Aprueban modificaciones a normas sobre antenas celulares

Siete son las mociones que componen el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de instalación de torres soporte de antenas de telecomunicaciones.

El propósito es dar mayor participación a los vecinos que sufren con las antenas, tanto patrimonialmente como en términos de salud. Muchas veces, no son notificados a tiempo, sino hasta cuando la antena ya fue construida, y tampoco se avisa al propietario del terreno contiguo, que pierde la plusvalía de su propiedad al no poder vender o arrendar su predio.

Junto con mejorar la participación de los vecinos y de sus respectivas agrupaciones, la norma también busca desincentivar la instalación de este tipo de estructuras en zonas residenciales.

El texto, que ahora será revisado por el Senado, también modifica normas sobre la notificación a los vecinos afectados, los plazos para otorgar los permisos de instalación, la regulación de sus instalaciones, las medidas de compensación y la identificación de las empresas de telecomunicaciones que hacen uso del soporte de antenas, entre otras materias.

El diputado Osvaldo Urrutia (UDI) planteó que la idea es mejorar la notificación a los vecinos y a los propietarios, quienes ven afectados su entorno en términos patrimoniales y de salud, ya que nadie los indemniza.

Señaló que las propiedades pierden plusvalía, y eso es lo que se busca evitar. Es decir, que en las zonas residenciales se instalen estructuras que soporten antenas. En ese marco, se faculta a los vecinos para organizarse e incluso demandar a quien arriende un terreno provocando el daño mencionado. En suma, el parlamentario recalcó que el texto legal aumenta la participación y desincentiva el uso e instalación de mega torres en zonas residenciales.

Agregó el legislador que se igualan las condiciones en las direcciones de obras para obtener los permisos y se amplían los plazos.

Por su parte, el diputado Marcelo Chávez (DC), si bien calificó el proyecto como un avance, lamentó que lo aprobado carezca de una mejor planificación urbana en términos de instalación de antenas y de incentivos para las compañías para desarrollar tecnologías menos invasivas con el entorno, los vecinos y las comunidades.

El parlamentario destacó que en las zonas declaradas como sensibles como hospitales, jardines infantiles y escuelas, las torres de menos de 18 metros tengan un distanciamiento mayor, de 50 a 100 metros.

Por último, el diputado Rodrigo González (PPD) coincidió en la falta de una adecuada planificación de las ciudades en el proyecto despachado por el Senado a segundo trámite constitucional. Recordó que una iniciativa impulsada por él y que no fue considerada por la Sala, precisaba las zonas donde se podían instalar las antenas, lo que permitía a los vecinos saber si en sus barrios habría o no torres.

Las zonas de distanciamiento definidas por el proyecto, a juicio del diputado González, son absolutamente limitadas puesto que su propuesta contemplaba 250 metros en vez de los 100 metros aprobados. Concluyó señalando que el Congreso desaprovechó una gran oportunidad de regular de verdad la instalación de antenas en beneficio de las comunidades.

(Fuente: Diputados)

Consulte los proyectos de ley, Boletínes N° 10387-15, 9658-159647-159641-15.

A segundo trámite proyecto que regula los contratos telefónicos

telefono emergenciaPor 20 votos a favor y 1 abstención, la Sala aprobó en general el proyecto que modifica la ley N°19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, regulando la formación del consentimiento en los contratos ofrecidos telefónicamente. (Boletín N° 10.375-03)

Asimismo, por no presentarse indicaciones se dio por despachado en particular también con lo cual quedó en condiciones de cumplir, su segundo trámite, en la Cámara de Diputados.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Felipe Harboe, Rabindranath Quinteros, Iván Moreira y Alejandro Navarro. Si bien los legisladores coincidieron en la necesidad de proteger a los consumidores, especialmente a aquellos que usan menos las tecnologías del grupo adulto mayor, el senador Navarro hizo presente que, a su juicio, la mejor forma de protegerlos sería prohibiendo este tipo de servicios.

