Enfermedades Raras y Ley Ricarte Soto: legisladores piden norma especial que les garantice cobertura

Como discriminadora calificaron las organizaciones de pacientes con enfermedades raras, la ley N° 20.850 más conocida como Ricarte Soto que financia diagnósticos y tratamientos de alto costo. Esto pues apuntaron a que solo 5 mil personas están siendo beneficiadas, de un universo de más de doscientas mil.

Estas declaraciones se vertieron en el marco de la sesión especial que realizaron los integrantes de la Comisión de Salud el pasado martes, para evaluar la entrada en vigencia de la norma. Al encuentro asistieron representantes de: Ministerio de Salud, de la Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile (ASOCIMED); de la Federación Chilena de Enfermedades Raras (FECHER) y de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes: El Representante.

Cabe recordar que en semanas previas los legisladores habían recibido información respecto a que existirían irregularidades en la entrega de beneficios.

Tras la sesión, el presidente de esta instancia, el senador Guido Girardi explicó que se le solicitaron mayores antecedentes al Ministerio de Salud (Minsal), en particular a la Subsecretaría de Salud Pública, respecto a la falta de información online para postular a las coberturas, lo que debería ser despejado en una próxima sesión.

LEY ESPECIAL

Por su parte, el senador Francisco Chahuán apuntó a la necesidad de agilizar la tramitación de la moción de su autoría sobre enfermedades poco frecuentes (Boletín N° 7643-11) que fue ingresada en el 2011, luego archivada en el 2013 y desarchivada el 2016. El texto se encuentra en primer trámite en la Comisión de Salud.

El legislador aclaró que este grupo de pacientes no debería estar compitiendo con otros que también deben costear a un alto costo sus fármacos, de allí la pertinencia de generar una ley especial para ellos considerando sus particularidades.  Al respecto, informó que presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos algunos de los casos presentados ante la Comisión de Salud, con el fin de obligar al Gobierno a responder por el derecho a la salud sin discriminación.

Asimismo solicitó al Ejecutivo dar mayor transparencia a los decretos que materializan la ley, puesto que no toda la información se encontraría actualizada. Cabe consignar que a la fecha ya se han dictado dos decretos en los que se incluyen las enfermedades que serán beneficiadas con el pago de diagnósticos y tratamientos, y el procedimiento que debe seguirse para postular a esos fondos.

Otro tema que surgió en la sesión es el de los ensayos clínicos. La ley Ricarte Soto reguló dicha práctica considerando que muchas veces los medicamentos que financia la norma surgen de largos procesos de investigación y experimentación con pacientes.

En tal sentido, el senador Chahuán pidió que se genere una ley o una política pública especial de ensayos clínicos puesto que tal y como está redactado el tema en la ley Ricarte Soto, se ha generado un claro desincentivo de los laboratorios y universidades por buscar nuevos fármacos.

GUÍA CLÍNICA

El presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras, Robinson Cristi aseguró que la forma en que se elige a las patologías que ingresan a cada decreto es discriminatoria. “Nosotros tenemos un universo de 200 mil pacientes y hoy la ley cubre solo a cinco mil. Entendemos que existe una limitante por razones económicas, pero nos parece que no ha habido criterios de inclusión”, aseguró.

Describió que “los pacientes de alto costo como nosotros quedamos fuera. En la ley se establece una comisión que evalúa una guía clínica. Las enfermedades no tienen especialistas por lo que se nos hace difícil elaborar una guía clínica, además que no están codificadas estas patologías. Necesitamos una ley enfocada en nuestro problema porque hoy las políticas públicas solo se enfocan en aquello que se conoce”.

Otros temas que hicieron ver otros representantes de esta organización respecto a la ley Ricarte Soto fueron que no existe una red de prestadores actualizada, no hay un registro de las asociaciones beneficiadas y no existe para las enfermedades raras la posibilidad de compra directa de fármacos a través de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast).

ESTUDIOS CLÍNICOS

Por su parte el presidente de la Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile, Eghon Guzmán explicó que anualmente uno de sus asociados, la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) invierte 51 millones de dólares en investigación, registrándose entre 90 y 120 estudios clínicos. Aseguró que en estos procedimientos intervienen unos cinco mil quinientos pacientes cada año.

“Los estudios clínicos en Chile son producidos mayoritariamente por la CIF puesto que el Minsal no los hace y los laboratorios nacional no producen más de un 1%, Necesitamos una ley de ensayos clínicos porque en la ley Ricarte Soto solo se generaron más trabas para ejecutarlos”, mencionó.

TIEMPO ACOTADO

A su vez, el Subsecretario de Salud, Jaime Burrows  aseguró que “la ley Ricarte Soto ha debido implementarse en un tiempo muy acotado. Por ejemplo, el plan Auge tuvo dos meses de marcha blanca. A ese apuro atribuimos los problemas de información que pueden haber surgido”.

“En el caso del tercer decreto, cuyas solicitudes se recibieron hasta el 30 de enero de este año, y el 21 de marzo estamos dando a conocer el listado,  será la Comisión de Recomendación la que analice cada caso e informe a la Subsecretaría. En los decretos anteriores solo operábamos nosotros”, comentó.

(Fuente: Senado)

 

Corte de Apelaciones: «dejar el cuerpo de la menor nacida y posteriormente fallecida sin conocimiento de sus padres junto a restos orgánicos configura un hecho generador de daño moral»

La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de apelación, confirmando la sentencia que condena de indemnización de perjuicios por daño moral al Hospital que trató de manera indebida el cadáver de una niña recién nacida que falleció luego del parto. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

Con fecha 23 de enero de este año, la Corte de Apelaciones de Rancagua considero que en el caso se producía daño extracontractual por el indebido del cuerpo de la menor. Según los hechos establecidos en juicio, el cadáver de la menor fallecida fue desechado por el Hospital de manera indebida sin informar a los familiares. Su cuerpo sólo fue encontrado por la Brigada de Homicidios en una dependencia destinada al depósito de placentas, sobre unas bolsas plásticas con la leyenda de tratarse de residuos patológicos, y al interior de un congelador de plástico, marca «Fensa», de 84 × 62 × 87 cm de altura.

Teniendo en cuenta esto, la defensa arguyó que su responsabilidad era contractual, y solo llegaba hasta las prestaciones médicas entregadas a la madre y su hija, prestaciones que se habían cumplido íntegramente a pesar de no haber podido salvar la vida de la niña. El tratamiento del cadáver trascendía esta responsabilidad. Sin embargo, la corte estima que la responsabilidad de la clínica no se fundamenta en el régimen contractual que tenía la demandante con la demandada, sino que es una responsabilidad extracontractual –en virtud de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil– ya que el contrato de servicios médicos no cubre prestaciones posteriores a la muerte de la menor.

La defensa dijo que la clínica demandada menciona que el hospital no cuenta con unidad de anatomía patológica y, consecuencialmente, carece de las cámaras necesarias para el depósito de cadáveres. Esto significa que su actuar resultó impropio, representa culpa de su parte, y es el factor de imputación que puede atribuírsele, pues frente a tal escenario, una conducta diligente pudo efectivamente ser gestionar de inmediato el envío del cuerpo a un establecimiento con unidad de anatomía patológica o informar a la familia las condiciones en que se preservaría el cuerpo de la menor a la espera de la autopsia. Sin embargo, dejar el cuerpo junto a otros desechos orgánicos, considerando el estado de ánimo de la familia, fundamenta el daño moral reclamado.

Además, en el caso no se trata de una responsabilidad fundada en la labor de dirección o vigilancia respecto de terceros dependientes de la clínica, sino de la atribución de una responsabilidad directa a la clínica en relación a las situaciones que rodearon la entrega del cadáver de la menor fallecida y el trato que se le diera posteriormente a su cuerpo.

Corte de Apelaciones revoca decisión de comisión médica y ordena que se realice transplante de médula a paciente GES

receta medicaLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección contra la orden a no recomendar la realización de trasplante al paciente dada por la Comisión de Coordinación Nacional de Trasplante de Médula Ósea de Adultos, por no estar incluido en el protocolo para tratar la enfermedad de la paciente recurrente y aduciendo falta de evidencia de utilidad existente. La recomendación de la Comisión incidió en la decisión definitiva de no trasplantar al paciente a través del Sistema Nacional de Salud. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado jueves 2 de Marzo, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones capitalina acogió la protección, ordenando que se realice el Trasplante Alogénico (TPH) –más conocido como transplante de médula– como tratamiento contra la Leucemia Mieloide Crónica Philadelphia en crisis blástica linfoide con mutación T315I, solicitado por los médicos tratantes. Según la corte, los fundamentos dados al interior de la misma, siendo concordados entre sí, demuestran lo débil de su razonamiento, sin que ninguno de ellos esboce alguna contraindicación de este tratamiento para el paciente.

Por otra parte, confrontada posteriormente la decisión con aquella que considera que debe efectuarse a la brevedad el referido trasplante, emitido por la doctora que atiende al paciente, opinión avalada por el Comité de Hematología del Centro Asistencial donde se encuentra el paciente, sumado a la anuencia de otros médicos, se da cuenta de que se hacen cargo de los fundamentos de la Comisión desestimándolos uno a uno, todos coincidentes en la necesidad de efectuar el trasplante. Así, la conclusión a la que llega la recurrida es arbitraria por falta de argumentos razonables que justifiquen privar a un paciente del único tratamiento que le queda disponible para poder sobrevivir a la grave enfermedad que lo aqueja.

Razonando sobre el hecho de que la decisión de hacer o no el trasplante obedece a una cuestión propia de la lex artis, el tribunal considera que aun así ello no escapa al control del órgano judicial en orden a revisar la razonabilidad de una decisión que incide directamente en la expectativa de vida de una persona, teniendo para ello como parámetro la opinión de todos los profesionales médicos que han emitido opinión para el caso.

En tal sentido, no resulta razonable para el paciente ni para su familia que el Sistema de Salud Nacional prive de la opción de efectuar un trasplante porque dicha intervención no está dentro de un protocolo, máxime si por los dichos de los profesionales médicos que participaron en la discusión dicho protocolo no se encuentra actualizado y que sólo se ha debatido el tema porque existe un caso que requiere dicho tratamiento. Tampoco es razonable que se deniegue el trasplante porque existe poca evidencia de utilidad, en circunstancias que los mismos médicos están contestes en que estos casos son poco frecuentes. En consecuencia, si estos padecimientos son aislados y cuando se presentan el Sistema de salud no hace el trasplante, nunca entonces se logrará la evidencia para la inclusión del tratamiento dentro del referido protocolo, al menos en Chile.

El tribunal, de esta manera, concluye que la decisión de la recurrida atenta contra la Ley Nº 19.966, que en su artículo 2° dispone que las GES «serán constitutivas de derechos para los beneficiarios y su cumplimiento podrá ser exigido por éstos ante el Fondo Nacional de Salud o las Instituciones de Salud Previsional, la Superintendencia de Salud y las demás instancias que correspondan». En efecto, la ley se incumple si pese a que la enfermedad del paciente está garantizada en su atención, no se le provee del único tratamiento que queda por otorgar ante la enfermedad que padece.

Siendo, una decisión arbitraria e ilegal, ella atenta contra el derecho a la vida y a la integridad psíquica de la paciente, pues si bien su vida está en peligro por la enfermedad que sufre, no es menos cierto que al privarle de la opción de un tratamiento que puede ayudarle a sobrevivir y menguar el peligro subyacente perturba gravemente estas garantías constitucionales. La Corte, en tal sentido, se encuentra en el imperativo Constitucional de brindar la cautela requerida y disponer la adopción de todas las medidas médicas necesarias para llevar a cabo el trasplante propuesto por el equipo médico que atiende al paciente dentro del Plan Auge.

Corte de Santiago ordena a dos isapres realizar proceso complementario de devolución de excesos a cotizaciones

ISAPRESLa Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los reclamos presentados por las isapres Banmédica y Vida Tres en contra de las instrucciones emanadas de la Superintendencia de Salud, que les ordenan realizar un proceso complementario de devolución de cotizaciones cobradas en exceso en el periodo 2014-2015.

En fallos unánimes (causas roles 10.163-2016 y 10.164-2014), la Octava Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Carlos Gajardo, Adelita Ravanales y Juan Antonio Poblete– confirmó el actuar de la autoridad fiscalizadora que ordenó realizar un nuevo proceso de devolución de fondos que caducaron sin ser cobrados por los cotizantes.

De acuerdo a ambas sentencias, la Superintendencia de Salud actuó dentro de sus facultades al ordenar los procesos complementarios.

«La instrucción cuestionada versa sobre el procedimiento de devolución de cotizaciones percibidas en exceso, que claramente no pertenecen a las Isapres, lo que se traduce en que su devolución no es facultativa sino que obligatoria, en términos que la Superintendencia, como Órgano Estatal ha de propiciar el cumplimiento efectivo y no meramente nominal de tal obligación, para lo cual ha dictado reglamentación en ese sentido, pues entenderlo de otro modo conduciría a desconocer el mandato que el legislador le ha conferido.», establecen ambos fallos.

Las resoluciones agregan que: «aun de llegar a concluir que a la fecha de la instrucción que motiva el presente reclamo, no se encontraba vigente la Circular IF/ N° 239- que nadie discute que contenía la obligación de devolución masiva que la reclamada reprocha incumplida no es posible para esta Corte obviar la norma transitoria de la Circular IF/N° 242- que fue la que difirió la vigencia de la circular IF N° 239 para el 31 de mayo de 2015- ya que allí expresamente se precisó que «en la devolución masiva anual correspondiente al año 2014 se debían incluir» todos los excesos pendientes de devolución, como también aquellos montos por concepto de documentos que se encontraban pendientes de cobro provenientes de devoluciones masivas o por solicitud directa de ejercicios anteriores».

«(…) así las cosas, la instrucción reclamada se ajustó a la normativa que regía la materia al momento que se llevó a cabo el proceso de devolución masiva de excesos de cotización, esto es al mes de abril de 2015, desde que se trataba de la devolución masiva anual correspondiente al año 2014», concluyen.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema condena al Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota por muerte de recién nacido en hospital de Quilpué

receta medicaLa Corte Suprema condenó al Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota a pagar una indemnización de $45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos) a madre de recién nacido que falleció el 18 de noviembre de 2011, en el Hospital de Quilpué por falta de servicio.

En fallo unánime (causa rol 31.492-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Álvaro Quintanilla– estableció la responsabilidad del servicio recurrido por la falta de atención brindada al hijo de Jocelyn Fuentes Figueroa.

«Que a fs. 261 y 238 de autos se agregó el sumario administrativo en que se consignó, tanto en la formulación de cargos como en la sanción impuesta, que hubo un actuar negligente de dos funcionarias de la recurrida, sumario que según las normas citadas debe tenerse por reconocido y en consecuencia hace plena prueba. Establece que hubo faltas de esas funcionarias que implicaron negligencia o falta de cuidado debido en su actuar, lo que provocó el lamentable deceso del hijo de la demandante y recurrente», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «en el contexto de lo ya expuesto cabe concluir en este caso el elemento causal del daño producido es la falta personal de las funcionarias del Servicio recurrido, la cual compromete la responsabilidad de la demandada desde que se concretó justamente en el ejercicio de la función o servicio que a la demandada correspondía brindar a sus usuarios, en este caso la recurrente».

«Desde esa perspectiva –continúa–, el Servicio recurrido no puede desvincularse de la falta personal en que incurrieron dos de sus funcionarias, puesto que los acontecimientos tuvieron lugar en un servicio de su dependencia, por profesionales asignados al mismo y en un horario normal de funcionamiento, de modo que las acciones desplegadas por ellas no se encuentran separadas del servicio, evento en el que resulta clara la responsabilidad del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, que tiene a su cargo al Hospital de Quilpué».

(Fuente: Poder Judicial)

Comisión de Salud aprobó en general proyecto sobre protección a la salud mental

remedio_medicamentosPor unanimidad, la Comisión de Salud aprobó esta mañana el proyecto de ley que establece una nueva Ley de Salud Mental para Chile y que contempla introducir derechos aún no garantizados en el país para esta parte de la población.

La iniciativa apunta a la prohibición de llevar adelante procedimientos invasivos e irreversibles como los casos de esterilización sin consentimiento, además de exigir la actuación de la Corte de Apelaciones para autorizar las internaciones involuntarias y supervisar estas internaciones. Asimismo, establece estándares de atención que son los mínimos que debieran tener cualquier chileno o chilena al momento de acceder a los servicios de salud en estas materias.

Al respecto, el presidente de la Comisión, diputado Víctor Torres (DC), afirmó que es importante que la iniciativa siga avanzando, puesto que se ha escuchado a una gran cantidad de especialistas del Colegio Médico y de Psicólogos, además de instituciones que han planteado su mirada respecto de contar con un proyecto de esta naturaleza. “Esperamos que con esto se contribuya con una mejor estructura de derechos para los pacientes que se ven vulnerados en su atención sanitaria”, aseveró.

En tanto, el diputado Sergio Espejo (DC), autor de la iniciativa, confirmó que este es un paso muy importante en la protección de los derechos humanos de las personas que tienen algún problema de salud mental. “Nuestro país hoy día no reconoce derechos básicos para impedir esterilizaciones, procedimientos quirúrgicos invasivos e irreversibles, que no cuentan con el consentimiento que es indispensable, tampoco tenemos un catálogo de derechos de las personas que viven con problemas de salud mental y que son crecientemente un número muy grande en nuestro país. Ha llegado la hora de resolver esto, no solo de sacar adelante una política integral, sino que además de reconocer por ley estos derechos poniéndonos a la altura de las obligaciones internacionales que hemos contraído”, señaló.

Relevancia de la salud mental

La instancia escuchó, además, los planteamientos de la profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile, Paula Repetto, quien, entre otras cosas, explicó la relevancia que tiene la salud mental en Chile, debido a la alta tasa de enfermedades y trastornos mentales.

“Este es un tema que está rezagado en materia de salud (…) hay pacientes con patologías crónicas que tienen una incidencia importante en salud mental, por lo que tenemos que abordarlo de manera integral”, afirmó.

Asimismo, resaltó que existe discriminación en cuanto al tratamiento que se les da a los pacientes, puesto que, aseguró, la legislación vigente hace que, de alguna manera, tengamos una mirada temerosa. “Si tú declaras que un paciente tiene una patología psiquiátrica, lo más probable es no quiera ser atendido, entonces si no hacemos algo en términos legislativos no vamos a lograr que nuestros pacientes sean reconocidos”, declaró.

En ese contexto, Paula Repetto entregó una propuesta que contempla aspectos fundamentales a considerar en el proyecto, como lo son el uso de tratamientos ambulatorios insertos en la comunidad, como una alternativa lo menos restrictiva, además de la confidencialidad en toda la información y registros médicos que tengan relación con el paciente, los que, puntualizó, deben ser correctamente resguardados.

Consentimiento valido e informado

Por otro lado, agregó, el consentimiento valido e informado, como una piedra angular del tratamiento de trastornos mentales e incorporados en la legislación de salud mental, además del ingreso y tratamiento voluntario e involuntario. “La ley debe promover que, en circunstancias en que se requiere una hospitalización psiquiátrica, esta sea voluntaria”, acotó.

Por último, señaló que la propuesta busca promover mecanismos de evaluación periódica en todas las instancias que afectan la libertad o integridad de las personas que sufren un trastorno, así como incorporar la definición de competencia, lo que, indicó, “no necesariamente es una condición asociada a problemas de salud mental, que debe distinguirse en la capacidad civil”.

Tras la exposición, la diputada Karol Cariola (PC) compartió la idea de crear un marco legal que permita desarrollar políticas para poder abordar la salud mental y, asimismo, pidió saber cómo enfrentar los tratamientos desde una perspectiva ambulatoria y de integración social y no desde la perspectiva del encierro.

En tanto, la diputada Karla Rubilar (IND) manifestó preocupación por la situación que viven muchos niños y adolescentes debido a la sobremedicamentación. “Nosotros tenemos índices de medicamentación muy altos a muy baja edad y eso no se condice por mucho que tengamos indicadores muy altos de enfermedad mental”.

La Comisión adoptó finalmente los plazos para la propuesta de indicaciones y se comprometió a despachar a Sala la iniciativa durante a fines del mes de enero.

(Fuente: Diputados)

Consulte los proyectos de ley, Boletines N° 10563 y 10755.

Reforma al sistema de Isapres vuelve a la tabla de la Comisión de Salud

ISAPRESLuego de sucesivos llamados de parlamentarios tanto del oficialismo como la oposición, la Comisión de Salud decidió reponer en tabla el proyecto, en segundo trámite, que modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un plan garantizado (PGS).

En medio del debate en particular, de la ley de medicamentos 2, que entre otras temáticas, busca eliminar la integración vertical entre farmacias y laboratorios; resurgió la necesidad de modificar el sistema privado de salud, administrado por las Isapres.

Para este fin, el próximo martes 3 de enero están invitados a exponer en la instancia, el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic; y el Presidente de la Asociación de Isapres de Chile, Rafael Caviedes.

La última vez que ambas autoridades estuvieron en la Comisión, fue en junio de este año, cuando los legisladores analizaron las alzas que aplicarían las Isapres a sus planes de salud a partir del 1 de julio pasado.

Cabe consignar que la propuesta que incorpora un plan garantizado data de 2011, pero su tramitación fue congelada en el 2013. Desde esa fecha, el Gobierno ha insistido en que presentará un proyecto distinto que recoja aspectos que generan mayor consenso como lo relacionado con fin de las preexistencias, la eliminación  de la declaración de salud y la elaboración de un plan único entendible y comparable.

Si bien es cierto que la Ministra de Salud, Carmen Castillo ha mostrado su disposición a trabajar en conjunto con los parlamentarios, en marzo pasado, el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés admitió en la Comisión, que aún no existe un texto acordado para enviar al Congreso Nacional, debido a “una serie de complicaciones técnicas”.

En términos generales, los legisladores han coincidido en la necesidad de terminar con la tabla de factores de riesgo y el alza unilateral de los planes de salud. Por su parte, el Minsal ha esbozado cambiar el PGS por un Conjunto de Beneficios de Salud (CBS).

El CBS se basaría en Fondo Mancomunado Universal donde van todas las cotizaciones de los afiliados a las Isapres y a Fonasa. En función de ello se entregarían prestaciones universales (80% hospitalarias y un 60% ambulatorias). A su vez, el modelo contemplaría un Fondo de Compensación de Riesgos Inter-ISAPRE, de manera que aquellas que tienen mayores costos se ven solventadas por las que tienen menos.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 8105-11.

En tabla proyecto que permite donación cruzada de órganos

Donacion organosEn la sesión de este martes 3 de enero a las 10:30 horas, la Cámara de Diputados analizó el informe de Comisión Mixta del proyecto que amplía la donación cruzada de órganos entre personas vivas.

Este es el último trámite que debe sortear la iniciativa, antes de ser despachado por el Congreso.

El texto legal fue presentado inicialmente por los senadores Carolina Goic, Francisco Chahuán y Guido Girardi, con el objetivo de ampliar las posibilidades de donación de órganos incorporando la modalidad de donación cruzada entre vivos, en aquellos casos de personas relacionadas en que no existe compatibilidad entre el donante y el receptor, ya sea por poseer un grupo sanguíneo incompatible o por resultar negativo el examen de histocompatibilidad.

Hay que recordar que la ley vigente solamente permite la donación de órganos entre vivos si se trata de personas relacionadas, es decir, cuando el receptor sea pariente consanguíneo o por adopción del donante hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o una persona que, sin ser su cónyuge, conviva con el donante.

La propuesta en discusión permite, además, la extracción de órganos en vida con fines de trasplante, siempre que el donante sea una persona capaz, mayor de edad y se ofrezca voluntariamente para la extracción y donación en vida. En este caso, el órgano extraído será trasplantado a una persona designada en el registro nacional de potenciales receptores a cargo del Instituto de Salud Pública, o a otra persona a quien, a través del mismo registro, se le done voluntariamente y en forma altruista, con el propósito de conservar su vida o mejorar su salud.

Además, se autoriza la donación cruzada de órganos en los casos en que no existan las condiciones médicas favorables para el trasplante de órganos entre parientes o personas relacionadas vivas.

Asimismo, dispone que se entenderá por donación cruzada aquella que se realiza entre dos parejas que siendo incompatibles entre sí, puedan donarse en forma recíproca. Para ello, deberán estar inscritas en un registro nacional de parejas donante-receptor, que se crea a cargo del Instituto de Salud Pública.

Toda la información sobre donantes y receptores de las modalidades “donaciones cruzadas” y “donantes altruistas” deberá ser tratada y custodiada con estricta confidencialidad y será considerada como dato sensible para los efectos de ley sobre protección de la vida privada.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proeycto de ley, Boletín Nº 10009.

Comisión de Salud de Cámara de Diputados proyecta despachar en enero nueva ley de salud mental

remedio_medicamentosEn el curso del mes de enero se plantea despachar desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el proyecto que establece una nueva Ley de Salud Mental para Chile y que contempla introducir derechos aún no garantizados en el país para esta parte de la población.

El presidente de la Comisión, diputado Víctor Torres (DC), sostuvo que es importante ir acercando nuestra legislación a lo que establece la normativa internacional y los tratados que nuestro país ha suscrito.

“Sabemos que nuestra legislación está al debe respecto de esta materia, por lo que es necesario avanzar para garantizar los derechos de aquellas personas que están en esta condición. Creo que vamos en la dirección correcta y esperamos seguir recibiendo algunas audiencias que nos permitan avanzar en la votación en general y en particular, pudiendo, en enero, despachar el proyecto a la Sala”, precisó.

El diputado Sergio Espejo (DC), uno de los autores de las mociones, indicó que, hasta ahora, se ha visto un ambiente muy favorable en la Comisión para votar en general este proyecto en el mes de enero, lo que «permitiría avanzar en una materia que ya no resiste más tiempo de espera”.

Respecto de las últimas audiencias, donde se presentaron las opiniones de las profesoras de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Valparaíso, Ángela Vivanco y Alejandra Zúñiga, respectivamente, informó que las profesionales entregaron un respaldo muy importante al proyecto de ley, «enfatizando su rol en materia de derechos fundamentales, de prohibición de intervenciones invasivas irreversibles y de instalación de mecanismos de control de las internaciones forzadas”.

(Fuente: Diputados)

Consulte los proyectos de ley, Boletines Nº 10563 y 10755.

A Sala proyecto que mejora las condiciones laborales del personal médico profesional

receta medicaMejorar las condiciones laborales del personal médico profesional, incluidos los odontólogos, químico farmacéuticos y bioquímicos, tanto en su etapa de formación en especialidades como en el desempeño de su carrera funcionaria, en lo referido a incentivos y remuneraciones, es el fin del proyecto que fue despachado por la Comisión de Hacienda.

La iniciativa quedó en condiciones de ser analizada por la Sala del Senado, sin embargo, durante el debate en Hacienda se hizo presente –mediante la abstención del senador Juan Antonio Coloma- la necesidad de incluir en esta ley a los profesionales de la salud de las Fuerzas Armadas o del Servicio Médico Legal, entre otros.

Cabe recordar que el Mensaje de la iniciativa señala que “una de las tareas prioritarias y esenciales del actual Gobierno es el establecimiento de un nuevo trato entre el gremio médico y el Ministerio de Salud, de modo que la atención en salud resulte oportuna y digna para la población usuaria de estos servicios y, junto con ello, se resuelva la escasez de profesionales y técnicos, se mejoren sustancialmente sus condiciones de trabajo y se adecúen las competencias laborales a la diversidad de necesidades que tienen las personas ante la creciente complejidad que muestra la demanda por servicios de salud”.

Al respecto, el senador Eugenio Tuma, señaló que el texto legal fue fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Salud y los médicos que están solicitando la igualdad de trato porque ellos tienen contratos en el Servicio de Salud y hospitales y no eran reconocidos ambos contratos y ahora la idea es que se sumen las horas médicas”.

Puntualizó que “eso va a facilitar ese reconocimiento y la concursabilidad para especialistas en comunas más pequeñas -como las de Carahue y Loncoche- que han llamado a concursabilidad y se declaran desiertos porque no hay suficientes incentivos. En cambio, si les reconocemos los beneficios en los cargos desempeñados anteriormente y si tienen portabilidad de esa asignación a la nueva vamos a tener mayor asistencia a los concursos que se requieren para cubrir los requerimientos médicos”.

A su turno, el senador Juan Antonio Coloma, aseveró que “este es un proyecto que ayuda al desarrollo de especialidades médicas en el ámbito de la medicina es una cosa muy deseada, sin embargo, tenemos un problema severo respecto a ámbito de acción, porque si bien abarca un amplio número de profesionales de la medicina, excluye algunos sectores, como por ejemplo, los médicos del Servicio Médico legal, las Fuerzas Armadas y Carabineros”.

Agregó que “no veo razón porque dos médicos que hacen lo mismo en el ámbito público uno pueda ganar hasta un 40% más que otro y aquí lo que ocurre es que no debería tener excepciones y por eso queremos discutirlo en Sala”.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10490-11.

A %d blogueros les gusta esto: