 10 N° 6 del Código Penal, estableciendo que “igualmente se presumirá la legítima defensa respecto de la persona que repela, impida o trate de impedir algunos de los ilícitos (…) cometidos o intentados cometer al momento de salir o ingresar a una vivienda, casa, departamento, edificio, local comercial o industria.»

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10857-07.

Tribunal Constitucional acogió inaplicabilidades que impugnaron norma que limita procedencia de casación en la forma

tribunal constitucionalEl TC acogió dos requerimientos de inaplicabilidad –Roles 2898-15 y 2873-15– que impugnaron parte del inciso 2° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

Las gestiones pendientes invocadas inciden en recursos de casación en la forma y en el fondo de que conoce la Corte Suprema.

En su fallo, y en torno a la igualdad ante la ley, sostiene en lo grueso la Magistratura Constitucional que en sentencias roles N°s 1373 y 1873 esta Magistratura declaró que el inciso segundo del artículo 768, controvertido, infringe la garantía de igualdad ante la ley procesal, recogida en los números 2° y 3° del artículo 19 constitucional, dado que –discriminatoriamente– niega a unos justiciables, por sólo quedar afectos a procesos especiales, el mismo recurso de interés general del cual disponen todos quienes están sujetos al juicio ordinario. En circunstancias que se trata de casar sentencias que padecen idénticos vicios, como son el haber omitido la recepción de la causa a prueba y los fundamentos que les sirven de sostén.

De ese modo, se indica que la discriminación arbitraria del legislador en atención, específicamente, a las características del asunto controvertido, la ausencia de razonabilidad legislativa resulta aún más patente si el foco de análisis se centra en la razón (o la ausencia de ésta) de por qué habiéndose admitido la procedencia del recurso de casación, en un caso se restringe la causal cuya carencia se reprocha y en otros no, como ocurre, como ya se indicó, en los casos regidos por el procedimiento ordinario. Por mucho que se alegue la existencia en materias procedimentales de un amplio margen de acción abierto al legislador, algo que ciertamente no le proporciona completa inmunidad frente a la Constitución, en la diferenciación descrita ni siquiera es posible enarbolar una justificación (aun débil) para la misma.

En todo caso, la excepción que impide casar una sentencia inmotivada o que ha incumplido las reglas de un debido proceso legal, es obvio que estaba ideada para operar en casos asimismo excepcionales. Esto, porque a la sazón la regla general y situación habitual era que los juicios se ventilaran conforme al procedimiento ordinario, con una “tramitación común ordenada por la ley”, siendo “extraordinario” el procedimiento “que se rige por las disposiciones especiales que en determinados casos ella establece”, según la concepción del artículo 2° del mismo Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas, expone el TC que la excepción del inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil no condice con el imperativo que le asiste al legislador, por mandato de la Constitución (artículo 19, N° 3°), de allanar el acceso a un recurso útil en las circunstancias anotadas, motivo por el cual el presente requerimiento se acogerá. Teniendo además en cuenta el criterio sostenido en diversas ocasiones por este Tribunal, en orden a que los preceptos de excepción contenidos en una ley, en cuanto sustraen de cierta normativa general a personas o situaciones determinadas, produciéndoles menoscabo y sin fundamento o justificación, importan la comisión de diferencias arbitrarias y son, por ende, contrarias a la Constitución (artículo 19, N° 2°, inciso segundo), como en este caso ocurre (STC Rol N° 2529, c. decimosegundo).

Por último, concluye previniendo la sentencia que al acoger el presente requerimiento, el Tribunal Constitucional no está creando un recurso inexistente, puesto que -en lógica- al eliminarse una excepción sólo retoma vigencia la regla. Cual es que la casación se abre para la totalidad de los mismos casos e idénticas causales en que está llamada a regir, sin exclusión, según la preceptiva vigente. Tampoco esta sentencia estimatoria implica desconocer el carácter extraordinario que reviste la casación, dado que se limita a entender que no se justifica excluirla respecto de las mismas sentencias y por iguales motivos a aquellos que permiten su interposición según la normativa imperante (STC Rol N° 2529, c. decimotercero).

Motivos anteriores en virtud de los cuales fueron acogidos los requerimientos de autos.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Carmona, Peña, García y Pozo, quienes estuvieron por rechazar los equerimientos, toda vez que indican que la sentencia de autos, de la cual se disiente, reconoce que la requirente goza de recursos para impugnar la sentencia que no comparte (considerando vigesimosexto), aún cuando no pueda deducir el recurso de casación en la forma contra la sentencia de segunda instancia para que se pondere toda la prueba y se fundamente la forma en que se falla el asunto litigioso como pretende.

