Extensión de cotizaciones para el seguro ante accidentes laborales y la creación de un fondo para el acompañamiento de menores serán analizados por la Comisión de Hacienda

La Comisión de Trabajo y Previsión Social despachó a la Comisión de Hacienda el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que extiende y modifica la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y crea el fondo que financiará el seguro para el acompañamiento de los niños y niñas.

El mensaje posee suma urgencia, más aún, al considerar que el 31 de marzo del presente año expira la obligación de una cotización  extraordinaria del 0,05% de las remuneraciones imponibles, de cargo del empleador, en favor del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la ley N° 16.744.

El objetivo de la norma es hacerse cargo del financiamiento de mediano y largo del plazo del Fondo de Contingencia de las Mutualidades de Empleadores, asegurando la sostenibilidad financiera de estas entidades y el respaldo de los compromisos futuros de pago de las prestaciones económicas por conceptos de pensiones y sus incrementos extraordinarios.

Para ello -tal como se desprende de las argumentaciones del texto legal- se ha estimado necesario extender la vigencia de la cotización extraordinaria a contar del mes de abril de 2017, estableciendo una disminución gradual hasta su extinción definitiva, en diciembre de 2019, para que el Fondo de Contingencia alcance el monto estimado al de los pasivos que está llamado a financiar.

FONDO DE ACOMPAÑAMIENTO

Por otro lado, el mensaje se hace cargo de la necesidad de fortalecer su sistema de protección social ampliándolo a contingencias que hasta hoy no se encuentran cubiertas y que al verificarse, producen un impacto severo en las familias, afectando sus ingresos laborales, su calidad de vida y su trayectoria de desarrollo. Estos avances son posibles en la medida que se implementen en forma gradual, con sostenibilidad financiera y con el compromiso de todos los sectores. El AUGE, el Seguro de Cesantía, la universalidad en la educación preescolar, el Sistema de Pensiones Solidarias y, más recientemente, la ley que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo (“Ley Luis Ricarte Soto”) entre otras políticas públicas, son una prueba que ello es posible.

Ahora bien, una de las circunstancias imprevistas que afectan más severamente a una familia corresponde al período en que alguno de sus hijos menores de edad enfrenta una condición grave de salud y de alto riesgo vital. El cáncer o la necesidad de un trasplante de órgano son condiciones de salud inesperadas que requieren que un niño, niña o adolescente no sólo cuente con la atención médica necesaria, sino también con el cuidado, atención y acompañamiento de sus padres durante el período más crítico del tratamiento y de este modo, avanzar más rápidamente en la recuperación de su salud.

Haciéndose cargo de esta necesidad, el Gobierno ha resuelto impulsar un proyecto de ley destinado a crear un seguro obligatorio, de carácter solidario, que beneficie a las madres y padres trabajadores de hijos e hijas mayores de 1 año y menores de 15 ó 18 años de edad, dependiendo de la contingencia cubierta, afectados por una condición grave de salud, con el objeto que puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, recibiendo durante este período de tiempo una prestación económica que reemplaza total o parcialmente su remuneración mensual, la que será financiada con cargo al seguro. Este proyecto de ley, en consecuencia, crea el fondo a través del cual se financiará este seguro.

(Fuente: Diputados)

Cámara de Diputados analizará en sala proyecto que crea bases de un seguro para trabajadores con hijos gravemente enfermos

Sentar las bases de un nuevo componente del sistema de protección social a través de la creación de un fondo que financie un seguro para las madres y padres trabajadores de hijos e hijas menores de edad, afectados por una condición grave de salud y/o de alto riesgo vital es el fin del proyecto que abordará hoy la Sala de la Cámara de Diputados.

La propuesta legal, calificada con urgencia de Discusión Inmediata (seis para el trámite), fue discutida y aprobada ayer en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo. En ambas instancias, la iniciativa contó con el respaldo unánime de los legisladores presentes en cuanto a su idea de legislar, principalmente porque se reconoció las dificultades que los padres presentan a la hora de enfrentar la enfermedad grave de un hijo.

