La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en la forma y el fondo presentados por la empresa COFISA, ratificando la multa solicitada por la demanda por interés colectivo llevada adelante por el Sernac, y anulando las cláusulas relevantes del contrato de crédito denominado «Informativo Convenio», y disponiendo la eliminación de los registros de morosidades y protestos de las bases de datos en que han sido informados los consumidores. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado martes 11 de octubre la Segunda Sala de la Corte Suprema, de manera unánime, rechazó los recursos de casación en la forma y fondo interpuestos por la empresa demanda. La demandada alegaba que la acción impetrada era improcedente respecto de la desinformación de las deudas morosas en el Boletín Comercial, puesto que se trata de una rama regulada en una ley especial, la ley N° 19.628 de protección a la vida privada.

El fallo estima que si bien el tratamiento de datos personales está regulado en una ley especial, la afectación de intereses supraindividuales que implica la contratación en situación de desigualdad mediante contratos de adhesión cuyo contenido acarrea el desequilibrio entre las partes que se refleja, entre otros, en el quebrantamiento de los derechos de los titulares de datos de carácter personal, constituye una materia susceptible de ser conocida en sede de derecho del consumidor. Más clara es esta inferencia cuando se advierte que el proceso judicial de la ley de protección a la vida privada está previsto únicamente para el resguardo de un interés individual, mientras que el de estos antecedentes se refiere al interés colectivo de todos aquellos deudores que suscribieron el informativo convenio con la expectativa no cumplida de ser eliminados del Boletín Comercial, de manera que es un caso previsto en la letra b) del artículo 2 bis de la ley 19.496, ya que si bien las normas de protección al consumidor no son aplicables, en principio, en materia de datos personales, sí lo son cuando se compromete el interés colectivo o difuso.

Respecto a la determinación de la naturaleza jurídica del informativo convenio impugnado en la demanda, la empresa demandada señala que considera errónea su calificación como una novación. La demandada invoca los artículos 19 inciso 1° del Código Civil (relativo al elemento hermenéutico del tenor literal), 578, 1437, 1438, 1444, 1445, 1473 (sobre las fuentes de las obligaciones y los derechos, los elementos de los contratos y obligaciones condicionales), que considera infringidos por cuanto el informativo convenio no es un contrato, sino que un acto jurídico unilateral. Este aspecto debe ser resuelto sobre la base de los hechos del proceso, dentro de los cuales se encuentra que el referido instrumento concede nuevos plazos a los deudores y contienen un folio de renegociación en que se individualiza al deudor, el tramo de mora, el total de la deuda vencida, por vencer, total de la deuda, gastos de cobranza, interés por mora y cargos fijos facturados y adeudados, total condonaciones, deuda después de la condonación, pie comprometido, deuda a financiar, pie mínimo exigido, abono imputable al pie, pie mínimo a pagar, pie comprometido, primer vencimiento, número de cuotas y valor cuota, y que por ese acuerdo se firma un nuevo comprobante de pago.

Por ello, las características del convenio que la demandada hacía firmar a sus clientes deja en evidencia que las partes, al momento de la suscripción del documento, acordaban un contrato de crédito distinto, en el cual se substituye la primitiva obligación que pesaba sobre el consumidor –el pago de su deuda–, por una nueva, revestida de distintas condiciones, que dan cuenta que dicha convención trata de una novación, cuyo efecto propio es la extinción de la primitiva deuda. Siendo así, los sentenciadores no han incurrido en ningún error de derecho al resolver que el informativo convenio es un contrato de crédito, ni al estimar que dicho pacto constituye novación.

Sobre el interes colectivo o difuso de los consumidores, la corte estima que el objetivo de la ley N° 19.496 es regular las relaciones entre proveedores y consumidores; determinar las infracciones en perjuicio de éstos y señalar el procedimiento aplicable en estas materias. Siguiendo esa línea, la reforma introducida en el año 2004 tuvo por objeto poner fin a las asimetrías existentes entre consumidores y proveedores, puesto que en su texto original de 1997, la ley 19.496 sólo disponía la protección individual de los derechos de los consumidores y muy excepcionalmente daba lugar al ejercicio de una acción colectiva. En ese entendido, el Servicio Nacional del Consumidor puede accionar en defensa del interés colectivo o difuso de los consumidores cuando constata que un concreto accionar del proveedor implica la transgresión de los derechos consagrados en la ley del ramo, como lo es la abusividad en la suscripción de un contrato de adhesión, con la finalidad que se declare judicialmente la infracción que considera que se ha producido.