CONTENIDOS

El proyecto de ley, iniciado en moción de los senadores Pedro Araya, Alfonso De Urresti, Alberto Espina, Felipe Harboe y Hernán Larraín, tiene por objeto proteger al consumidor frente a los diversos abusos o asimetrías que puede presentar el uso del mecanismo de contratación por vía telefónica, asegurando el respeto a dos principios fundamentales:

  • Acceso a la información veraz y oportuna, lo que obliga al proveedor a dar a conocer al contratante las cláusulas contractuales por escrito;
  • Aceptación expresa del consumidor, a fin de prevenir el nacimiento de un contrato abusivo o con cláusulas desconocidas para el consumidor.

En lo fundamental el proyecto de ley:

  • Fortalece las exigencias para que los contratos celebrados por teléfono o internet produzcan obligaciones y derechos para las partes, disponiendo que para que ello ocurra no sólo se requerirá que el consumidor haya tenido previamente un acceso claro, comprensible e inequívoco de las condiciones generales del contrato, sino que también a las específicas. Además la aceptación del cliente deberá ser expresa e inequívoca.
  • Obliga a los proveedores que ofrecen bienes o servicios a través de catálogos, avisos o cualquier otro medio electrónico o forma de comunicación a distancia, a conservar y mantener disponible para los consumidores, durante 5 años, los elementos publicitarios, las condiciones contractuales generales y específicas, y demás antecedentes en que conste la oferta. El mismo deber se establece respecto de la conversación mantenida con el consumidor en la que conste la oferta aceptada, cuando ésta se ha realizado telefónicamente, salvo que el proveedor sea una microempresa.
  • Impone un plazo de 3 días para que el proveedor, en todo contrato celebrado a distancia, remita al consumidor, una copia escrita del contrato.
  • Tratándose de contratos celebrados telefónicamente, además de la copia por escrito, el proveedor deberá enviar dentro del plazo de 3 días, copia de la conversación sostenida con el consumidor en la que conste su aceptación de la oferta. El incumplimiento de esta obligación producirá una extensión automática del plazo de retracto de la compra y si existieran, además, discrepancias entre lo sostenido por el proveedor y el consumidor, se constituirá una presunción simplemente legal relativa al contenido contractual establecida en favor del consumidor, salvo prueba en contrario.
  • Faculta al consumidor para requerir en cualquier momento el envío de los antecedentes señalados, quedando el proveedor obligado a remitirlos, en un plazo de 5 días hábiles contados desde la solicitud, por vía electrónica o por cualquier medio de comunicación que permita su almacenamiento.

Proyecto “No Molestar” a segundo trámite

telefono emergenciaCon 24 votos a favor y una abstención, la Sala despachó el articulado del proyecto que regula la protección de la vida privada en lo relativo al envío de publicidad. La norma más conocida como “No Molestar” ahora será estudiada por la Cámara Baja.

Los legisladores destacaron la importancia de conciliar el respeto de la vida privada con el derecho a emitir publicidad. Asimismo, se abordó el caso de los mensajes asociados a la utilidad pública o a las campañas políticas.

PROYECTO

El proyecto de ley iniciado en moción de los senadores Felipe Harboe, Lily Pérez, Jorge Pizarro y Eugenio Tuma, tiene por objeto actualizar y mejorar la legislación en materia de protección de los consumidores, ante el masivo desarrollo de la publicidad y de ofertas de servicios no solicitados, que se efectúan vía telefónica y por e-mail, de modo de velar por el respeto a la vida privada de las personas.

Contenido:

– Incorpora en la Ley de Protección al Consumidor el derecho a la protección de la vida privada en las relaciones de consumo.

– Reemplaza la regla «opt-out», contenida en la ley vigente, que obliga al proveedor a suspender los envíos sólo después que el consumidor solicita la suspensión de las comunicaciones, por una nueva, «opt-in», consistente en que el consumidor debe autorizar expresamente de manera previa y específica que le envíen comunicaciones publicitarias o promocionales por cualquier medio, incluido los electrónicos, autorización que no podrá incorporarse como cláusula en un contrato de adhesión, quedando el consumidor con la libertad de revocar esta autorización si lo estima necesario.

– Establece que los proveedores deberán contar con mecanismos o procedimientos electrónicos para recibir las solicitudes de revocación de información por parte de los consumidores, lo cual deberá ser informado al Servicio Nacional del Consumidor para su seguimiento y control.

