Corte de Apelaciones de Santiago rechaza amparo por decreto de expulsión de periodista italiano

corte-apelaciones-santiagoLa Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por el periodista italiano Lorenzo Spairani, quien fue expulsado del país el 4 de febrero pasado, por orden de la Intendencia Regional Metropolitana.

En fallo unánime (causa rol 332-2017), la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministro Juan Manuel Muñoz Pardo, Miguel Vázquez y Elsa Barrientos– descartó actuar ilegal de la autoridad al decretar la expulsión del profesional europeo. Asimismo, el tribunal consideró extemporáneo el recurso, el cual fue interpuesto después de que se concretara la expulsión de Spairani.

«De los antecedentes expuestos por las partes, y los fundamentos contenidos en el decreto de expulsión, se ajustan a la preceptiva legal y reglamentaria vigentes y al mérito del procedimiento incoado, acto administrativo, que por ende ha sido pronunciado por la autoridad competente y dentro del ámbito de sus atribuciones, de manera que la acción constitucional no puede prosperar, toda vez que la medida de expulsión del amparado se ajusta a derecho, tanto en el cumplimiento de las formalidades, como en la concurrencia de las causal de expulsión del país establecidas en la Ley de Extranjería y su Reglamento», sostiene el fallo.

La resolución agrega que «(…) tal como lo argumenta la Policía de Investigaciones, en su informe, el recurso deducido resulta extemporáneo, en tanto a la fecha de su interposición -los días 05, 08, y 09 de febrero de 2017- y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90° del D.L. 1.094, ya se había hecho efectiva la expulsión del amparado, lo que consta de los antecedentes aportados en la causa y, refrendado en estrados por la parte recurrente».

(Fuente: Poder Judicial)

Amparo de Machi Linconao: modificación de medida cautelar no dispone liberación de la amparada, por lo que no requiere unanimidad

Foto: La Tercera

Foto: La Tercera

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de amparo interpuesto a favor de una Machi mayor de edad imputada por delitos de carácter terrorista, resolviendo la sustitución de medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 5 de enero, la primera sala del tribunal de apelaciones regional acogió el amparo, disponiendo que la Machi pase de un régimen de prisión preventiva a arresto domiciliario total.

No resulta discutido por los intervinientes en el proceso, que la formalización y acusación deducida en contra de la amparada en la sede jurisdiccional correspondiente, lo es por una de las conductas contenida en la Ley N° 18.314, la que dispone de una regulación procesal especial en la materia, según se puede leer de la norma contenida en el artículo 19 N° 7 letra e) inciso segundo de la Constitución Política de la República. Esta regulación especial exige que «la apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 9° (delitos terroristas), será conocida por el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares.»

En este contexto, el tribunal acogió el recurso de amparo sólo en cuanto se ordena la reposición de los efectos naturales de la resolución confirmatoria del Tribunal ad quem, ordenando que opere la sustitución del lugar donde deberá cumplirse la privación de libertad que pesa sobre la amparada. El fallo de mayoría entiende que la resolución dictada por el Tribunal de Garantía no dispuso la liberación de la amparada, sino por el contrario, ordenó que la privación de libertad que le fuere impuesta sea cumplida en un lugar distinto al centro de detención dependiente de Gendarmería, esto es, en el domicilio fijado por la defensa. Por esta razón, resuelve que los supuestos requeridos por el legislador en el inciso segundo de la letra e) del N° 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República no se cumplen, por cuanto no se ha ordenado la libertad de la amparada.

Es decir, la resolución que confirmó lo resuelto en primera instancia tiene el efecto de mantener firme la decisión del juzgado de garantía, pero sustituyendo la forma en que debe cumplirse la privación de libertad. Por eso mismo,no se requiere la unanimidad prevista en la letra e) del N° 7 del artículo 19 de la Constitución, de modo que el voto de mayoría tiene los efectos naturales previstos en el artículo 85 del Código Orgánico de Tribunales, y no aquel que se produjo en los hechos.

El fallo contiene un voto de disidencia por la Ministro Sra. María Elena Llanos Morales.

La disidente estima que no se ha acreditado que hubieren antecedentes que en su momento se tuvieron en consideración al decretar la prisión preventiva de la imputada, teniendo presente, además, la naturaleza del delito, carácter y pena asignados al mismo. Además, considera que no se exhibió o acompañó documento alguno proveniente de profesional capacitado que haya dado cuenta del real estado de salud de la imputada, quien se encontraba enferma a raíz de la huelga que voluntariamente decidió hacer.

Finaliza diciendo que su razonamiento reconoce lo dispuesto en la Constitución Política en su artículo 1, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos; y 19 N° 2 que dispone que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados y que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

Sentencias destacadas y tendencias jurisprudenciales de 2016, Primera Parte

Durante el 2016 ha habido cambios jurisprudenciales importantes, todos ellos integrados y analizados en nuestra base de datos de http://www.microjuris.cl. A partir de esta nota,  comenzaremos a destacar de forma no exhaustiva algunas sentencias y criterios jurisprudenciales que marcaron este año.

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GLOBOS DE VIGILANCIA

Relación entre seguridad y privacidad

globoA principios de año, las Municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea implementaron un sistema de cámaras de vigilancia en globos en la comuna. Vecinos y organizaciones ciudadanas recurrieron de protección frente a este plan, reclamando que a través de él se vulneraban los derechos de la privacidad, al abarcarse tanto espacios públicos como privados en la vigilancia.

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PERSONAL A CONTRATA Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Aplicación de normativa laboral

Funcionarios JudicialesDesde finales del año pasado, y durante todo este año, se ha dado un vuelco jurisprudencial importante relacionado con el estatuto que se le reconoce a distintos grupos de funcionarios públicos, en los cuales la Corte Suprema ha optado por la aplicación del régimen del Código del Trabajo.  A continuación, algunos fallos relevantes.

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RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS 

Multitienda responsable por mantener a clientes en Dicom 

deudoresDurante el mes de octubre, la Corte Suprema respaldo criterio de la sentencia que acogió la demanda colectiva llevada adelante por Sernac a causa de las cláusulas abusivas en los contratos de crédito con la casa comercial. La Corte consideró que al firmar el convenio de pago entre la empresa y los clientes –existiendo en ellos la legítima expectativa de salir del registro de morosidad– se produce una novación, en la cual se extingue la primitiva deuda y surge una nueva.

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PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA, CAMBIO JURISPRUDENCIAL

Presentación de la demanda interrumpe la prescripción

codigo civilEl 31 de mayo del presente año, la cuarta sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en juicio sumario sobre acción reivindicatoria especial del Decreto Ley 2695, rechazando la excepción de prescripción interpuesta en segunda instancia. Modificando un criterio jurisprudencial de larga data, el fallo comenta que (…) «es tiempo de variar el criterio mayoritario que ha sostenido que la interrupción de la prescripción requiere la presentación de la demanda y además su notificación aún devengándose el plazo de prescripción.Esta posición doctrinal y jurisprudencial contraviene el fundamento mismo de la prescripción que sanciona el descuido, desidia y negligencia de quien detenta un derecho y en cambio privilegia una interpretación que no tiene asidero en los artículos 2518 y 2503 nº 1, ambos del Código Civil».

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INTERNET

Rechazo del derecho al olvido

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Mientras en el Congreso se tramita un proyecto de ley que busca incorporar el derecho al olvido al ordenamiento nacional, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto contra el sitio web El Mercurio Online, y contra el buscador Google por existir una noticia en la que se asociaba el nombre del recurrente a un delito, por el cual el mismo ya cumplió la pena. El tribunal capitalino estimó que el derecho al olvido no existe en la legislación nacional, ni tampoco ha sido incorporado por la jurisprudencia, por lo que no puede existir como un derecho alegable ante tribunales. Apelada la sentencia,  la Tercera sala de la corte Suprema, confirmó lo resuelto en resolución de fecha 22 de noviembre de 2016.

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Suprema revoca sentencia y acoge amparo interpuesto a favor de comunera mapuche engrillada durante parto

supremaLa Corte Suprema acoge el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de amparo que había resuelto que no fue vulneratorio el actuar de Gendarmería de mantener engrillada a una interna de origen mapuche durante sus labores de parto. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

Con fecha 2 de diciembre, la segunda sala del máximo tribunal decide revocar la resolución de amparo de la Corte de Apelaciones de Temuco. En lo esencial, el tribunal resolvió que existió una situación paradigmática de interseccionalidad en la discriminación, pues hubo una confluencia de factores entrecruzados de discriminación que se potenciaron e impactaron negativamente en la amparada, al recibir un trato injusto, denigrante y vejatorio dada su condición de mujer, de gestante y parturienta, de privada de libertad y por pertenecer a la etnia mapuche, lo que en forma innecesaria puso en riesgo su salud y vida, así como la de su hijo, todo ello en contravención a la normativa nacional e internacional vigente en la materia. Estas reglas han advertido que la convergencia de múltiples formas de discriminación aumenta el riesgo de que algunas mujeres sean víctimas de discriminación compuesta, por lo cual la entidad recurrida, afectó la seguridad personal de la amparada durante la privación de libertad que sufría con motivo del cumplimiento de las penas impuestas y su dignidad como persona, en contravención a la Constitución Política y las leyes.

Más específicamente, el maltrato recibido por la amparada encuentra explicación en su pertenencia a una comunidad mapuche. De otra forma no se explica el desmesurado y, por ende, desproporcionado operativo de seguridad que a su salida de la unidad penal para su atención médica en un recinto asistencial llevó a cabo Gendarmería. Su clasificación es de bajo compromiso delictual, a lo que cabe agregar que su estado de salud restaba toda posibilidad de que durante su traslado pudiera atentar contra terceros o intentar su huída. Tales circunstancias no resultan coherentes con el inusual despliegue de medidas de custodia y coerción en los traslados y durante su permanencia en los recintos hospitalarios.

A esto se suma que lo realizado constituyó también un acto de discriminación en su condición de mujer, pues el trato recibido por ésta de parte de los agentes estatales desconoció dicho estado de vulnerabilidad y, por ende, de necesidad de protección, en circunstancias que, desde una perspectiva de igualdad de género, se debió haber tomado en consideración la situación particular que experimentaba al acercarse el proceso del parto -más aún en las difíciles circunstancias de salud y de privación de libertad en que éste se desarrolló-, como, por otro lado, la especial significación vital para ella del mismo, sobre todo dentro de la comunidad mapuche a la que pertenece, y el impacto negativo que una aplicación no diferenciada de las normas y reglamentos penitenciarios podía ocasionar en aquella mujer.

Gendarmería alegaque en su actuar se habrían ceñido los funcionarios a la normativa propia para actuar en estos casos, citando el Oficio N° 202/2015 del 20 de mayo de 2015 de Gendarmería de Chile, que reitera Instrucciones de buen servicio sobre Servicios Hospitalarios y Salidas al Exterior. Sin embargo, la corte estima que esta normativa no se adecúa a la normativa internacional. Al respecto dice que

Dicho instructivo, amén de imponer formalidades que no parecen razonables en circunstancias médicas de urgencia, como una solicitud escrita fundada del facultativo, en el caso de la mujer embarazada privada de libertad, deja a la discreción de los funcionarios de Gendarmería actuantes el uso de medidas de coerción en los momentos anteriores y posteriores a la intervención médica directa, como ocurrió en este caso -durante los traslados y con posterioridad a la evaluación e intervención-, en circunstancias que las reglas 48 de las Reglas de Mandela y 24 de las Reglas de Bangkok, prohíben su uso, sin necesidad de requerimiento del médico tratante en los momentos anteriores, durante y posteriores al parto.

Finalmente, considerando lo resuelto por el tribunal de apelaciones, la Corte Suprema declara que no es obstáculo para hacer lugar a la acción de amparo el que pudieran haber dejado de existir las medidas que afectaron la seguridad personal de la amparada. Una acción de protección constitucional busca restablecer el imperio del derecho, lo que comprende la precisión del sentido de los derechos fundamentales, su respeto, el de las garantías que los protegen y la eventual corrección funcionaria, como lo señalaba el artículo 313 bis del Código de Procedimiento Penal.

En consideración de todo lo anterior, resuelve que:

1. La custodia de la amparada y las medidas de seguridad que se adopten por Gendarmería durante los traslados de aquélla a algún recinto asistencial de salud se efectuarán dando estricto cumplimiento a lo previsto en las Reglas 47, 48 y 49 de la Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

2. Durante dichos traslados, así como durante su permanencia en dichos recintos, su custodia directa será ejercida exclusivamente por personal femenino de Gendarmería de Chile.

3. Gendarmería de Chile deberá revisar y adecuar sus protocolos de actuación en materia de traslado a hospitales externos, conforme a la normativa Internacional suscrita por Chile relativa a mujeres privadas de libertad, embarazadas o con hijos lactantes, así como a aquella relativa a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres.

4. Gendarmería de Chile deberá remitir copia de los resultados del sumario administrativo que lleva adelante con motivo de estos hechos a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, dentro de un plazo no superior a 30 días, además de informar a dicho tribunal sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de los tres puntos precedentes.

