Cámara de Diputados inició debate de proyecto que fortalece investigación de delitos terroristas

Con el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, entregado por la diputada Claudia Nogueira (UDI), se inició este jueves la discusión del proyecto de ley, que fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad.

En primer lugar, la propuesta autoriza en primer lugar al Fiscal Nacional para el nombramiento de un fiscal con dedicación exclusiva para la investigación de hechos constitutivos de delitos terroristas, por un plazo de dos años prorrogable por otros dos cuando sea necesario.

Se establecen también normas de cooperación internacional para la persecución de delitos terroristas y la posibilidad de que embajadas y consulados colaboren con la Fiscalía.

Además, el Fiscal Nacional podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos de Estado, incluidas las Fuerzas de Seguridad y de Orden, y la destinación de funcionarios de sus respectivas dependencias, en comisión de servicio a la Fiscalía Nacional.

Entre otras materias, se establece que en casos calificados en que el Ministerio Público justifique que la mantención del secreto más allá del término legal resulte indispensable para el éxito de la investigación, éste podrá renovarse mediante autorización judicial fundada. El plazo del secreto no podrá, en ningún caso, exceder de seis meses.

El fiscal especial podrá autorizar el uso de funcionarios policiales como agentes encubiertos y el uso de informantes, regulando que se entenderá por cada cual.

La Sala acordó que el texto legal será votado este martes 11 de abril.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10460.

Diputados anuncian presentación de proyecto de ley para ampliar el ámbito de la legítima defensa

Tras conocerse el caso del comerciante viñamarino que quedó detenido por defender su negocio durante un asalto, los diputados UDI Osvaldo Urrutia y Gustavo Hasbún, anunciaron la presentación de un proyecto de ley que buscará ampliar el ámbito de la legítima defensa.

Según explicaron los legisladores, la idea es evitar que “los Fiscales actúen en favor de los delincuentes y en contra de la gente”.

“La Fiscalía, una vez más, se equivoca metiendo preso al que defiende su propiedad y protegiendo a los delincuente (…). El señalar que la legítima defensa no se aplica porque el robo ya se había efectuado y los asaltantes escapaban es un absurdo jurídico y una torpeza del Ministerio Público”, remarcó el diputado Urrutia.

Para el diputado Gustavo Hasbún, “la señal que está dando el Ministerio Público es demasiada peligrosa; deja prácticamente en la indefensión a la gente y dándole carta ancha los delincuentes, usando la lógica del entrar, llevar y robar porque la Fiscalía nos defenderá”.

“No solo se encuentran protegidos por la Defensoría, sino que, además, por fiscales poco criteriosos en la aplicación de la ley”, sentenció.

Los diputados Urrutia y Hasbún anunciaron que la propuesta legal buscará que no quepa duda de su aplicación en resguardo de la gente, la vida y de la propiedad, «estableciendo una señal a los delincuentes para que la piensen antes de ingresar a robar”.

(Fuente: Diputados)

Diputados ingresaron proyecto para concretar la iniciativa legal ciudadana

Los diputados DC Juan Morano, Yasna Provoste e Iván Flores ingresaron hoy un proyecto de ley para que los ciudadanos, al igual que el Gobierno y los parlamentarios, puedan ingresar a trámite al Parlamento proyectos de ley.

El diputado Morano, promotor y autor de la iniciativa, explicó que el proyecto establece que, con el apoyo del 0,25 % de los votantes de una respectiva localidad, los ciudadanos podrán tener iniciativa de ley y sus iniciativas podrán sean tramitadas en el Congreso. «Sabemos que es una legítima demanda y creemos que fortalecemos la democracia y la participación con esta moción que esperamos tenga amplio respaldo y rápida tramitación», recalcó.

Dijo que estiman oportuno que las personas, que tienen el derecho al voto, también puedan presentar proyectos de ley cada vez que lo estimen conveniente, porque son capaces de identificar situaciones cotidianas que ocurren en la comunidad y que requieren de una respuesta eficiente y oportuna.

Morano explico que, en la actualidad, la ley señala que solo los parlamentarios y el Ejecutivo pueden presentar iniciativas legales, situación el proyecto modifica al incluir en la norma a los ciudadanos, con el requisito ya mencionado.