– Dispone, como derecho del consumidor de productos o servicios financieros, el de conocer la materia o asunto sobre el que versa, la identidad del emisor, un domicilio, teléfono o dirección electrónica válidos donde dirigirse, sobre cualquier comunicación promocional o publicitaria que se le ofrezca.

– Entrega a un reglamento la determinación de la forma, condiciones y requisitos que deberá cumplir la autorización y la revocación realizada por los consumidores, sobre la recepción de información promocional o publicitaria.

– Prohíbe realizar promociones o publicidad vía telefónica antes de las 8 ni después de las 20 horas. Asimismo no se podrán efectuar dichas promociones en días sábados ni feriados.

– Sanciona el envío de comunicaciones publicitarias por parte del proveedor a un consumidor que haya revocado la autorización de recibir dicha información.

– Prohíbe a los proveedores transferir a terceros los datos personales del consumidor a menos que éste lo consienta, y cuando dicha transferencia se realice con el objeto de ejecutar materialmente la comunicación promocional o publicitaria.

– Establece que no requiere autorización del consumidor el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10133-03.

Contratos ofrecidos por teléfono: No bastará con que la persona diga “si” o presione un número dictado por operadora

telefono movilLa Comisión de Economía se encuentra analizando las normas sobre protección de los derechos de los consumidores, regulando la formación del consentimiento en los contratos ofrecidos telefónicamente, con el fin de que no baste con que la persona diga Sí o presione un número que le dicta la operadora, para que se suscriba el ofrecimiento, sino que propone que el consumidor dé su consentimiento por escrito.

Un fuerte respaldo tuvieron las ideas matrices del proyecto, aprobándose en primer trámite por los integrantes de la Comisión, tras escuchar la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), el Comité Retail Financiero y la Asociación Nacional de Empresas de Telefonía Móvil (ATELMO).

El presidente de la Comisión, el senador Moreira, señaló que “por unanimidad votamos este proyecto, así que desde la próxima semana vamos a comenzar a preparar las indicaciones, considerando que estamos autorizados para revisarlo en general y particular a la vez, por tratarse de un artículo único”, y propuso un plazo máximo para presentar indicaciones hasta el 20 de julio.

En esta línea, el senador Harboe, uno de los autores del proyecto,  valoró el despacho indicando que los cuestionamientos realizados por los invitados al proyecto, “no son novedad porque cuando hemos tramitado otras normas, como la ley Dicom, también se nos dijo que esto no sería factible. Ahora se nos asegura que esto sería terminar con los contratos telefónicos, y ello no es así”.

Por otro lado, el abogado de la ABIF, Luis Cordero señaló que “creemos que prohibir esta modalidad resulta arbitraria frente a otras de la industria. Además, resulta un retroceso en la digitalización de los bienes y servicios, y la bancarización”.

Agregó que “esta excepción a la actual legislación, no está justificada. Proponemos regular el contenido y claridad del guión telefónico; y el horario de la llamada que además siempre deberían ser grabadas. También nos parece que siempre deberían hacer medidas para validar la identidad del consumidor».

En esta misma línea,  el vice presidente ejecutivo del Comité Retail Financiero, Claudio Ortiz, mencionó las estadísticas del Servicio Nacional de Consumidor (Sernac) respecto a la baja cantidad de reclamos que habría por este tipo de contratos versus los relacionados con las ventas online.

Explicó además que “si el consentimiento se produce solo de manera escrita, los contratos telefónicos desaparecen. Este canal solo servirá para hacer promociones”.

Por su parte, el jefe de Asuntos Públicos de Entel y representante de la ATELMO, Felipe Simonsohn,  afirma que “creo que hacer cambios podría tener un efecto regresivo considerando el impacto de las nuevas tecnologías”.

Por su parte, el senador Quinteros cuestionó los datos del Sernac respecto la baja tasa de reclamos asociados a este tipo de contratos, al manifestar que “se habla de 300 casos por año, ese número me parece bajo si pensamos en la cantidad de ventas que se realizan cada día. No me coinciden esas cifras”.

El senador Harboe aseguró que “cuando se nos dice que esto afectará el comercio a distancia, les quiero recordar el caso de España, donde existe 12 veces más comercio de este tipo y la legislación local es más dura. Se obliga al proveedor a entregar un contrato por escrito antes de que se forme el consentimiento del cliente”.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10375-03.

Corte de Santiago acoge recurso de protección contra empresa por acoso telefónico a cliente

telefono movilLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado en contra de la Movistar S.A. por acoso telefónico a cliente por una supuesta deuda con la empresa.

En fallo unánime (causa rol 36222-2016), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Jessica González, Romy Rutherford y el abogado (i) Mauricio Decap– acogió la acción cautelar presentada por el abogado Francisco Bravo López.

La sentencia del tribunal de alzada determina el actuar arbitrario, irracional e justificado el proceder de la empresa al utilizar «un verdadero acoso telefónico a un deudor».

«Podemos colegir que existe un ámbito de protección de las personas que se encuentra precisamente referido a su integridad psíquica, que no puede ser vulnerado por los proveedores aun en caso de deudas, sino que debe recurrirse a los procedimientos ordinarios de cobranza judicial, bastando con poner en noticia del deudor la existencia de la obligación impaga, sin que tenga justificación bajo ningún aspecto incurrir en un verdadero acoso telefónico a un deudor, al margen de todas las oposiciones que aquél pueda realizar legítimamente en el procedimiento de cobro judicial de la deuda. No puede soslayarse lo dudoso que resulta la existencia de deudas que aparecen con posterioridad al abandono de la propiedad donde se prestaba el servicio, sin perjuicio de la necesaria fundamentación que la empresa pueda efectuar al momento de demandar el cobro de la deuda respectiva», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «Ciertamente, la recurrida intenta justificar su conducta en la existencia de una deuda del recurrente, debiendo cuestionarse la empresa acerca de la racionalidad o justificación razonable de su proceder con dicha finalidad, la que aquí, como se viene sosteniendo, no es posible divisar, razón por la que se estima por este Tribunal que la recurrida ha incurrido en una conducta arbitraria (…) nuestra Carta Fundamental consagra en el artículo 19 N° 1, el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, derecho fundamental que se ve vulnerado en cuanto a lo que se refiere a la integridad psicológica, en la medida en que este acoso telefónico resulta ser persistente, ajeno a lo razonable y excede, por lo mismo, los márgenes de lo permitido y tolerable, y en consecuencia procede acoger la acción interpuesta.

Por lo tanto, concluye, «se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don Francisco Alejandro Bravo López, abogado, domiciliado en calle Suiza N°2063, departamento 605, de la Comuna de Providencia, en contra de TELEFONICA CHILE S.A. (MOVISTAR), en lo principal de la presentación de fojas 15 y siguientes, debiendo la recurrida abstenerse de efectuar en el futuro llamados telefónicos de cobros extrajudiciales de la presunta deuda que con ella mantiene el recurrente ya individualizado».

(Fuente: Poder Judicial)

Tramitarán moción que prorroga la emisión de facturas electrónicas por parte de las pymes

impuestos internet IVA cobranzaCon 16 votos  favor y 10 en contra, la Sala declaró admisible el proyecto de ley que prorroga la entrada en vigencia para las empresas de menor tamaño y las microempresas de la obligación de emitir facturas electrónicas. La norma tuvo su origen en una moción de los senadores Manuel José Ossandón, Lily Pérez San Martín y Eugenio Tuma fue declarada inadmisible al ser presentada, por lo que se ofició al Ejecutivo suscribirla.

Como hasta la fecha no se había recibido respuesta en tal sentido, al inicio de la sesión el senador Ossandón solicitó votar la admisibilidad.

DISCUSIÓN 

TUMA

“Si la iniciativa se tratara de tributos sería inadmisible, pero el proyecto no se refiere a eso. Innova en materia accesoria, queremos que se prorrogue el cambio del uso de papel al sistema digital para emitir facturas en el caso de las mipymes y pymes”.

ESPINA

“Lo que entiendo es que se altera la forma (el plazo) en que se va a pagar una factura, pero no se refiere a aumentar o disminuir los tributos. La ley indica que todas la facturas deben ser electrónicas, pero hay zonas donde no hay internet; por eso se está pidiendo aquello”.

GARCÍA RUMINOT

“Se dice que es facultad del Ejecutivo de condonar, reducir, suprimir los tributos. Acá no estamos hablando de una de esas materias, por eso creo que es admisible. Estoy hablando del artículo 65 número 1 de la Constitución Política”.