En realidad, aducen estos Ministros que no es que en materia de reclamos tributarios la procedencia del recurso de casación esté vedada. Por el contrario, el artículo 122 del Código Tributario –que debe complementarse con el artículo 145 del mismo cuerpo legal- prescribe que: “Corresponde a la Corte Suprema el conocimiento de los recursos de casación en la forma y en el fondo que se deduzcan contra las sentencias de segunda instancia dictadas por las Cortes de Apelaciones, en los casos en que ellos sean procedentes de conformidad al Código de Procedimiento Civil y a las disposiciones del presente Código”.

La limitación que el legislador ha impuesto a la procedencia del recurso de casación en la forma en los reclamos tributarios tiene su razón de ser en la particular naturaleza de estos. Al respecto, en sentencia Rol N° 2723, esta Magistratura explicó que “con independencia de que evidentemente tal acto administrativo (la liquidación que practica el Servicio de Impuestos Internos) tiene un marco regulatorio y debe basarse en determinados fundamentos legales, en sí mismo descriptivamente no es mucho más que un cálculo aritmético de resta, es decir, la diferencia entre lo declarado y lo que se debe declarar y, por cierto, pagar finalmente al Fisco. Como tal, entonces, no requiere mayor fundamentación: se trata de una operación matemática. Por ende, su contenido es esencialmente cuantitativo y no requiere mayor despliegue conceptual formal, sin perjuicio de su revisión de fondo.” (Considerando 32°).

En consecuencia, manifiesta la disidencia que no puede sostenerse que, en la especie, el hecho de que el ordenamiento jurídico no permita al requirente interponer el recurso de casación en la forma por falta de motivación de la sentencia lo coloque, necesariamente, en una situación de indefensión.

Por otra parte, señalan que la igualdad ante la ley no sólo se traduce en la interdicción de la arbitrariedad (artículo 19 N° 2°, inciso segundo, de la Constitución) sino que asegura también la generalidad y abstracción características de este tipo de normas (artículo 19 N° 2°, inciso primero, de la Constitución). Así, “la importancia de la generalidad de una norma en materia procesal radica en el hecho de que se aplica a ambas partes del juicio, quienes se encuentran en la misma situación para interponer las impugnaciones, asegurándose de ese modo un principio primordial del procedimiento civil: la bilateralidad de la audiencia”. (STC Rol N° 2034, considerando 14° del voto disidente).

Y asimismo, concluyen estos Ministros expresando que por las mismas razones que se han desarrollado en los considerandos anteriores, estos Ministros disidentes no suscriben que la aplicación del precepto legal impugnado produzca una vulneración del “derecho a la seguridad jurídica” o protección a la esencia de los derechos asegurado en el artículo 19 N° 26° de la Carta Fundamental.

(Fuente: Diario Constitucional)

Diputados envían a Comisión Mixta proyecto de agenda corta antidelincuencia

diputadosLa Cámara de Diputados analizó y votó, en una extensa jornada, las modificaciones del Senado al proyecto que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, más conocido como la Agenda Corta Antidelincuencia. Las enmiendas rechazadas irán ahora a una Comisión Mixta.

Entre las materias rechazadas está el control preventivo de identidad (56 votos en contra, 55 a favor y 2 abstenciones); que definía su procedencia para mayores de 14 años en la vía pública, otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público.

También se rechazó la sanción para los funcionarios públicos, peritos y las personas que accedieran a la investigación judicial que rompieran la reserva respecto de estas diligencias (se rechazó por 86 votos en contra y 27 abstenciones).

Otra materia rechazada fue la sanción que se establecía para el maltrato a funcionarios de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería, aún cuando no hubiera señal visible de este maltrato.

Asimismo, no se aprobó el aumento de penas pata el robo calificado cuando es con castración, mutilación y lesiones graves gravísimas y lesiones graves (recibió 61 votos en contra, 48 a favor y 1 abstención).

Tampoco se aprobó una nueva falta relativa a obstaculizar o impedir el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales (65 votos en contra y 43 a favor).

Otro punto rechazado fue la eliminación la referencia a la Ley Zamudio incorporada por la Cámara en el control de identidad (53 en contra, 54 a favor y 3 abstenciones); la citación, registro y detención en casos de flagrancia, que habilitaba para detener a quien obstaculizara o impidiera la labor de los inspectores municipales (62 en contra, 48 a favor y 2 abstenciones); la posibilidad de rendir prueba anticipada en ausencia del imputado cuando este haya sido válidamente emplazado y no concurra (76 en contra y 36 abstenciones); y el procedimiento abreviado, que aumentaba la pena respecto de la cual el fiscal podía requerir el abreviado de 5 a 10 años (59 en contram 47 a favor y 7 abstenciones).

(Fuente: Diputados)

Consulte el proeycto de ley, Boletín Nº 9885.

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