“Incorporar la iniciativa ciudadana como herramienta de participación legislativa en nuestro ordenamiento jurídico permitirá fortalecer la institución de la democracia representativa, contribuyendo de esta forma al aprendizaje político de los ciudadanos, permitiéndole a todos y a cada uno de los integrantes de la sociedad moderna presentar sus propias ideas y necesidades en forma directa ante un parlamento que escucha a la ciudadanía, sin que esto implique interferir en cuestiones propias de las atribuciones propias del Congreso o de las facultades exclusivas del Presidente de la República», planteo el parlamentario.

(Fuente: Diputados)

Transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano: respaldan idea de legislar

Fuente de imagen: http://www.infogate.cl

Por unanimidad, la Comisión de Vivienda y Urbanismo aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que consta de tres ejes fundamentales: mejorar los niveles de transparencia del mercado del suelo, perfeccionar el impuesto territorial y, en el caso puntual de los cambios de uso de suelo desde agrícola a urbano, establecer un tratamiento tributario específico para que los incrementos de valor generados en este proceso sean compartidos, en mayor medida, con la comunidad entera.

Cabe precisar que la norma, una vez que reciba segundo informe de la Comisión de Vivienda, deberá ser estudiada también por la Comisión de Hacienda, para las normas de su competencia.

NO QUEREMOS SEGUIR SUBIENDO IMPUESTOS

El presidente de la instancia parlamentaria, senador Iván Moreira precisó que «hay algunos temas que yo diría que son controversiales, porque este proyecto de ley tiene un impuesto y obviamente muchos de nosotros no somos partidarios de seguir subiendo los impuestos en Chile, pero entendemos que este es un proyecto importante que debemos resolver; además, se necesita una regularización y una ley que regule la venta de terrenos y no sufra especulaciones».

«En este último tiempo -agregó el legislador- hemos conocido escándalos de marca mayor, en donde ha habido especulación de suelo, influencias, en fin y como se dio el minuto de tener que asumir una responsabilidad legislativa y hacernos cargo de este tema, en primera instancia en forma unánime hemos apoyado en general este proyecto y una vez que se vea en la Sala tendrá un espacio de alrededor de un mes para hacer indicaciones».

«Hay un espíritu de avanzar y lo haremos de una manera profesional, siempre buscando la transparencia y también protegiendo los intereses del Estado y de todos los chilenos porque si esto trae consigo un nuevo impuesto, bueno las cosas siguen subiendo y se generaría un paso más en las alzas de impuestos, cuando ya tuvimos una reforma tributaria en donde nosotros entendíamos que esta iba a ser la única alza de impuestos durante este gobierno», recalcó.

IMPUESTO PARA EL ESTADO

Se argumenta en el mensaje, que el mercado del suelo, por su naturaleza, tiende a la opacidad, lo que dificulta la competencia de los actores que intervienen en él, incrementa los precios y posibilita conductas indebidas. Para combatir estos fenómenos se propone, primero, profundizar y anticipar las instancias de participación existentes en los instrumentos de planificación territorial; segundo, facilitar el acceso a la información contenida en aquéllos; tercero, implementar en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo un observatorio del mercado del suelo que permita generar mayores simetrías de información entre los agentes que participan del mercado, y, por último, facilitar el acceso y ampliar la información que contiene el Catastro de Bienes Raíces que mantiene el Ministerio de Bienes Nacionales.

Se plantean en el proyecto modificaciones al impuesto territorial, que permitirán facilitar su actualización cuando ocurren cambios en los instrumentos de planificación territorial, asegurando su aplicación ante aumentos importantes en el valor de los bienes raíces y ampliando la operatoria de la sobretasa a los sitios eriazos buscando impedir sus externalidades negativas.

Por último, se establece un impuesto que permita al Estado capturar una mayor parte del incremento del valor que experimentan los bienes raíces en aquellos procesos de cambio de los Planes Reguladores que incluyen una ampliación del límite urbano, gravando con una tasa de 10% el incremento de valor que se produzca en dichos casos, cuyo cobro se materializará en el momento de la enajenación del inmueble.