LARRAÍN

“Cuando se dice que es un procedimiento, no me queda claro si es parte de la administración financiera del Estado. Cuando se amplía un plazo, se interviene en la recaudación. Tengo mis dudas de la admisibilidad. Estamos hablando de la forma en que el tributo debe recaudarse”.

GARCÍA HUIDOBRO

“No hay cambio de plazo de pago. Solamente se pide que se prorrogue por un tiempo más el uso de facturas en papel porque en las zonas rurales no siempre hay internet”.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 8874-05.

Proyecto que busca garantiza una velocidad mínima de acceso a Internet quedó listo para ser votado por la Sala

telefonia telecomunicaciones redes conexionesEn condiciones de ser discutido y votado por la Sala del Senado quedó el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet. Ello, luego que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado aprobara algunos de los cambios que le introdujo la Cámara de Diputados en su segundo trámite y rechazara otras disposiciones.

Así lo informó el presidente de la citada instancia legislativa, senador Manuel Antonio Matta, tras explicar que es muy probable que se tenga que constituir una Comisión Mixta para zanjar las discrepancias en torno a la iniciativa.

«El gran debate que tuvimos es de qué forma los servicios que procuran dar un servicio de internet adecuado al pago que realiza el usuario, efectivamente se cumple», dijo el senador tras precisar que «hoy existe una extremada liberalidad en la materia respecto de que lo que se cancela por parte del usuario no es el servicio que se otorga por parte de las empresas».

El senador Matta indicó que «tuvimos controversia con los criterios de la Cámara de  Diputados y al ser rechazados por parte nuestra, vamos a llegar a una mixta para poder subsanar los criterios diferenciadores».

En lo fundamental el proyecto busca lograr garantizar la velocidad de acceso a internet fijando, a su vez, un organismo independiente, externo y técnico a cargo de la verificación de los accesos de internet que ofrecen las compañías.

Los senadores aprobaron las normas que dicen relación con dotar de mayor autonomía e independencia a la entidad externa que verificará lo que ofrecen las compañías y las rechazadas dicen relación con los derechos de los usuarios y las garantías a las que se verían obligados los proveedores.

DECODIFICACIÓN ILEGAL

Asimismo, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones continuó con el estudio del proyecto, en primer trámite, que establece sanciones a la decodificación ilegal de televisión satelital de pago (boletín 10.294-15)

La iniciativa, tiene su origen en una moción de los senadores Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Manuel Antonio Matta, Manuel José Ossandón y Patricio Walker, quienes buscaron una fórmula para poder sancionar la decodificación ilegal de la televisión satelital de pago.

Según cálculos extraoficiales, en base a los registros de Aduanas, se estima que en Chile existen alrededor de 300.000 usuarios de dispositivos destinados a decodificar señales satelitales de forma ilegal, hecho que ha producido pérdidas de más de 66 millones de dólares en las empresas operadoras de TV satelital de pago, pérdidas que en Latinoamérica alcanzarían los 3.200 millones de dólares, lo que según los operadores puede atentar en contra del desarrollo de esta industria en la región.

Esta iniciativa pretende avanzar en la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor en el mercado de televisión satelital de pago, impidiendo la comercialización transfronteriza e intrafronteriza de dispositivos y/o softwares con capacidad de decodificar señales satelitales encriptadas, sin la debida autorización del distribuidor legal y/o dueño del contenido.

Se precisa que no se persigue sancionar a los dueños; meros tenedores; o poseedores de los dispositivos y/o softwares descritos previamente, ya que el objetivo es sancionar a quienes lucran con el negocio de la piratería de televisión satelital de pago.

Según explicó el senador Matta «se busca evitar cualquier situación de uso ilegal del sistema y poder sancionar debidamente con multa y decomiso, básicamente el uso ilegal… hay espíritu mayoritario de ver para entender requerimientos para mejorar el proyecto de decodificación ilegal».

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 8584-15.

Corte Suprema rechaza recurso de reclamación en contra de pronunciamiento del TDLC en mercado de telefonía

TELECOMUNICACIONESLa Corte Suprema rechazó el recurso de reclamación presentado en contra de sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia –TDLC– que modificó instrucciones de carácter general del sistema denominado on-net off-net de telefonía.

