Ideal contra Contacto: se hizo uso de la libertad de prensa de forma abusiva, sin permitir a la empresa presentar su versión de los hechos

contactoEl Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por la empresa alimenticia Ideal S. A. contra Canal 13 por la transmisión, el día 9 de julio de 2013, de su capítulo de Contacto titulado: «Alimentos Saludables: ¿Gato por Liebre?». Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 31 de enero, el tribunal de primera instancia acogió la demanda por responsabilidad extracontractual contra Canal 13 por la emisión de su programa de Contacto, donde se criticaban los productos de la empresa.

Según el tribunal, el ilícito civil cometido por el demandado se configura en la circunstancia de haber informado al demandante sólo 5 días antes de la emisión del programa de los cuestionamientos que merecían 3 de sus productos –Pan de Molde Integral, Pan de Molde Integral Light y Pan Blanco Light–. En el mismo sentido, no se le permitió a la empresa de forma real y efectiva el cotejo de los informes técnicos expuestos en el programa, para así poder evaluarlos y tener la chance de ejercer un real derecho a defensa con ocasión del programa emitido. Es más, después de salir el programa al aire e incluso 3 días después de televisado, el demandado no contaba con los análisis químicos de sus panes, lo que mermó las reales posibilidades de conducir las actuaciones necesarias para contener los efectos, de así quererlo.

Siguiendo el mismo sentido, la corte aclara que más allá de lo que hiciese o dejase de hacer la empresa a propósito de los hechos que se le imputaron y la efectividad o no de ser tales acusaciones fidedignas, correspondía que el público se formara su propio juicio sobre los panes criticados en el programa, contando con ambas versiones de los hechos. Sin embargo, esto fue imposible, dado que el demandado limitó el acceso a la información de los estudios realizados a la empresa, no pudiendo ésta defenderse, mostrándose en cámaras una sola versión de los hechos, una única hipótesis, una realidad incompleta.

En tal sentido, el tribunal resuelve que

(…) correspondía que Ideal S. A. tuviese a lo menos la oportunidad de conocer los informes en el cual se sustentaban las imputaciones, pudiendo así sentar ya sea en cámara o por otros medios, la discusión acerca de la efectividad de haberse encontrado frescas o no vencidas las muestras de pan de molde Ideal integral regular, integral light y blanco light, así como la relevancia o no de ello en lo que concierne al análisis de materia grasa.

Misma suerte fluye de la discusión en torno a la falta de especificación de lotes, número de muestras analizadas, omisión de los resultados de fibra dietaria, proteínas de las muestras y falta de indicación del factor de incertidumbre de los resultados o margen de error al momento de efectuar y elaborar el análisis químico por parte del DICTUC, aducidos por el demandante; así como el hecho de plantear la interrogante por Ideal de haberse sometido a análisis por el DICTUC productos cuya composición de ingredientes había variado a la fecha de emisión del programa, dado que el análisis químico se había realizado hace más de un año y medio antes de la transmisión del programa cuestionado.

El haber retenido Canal 13 el acceso a Ideal de los informes DICTUC, impidió que el actor se defendiese planteando las discusiones precedentemente señaladas y, así, dejar que el espectador tuviese a mano todas las versiones de los hechos, con un cabal acceso a la información, formándose su propio juicio acerca de las circunstancias.

Complementando esto, y ante la alegación del canal de estar amparado bajo la libertad de prensa, el tribunal considera que si bien existe este derecho, esto no implica que el periodista se encuentre facultado a su ejercicio bajo cualquier escenario y sin coto, sino que el régimen de responsabilidad civil imperativo en nuestro derecho sirve de marco teórico para su correcto ejercicio, lo que incluso tiene amparo constitucional en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental y asidero legal en cuerpos normativos específicos, tal como ocurre con la Ley N° 19.733 en su artículo 1. De esta manera, aun cuando la información pretendida divulgar por el demandado era de interés público –al ser el pan un producto básico y de consumo masivo–, y debiendo prevalecer este interés sobre el particular, se presentó como verdad absoluta un informe que a lo menos merece algún grado de cuestionamiento, y el canal limitó el derecho a conocer la información al afectado, no permitiéndole defenderse. Es decir, haciendo ejercicio de la libertad de prensa, la aplicó de forma abusiva, no pudiendo de esta manera acogerse esta defensa.

A propósito del daño efectuado por el ilícito civil, se estima, en primer lugar, que hay lucro cesante sufrido por el demandante como consecuencia del programa de televisión. Ello, pues la una mala publicidad del programa sí produjo efectos adversos en las ventas. Asimismo, se acredita que la emisión del programa de televisión sí se erigió en los consumidores como un elemento de mala publicidad que modificaría sus hábitos de consumo. Por lo tanto, hay un vínculo de causalidad entre el ilícito civil del demandado y los perjuicios comprendidos entre la emisión del programa.

Sin embargo, respecto al daño moral, si bien se considera que una persona jurídica puede sufrir daño moral, esta diría relación con el daño causado en su «nombre», «reputación» o «imagen», todo lo que se condice con el principio de reparación integral del daño conforme al artículo 2329 del Código Civil (ref:leg2522.2329). Pero no se pudo hacer lugar a este daño.

Es necesario cotejar en juicio la efectividad de haber sufrido el demandante daño en el ámbito extrapatrimonial. Sin embargo, en los dichos de la parte demandante se mezclan en materia de daño moral nociones en cuanto al «valor de la marca» y, por otro lado, menores ventas de todas las otras canastas de productos, es decir, de aquello que no corresponde a pan de molde, señalando que habría experimentado un menor nivel de ventas en general. El daño moral en este caso dice relación con el menor valor marca como consecuencia del Programa, y no con el menor volumen de ventas de otros productos suyos. El menor volumen de ventas de otros productos corresponden a lucro cesante, y podrían decir relación con un abanico tan amplio de motivos como gustos y preferencias de los consumidores tienen respecto a tales alimentos.

La corte, por tanto, acoge la demanda interpuesta condenando al pago de indemnización por la existencia de daño emergente y lucro cesante a causa de la comisión del ilícito civil.

Sala de Cámara de Diputados aprobó proyecto que reforma el Consejo Nacional de Televisión

TELECOMUNICACIONESCon 106 votos a favor y 1 abstención, la Cámara de Diputados ratificó las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley que moderniza el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), concede asignaciones y delega facultades para fijar su planta de personal.

La iniciativa entrega a los trabajadores de planta y contrata del CNTV una asignación de estímulo para velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión.

Esta asignación, de pago mensual, equivale al 9% de la suma de las siguientes remuneraciones, según corresponda:

a) Sueldo base asignado al grado respectivo.
b) Asignación establecida en los artículos 17 y 18 de la ley N° 19.185.
c) Asignación establecida en el artículo 19 de la ley N° 19.185.
d) Asignación establecida en el artículo 6 del decreto ley N° 1.770, de 1977.

Este proyecto es fruto del esfuerzo de los trabajadores, la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob). En concreto, permite, después de 42 años, una modernización del organismo, administrativa y jurídicamente, al tiempo que se propicia a los trabajadores (110 funcionarios) posibilidades de tener una mejor carrera funcionaria.

El proyecto avanza en Transparencia para el organismo, estableciendo que el CNTV deberá enviar, anualmente, un informe a ambas ramas del Congreso Nacional con los resultados de la política de fomento audiovisual, de la promoción de programación cultural y educativa y el control de gestión de multas.

En marzo de cada año, además, deberá dar cuenta pública y a través de su sitio electrónico institucional, de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su gestión presupuestaria.

Asimismo, el Consejo deberá publicar las actas de sus sesiones; confeccionar y difundir un informe de gestión y un plan de auditoría interna, y se adscribirá al sistema de compras públicas del Estado.

Además, se establece que los cargos de Secretario Ejecutivo, Secretario General y demás directivos del Consejo, deberán realizarse de acuerdo al Sistema de Alta Dirección Pública. El personal de planta o a contrata que reúna las condiciones exigidas por la ley N° 19.882 y se desempeñe en funciones calificadas como críticas, pasará a recibir la asignación, que es fijada anualmente por la Ley de Presupuestos en cuanto a la cantidad máxima de funcionarios que la perciben y los recursos destinados para su pago.

Por otra parte, el jefe de servicio del Consejo pasará a percibir la asignación de dirección superior de la ley N° 19.863, siéndole aplicable la normativa sobre incompatibilidades y límites que la regula. El porcentaje de dicha asignación alcanzará el 50% de las remuneraciones brutas de carácter permanente que le corresponde recibir.

Finalmente, esta iniciativa delega en la Presidenta de la República la facultad de fijar las nuevas plantas de personal del Consejo y los correspondientes requisitos específicos de ingreso y promoción, entre otras materias conexas.

Al efecto, se contemplan diversas normas, tales como los grados inferiores y superiores por estamento y disposiciones para proceder al encasillamiento del personal.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10922.

Canal de televisión discrimina a conductor al exigirle exhibir su orientación sexual en matinal

Imagen: La Tercera

Imagen: La Tercera

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de apelación en contra de la sentencia que acogió la acción de no discriminación, interpuesta contra el canal de televisión que transgredió la privacidad de un conductor de televisión y lo discriminó laboralmente, al exigirle exponer y exhibir su orientación sexual. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 15 de diciembre, la undécima sala de la Corte rechazó la defensa del canal de televisión Chilevisión, considerando que el canal realizó una actuación discriminatoria en contra del conductor Ignacio Gutiérrez, que constituye una distinción, restricción o exclusión fundada en una de las categorías sospechosas contenidas en el artículo 2 de la Ley Nº 20.609, es decir, la orientación sexual.

En su defensa, el canal de televisión demandado, invocando el legítimo ejercicio para desarrollar una actividad económica, acudió a la orientación sexual del demandante para decidir el rol que éste desempeñaría en el programa que animaba y para buscar que éste se expresara desde su sensibilidad homosexual, con la finalidad de dar una mayor credibilidad a los espectadores. Sin embargo, la corte estimó que lo anterior carecía de toda razonabilidad toda vez que no era necesario ni proporcional, invadiendo de este modo el derecho a la vida privada del demandante consagrado constitucionalmente en el artículo 19 Nº 4 de la Carta Política, vulnerando también su integridad síquica, pues realiza un impacto traumático a su estabilidad psicológica, desencadenando un cuadro ansioso depresivo.

En efecto, el tribunal estima que se ha hecho una exclusión del actor de un determinado rol, pretendiendo que se exprese desde su «sensibilidad homosexual», acudiendo a una de las categorías sospechosas de discriminación, por lo que el análisis para excluir la arbitrariedad debía ser estricto. Sobre esto, se consideró de un estudio de focus group que no había cuestionamiento al conductor por su orientación sexual por parte del público, ni tampoco se veía la necesidad de potenciar la visibilidad de su orientación sexual, además que tampoco se desprende de las cláusulas del contrato que aquella sea una necesidad para que pueda ser conductor del programa. Incluso el tribunal va más lejos: potenciar la credibilidad del conductor podía obtenerse por otros medios distintos y menos invasivos, sin que se viera como necesario acudir a la connotación sexual del demandante.

El tribunal también estima que los requerimientos del canal implícitamente conllevan hacer pública su condición de homosexualidad, la que hasta entonces nadie había estimado necesaria para mejorar el rating del programa. La condición sexual del demandante no había sido expresada por el mismo ni fue motivo de exposición pública por parte de éste, de manera tal que exigirle no sólo que lo manifestara sino que también acentuare de cierta forma un determinado comportamiento evidentemente excede de toda razonabilidad. En este mismo sentido, el fin de legitimar las preferencias sexuales de las personas, no se condice con la necesidad que veía el canal en orden a que el conductor se expresara desde su identidad sexual, pues para legitimar su preferencia no se advierte la necesidad de tener que expresarla.

Por todo lo anterior, el fallo de mayoría declara que la conducta de discriminación arbitraria en que ha incurrido la demandada fue la exclusión del actor del denominado rol de «dueño de casa» en el matinal de Chilevisión en razón de la orientación sexual de éste, y buscar que se expresara en el Programa desde su identidad sexual.

El fallo, además, cuenta con el voto de disidencia de la Ministra Sra. Mireya López Miranda.

La disidente considera que el canal televisivo tiene un derecho al libre ejercicio de la actividad económica que desarrolla, de tal manera que es evidente que para que tal derechos pueda co-existir con el respeto de su derecho a la vida privada y a la honra, cada uno de sus titulares debe comprender que la vida en sociedad impone derechos y restricciones que permitan el ejercicio pacífico de tales derechos. En este contexto, no existe impedimento legal alguno para que el canal televisivo decidiera –al amparo de la actividad que desarrolla– reformular el matinal, incorporar un tercer animador a quien asignar un rol de «dueño de casa» y optar para ello por una persona heterosexual de acuerdo al perfil que se quería dar a dicho papel. En efecto, el canal tiene la libertad para entregar un rol de desempeño a otra persona si considera que ésta puede representar mejor el papel que se pretende desde el punto de vista de credibilidad en la actuación. De ese modo, la decisión adoptada puede explicarse tal como una estrategia para obtener una mejor audiencia, sin que con ello se viole el ordenamiento jurídico vigente, ni los derechos del conductor demandante.

Suprema rechaza Recurso de Protección contra parodia en programa de televisión

CorteSupremaChileLa Corte Suprema rechazó el recurso de protección presentado en contra de canal de televisión por la transmisión de una parodia del síndrome de Tourette.

En fallo dividido, la Primera Sala de febrero del máximo tribunal –integrada por los ministros Héctor Carreño, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval, Juan Eduardo Fuentes y Carlos Aránguiz– revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que había acogido el recurso presentado por la Fundación Amigos del Tourette Chile y ordenado el retiro de la sección del programa televisivo: «Perros de la Calle» de Chilevisión.

La sentencia del máximo tribunal establece que «(…) mediante la presente acción lo que se pretende es, precisamente, censurar un segmento que forma parte de un programa de televisión, por contener supuestas referencias que se estiman contrarias a la honra y dignidad de aquellas personas que padecen el Síndrome de Tourette, a partir de la creación de un personaje ficticio dentro de un contexto humorístico. Sin embargo, de aceptarse tal planteamiento mediante la sentencia que se pronuncie respecto a esta acción, se estaría limitando la libertad de expresión, contraviniendo el artículo 13 de la Convención Americana de Derecho Humanos, instrumento internacional ratificado por Chile y vigente, el que garantiza que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por ley y que deben ser resueltas mediante la decisión del tribunal competente».

La resolución agrega que «(…) esta garantía y las eventuales consecuencias y responsabilidades que pueda producir el ejercicio del derecho están reglados en la Ley Nº 19.733 sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, de tal manera que ante cualquier daño que se haya producido o que se produzca en el futuro, el o los afectados tienen las herramientas legales para obtener la debida reparación si se reúnen las exigencias que nuestro ordenamiento jurídico contempla para ello. Que las razones expresadas impiden a esta Corte adoptar cualquier medida que pudiere conducir a impedir, obstaculizar o incluso interferir en la difusión en el futuro del programa o segmento cuya difusión teme la recurrente, ya que ello implicaría afectar una garantía constitucional por parte de un órgano del Estado justamente llamado a salvaguardar la plena vigencia de las garantías constitucionales».

(Fuente: Poder Judicial)

Consulte el fallo Rol 99610-15 de la Corte de Apelaciones analizado en Microjuris y el fallo revocatorio Rol 6889-2016 de la Corte Suprema.

Consejo para la Transparencia declaró inadmisible reclamo sobre normas de transparencia activa respecto del CNTV

TransparenciaSe dedujo reclamo (rol C2784-15) por infracción a las normas de transparencia activa en contra del Consejo Nacional de Televisión, fundado en que la información no se encuentra disponible en forma permanente, el acceso a la misma no es expedito, la información es incompleta y desactualizada.

El reclamante arguye que en relación a la selección de proyectos y asignación de los Fondos del año 2015, no habría existido fundamento plausible para eliminar y declarar tácitamente desierta la categoría de «Programas orientados al público infantil prescolar e infantil hasta 12 años» de la premiación del concurso público para la asignación del fondo de apoyo a programas culturales del año 2015, si quedaron 11 proyectos como finalistas que habían avanzado hasta esa etapa.

Al efecto, el CPLT sostiene que, del análisis de los antecedentes, se advierte que no existe una infracción a los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento, ello por cuanto la presentación de la reclamante tendría por objeto denunciar las supuestas irregularidades en la selección de proyectos y asignación de los fondos por parte del Consejo Nacional de Televisión en el concurso público referido a los programas culturales del año 2015, pero no reclamar por la falta de completitud o de acceso al listado de la información que las normas antes indicadas obligan a mantener en los sitios electrónicos a los órganos de la Administración del Estado.

De esa manera, concluye el Consejo declarando inadmisible el reclamo de la especie, al tenor de lo dispuesto en los artículos 7° y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 50 y siguientes de su Reglamento.

(Fuente: Diario Constitucional)

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