COADYUVAR AL EJECUTIVO

En otro orden, e recién asumido nuevo presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, senador Iván Moreira, adelantó que hay una serie de mociones parlamentarias que se irán incorporando a la tabla de las sesiones, «pero fundamentalmente nosotros también queremos coadyuvar al Ejecutivo en materia de vivienda, de cómo el gobierno tendrá su política pública en cuanto a la distribución de los subsidios, porque aspiramos a que el Ministerio sea lo más eficiente posible para resolver los problemas de vivienda que hay en nuestro país».

«Podemos coadyuvar con legislaciones y además esperamos que en la discusión, en el debate existan recursos necesarios en materia de viviendas para el próximo año. La política habitacional debe ser de continuidad, independiente del color del gobierno de turno y asumir el tema de los campamentos para su erradicación», resaltó el parlamentario.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10163-14.

DD.HH. inicia discusión de proyecto que establece ley de derechos lingüísticos de pueblos originarios

Con el afán de adoptar políticas públicas integrales, la Comisión de Derechos Humanos inició la discusión del proyecto que establece una Ley General de Derechos Lingüísticos de Pueblos Originarios de Chile.

El texto, que surge como una propuesta de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos, recogida por los autores de la mocióm, busca proteger y fomentar los derechos lingüísticos, tanto individuales como colectivos, consagrar y definir los conceptos propios de la materia, además de reconocer expresamente la condición plurinacional de la sociedad chilena.

Asimismo, pretende determinar cuáles son las lenguas indígenas de Chile y establecer derechos a beneficio de los pueblos, además de obligar a los medios de comunicación, respecto a la difusión de las lenguas indígenas en los contenidos que emitan.

Al mismo tiempo, la iniciativa buscará estimular una sanción general por vulneraciones a los derechos anteriormente mencionados.

Al respecto, la diputada Camila Vallejo (PC), patrocinante del proyecto, señaló que desde la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos le hicieron ver la necesidad de que hubiese una ley en este ámbito, que permitiría a Chile cumplir de una vez por todas con los pactos internacionales en esta materia.

“Cuando desaparece una lengua, desaparece una cultura y la identidad de un pueblo originario, entonces la omisión del Estado, de alguna manera, estaría avalando una vulneración a derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos de los pueblos originarios. (…) Esperamos que este proyecto siga avanzando y que cree una institucionalidad que vele por resguardar estos derechos”, detalló.

La instancia acordó invitar en una próxima sesión a la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos y a representantes de comunidades de pueblos originarios.

Pueblo afrodescendiente

En segundo lugar, la Comisión inició también la discusión del proyecto de ley que otorga un reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno.

Dicha iniciativa, que nace en la región de Arica y Parinacota, pretende que el Estado promueva la cultura y respete los símbolos de dicho pueblos, además de que incluya dentro del plan de educación nacional la historia de los afros.

Por otra parte, pretende incorporar a dichos pueblos como categoría en las encuestas censales del 2017-2022 del país, de manera de contar con información para la correcta promoción de políticas de inclusión.

“Esto tiene que ver con reconocer al afrodescendiente como un actor importantísimo en el desarrollo de nuestro país, porque cuando queremos avanzar como región es trascendental saber la identidad de cada una de ellas. En este caso, la identidad de Arica y Parinacota tiene el ADN muy fuerte de los afrodescendientes”, indicó el diputado Luis Rocafull (PS), autor del proyecto.

(Fuente: Senado)

Consulte los proyectos de ley, Boletines N° 9424 y 10625.

Norma que minimiza el impacto de elementos publicitarios en caminos públicos y vías urbanas pasó a segundo trámite

La regulación para los letreros en los caminos dieron su primer paso, luego de que la Sala del Senado despachara a la Cámara de Diputados las mociones refundidas que tienen por objeto regular la instalación de elementos publicitarios destinados a captar la atención de quienes transitan por un camino público o vía urbana o de quienes concurren a un espacio público, a fin de velar por la seguridad vial y de minimizar el impacto que dichos elementos generan en su entorno.