La resolución del tribunal establece que el pronunciamiento no se basa en la prohibición de discriminar entre tarifas on-net/off-net, sino que, por la inversa, se asienta específicamente en que las diferencias de tarifas que puedan derivar de la contratación de un Plan Grupal Monocontratado no derivan de la red de destino de las llamadas, puesto que todos ellas se efectúan exclusivamente dentro de la red de una misma compañía. Consulte fallo de la Corte Suprema analizado por Microjuris.

En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Manuel Antonio Valderrama– confirmó la resolución impugnada por las compañías de telecomunicaciones que validó los cambios en dicho mercado.

Los denominados «planes monocontratados» se refieren a aquellos planes de telefonía móvil que incluyan dos o más números o usuarios, contratados por una única persona natural o jurídica, que tengan tarifa preferencial en relación con las llamadas que se cursen entre dichos números o usuarios. La resolución del TDLC establece explíticamente que estos planes no están incluidos dentro de la prohibición de cobro diferenciado fundado en la red de destino de la llamada, de la regla A.4 de las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012. Esta norma reza que a partir de su entrada en vigencia, «los planes de prepago y post pago que comercialicen las empresas de servicios de telefonía móvil no podrán contener diferenciación de tarifas o de minutos incluidos en un plan, fundada en la red de destino de la llamada. Se entenderá que no están fundadas en la red de destino de la llamada las diferencias de tarifas o minutos contenidas en los planes de telefonía móvil que incluyan dos o más números o usuarios, contratados por una única persona natural o jurídica, en relación con las llamadas que se cursen entre dichos números o usuarios».

Al respecto, el máximo tribunal establece que la modificación introducida a las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012 por la resolución que se revisa es adecuada, esto es, no afecta la libre competencia, a la vez que las reclamaciones en examen no se encuentran revestidas del fundamento suficiente que justifique su corrección, motivos por los que las mismas serán desestimadas. En efecto las eventuales dificultades que los operadores móviles virtuales puedan enfrentar para replicar Planes Grupales Monocontratados -es decir, aquellos donde se consideran varios números para abaratar tarifas- no tienen relación directa con la diferenciación de tarifas según la red de destino y, por lo tanto, con los riesgos para la competencia que las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012 pretenden resolver, de lo que se sigue que tal materia, por consiguiente, escapa al ámbito del presente proceso. En efecto, el objetivo tenido a la vista por el TDLC al dictar las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012 y su modificación se vincula con los efectos que, en la libre competencia, podría provocar la diferenciación de precios en los servicios públicos de telefonía móvil basada en la red de destino de las llamadas, también conocida como distinción entre tarifas on-net y off-net.

A la vez, el tribunal comenta que en el procedimiento de modificación de las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012 impugnado, se ha buscado evitar la ocurrencia de los perniciosos efectos que podría provocar la diferenciación de precios en los servicios públicos de telefonía móvil, sin que haya sido objeto del procedimiento el examen de la conducta de las empresas incumbentes y de las medidas que eventualmente podrían adoptarse, en el caso de que se estableciera su ocurrencia, para corregirla. Tampoco formó parte de las materias examinadas por los jueces del TDLC la definición de cuál sería el modelo más adecuado para regular el mercado de la telefonía móvil, puesto que sólo se abordó un preciso y determinado aspecto de la actividad en este ámbito, el que se ha restringido exclusivamente a la llamada distinción entre tarifas on-net y off-net.

Finalmente, se desestima también la alegación consistente en que las Instrucciones de Carácter General N° 4/2015 afectan gravemente a la libre competencia al no establecer los mecanismos necesarios para que los operadores entrantes puedan competir con las incumbentes en la comercialización de los planes grupales en igualdad de condiciones. Esto, puesto que esto supone que se debió ordenar a estas últimas presentar a los operadores entrantes ofertas de facilidades que les permitieran comercializarlos con márgenes económicos positivos; que se incorporasen mecanismos para reducir los costos de cambio que implica la portabilidad del plan grupal a otras compañías y que se determinase la cantidad máxima de líneas adscritas al plan grupal. Pero para llegar a tal determinación, se tomaron en cuenta asuntos que no fueron materia de análisis en el procedimiento de modificación de las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012, toda vez que en la especie se ha buscado evitar la ocurrencia de los perniciosos efectos que podría provocar la diferenciación de precios en los servicios públicos de telefonía móvil basada en la red en que se practican y terminan las llamadas, sin que haya sido objeto del procedimiento el examen de la conducta de las empresas incumbentes ni la definición de cuál sería el modelo más adecuado para regular el mercado de la telefonía móvil.