Sin embargo, la discusión también contó con observaciones y críticas, particularmente de la oposición en el caso de la Comisión de Hacienda, dirigidas a la urgencia del trámite y al hecho que la aprobación del sistema conlleva amarrada una institucionalidad que aún no existe y que solo se definirá a través de un proyecto de ley a presentarse con posterioridad.

Al respecto, el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explicó que la demora en el ingreso de la presente propuesta se debió a que se buscó llegar al Parlamento con el acuerdo de las mutualidades en la mayor parte de las materias. Acotó que uno de los temas pendientes, que justamente ha imposibilitado la entrada del proyecto que crea el nuevo seguro para los padres (Sanna), es definir la forma en que se validará que los accidentes efectivamente existan (para las enfermedades bastará que estén contempladas en el sistema GES).

Otro tema de debate se radicó en el artículo tercero transitorio que, en lo fundamental, determina que, si dentro de los seis meses siguientes al envío del proyecto de ley que definirá el Fondo Sanna, este no fuese aprobado, se extinguirá la cotización creada en la presente propuesta legal.

Si bien ya había sido objeto de observaciones en la Comisión de Hacienda, fue en la Comisión de Trabajo donde la discusión tomó mayor realce, ya que diputados oficialistas refutaron la falta de confianza del Ejecutivo en el texto que se propondrá en el proyecto de ley Sanna.

A la hora de votar, la Comisión de Hacienda aprobó el conjunto de artículos (cinco permanentes y tres transitorios) por ocho a favor y cinco abstenciones (todos de la oposición). A su vez, la Comisión de Trabajo aprobó el articulado, con excepción del tercero transitorio, por siete votos a favor; en tanto que el tercero transitorio lo ratificó por cuatro votos a favor y tres en contra.

El hasta ayer presidente de la Comisión de Trabajo, Patricio Vallespín (DC), valoró el tenor de la propuesta legal y remarcó que la iniciativa responde a una demanda que nace de la sociedad civil. «Lo que hoy sucede en los hechos es que la gente no va al trabajo porque está con sus hijos y termina perdiendo el trabajo por esa situación no considerada y que muchos países la tienen. Por lo tanto, creo que estamos avanzando en la línea correcta y la Presidenta cumplió con ingresarlo el día de ayer y nosotros hemos cumplido con aprobarlo en la Comisión de Trabajo y hoy, no me caben dudas, que se va a aprobar en la Sala», planteó.

Datos del proyecto y del sistema que se creará

En su exposición de ayer, la Ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, explicó que el proyecto contempla como primer objetivo hacerse cargo del financiamiento de mediano y largo del plazo del Fondo de Contingencia de las Mutualidades, asegurando la sostenibilidad financiera de estas entidades y el respaldo de los compromisos futuros de pago de las prestaciones económicas por conceptos de pensiones y sus incrementos extraordinarios.

Para lo anterior, precisó, la propuesta legal permite la extensión de la vigencia de la cotización extraordinaria que los empleadores pagan a las mutualidades, a contar del 1 de abril de 2017 y en forma indefinida, pero considerando una disminución gradual hasta su extinción definitiva.

Además, se establece un límite máximo de recursos que las mutualidades deben aportar al Fondo de Contingencia por la diferencia positiva del GPE (Gasto de Pensiones Equivalente) y el GAP (Gasto Ajustado de Pensiones) anuales, equivalente al 4% de los ingresos por cotización básica; al tiempo que se disminuye el requerimiento de respaldo con activos financieros líquidos del 100% del Fondo de Reserva de Pensiones a un 65%.

En segundo lugar, tal como se adelantó, el proyecto crea las bases para un fondo que financie un seguro para las madres y padres trabajadores de hijos e hijas menores de edad, afectados por una condición grave de salud y de alto riesgo vital.

La idea, explicó, es que las madres y padres puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, a través de una licencia médica, para prestarles atención, acompañamiento o cuidado personal a sus hijos enfermos o accidentados. Durante ese periodo, el seguro-subsidio entregará al trabajador una prestación económica que reemplazará total o parcialmente su remuneración mensual.

Según especificó la Ministra, los beneficiarios de este seguro serán los y las trabajadoras, dependientes del sector público y privado, así como los independientes, que cumplan los requisitos legales. En tanto, los causantes del beneficiario serán los hijos e hijas mayores de 1 año y menores de 15 o 18 años de edad, afectados por una condición grave de salud debidamente calificada.

Alejandra Krauss detalló que el sistema tendrá como base de financiamiento parte de la cotización que hoy se paga a las mutualidades y que este proyecto de ley extiende en su aplicación, justamente en la perspectiva de la concreción del Fondo Sanna. La proyección de los aportes será como sigue:

  1. Hasta diciembre de este año, la cotización será de 0,05%, con un 0,04% para las mutualidades y un 0,01% para el nuevo seguro.
  2. En 2018, la cotización total se reducirá a un 0,03% y el aporte se repartirá en un 0,015% para las mutualidades y en un 0,015% para el seguro.
  3. En 2019, la cotización pasa a ser de un 0,01% para las mutualidades y de un 0,02% para el Sanna.
  4. A partir del 1 de enero de 2020 la cotización total del 0,03% va al seguro.

Los Ministros sostuvieron que las mutualidades actuarán solo como entidades recaudadoras de la cotización y adelantaron que la administración del fondo, la calificación de los beneficiarios y la gestión integral de los beneficios será realizada por un órgano definido en la ley que creará formalmente el Sanna. Afirmaron que dicho proyecto de ley entrará a trámite legislativo al Parlamento dentro de los próximos 60 días y que se contemplará un plazo de seis meses para su aprobación (citado artículo tercero transitorio).

Finalmente, estimaron que la cotización tendrá enormes beneficios sociales y para la productividad laboral, dado que se reducirán las contribuciones que realizan los empleadores (de 0,05% a 0,03%), lo que implicará un ahorro para los afiliados a las mutualidades de más de $8.481 millones y de más de $866 millones para los afiliados al Instituto de Seguridad Laboral.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 11161.

Corte de Santiago ordena a dos isapres realizar proceso complementario de devolución de excesos a cotizaciones

ISAPRESLa Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los reclamos presentados por las isapres Banmédica y Vida Tres en contra de las instrucciones emanadas de la Superintendencia de Salud, que les ordenan realizar un proceso complementario de devolución de cotizaciones cobradas en exceso en el periodo 2014-2015.

En fallos unánimes (causas roles 10.163-2016 y 10.164-2014), la Octava Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Carlos Gajardo, Adelita Ravanales y Juan Antonio Poblete– confirmó el actuar de la autoridad fiscalizadora que ordenó realizar un nuevo proceso de devolución de fondos que caducaron sin ser cobrados por los cotizantes.

De acuerdo a ambas sentencias, la Superintendencia de Salud actuó dentro de sus facultades al ordenar los procesos complementarios.

«La instrucción cuestionada versa sobre el procedimiento de devolución de cotizaciones percibidas en exceso, que claramente no pertenecen a las Isapres, lo que se traduce en que su devolución no es facultativa sino que obligatoria, en términos que la Superintendencia, como Órgano Estatal ha de propiciar el cumplimiento efectivo y no meramente nominal de tal obligación, para lo cual ha dictado reglamentación en ese sentido, pues entenderlo de otro modo conduciría a desconocer el mandato que el legislador le ha conferido.», establecen ambos fallos.

Las resoluciones agregan que: «aun de llegar a concluir que a la fecha de la instrucción que motiva el presente reclamo, no se encontraba vigente la Circular IF/ N° 239- que nadie discute que contenía la obligación de devolución masiva que la reclamada reprocha incumplida no es posible para esta Corte obviar la norma transitoria de la Circular IF/N° 242- que fue la que difirió la vigencia de la circular IF N° 239 para el 31 de mayo de 2015- ya que allí expresamente se precisó que «en la devolución masiva anual correspondiente al año 2014 se debían incluir» todos los excesos pendientes de devolución, como también aquellos montos por concepto de documentos que se encontraban pendientes de cobro provenientes de devoluciones masivas o por solicitud directa de ejercicios anteriores».

«(…) así las cosas, la instrucción reclamada se ajustó a la normativa que regía la materia al momento que se llevó a cabo el proceso de devolución masiva de excesos de cotización, esto es al mes de abril de 2015, desde que se trataba de la devolución masiva anual correspondiente al año 2014», concluyen.

(Fuente: Poder Judicial)

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