El proyecto contó con 24 votos favorables y corresponden a los proyectos presentados por los senadores Antonio Horvath, Pedro Araya, Alfonso De Urresti y Baldo Prokurica (Boletín 9.686-09) y por Juan Antonio Coloma, Alfonso De Urresti, Antonio Horvath, Jaime Quintana e Ignacio Walker (Boletín 10.209-09), respectivamente.

ANHELADO PROYECTO

A juicio del senador Antonio Horvath este es un «muy anhelado proyecto. (…) El único punto controvertido fue el distanciamiento entre los letreros, que finalmente donde la seguridad primó y quedó en 300 metros entre los letreros estáticos y 500 metros entre los con movimientos o dispositivos con led».

Otro aspecto destacado por el legislador fue la «posibilidad de generar caminos escénicos que tienen interés turístico y que deben tener letreros ad hoc y que guarden relación con el patrimonio natural y cultural del lugar».

En tanto, el senador Juan Antonio Coloma recordó que la norma se discutió durante largo tiempo, «no menos de 25 sesiones en la Comisión de Obras Públicas y se juntaron 2 mociones que buscan generar una nueva estructura en actividades que son legítimas, como son el derecho a informar, a hacer propaganda y lo que es más importante, la seguridad vial y la de las personas que transitan por vías rurales y urbanas».

Asimismo, el parlamentario valoró que todos los Ministerios relacionados lograron acuerdos para unificar criterios para esta nueva normativa que catalogó como «armónica».

CONTENIDO DEL PROYECTO
  • Dispone que las instalaciones de elementos publicitarios en caminos públicos, rurales o urbanos, desde vías públicas urbanas o en otros espacios públicos urbanos, tales como plazas y parques, deberán contar con las autorizaciones y permisos que les sean exigibles, cumpliendo con los requisitos y prohibiciones que para cada caso se establecen en este proyecto de ley y en las normas reglamentarias que al efecto se dicten.
  • Prohíbe la instalación de elementos publicitarios en la faja vial de un camino público y de una vía urbana, sin embargo se permite su instalación en paraderos o refugios peatonales de transporte público.
  • Tampoco se podrán instalar elementos publicitarios en puntos peligrosos, o aquellos que no cumplan con el distanciamiento mínimo entre letreros sucesivos establecido por los reglamentos respectivos; los ubicados a contramano; los que presenten movimientos de cualquier clase y los de texto variable; las pantallas con tecnologías electrónicas o similares y en las pantallas móviles o instaladas en un elemento móvil; aquéllos ubicados sobre o bajo líneas de transmisión de energía eléctrica; los que por su dimensión y/o ubicación obstaculicen la visibilidad de conductores y peatones en cruces, empalmes, u otros afines; en los antejardines; en áreas de protección, tales como parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales.
  • Regula la forma de obtener los permisos para la instalación de este tipo de publicidad, sean en bienes nacionales de uso público, fiscales, municipales o bien privados.
  • Faculta a los municipios para cobrar derechos especiales adicionales por las concesiones o permisos precarios que otorguen para instalar elementos publicitarios en espacios públicos.
  • Establece los requisitos mínimos que deberá cumplir el elemento publicitario para asegurar un mínimo impacto en el entorno urbano en donde pretende emplazarse.
  • Restringe la facultad de solicitar el permiso y el derecho a que se le otorgue, sólo a las personas -naturales o jurídicas- que se encuentren con inscripción vigente en el Registro Nacional de Avisadores Viales y Camineros, que se crea, el que estará a cargo de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
  • Sanciona con multa de 10 a 200 UTM, toda contravención a las normas sobre publicidad vial, siendo competente para conocer de las mismas el Juzgado de Policía Local del lugar de emplazamiento del elemento publicitario.

(Fuente: Senado)

Sala del Senado aprobó la idea de legislar sobre la regulación del contrato de trabajo por obra o faena

En forma unánime la Sala del Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto que modifica el Código del Trabajo para regular el contrato de trabajo por obra o faena y fijó el 8 de mayo como plazo para presentarle indicaciones.

La iniciativa que cumple su segundo trámite en la Cámara Alta, precisa en el Código del Trabajo el concepto de contrato por obra o faena, confiriendo el derecho a feriado anual y una indemnización equivalente a dos y medio día de remuneración por cada mes trabajado si el contrato hubiere estado vigente por un mes o más.

Durante el debate intervinieron los senadores Adriana Muñoz, Rabindranath Quinteros, Carlos Bianchi, Ena Von Baer, Alejandro Navarro y José García Ruminot.

ALCANCES DEL PROYECTO
  • Precisa el concepto de contrato por obra o faena, señalando que se refiere a ejecutar una obra material o intelectual específica y determinada, en su inicio y en su término, cuya vigencia se encuentra circunscrita o limitada a la duración de aquella.
  • Otorga el carácter de contrato de plazo indefinido a aquella situación laboral en la que las partes celebran distintos acuerdos para cada una de las diferentes y sucesivas etapas de una misma obra o faena.
  • No tendrán el carácter de contratos por obra o faena los que implican la realización de labores o servicios de carácter permanente y que, como tales, no cesan o concluyen conforme a su naturaleza.
  • Extiende el derecho al feriado anual al trabajador que preste servicios continuos al mismo empleador en virtud de dos o más contratos celebrados por obra o faena determinada y que sobrepasen el año.
  • Reconoce al trabajador el derecho a indemnización por término de contrato, equivalente a 2,5 días de remuneración por cada mes trabajado y fracción superior a 15 días, cuando el contrato celebrado para una obra o faena determinada, hubiere estado vigente por un mes o más.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 7691-13.

Ingresa a trámite proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal

A las comisiones de Agricultura, Recursos Hídricos y Hacienda fue enviado el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, luego que el Ejecutivo lo ingresara a tramitación este martes.

Mediante el texto se crea el Servicio Nacional Forestal, servicio público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Agricultura.

Este organismo tendrá por objeto la conservación, protección, manejo y uso sustentable de las formaciones vegetacionales del país y de los componentes de la naturaleza asociados a éstas. Estas se definen como el conjunto de vegetación que cubre un área determinada, pudiendo formar diferentes asociaciones.

Para ello, el Servicio impulsará el uso sustentable, manejo, fomento, protección y conservación de tales recursos, así como el desarrollo de emprendimientos económicos destinados a la producción de bienes y servicios basados en el uso de tales formaciones, de manera sustentable. Asimismo, deberá velar por la protección contra incendios forestales.

De igual forma, velará por que el cumplimiento de su objeto se realice de manera equitativa e inclusiva en los territorios y ámbitos de acción del Servicio.

Mientras no entre en funcionamiento el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el Servicio Nacional Forestal mantendrá temporalmente las atribuciones en materia de conservación de la biodiversidad, dentro de las áreas silvestres protegidas. Es decir, aquellas funciones que actualmente desarrolla la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la gestión del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado seguirán siendo desarrolladas por el Servicio Forestal mientras no entre en funcionamiento la institucionalidad especializada que se creará para ello.

Funciones y atribuciones del Servicio

Dentro de las atribuciones específicas, se destacan aquellas destinadas a la ejecución de las políticas, planes y programas para la conservación, restauración, protección, fomento, desarrollo y uso sustentable de las formaciones vegetacionales del país, como también de los componentes de la naturaleza asociados a éstas.

Asimismo, el Servicio deberá ejecutar las políticas y programas de protección contra incendios forestales, para lo cual podrá promover la participación ciudadana y acceder de inmediato a cualquier fuente de agua, natural o artificial, para el abastecimiento de aeronaves o equipos indispensables para el combate de incendios forestales.

También se dispone que corresponderá a un Consejo de carácter consultivo y ad honorem asesorar al Ministro de Agricultura en materia forestal, proponerle la política forestal y sus instrumentos.

Protección de incendios forestales y emergencias

En lo referente a la protección contra incendios forestales, se confiere al Servicio la potestad de elaborar planes regionales, sobre la base de mapas de prioridades de protección regional con el fin de reducir tanto la ocurrencia, propagación y daños de éstos, como los costos asociados a su control. Estos planes podrán determinar áreas, franjas o radios que deberán mantenerse libres de material combustible.

Además, en caso que identifique zonas críticas desde el punto de vista de riesgo de incendios forestales, el Servicio podrá elaborar planes de prevención contra incendios forestales cuyo cumplimiento será obligatorio, inclusive para los órganos del Estado, aplicándose en caso de infracción una multa a beneficio fiscal de entre 5 y 1.000 unidades tributarias mensuales.