Comisión aprueba proyecto que regula velocidad de servicios de internet

TELECOMUNICACIONESLa Comisión de Ciencias y Tecnologías de la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet.

En la sesión, donde concurrió el Subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf y el presidente ejecutivo de Atelmo, Guillermo Pickering, se concluyó la votación de las modificaciones propuestas al texto que ya había sido aprobado por la Comisión de Obras Públicas.

El texto, que se encuentra en su segundo trámite constitucional -fue aprobado por el Senado en junio de 2015- junto con precisar normas sobre los proveedores de acceso a internet, establece que estos
deberán garantizar los umbrales definidos por la norma técnica de velocidades de acceso ofrecidas en sus distintos planes comerciales, tanto en las conexiones nacionales como internacionales, alámbricas e inalámbricas.

Asimismo, deben poner a disposición de los usuarios un sistema o aplicación que permita la medición de dichas velocidades y parámetros técnicos asociados.

Estas mediciones de calidad del servicio las ejecutará un organismo técnico independiente, que será designado por licitación pública de los proveedores del servicio de acceso a Internet, previa aprobación de las bases de dicha licitación por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

El diputado Ramón Farías, integrante de la Comisión de Ciencias, señaló que esta medida “va en directo beneficio de todas las chilenas y chilenos que contratan servicios de Internet banda ancha, independiente del proveedor que tengan. Hasta este momento no existía ninguna reglamentación que protegiera a los usuarios o clientes de malas prácticas en esta materia”.

“Si usted contrata un plan de 20 megas se debe respetar ese acuerdo, y no recibir un servicio que navega sólo al 50% de lo indicado en esa oferta. De no cumplirse esto, podrá dirigirse a la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) para exigir la reparación o restauración del servicio, además de una compensación por el tiempo en que estuvo navegando a menor velocidad de la ofrecida”, explicó el legislador.

Asimismo, indicó que disponer de un sistema o aplicación de medición del umbral de navegación, permitirá que en cada hogar se pueda realizar esta medición y verificar los parámetros técnicos asociados.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 8584.

Tribunal civil ordena a VTR a mantener en parrilla a Vía X, Zona Latina y ARTV

telefonia telecomunicaciones redes conexionesEl Vigesimosegundo Juzgado Civil de Santiago acogió este martes una medida precautoria de primera instancia para suspender temporalmente la decisión de VTR de reemplazar las señales de TVI, Vía X, Zona Latina, ARTV y Vía X 2.

La acción fue presentada por la productora TVI Filmocentro, a la que pertenecen los canales mencionados que iban a ser sacados de la parrilla estándar del servicio de televisión de pago, y esta orden precautoria obliga al cableoperador a mantener el contrato estipulado hasta 2017.

La productora señaló que se «determinó que VTR no puede realizar ningún acto material o jurídico que suponga el término de la transmisión de los contenidos televisivos de estos canales, y que debe mantener las demás obligaciones del contrato que tiene con Filmocentro».

«La medida también prohíbe a VTR comunicar a sus clientes el cese de la señal de los referidos canales», añadieron.

Por su parte, VTR ya anunció que «defenderemos la decisión de reemplazar las señales del Grupo TVI, en el marco de la inclusión de 13 señales nuevas de mayor atractivo, modificación que no tendrá un costo adicional para nuestros clientes», porque «es una obligación para cualquier empresa de TV pago mantener su grilla actualizada para dar un mejor servicio».

Dio cuenta que el mencionado Juzgado Civil revisará ahora los antecedentes aportados por VTR, que «justifican legalmente el reemplazo de estas señales por razones de audiencia, con apego estricto al contrato suscrito entre ambas partes».

Además, el comunicado de la empresa aclaró que «lo que existe acá es un contrato suscrito libremente por ambas partes y que tiene cláusulas de salida que nos permiten tomar la decisión que adoptamos en beneficio de nuestros clientes».

(Fuente: Cooperativa)

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