Corte Suprema: el decreto que invalida un nombramiento de funcionario requiere que se le confiera a la afectada audiencia previa para realizar descargos

Con fecha 1 de marzo de 2017, la sala tercera de la Corte Suprema acoge el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de protección, revocando el Decreto Alcaldicio que invalidó el nombramiento de la funcionaria como Directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad. El tribunal consideró que la Municipalidad incumple con el artículo 53 de la Ley 19.880 para invalidar un acto administrativo, pues debe otorgar a la interesada una audiencia previa para que efectúe sus descargos. Al no realizar este trámite, la invalidación es ilegal y vulnera derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley.

La funcionaria argumentaba que no se le confirió audiencia previa para otorgar descargos, la cual es un requisito del artículo 53 de la Ley 19.880 para proceder a invalidar un acto administrativo. Señala además que el acto recurrido carece de justificación para invalidar su nombramiento. La razón para invalidar el decreto alcaldicio se encuentra en el Dictamen N° 47.346 de Contraloría, el cual –resolviendo el reclamo de un tercero oponente en el concurso público– determina que otra persona debe ocupar el cargo, debiendo la municipalidad propiciar todas las medidas para cumplir la decisión.

Según el tribunal, el artículo 53 de la Ley N° 19.880 señala que la invalidación de un acto administrativo es procedente –tanto de oficio como a petición de parte– previa audiencia del interesado. Si la municipalidad –dando cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría– procedió a dictar el Decreto Alcaldicio por el cual invalidó el nombramiento de la recurrente, lo que procedía era iniciar un procedimiento de invalidación en el que se otorgara a la interesada la posibilidad de ser oída, lo que no aconteció.

El certificado emitido por el Administrador de la Municipalidad, del cual dio fe la Secretaria Municipal, en el que se acredita que se informó previamente a la recurrente cómo se iba a proceder en el caso no le permite acreditar haber dado cumplimiento al artículo 53 de la Ley 19.880, ya que el documento tiene fecha posterior a la interposición del recurso y ni siquiera aparece firmado por la actora.

Finalmente, el tribunal concluye que si la Administración pretende ejercer la facultad de invalidación de sus actos debe necesariamente oír al interesado al constituir dicha audiencia, el cual es un requisito para el ejercicio de la referida potestad. Si no lo hace, el acto se torna ilegal y se vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, en cuanto se le ha dado un trato distinto al que procede conforme a derecho.

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Corte Suprema acoge Recurso de Protección y ordena redireccionar cámara de vigilancia en flota de buses

La Corte Suprema confirmó el fallo que acogió el recurso de protección presentado por el sindicato de conductores en contra de la empresa Flota Talagante, por la instalación de cámaras de vigilancia al interior de los buses y que ordenó redireccionar los dispositivos para que no apunten al rostro de los choferes.

En fallo dividido (causa rol 39-2017), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Álvaro Quintanilla– ratificó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que acogió la acción cautelar por considerar que la instalación original de las cámaras viola la protección a la vida privada y la honra de los trabajadores.

«Que luego del análisis de los hechos, la sentencia concluye que atendido que el objetivo y finalidad de la instalación de cámaras es la protección y seguridad tanto de los conductores como de los pasajeros y no el control de los primeros, una cámara de grabación enfocando exclusivamente al conductor o el rostro del mismo y con el audio no se condice con el objetivo explícito de la medida y sí aparece como un medio de control, entendiéndose de esa forma o al menos amenazando el derecho constitucional contenido en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República», establece el fallo del máximo tribunal.

La resolución agrega que: «se comparte el razonamiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel en cuanto entendió que correspondía respetar el derecho antes aludido, por lo que acoge el recuso sólo en cuanto se dispone que se redireccionen las cámaras sin enfocar el rostro de los choferes, respetando así el derecho de sus empleados a la vida privada, aún en su lugar de trabajo».

Decisión adoptada con el voto en contra de la ministra Egnem.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema: Seremi de Salud tiene facultades para prohibir el funcionamiento de la consulta profesional de una extranjera sin título convalidado

Con fecha 6 de marzo de 2017, la tercera sala de la Corte Suprema acoge de manera unánime el recurso de apelación, revocando la sentencia de protección que dejó sin efecto las resoluciones dictadas por la Seremi de Salud que prohibieron el funcionamiento de la consulta profesional de la recurrente, desconociendo el título que posee para ejercer su profesión. De esta manera, reinstaura la prohibición dictada por la autoridad administrativa. Se considera que en tal actuar no hay ilegalidad, toda vez que la Seremi tiene las facultades legales para prohibir el funcionamiento de determinados establecimientos en casos que exista un riesgo para la salud. La falta de inclusión de la carrera de optometría en el Código Sanitario de modo alguno puede implicar que tal profesión se ejerza al margen de toda la normativa sanitaria nacional.

El tribunal considera que no es factible atribuir a la Seremi ilegalidad alguna por su resolución, toda vez que aquella tiene las facultades legales para prohibir el funcionamiento de determinados establecimientos en casos que exista un riesgo para la salud, según lo dispone el artículo 178 del Código Sanitario. Esta atribución debe ser directamente relacionada con los antecedentes de hecho del caso, pues el servicio de su profesión constituía un riesgo inminente para la salud de las personas, estableciéndose que la consulta de optometría funcionaba dentro de la sala de ventas de una óptica, soslayando que lo hacía en otra parte del mismo local comercial. Con esto, y lo dispuesto en el artículo 126 inciso segundo del Código Sanitario, se puede descartar además la arbitrariedad de la conducta atribuida a la Seremi de Salud regional.

El tribunal entra a analizar, para hacer esta interpretación de la ley, el fin del artículo 126 del Código Sanitario, dictaminando que la prohibición de funcionamiento de consultas en el interior de establecimientos ópticos se hace aplicable a las consultas optométricas, toda vez que el optómetro es un profesional que puede medir la visión, detectar problemas y prescribir lentes correctivos.

El artículo 126 del Código Sanitario permite que en los establecimientos de óptica se abran locales destinados a la recepción y al despacho de recetas emitidas por profesionales relativas a lentes, bajo la responsabilidad técnica de la óptica pertinente, estableciendo que en ninguno de estos establecimientos estará permitida la instalación de consultas médicas o de tecnólogos médicos. Esta normativa tiene claramente un fin preventivo relacionado con los conflictos de intereses que se pueden producir en un ámbito tan delicado como es la salud, puesto que resulta evidente que el interés que tiene el establecimiento óptico por vender sus productos no puede estar relacionado con la prescripción de aquellos por parte de los profesionales que se encuentren estrechamente relacionados con aquél.

Además, en atención a que en Chile tal carrera no se imparte por las Universidades chilenas nuestro Código Sanitario obvió su inclusión, pero aquello de modo alguno puede implicar que tal profesión se ejerza al margen de toda la normativa sanitaria nacional. Esto, máxime si en virtud de la Convención sobre Canje de Títulos contenida en la Ley N° 3860, únicamente se exime a los optómetras colombianos de la obligación de convalidar estudios ante la facultad de medicina de la Universidad de Chile.

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Corte de La Serena: La no renovación de una contrata de manera infundada atenta contra el principio de confianza legítima de la administración

Con fecha 14 de febrero de 2017, la primera sala de la Corte de Apelaciones de La Serena acoge el recurso de protección interpuesto por un funcionario contra el Instituto Nacional del Deporte, por no renovar su contrata mediante una resolución infundada. El tribunal considera que la resolución que no renueva la contrata que lleva 10 años en la Institución debe ser debidamente fundamentada. De otro modo, deviene en un acto arbitrario que contraviene el principio de confianza legítima, como ocurre en el caso.

La sentencia unánime del tribunal de apelaciones considera que al ser renovada durante 10 años la vinculación de funcionaria, al actor le asistió –al amparo de los principios de juridicidad y seguridad jurídica y los consagrados en los artículos 5, 8 y 19 N° 26 de la Constitución Política de la Republica– la confianza legítima de que sería recontratado para el año 2017. La confianza legítima se traduce en que no resulta procedente que la administración pueda cambiar su práctica, ya sea con efectos retroactivos o de forma sorpresiva, cuando una actuación continuada haya generado en la persona la convicción de que se le tratará en lo sucesivo y bajo circunstancias similares, de igual manera que lo ha sido anteriormente. Es deber derivado del principio de la confianza legítima que los órganos de la administración del Estado actúen coherentemente, y en el caso de determinar una decisión distinta a la que han venido adoptando, dar comunicación de dicho cambio de criterio a través de un acto de carácter positivo debidamente motivado a través del cual este se manifieste, justificado en hechos o circunstancias comprobables.

En concreto, parte de la arbitrariedad está en que el acto de notificación en que se indica al recurrente que no será nombrado para un nuevo período no aparece respaldado por un acto administrativo formal emanado de la autoridad superior del Servicio, precisamente porque el tal acto no existía todavía. Tal deficiencia en el proceder se intenta salvar mediante la posterior dictación de una Resolución por parte del Director Nacional en el que aparecen una serie de imputaciones, las que a esa fecha se encontraban abarcadas por un sumario administrativo recién iniciado, encontrándose pendiente la citación al recurrente a fin de que preste declaración ante la Fiscal instructor a cargo. Lo cierto es que ninguna de esas imputaciones —dada su gravedad— están comprobadas en la sede administrativa correspondiente, como tampoco en esta sede de protección, vale decir, al momento de la exoneración no se encontraban acreditadas con el resultado final del sumario administrativo, que el propio Director Nacional ordenó incoar para establecer las responsabilidades del caso sancionar al funcionario si fuere encontrado responsable, incluso con la destitución del cargo si resulta mérito para ello.

Adicionalmente, el Instituto transgrede la presunción de inocencia que asiste al funcionario, y se vulnera respecto de éste la garantía a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso primero de la Carta Fundamental, y por derivación se conculca también la prohibición de discriminación arbitraria aludida en el artículo 19 N° 2, inciso segundo, y la obligación del legislador de garantizar un procedimiento racional y justo, a que se refiere el artículo 19 N° 3 inciso sexto. Todo ello sobre la base de que el funcionario fue objeto de una exoneración irregularmente tramitada, principalmente porque además de que la notificación de exoneración no tenía causa jurídica (que se intentó sanear con una resolución tardía), esta fue basada en conjeturas sometidas a la investigación de un sumario administrativo recién iniciado y sin que conste en él acusación alguna emanada de la Fiscal a cargo, y menos una resolución sancionatoria de la autoridad competente, que pueda, por el momento, dar pie a la decisión de exonerarlo de la institución.

Por lo tanto, y a modo de conclusión, si bien es cierto el artículo 20 de la Constitución no ofrece el recurso de protección respecto de todas y cada una de las garantías constitucionales, sí lo hace respecto de aquella que garantiza la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, entendida como el sometimiento de todas las personas de similares condiciones a un mismo estatuto jurídico para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea posible discriminar arbitrariamente entre ellas. En el caso particular, esto ocurre porque se ha aplicado al actor un procedimiento de exoneración apartado de las formalidades administrativas mínimas y sustentada en motivaciones que al momento de su concreción se apartaron de una ponderación objetiva y de la justificación necesaria que tal medida requiere, afectando la garantía señalada, anticipando la pena derivada de un sumario administrativo inconcluso.

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Corte de Apelaciones revoca decisión de comisión médica y ordena que se realice transplante de médula a paciente GES

receta medicaLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección contra la orden a no recomendar la realización de trasplante al paciente dada por la Comisión de Coordinación Nacional de Trasplante de Médula Ósea de Adultos, por no estar incluido en el protocolo para tratar la enfermedad de la paciente recurrente y aduciendo falta de evidencia de utilidad existente. La recomendación de la Comisión incidió en la decisión definitiva de no trasplantar al paciente a través del Sistema Nacional de Salud. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado jueves 2 de Marzo, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones capitalina acogió la protección, ordenando que se realice el Trasplante Alogénico (TPH) –más conocido como transplante de médula– como tratamiento contra la Leucemia Mieloide Crónica Philadelphia en crisis blástica linfoide con mutación T315I, solicitado por los médicos tratantes. Según la corte, los fundamentos dados al interior de la misma, siendo concordados entre sí, demuestran lo débil de su razonamiento, sin que ninguno de ellos esboce alguna contraindicación de este tratamiento para el paciente.

Por otra parte, confrontada posteriormente la decisión con aquella que considera que debe efectuarse a la brevedad el referido trasplante, emitido por la doctora que atiende al paciente, opinión avalada por el Comité de Hematología del Centro Asistencial donde se encuentra el paciente, sumado a la anuencia de otros médicos, se da cuenta de que se hacen cargo de los fundamentos de la Comisión desestimándolos uno a uno, todos coincidentes en la necesidad de efectuar el trasplante. Así, la conclusión a la que llega la recurrida es arbitraria por falta de argumentos razonables que justifiquen privar a un paciente del único tratamiento que le queda disponible para poder sobrevivir a la grave enfermedad que lo aqueja.

Razonando sobre el hecho de que la decisión de hacer o no el trasplante obedece a una cuestión propia de la lex artis, el tribunal considera que aun así ello no escapa al control del órgano judicial en orden a revisar la razonabilidad de una decisión que incide directamente en la expectativa de vida de una persona, teniendo para ello como parámetro la opinión de todos los profesionales médicos que han emitido opinión para el caso.

En tal sentido, no resulta razonable para el paciente ni para su familia que el Sistema de Salud Nacional prive de la opción de efectuar un trasplante porque dicha intervención no está dentro de un protocolo, máxime si por los dichos de los profesionales médicos que participaron en la discusión dicho protocolo no se encuentra actualizado y que sólo se ha debatido el tema porque existe un caso que requiere dicho tratamiento. Tampoco es razonable que se deniegue el trasplante porque existe poca evidencia de utilidad, en circunstancias que los mismos médicos están contestes en que estos casos son poco frecuentes. En consecuencia, si estos padecimientos son aislados y cuando se presentan el Sistema de salud no hace el trasplante, nunca entonces se logrará la evidencia para la inclusión del tratamiento dentro del referido protocolo, al menos en Chile.

El tribunal, de esta manera, concluye que la decisión de la recurrida atenta contra la Ley Nº 19.966, que en su artículo 2° dispone que las GES «serán constitutivas de derechos para los beneficiarios y su cumplimiento podrá ser exigido por éstos ante el Fondo Nacional de Salud o las Instituciones de Salud Previsional, la Superintendencia de Salud y las demás instancias que correspondan». En efecto, la ley se incumple si pese a que la enfermedad del paciente está garantizada en su atención, no se le provee del único tratamiento que queda por otorgar ante la enfermedad que padece.

Siendo, una decisión arbitraria e ilegal, ella atenta contra el derecho a la vida y a la integridad psíquica de la paciente, pues si bien su vida está en peligro por la enfermedad que sufre, no es menos cierto que al privarle de la opción de un tratamiento que puede ayudarle a sobrevivir y menguar el peligro subyacente perturba gravemente estas garantías constitucionales. La Corte, en tal sentido, se encuentra en el imperativo Constitucional de brindar la cautela requerida y disponer la adopción de todas las medidas médicas necesarias para llevar a cabo el trasplante propuesto por el equipo médico que atiende al paciente dentro del Plan Auge.

Corte de Apelaciones la Serena rechaza recurso de protección por construcción de centro comercial Paseo Balmaceda

Corte La SerenaLa Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso de protección interpuesto por vecinos de la comuna en contra del secretario regional ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, por la aprobación del estudio de transporte urbano del proyecto de construcción del centro comercial Paseo Balmaceda, en julio pasado.

En fallo unánime (causa rol 2085-2016), la Primera Sala del tribunal de alzada  –integrada por los ministros Humberto Mondaca, Marta Maldonado y el fiscal judicial Miguel Montenegro–  rechazó la acción cautelar por considerar que la autoridad actuó dentro de sus atribuciones legales.

«(…) lo concreto y no lo supuesto como quiere anticiparse los recurrentes, es que mediante el ya citado oficio ordinario N°754, de fecha 27 de julio de 2016, remitido por el Señor Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones Región de Coquimbo, se comunicó la aprobación EISTU del Centro Comercial Paseo Balmaceda y que contempla 590 estacionamientos, aprobación que queda condicionada al cumplimiento de acciones y medidas de mitigación, las que se consignan a su vez en el Informe de Factibilidad Técnica de Medidas de Mitigación del EISTU, esto es del Estudio de Impacto sobre Transporte Urbano, acciones y medidas de mitigación de corte técnico que no corresponde en este recurso determinar si adolecen o no de defectos, bastando sólo constatar que se cumplió con la legalidad», sostiene el fallo.

La resolución agrega que «igualmente cabe concluir que la recurrida no ha conculcado la garantía constitucional consistente en el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ya que tampoco se logra atisbar respecto a la manera en que la autoridad haya incurrido en una arbitrariedad e ilegalidad que traiga consigo la contaminación del medio ambiente».

Por lo que, concluye: «se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por los recurrentes, ya individualizados, en contra del Secretario Regional de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Coquimbo, don Oscar Pereira Peralta».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Apelaciones desestima protección de Deportes Concepción por expulsión de la ANFP

deportes-concepcionLa Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el Recurso de Protección interpuesto por Deportes Concepción contra la ANFP, aduciendo discriminación arbitraria en su expulsión de la asociación. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado martes 31 de enero, la quinta sala del tribunal de apelaciones capitalino rechazó la protección interpuesta por el Club, impugnando su desafiliación de la ANFP. En la sentencia, el tribunal analiza extendidamente dos de los principales argumentos entregados por el club:

En primer lugar, aborda la alegación del club de haber sido juzgado por comisiones especiales, según lo establecido en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política, considerando que el órgano de la ANFP que tomó la decisión, el «Consejo de Presidentes», constituye un órgano administrativo que es incompatible con la función de juzgamiento.

Según estima el fallo, el artículo 553 del Código Civil establece la obligatoriedad a respetar las normas que las mismas organizaciones se entregan, mientras su inciso segundo comprende, respecto de la potestad disciplinaria de un asociación, tres principios: el primero, relacionado con la existencia de órganos especiales con facultades disciplinarias; el segundo, que para ejercer dicha potestad se debe contemplar un procedimiento racional y justo que vele por el derecho de los asociados y el tercero, relacionado con la incompatibilidad entre órgano de administración y órgano disciplinario.

Considerando esto, el estatuto de la recurrida cumple cabalmente con dichos principios, desde que establece su organización interna contemplando como máxima autoridad al Consejo de Presidentes y además la existencia de un directorio y tribunales encargados de la disciplina de los asuntos patrimoniales y de honor a los que se entregan diversas facultades disciplinarias. Dentro de las diversas autoridades y organismos que el estatuto señala está el Directorio el que tiene claramente funciones de administración, las que ejerce en forma exclusiva y excluyente de todos los otros organismos que componen la Asociación Nacional de Fútbol, órgano que no ha ejercido en el caso ninguna facultad disciplinaria, sino que ha sido el Consejo de Presidentes el que ha tomado la decisión impugnada. Por tanto, el Consejo de Presidentes nunca se constituyó como una comisión especial.

En segundo lugar, también la parte recurrente estima que se vulnera la igualdad ante la Ley, en conformidad al artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, incurriendo la recurrida en una discriminación arbitraria al expulsar al club, lo que se explicita al comparar la situación de Deportes Concepción con otros clubes en situaciones similares.

Sin embargo, si bien se reconoce que otros clubes deportivos están en una situación económica complicada, según los antecedentes que presentó la ANFP todos ellos, oyendo el requerimiento del Directorio de la Asociación, reprogramaron sus deudas, acogiéndose a una fórmula para salir de la situación financiera en que se encontraban, siendo la única institución deportiva que no presentó plan alguno el club recurrente.

En tal sentido, el trato discriminatorio por parte del Consejo de Presidentes no se configura. Había una precaria e insostenible situación económica por la que atravesaba el club, incumpliendo gravemente sus compromisos laborales con el plantel del fútbol profesional y su cuerpo técnico, lo que en su oportunidad motivó la intervención del sindicato de futbolistas SIFUP en resguardo de los intereses de sus asociados, amenazando con una inminente paralización de las actividades deportivas ante esta situación económica, lo que motivó la intervención del Directorio para llegar a un acuerdo con el indicado sindicato para pagar los salarios y remuneraciones adeudados al plantel y cuerpo técnico del club. Esto implicó poder revertir la huelga anunciada y, consecuentemente, la paralización del torneo de fútbol, todo lo cual llevó a las reuniones extraordinarias que culminaron con la sesión extraordinario del día martes 26 de abril de 2016, en que se adoptó la medida tildada de ilegal y arbitraria.

Tomando el consideración lo anterior, el tribunal rechaza de manera unánime la acción de protección constitucional.

Corte de Santiago rechaza Recurso de Protección de funcionarios de la DGAC de Isla de Pascua por traslados

isla de pascuaLa Corte de Apelaciones de Santiago rechazó recurso de protección presentado por funcionarios que se desempeñan en el aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua, en contra de la decisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que dispuso su traslado a nuevas destinaciones.

En fallo unánime (causa rol 112.131-2016), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mario Rojas, Viviana Toro y Juan Opazo– rechazó la acción cautelar presentada por 23 funcionarios de la DGAC, tras considerar que el recurso de protección no es la vía idónea para reclamar decisiones de la autoridad administrativa.

«Como es fácil entender, se está tratando de utilizar la presente acción cautelar como si fuera un recurso jurisdiccional de carácter ordinario, para impugnar dos resoluciones que fueron dictadas por la autoridad recurrida en el ejercicio de sus legítimas atribuciones, según quedó expuesto en el motivo 13° de esta sentencia, dentro del marco de un Plan de Destinaciones, inserto en una Política de Recursos Humanos dispuesta en diciembre de 2015, a pocos días de asumir en calidad de Director General, según el informe respectivo.

Asimismo, la autoridad recurrida ha explicado que los criterios de selección objetivos se encuentran enunciados y desarrollados, al igual que en años anteriores, en el Instructivo sobre consideraciones y plazos definidos para la formulación y materialización del Plan de Destinaciones del año 2017. En el análisis de las solicitudes de traslado recibidas por el Departamento de Recursos Humanos, también se consideró la situación actual de cada unidad en términos de dotación, jerarquía de los funcionarios propuestos, complejidad y áreas críticas, entre otros factores, en conjunto con las directrices que imparte la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda», sostiene el fallo.

La resolución agrega que «la presente, desde luego, no constituye la vía idónea para impugnar dichas resoluciones, puesto que la ley no ha previsto, como medio de impugnación de determinaciones administrativas que disponen traslados. En efecto, el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción cautelar que cumple, como se desprende de la definición del mismo que entrega el ya referido artículo 20 de la Carta Fundamental, un rol muy distinto que el de servir de medio de impugnación general, que se pueda utilizar contra toda clase de determinaciones o decisiones administrativas e incluso jurisdiccionales, que la autoridad dicta en el legítimo ejercicio de las atribuciones que la ley les asigna».

«(…) se trata, entonces –continúa–, a juicio de esta Corte y como tantas veces ocurre, de una utilización errónea y abusiva de este recurso, que se interpone en la errada creencia que se encuentra en la cúspide del sistema recursivo procesal y que resulta pertinente para impugnar toda suerte de resoluciones y decisiones, de la más variada índole, expedidas por autoridades administrativas e incluso, como se dijo, de orden jurisdiccional.

Es fácil entender que, de acogerse, implicaría que el Poder Judicial, a través de este medio, vendría a ejercer y orientar las más diversas políticas públicas que, en rigor, corresponden a la autoridad administrativa, y que tienen sus medios de control y de impugnación propios.
El presente constituye un problema que es enteramente ajeno a la administración de justicia, y por lo mismo, la vía utilizada no es, como ya se dijo, la idónea, pues esta Corte no puede intervenir en las políticas de traslado de entidades como la que se ha recurrido en esta ocasión».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema: mantener información de una persona sobreseída en el Sistema de Apoyo de Fiscales constituye una vulneración a su honra

fiscaliaLa Corte Suprema acoge la apelación, revocando la sentencia de protección rechazada interpuesta contra el Fiscal Regional por mantener indefinidamente en el Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF), los datos de una persona -en su calidad de imputada- por un delito del cual fue sobreseída. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 15 de diciembre, la tercera sala del máximo tribunal acoge la apelación y resuelve que el Fiscal Regional de Valparaíso deberá eliminar del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF) los datos personales de la recurrente en su calidad de imputada en la investigación.

El tribunal considera que, no existiendo norma legal alguna que autorice la mantención indefinida de los datos de investigación que involucró a la recurrente y que culminaron mediante su sobreseimiento, no cabe duda que la mantención de los mismos después de haber transcurrido alrededor de cinco años desde la dictación del sobreseimiento definitivo configura un acto ilegal y además arbitrario, que lesiona el derecho a la honra y a la privacidad de quien acciona por esta vía vulnerándose con ello la garantía constitucional contemplada por el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Razonando en términos más generales, se considera que

no cabe sustraer al Ministerio Público de la normativa contenida en la Ley N° 19.628 sobre Tratamiento de Datos Personales, particularmente de lo consagrado en su Título IV que regula el tratamiento de datos por los organismos públicos.Específicamente, en el artículo 20 de este apartado se autoriza genéricamente a los órganos públicos para proceder al tratamiento de datos personales en la medida que ella se verifique en el ámbito de sus competencias «y con sujeción a las reglas precedentes». Se añade que de cumplirse estos parámetros no es necesaria la autorización del titular.

Es relevante resaltar que el artículo 21 regula la situación particular de los datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, que no pueden ser comunicados una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena, a excepción de que sean requeridos por los tribunales de justicia u otros órganos públicos en el ámbito de sus competencias. Sin embargo, el texto nada dice en relación a la resolución que sobresee definitivamente la causa en virtud de lo dispuesto por el artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal, situación que describe la recurrente, de lo que es posible inferir que las resoluciones condenatorias o sancionatorias son las que cabe mantener disponibles para el eventual requerimiento de los tribunales y otros órganos, sin que se desprenda del marco normativo analizado justificación alguna para guardar indefinidamente el registro del SAF.

El fallo contempla dos votos disidentes que ofrecen distintas fundamentaciones para no acoger la protección, la primera de la Ministra Sra. Egnem y la segunda de de la Ministra Sra. Sandoval.

La disidencia de la Ministra Egnem estima que no aparece que los datos de la causa hayan sido o puedan ser difundidos o comunicados fuera del ámbito del conocimiento de los Fiscales que acceden al SAF, estando estrictamente regulada la privacidad del contenido de la investigación, además de lo previsto por el artículo 182 del Código Procesal Penal, en el Reglamento de Personal para los Funcionarios del Ministerio Público, que rige a los fiscales. En esta última normativa, el artículo 33 N° 9 incluye expresamente la obligación de guardar secreto en relación a los datos o información de que estos funcionarios tomen conocimiento con ocasión de su cargo.

Lo dicho, estima la disidente, es sin perjuicio de considerar similares disposiciones de reserva en asuntos de violencia intrafamiliar o similares, en la Ley N° 19.628 , todo lo cual lleva a concluir que no se divisa amagada la garantía constitucional invocada en el recurso, del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, que otorga cautela frente a la comunicación indebida y divulgación de datos personales que integran el entorno de privacidad de una persona, así como tampoco se aprecia la vulneración del derecho contenido en el artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental.

La disidencia de la Ministra Sandoval, en cambio, considera que el ‘listado de causas SAF’ no reviste el carácter de secreta, ya que la misma se limita a señalar, respecto de cada causa, los siguientes datos: tipo de sujeto, nombre de éste, nombre del caso -el delito de que se trata-, fiscalía, fiscal asignado, fecha de la denuncia y recepción y el estado del caso -vigente o terminado-. Esto claramente constituye una información genérica, a la que se puede acceder incluso a través del portal del Poder Judicial. En este sentido, la norma del inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República consagra, como regla general, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del estado, salvo las excepciones establecidas por una ley de quorum calificado, estableciéndose similar disposición en el artículo 8 inciso 4° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público N° 19.640. En efecto, no existe norma alguna que, de manera excepcional, califique de secreta o reservada la información tantas veces referida.

Corte de Valdivia rechaza recurso de protección en contra concursos públicos de Municipalidad

valdiviaLa Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó ayer –miércoles 4 de enero– el recurso de protección interpuesto por el alcalde de San Pablo, Juan Carlos Soto Cau Cau, en contra del jefe comunal saliente, Omar Alvarado Agüero, por haber iniciado concursos públicos, en noviembre pasado, para llenar dos cargos vacantes de la planta municipal.

En fallo unánime (causa rol 1056-2016), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Ignacio Correa, Darío Carretta y Marcia Undurraga– desestimó el recurso de protección al establecer que el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario.

«Como se observa, quien denuncia infracciones o amenazas a sus garantías constitucionales, al momento de deducir la acción, no obstante de tratarse del alcalde electo, aún no asumía el cargo en propiedad. En cuanto a los llamados a concurso que se han cuestionado, uno se declaró desierto y, el otro, no obstante los argumentos del recurrente, obedece al legítimo ejercicio de las funciones propias del municipio, acto de no ha sido cuestionado por alguno de los participantes en el concurso público, en otras palabras no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales que invoca el actor, razón que se estima suficiente para desestimar el recurso», sostiene el fallo.

Por lo tanto, concluye: «se rechaza la acción de protección interpuesta por el señor Juan Carlos Soto Cau Cau, concejal en ejercicio y alcalde electo de la comuna de San Pablo».

(Fuente: Poder Judicial)

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