Asimismo, se contempla que los planes de manejo que prevé la legislación forestal deban incorporar técnicas de silvicultura preventiva, con el objeto de disminuir la propagación de incendios forestales. Será obligación del propietario de las plantaciones forestales ordenar los rodales, de manera de disminuir la continuidad de combustible.

Por último, se establecen facultades para abordar de manera eficaz emergencias forestales, decretadas por el Ministro de Agricultura. En estos casos, el Director o Directora Nacional podrá disponer la celebración de tratos o contrataciones directas para la provisión de bienes y servicios con el objeto de abordar la emergencia y por el tiempo necesario para solucionar los problemas que de ella se deriven. Asimismo, podrá contratar personal transitorio por el tiempo que permita atender adecuadamente la emergencia.

Igualmente, se establece un deber de coordinación con la Oficina Nacional de Emergencia para la planificación, dirección, y coordinación intersectorial de las acciones de respuesta a la emergencia.

En todo caso, si la emergencia corresponde a uno o varios incendios forestales, la dirección técnica de las labores tanto de planificación, como operativas de combate y control de los mismos, corresponderá al Servicio Nacional Forestal.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 11175.

Proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas encabeza tabla de este martes

El proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, entidad que vendrá a reemplazar y potenciar a la actual Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP), encabeza la tabla de la Cámara de Diputados para este martes, 3 de abril.

Para el análisis de la propuesta legal, cuyo trámite legislativo se inició en junio de 2015, se contempla la rendición de los informes de las Comisiones de Hacienda y de Obras Públicas, que serán presentados por los diputados Giorgio Jackson (REVD) y Felipe De Mussy (UDI), respectivamente.

En particular, la iniciativa crea la citada Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y establece la obligación del Ministerio del ramo de contar con una planificación permanente en un horizonte a cinco años.

Además, la nueva institucionalidad promueve el fortalecimiento del modelo de gestión y de fiscalización de los proyectos, así como el perfeccionamiento del modelo de desarrollo y de aprobación de estos; y la profundización de las capacidades para el análisis y estructuración financiera de los proyectos.

Asimismo, se promueve el fortalecimiento de la cartera entre inversionistas y financistas, nacionales y extranjeros; la implementación de sistemas tecnológicos para la gestión interna y para la entrega de información a la ciudadanía; y una mayor coordinación con otros organismos públicos, entre otros aspectos.

Entre las diferencias contempladas entre el informe de la Comisión de Obras Públicas y el de Hacienda se encuentra la inclusión de un conjunto de normas, aprobadas por esta última instancia, que vienen a ratificar, de parte del Ejecutivo, los acuerdos que alcanzó con el personal de la CCOP, en enero pasado.

En concreto, dichas disposiciones integran al cuerpo legal una asignación especial para los funcionarios pertenecientes a la planta de profesionales de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, o que se encuentren asimilados a ella, en razón del desempeño de las funciones de regulación y fiscalización de la Dirección.

Según se define en el texto, el monto de la asignación especial no podrá ser superior a un 60% de la suma del sueldo base y de otras asignaciones específicas, según corresponda.

La asignación especial será otorgada hasta un máximo de 72 y el monto para cada uno de ellos será determinado por el Ministro de Obras Públicas, a propuesta del Director General de Concesiones de Obras Públicas, mediante decreto fundado en criterios objetivos que considerarán los niveles de responsabilidad y complejidad de las funciones desempeñadas por los beneficiarios.

La asignación especial se pagará mensualmente, tendrá el carácter de imponible y tributable y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Además será incompatible con las asignaciones de los artículos sexagésimo quinto y septuagésimo tercero de la Ley 19.882.

Adicionalmente, se establece que la asignación especial recién señalada será otorgada, además, hasta a un máximo de 22 funcionarios a contrata asimilados a las plantas de Técnicos y de Administrativos de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas que, a la fecha de su contratación, cumplan con los siguientes requisitos copulativos:

a) Haber prestado servicios a honorarios por, a lo menos, 5 años continuos o discontinuos, en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas.
b) Haberse encontrado prestando servicios en calidad de honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas al 30 de noviembre de 2016.
c) Que las labores desempeñadas a honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas hayan correspondido a la prestación de servicios para cometidos específicos y que sean de naturaleza habitual de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

La iniciativa define que los cupos se asignarán por una única vez y se extinguirán cuando el personal a quien se le hubiere otorgado la asignación cese en sus funciones por cualquier causal, no pudiendo reasignarse a otros funcionarios. Cada vez que dicho personal cesare en sus funciones, la Dirección General de Concesiones deberá comunicarlo a la Dirección de Presupuestos.

Luego, se establece que la asignación especial no podrá significar un gasto total anual superior a $545 millones de pesos, el que irá disminuyendo en razón de la cantidad de cupos que se extingan.

Otra de las modificaciones impulsadas en Hacienda viene a reflejar un acuerdo del Gobierno con los diputados de dicha instancia, en orden a adelantar desde un año a nueve meses la puesta en marcha de la nueva institucionalidad.

Otros temas

La tabla de la Sala también contempla el posible tratamiento de otras dos iniciativas legales:

1. El proyecto, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades, para eliminar la incompatibilidad entre el cargo de concejal y los cargos profesionales y técnicos en educación que existen en el ámbito municipal. Presenta informe rendido de la Comisión de Gobierno Interior y discusión pendiente.
2. La propuesta legal, iniciada en moción, que confiriere competencia a los tribunales laborales para conocer de las contiendas en que los causahabientes del trabajador buscan hacer efectiva la responsabilidad del empleador, derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Contempla informe de la Comisión de Trabajo que será rendido por el diputado Matías Walker (DC).

Adicionalmente, la Sala considera analizar, en sesión especial a celebrarse entre las 16:30 y las 18:30 horas, «las graves denuncias de errores, vicios e irregularidades en el proceso de evaluación ambiental del proyecto minero denominado Dominga, en la región de Coquimbo».

Para este efecto, se considera la participación de los Ministros de Minería y de Medioambiente, además de director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10126.

Identidad de género: destacan avance en el trámite de las indicaciones

Como un importante avance calificó el senador Alejandro Navarro, el despacho del 50% de las indicaciones del proyecto, en primer trámite, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, se mostró optimista en “seguir avanzando” en el trámite en particular, pues si bien “el proyecto no incluye a menores de edad” que era uno de los temas más complejos, “se han planteado otros temas”, como por ejemplo, “la obligación de disolución del vínculo de matrimonio si el solicitante fuera casado o fuera cónyuge”.

Aseveró que “no me parece adecuado que el cambio sexo tenga como resultado la disolución del matrimonio salvo que sea consenso entre la pareja”

Asimismo, manifestó que “la Comisión ha pedido un informe al Ministerio de Salud sobre la situación de condición de personas intersexuales o las personas que tienen sexo biológico distinto a su condición”.

Precisó además que otro aspecto de la discusión fue el procedimiento de oposición al cambio de nombre registral. “En la actualidad si alguien cambia nombre va a un tribunal y se establece la publicación en el Diario Oficial , salvo el caso de las personas casadas que se verá ante el juez de familia. Hemos pedido la opinión a dicho organismo para el procedimiento de oposición de modo de ver una acción similar al cambio de nombre”.

La instancia continuará el debate del texto de las indicaciones la primera semana de abril.

No obstante, el senador Navarro, adelantó que visualiza: “el destino del proyecto en Sala es complejo pues no siempre la votación de la Comisión va a responder a la voluntad de la Sala”. “Espero que se debata con altura, el tema genera pasiones pero es hora tengamos en vista todas las visiones”.

Por su parte, el senador Manuel José Ossandón, integrante de la instancia, coincidió en que se ha logrado avanzar en el estudio de las indicaciones  “porque lo más importante era sacar a los niños del proyecto”. “El punto más crítico era que permitía a los menores acceder al cambio de sexo registral sin autorización de sus padres”.

Aseguró que “ahora se están analizando y votando las modificaciones propuestas tanto por el Ejecutivo como por distintos senadores, ya que a mi juicio, el texto original se ha ido mejorando”.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 8924-07.

A %d blogueros les gusta esto: