Cámara de Diputados inició debate de proyecto que fortalece investigación de delitos terroristas

Con el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, entregado por la diputada Claudia Nogueira (UDI), se inició este jueves la discusión del proyecto de ley, que fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad.

En primer lugar, la propuesta autoriza en primer lugar al Fiscal Nacional para el nombramiento de un fiscal con dedicación exclusiva para la investigación de hechos constitutivos de delitos terroristas, por un plazo de dos años prorrogable por otros dos cuando sea necesario.

Se establecen también normas de cooperación internacional para la persecución de delitos terroristas y la posibilidad de que embajadas y consulados colaboren con la Fiscalía.

Además, el Fiscal Nacional podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos de Estado, incluidas las Fuerzas de Seguridad y de Orden, y la destinación de funcionarios de sus respectivas dependencias, en comisión de servicio a la Fiscalía Nacional.

Entre otras materias, se establece que en casos calificados en que el Ministerio Público justifique que la mantención del secreto más allá del término legal resulte indispensable para el éxito de la investigación, éste podrá renovarse mediante autorización judicial fundada. El plazo del secreto no podrá, en ningún caso, exceder de seis meses.

El fiscal especial podrá autorizar el uso de funcionarios policiales como agentes encubiertos y el uso de informantes, regulando que se entenderá por cada cual.

La Sala acordó que el texto legal será votado este martes 11 de abril.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10460.

Diputados envían a sala proyecto que fortalece la investigación de delitos terroristas e iniciativa denominada «Ley Joaquín»

En primer lugar, la instancia legislativa entregó su respaldo al proyecto que modifica la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, para efectuar una distinción, en materia de determinación de las penas aplicables, en función de la edad del infractor.

El texto legal se fundamenta en el caso de Joaquín Fernández Cáceres, estudiante de 18 años de edad, quien fue asaltado y asesinado el 07 de septiembre de 2016, presuntamente por un adolescente de 16 años.

El objetivo es actualizar la legislación vigente, pues el proyecto considera que los jóvenes de más de 16 años tienen la madurez suficiente para determinar sus acciones.

El impulsor del texto legal, que será visto próximamente en Sala, diputado Issa Kort (UDI) detalló que «se trata de un gran paso para la ley Joaquín, pues la realidad penal adolescente en Chile es terrible, ya que ellos creen que delinquiendo pueden satisfacer sus carencias sociales. Y eso no es así.»

«Lo que nosotros buscamos, explicó el diputado, es que el joven sepa que tendrá una sanción dura y drástica a la hora de cometer el delito. También entregamos a los jueces herramientas para que ellos puedan impartir justicia como corresponde»

El legislador de la UDI explicó que con esta iniciativa «lo que hacemos, por ejemplo, es que el juez no podrá otorgar libertad simple. Si quiere entregar libertad a un joven entre 16 y 18 años deberá ser libertad asistida». En segundo lugar, los jueces no podrán otorgar simples libertades sin emitir informe. Sobre todo para los jóvenes reincidentes, acotó, quienes van a saber que no sólo van a cumplir una sanción sino que además ésta será respaldada por un informe del juez con los argumentos de su decisión».

Leticia Cáceres, madre de Joaquín Fernandez, manifestó su emoción por el avance del proyecto y afirmó que «esto fortalece el movimiento que se ha impulsado en torno al caso de su hijo y de otras personas que han sido cruelmente asesinadas por delincuentes».

Delitos terroristas

En un segundo punto, la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó y envió a Sala el proyecto de ley que fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad.

En sus antecedentes, el texto indica que, con el propósito de potenciar las investigaciones del ente persecutor y dotarlas de mayor eficacia desde el punto de vista condenatorio, es conveniente incorporar el agente encubierto y el informante, en términos similares a la ley 20.000.

Al respecto, el diputado Daniel Farcas (PPD) señaló que el texto legal «se enmarca en lo que ocurre en el sur del país, donde por desgracia, hay grupos que argumentado una causa justa utilizan medios que son absolutamente reñidos con la moral y la ética, como es el terror».

El parlamentario destacó que «es por eso que es tan importante esta legislación que permite los agentes encubiertos y que evidentemente hace un símil con otras leyes como la ley 20.000, que persigue el narcotráfico, estableciendo algunas maneras para que las fiscalías puedan investigar y otorgándole facultades a los fiscales para que en su labor puedan llegar a los culpables».

Lo que ha pasado hasta ahora, describe el parlamentario del PPD, es que «muchas veces los fiscales no establecen los delitos como terrorismo, porque la posibilidad de que esas personas sean juzgadas y condenadas es muy baja. Por eso lo que hacemos hoy es entregar esa facultad a los fiscales para que en función de ello tengan las posibilidades de establecer, por supuesto, a las personas que cometen esos delitos generando situaciones que en nada contribuyen al bienestar de la zona y que tampoco ayudan a la legítima causa mapuche».

(Fuente: Diputados)

Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó nueva norma sobre investigación de delitos terroristas

bomba terrorismoLa Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara aprobó este miércoles 11 de mayo, el proyecto de ley que fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afectan la seguridad del Estado en casos de especial gravedad.

Tras la aprobación, la iniciativa legal quedó en condiciones de ser analizada por la Sala de la Cámara de Diputados.

La norma permite el nombramiento de fiscales con dedicación exclusiva para la investigación de los hechos constitutivos de delito de las leyes 18.314 y 12.927; cuando los hechos pueden amenazar gravemente el ejercicio de las garantías fundamentales de la población o socavar las bases de nuestro estado democrático.

Asimismo, el Fiscal Nacional podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos de Estado, como por ejemplo, la destinación de funcionarios de sus respectivas dependencias, en comisión de servicio a la Fiscalía Nacional, incluido personal de Carabineros o la PDI, entre otros.

Asimismo, podrá autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen como agentes encubiertos, y a propuesta de dichos funcionarios, para que determinados informantes de esos Servicios actúen en tal calidad.

Para los diputados de RN, Gonzalo Fuenzalida y Marcela Sabat, “este proyecto es un gran paso en lo que se refiere a delitos terroristas y delitos que atentan contra la seguridad del Estado”.

Los parlamentarios -que son autores del proyecto junto a los diputados de su partido, Diego Paulsen, Jorge Rathgeb, Germán Becker, René Manuel García, y la diputada UDI, Claudia Nogueira- destacaron que la nueva figura permite «poder designar fiscales adjuntos exclusivos de otros lugares del país, distinto del lugar donde se cometieron los delitos; poder solicitar en comisión de servicio de las policías que vengan también de otro lugar; y finalmente, incluso, solicitar el juzgamiento en un tribunal distinto al lugar donde se cometió el delito”.

El diputado Fuenzalida recalcó que esto es inédito y permitirá mejorar la investigación y juzgamiento de los delitos terroristas en algunas regiones donde «el éxito judicial ha sido escaso producto que muchas veces las policías están amenazadas, los fiscales amenazados y hasta los jueces también están amenazados”.

Por su parte, la diputada Sabat dijo que “teniendo a la vista el historial de los atentados terroristas que hemos tenido en nuestro país, el fracaso de nuestro aparato de inteligencia, las escasas facultades de las policías y el Ministerio Público, es evidente. Por lo mismo, el diseñar una institucionalidad especializada en la pesquisa de este tipo de delitos coordinando esfuerzos multisectoriales, será de gran utilidad para sancionar y evitar futuros atentados”.

El diputado Daniel Farcas (PPD), presidente de la Comisión, dijo que este proyecto es un avance significativo, son instrumentos que hoy día se necesitan y son un aporte para poner en el tapete de discusión lo que ocurre en grandes sectores del país, «que a juicio de algunos tiene un cierto descontrol».

Pero, también, señaló que «tener instrumentos para hacerle frente al narcotráfico y a los delitos terroristas (…) que, obviamente, afligen a la humanidad entera, no pueden quedar exentos de lo que ocurre en nuestro país».

En ese sentido, sostuvo que en nuestro país hay eventos de esta naturaleza en forma excepcional, como la explosión de una bombra en el metro Escuela Militar, o cuando se queman iglesias o se atenta contra la propiedad pública o privada, hechos que buscan generar pánico en la población.

«Este es un flagelo al que hay que hacerle frente (…) de una manera legal, de una manera jurídicamente aceptada» y que fue aprobada en forma transversal, concluyó el diputado Farcas.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10460-25.

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