 

Corte de Concepción rechaza amparo interpuesto a favor de interna que fue mantenida engrillada durante parto

embarazoLa Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de amparo interpuesto a favor de interna que fue mantenida engrillada durante sus labores de parto, aduciendo que la acción perdió su oportunidad. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

La primera sala de la Corte rechazó el amparo, interpuesto por la Defensora Penal Pública Penitenciaria a causa de la concurrencia e ilegalidad de actos de coerción y vigilancia desproporcionada durante el parto de la amparada. De acuerdo a los sentenciadores, la acción perdió oportunidad, al no existir la afectación actual que se denuncia por la colocación de grilletes a la amparada antes, durante y después del parto, habiendo transcurrido la situación de hecho descrita por la defensora días antes de la interposición misma del recurso.

Adicionalmente, agregaron:

un actuar ilegal o arbitrario de Gendarmería que atente contra la libertad o seguridad personal de la madre, no debiendo olvidarse que la amparada se halla recluida en un penal a causa de una sentencia dictada por tribunal competente, sindicándola autora de una receptación y de un robo con intimidación.

En tal sentido, el recurso de amparo no sería el medio adecuado para impugnar lo ocurrido, pues, no existe actualmente ningún hecho constitutivo de privación ilegal de libertad personal o amenaza en tal sentido o que afecte la seguridad individual de la madre amparada, conforme al artículo 21 inciso tercero de la Constitución Política de la República.

En tanto, el Senador Alejandro Navarro,  intercede en favor de la niña recién nacida (hija de la interna), aduciendo que se ha hecho una indebida extensión de los efectos de la pena a una persona distinta de la condenada, en este caso, sobre la recién nacida. Sin embargo, la sentencia establece que no se determina la existencia de algún hecho que constituya privación, perturbación o amenaza al derecho a la libertad personal y seguridad individual de la menor amparada, razón por la cual no se está en situación de adoptar medidas protectoras a su respecto.

El fallo cuenta con la prevención del ministro señor Manuel Muñoz Astudillo.

Justifica su prevención aduciendo que la amparada fue sometida a un tratamiento que no solo afecta su dignidad personal, sino también su salud, producto entre otros del abuso de medidas de seguridad, especialmente grilletes, en el contexto de una sentenciada parturienta y con trabajo de parto. Más aún, consultado Gendarmería de Chile por la Sala, manifestó que este mismo tratamiento se le dará al remitirla al establecimiento penitenciario donde cumple condena. En efecto, todas las acciones que se debieron realizar para dar atención médica de urgencia a la sentenciada por la que se recurre de amparo, en cuanto a las medidas de seguridad tomadas por la institución recurrida, no guardan proporción alguna con el hecho que, engrillada, debió soportar un largo viaje en estado de preñez con características de parto prematuro, al punto que debió ser atendida quirúrgicamente en el nacimiento de su hija; el ser observada por personal no médico durante la consulta, preparación y cirugía, todo ello aduciendo temor de fuga o participación violenta de terceros como habría ocurrido en otra ocasión.

Todos estos hechos no justifican el engrillamiento y la falta de recato en la atención de la sentenciada durante la atención médica por parte de sus custodios lo que evidentemente implica un atentado a la dignidad personal y con ello a la salud de la parturienta, materia distinta y no vinculada al hecho de la sentencia que se le aplicó.

Por tanto, concluye la prevención estableciendo que no se puede, de modo alguno, desatender los fundamentos del recurso en extenso, al menos en aquella parte que previene que la amparada sigue sometida a medidas de prevención y que existe la cierta posibilidad que las acciones de engrillamiento persistan en su traslado. Cuestión que se estima exagerada, inútil, abusiva y arbitraria, en el contexto de ser custodiada por gendarmería de Chile con apoyo de Carabineros de Chile.

Negativa a otorgar pasaporte a chileno en Venezuela vulnera libertad de circulación

pasaporteLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió el amparo interpuesto contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por la negativa a la petición de pasaporte basados en que, de acuerdo con la información del Consulado de Chile en Venezuela, éste debía ser rechazado por orden de la Policía de Investigaciones de Chile. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

En fallo unánime, el pasado 24 de octubre la séptima sala de la Corte de Apelaciones estimó que la negativa de la autoridad consular a otorgar pasaporte, que habilitaba al amparado para viajar a Chile, importó una vulneración arbitraria a su libertad de desplazamiento. Esto, en tanto que la negativa de la autoridad se sustenta en una supuesta orden de detención pendiente, lo que no es efectivo, por lo que en estas condiciones, ya no existe motivo para que el recurrente no pueda regresar a Chile. Así, la negativa a otorgar un documento que permita al amparado viajar a Chile, importó una vulneración arbitraria a su libertad de desplazamiento, que le reconoce y protege la Constitución Política de la República en el N° 7 del artículo 19.

El tribunal especificó que, de conformidad con lo dispuesto en el N° 4 del artículo 10 del Decreto Supremo N° 110 de 1989 que aprueba Reglamento de Pasaportes Ordinarios y de Documentos de Viaje y Títulos de Viaje para Extranjeros, el Servicio del Registro Civil e Identificación no otorgará pasaporte o documento de viaje para extranjeros que no exhiban un certificado expedido por la Policía de Investigaciones de Chile, que acredite que no tiene impedimentos judiciales o policiales para salir del país. Esto debe complementarse con la letra b) del artículo 64 del Reglamento Consular, contenido en el Decreto Supremo N° 172 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1977, conforme al cual a los funcionarios consulares les está prohibido expedir pasaporte o, en su caso, revalidar los ya otorgados, a las personas que hubieren estado impedidas de salir del territorio nacional, sea por precepto expreso de la ley o por orden judicial.

Así entonces, en la causa se estableció que el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, en su calidad de continuador del 1° Juzgado del Crimen de Santiago, aclaró que el amparado no registraba orden de detención en su contra, existiendo, eso sí, un proceso judicial en su contra que fue sobreseído y archivado, por lo cual, no tiene inconveniente en cualquier obtención o renovación en el pasaporte que se buscaba.

Corte Suprema revocó sentencia y acoge amparo en favor de ciudadano chileno por negarse renovación de pasaporte

pasaporteEn causa rol 28376-2015, se dedujo recurso de amparo –por parte de un particular– en contra del Consulado Chileno de Alemania y Otros.

El recurrente expuso en su libelo que el 10 de junio pasado el amparado concurrió al Consulado General de Chile en Alemania para renovar su pasaporte chileno, donde se le informó que ello era rechazado por la Policía de Investigaciones de Chile, sin que supieran la razón específica de su bloqueo o rechazo, tomando conocimiento más tarde que también en el Registro Civil se encontraba bloqueado por el mismo motivo, lo que es injustificado, dado que el actor se encuentra radicado en Alemania desde el 30 de marzo de 2011, quedando entonces en una situación de permanencia forzada en territorio extranjero y al mismo tiempo con una prohibición de facto para desplazarse y de su eventual ingreso a Chile.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el arbitrio constitucional; decisión revocada por la Corte Suprema en alzada.

En su sentencia, se arguyó que, como ha resuelto esta Corte en la causa Rol N° 4409-13 de 8 de julio de 2013, la tenencia de un pasaporte válido y eficaz es una exigencia ineludible para concretar o materializar la libertad de desplazamiento que la Carta Fundamental asegura a todas las personas.

Siendo así, se agrega que surge como conclusión que al entorpecer la renovación de su pasaporte el recurrente queda, en el hecho, en una situación de permanencia forzada en un territorio extranjero y, al mismo tiempo, con una prohibición de facto para su ingreso al territorio nacional. En suma, sujeto a un virtual arraigo absolutamente anómalo.

Y es que, como se lee en los informes emitidos por los distintos organismos requeridos al efecto por el tribunal a quo, en ninguno de ellos se plantea la legalidad o justificación de la denegación de pasaporte al amparado, sino sólo se exponen las dificultades técnicas en la operación de los sistemas automatizados de que se valen los órganos competentes para gestionar las solicitudes de dichos documentos, o se desconoce la existencia de la solicitud efectuada en la especie por el encartado. Respecto de esto último, si bien se señaló en el informe evacuado por el Subdirector Jurídico del Servicio de Registro Civil e Identificación a fs. 41, que en su base de datos el amparado no registra solicitud de pasaporte vigente, ello precisamente obedece a que, como se lee en el informe de fs. 34 emitido por el Director General de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, al concurrir el amparado al Consulado General de Chile en Frankfurt, Alemania, con el objeto de solicitar pasaporte, “se le informó que su solicitud sería rechazada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en atención a que tenía una anotación pendiente emanada de la Policía de Investigaciones de Chile”.

De ese modo, frente a cualquier privación, perturbación o amenaza a la libertad personal que no importe arresto, detención o prisión, la sentencia concluye estableciendo que el artículo 21 de la Constitución Política de la República faculta a la correspondiente magistratura para adoptar las medidas o providencias que juzgue necesarias con el objeto de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

(Fuente: Diario Constitucional)

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