Cámara de Diputados publicó declaraciones de intereses y patrimonio de sus autoridades

Tal como lo dispone la Ley 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses y su reglamento, tanto los parlamentarios como las autoridades y funcionarios de la Corporación efectuaron la nueva Declaración de Intereses y Patrimonio.

El objetivo de esta norma es transparentar la relación entre la política y los negocios, minimizando los riesgos de conflictos de intereses a través de la publicación de estas declaraciones.

En conformidad al acuerdo suscrito con la Contraloría General de la República, el pasado 21 de noviembre de 2016, la Cámara de Diputados accedió a la plataforma electrónica creada y administrada por el órgano contralor, el que, en los plazos que la norma estipula, enviará dicha información al Consejo para la Transparencia, organismo que, por su parte, pondrá a disposición de los ciudadanos las declaraciones a través del portal http://www.infoprobidad.cl

La ley 20.880 señala que el principio de probidad consiste en “observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

En concordancia, regula tres mecanismos para prevenir los conflictos de intereses:

  • La declaración de patrimonio e intereses
  • El mandato especial de administración de cartera de valores
  • La obligación de enajenar

La norma, asimismo, considera “intereses” a aquellas actividades económicas y profesionales en que participa un funcionario (remuneradas o no), y aquellas en las que ha participado en los últimos dos años; mientras que el “patrimonio” son los bienes muebles e inmuebles adquiridos en Chile y el extranjero (vehículos, derechos de aguas, acciones, fondos mutuos, depósitos a plazo o participación en sociedades, entre otros.)

En el caso del Congreso Nacional, la declaración debe incluir también a los ascendientes (padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos), descendientes (hijos, nietos, bisnietos, tataranieto y choznos), hermanos, cuñados y suegros del declarante, aunque no toda esa información es pública, de acuerdo a la ley N° 20.880.

La ley establece sanciones en caso de realizar la declaración en el plazo, 31 de marzo. Sin embargo, la totalidad de los sujetos obligados de la Cámara de Diputados cumplió con esta obligación en el plazo legal.

Si existieran declaraciones incompletas o inexactas, la Comisión de Ética llamará al diputado para que en un plazo de 10 días hábiles la rectifique. Si no se lleva a cabo tal procedimiento, el diputado quedará sujeto a una multa de beneficio fiscal de 5 a 50 UTM, que se descontarán de su dieta y se reiterará en cada mes de retardo.

(Fuente: Diputados)

Aprueban normas administrativas para complementar ley sobre probidad y prevención de conflictos de interés

SENADOEse acuerdo se refiere al cumplimiento de dicha obligación por parte de los integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, del Comité de Auditoría Parlamentaria y de los tres Jefes de Servicio del Congreso Nacional: los Secretarios Generales del Senado y de la Cámara de Diputados y el Director de la Biblioteca del Congreso.

De esa forma se completa la aplicación de una normativa común a todas las autoridades y funcionarios del Congreso Nacional obligados a efectuar las declaraciones de intereses y patrimonio, luego de que dicha propuesta había sido aprobada, previamente, por las Comisiones de Etica y Transparencia de cada Cámara respecto de los senadores y diputados.

Esa serie de normas administrativas complementa la aplicación de la ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés y su reglamento, con vistas a procurar una interpretación homogénea de sus disposiciones que, a la vez, siga los criterios generales contemplados para todo el sector público.

Así lo explicó el presidente de la citada instancia, senador Pedro Araya quien señaló que “la comisión bicameral aprobó un reglamento respecto del cómo deben rendirse las declaraciones de patrimonio e intereses. Hay que recordar que la ley entra en vigencia a partir del mes de marzo y hoy día se va a hacer todo en forma electrónica”.

En tal sentido, dijo que “se aprobaron las normas técnicas de cómo se va a hacer la declaración y se dio por parte del prosecretario del Senado una explicación respecto de la utilización de la página web para que los senadores, diputados y todas las demás personas obligadas puedan realizar su declaración que después la ciudadanía va a poder consultar en línea”.

El senador Araya indicó que “lo que se busca hoy es que exista una base de datos única con las declaraciones de patrimonio e intereses de las distintas autoridades del país y en estas no están exentas ni el Senado ni la Cámara y a partir de eso va a existir una página web que la ciudadanía va a poder consultar y va a poder ver cuáles son las declaraciones de patrimonio e intereses y a partir de eso ver si existen conflictos de interés o no cuando un senador o diputado esté votando un proyecto de ley o alguna otra autoridad o funcionario del Congreso adoptando una decisión en materias de su competencia”.

Se trata de la página web http://www.declaracionjurada.cl donde se puede descargar el formulario para hacer la declaración y también se pueden ver todas las declaraciones de las distintas autoridades. En la página web del Senado http://www.senado.cl también estarán disponibles las de los parlamentarios y de los funcionarios que están obligados por ley a entregar una declaración de patrimonio e interés.

“Durante el mes de marzo las distintas autoridades tienen que ingresar el formulario y a partir del 1 de abril la ciudadanía va a poder consultar en línea las declaraciones”, aseguró el senador Araya.

(Fuente: Senado)

Contraloría amplió el requerimiento de estados financieros a la totalidad de municipios del país

Patente MunicipalesCon la publicación de las Instrucciones sobre la Preparación de los Estados Financieros Municipales por parte de este organismo de control, se inicia el período de elaboración y presentación de la información financiera del ejercicio contable 2016. Los antecedentes deberán ser remitidos a la CGR hasta el 30 de abril de este año.

Cabe señalar que los estados financieros deberán considerar las operaciones ejecutadas durante 2016 en forma comparativa con las operaciones del año anterior.

La CGR establece que su elaboración tendrá que cautelar la aplicación de la normativa y procedimientos contables vigentes, especialmente en lo que dice relación con las notas explicativas, las que constituyen uno más de los estados exigidos.

Tres son los principales cambios que Contraloría estableció en las Instrucciones de este año:

El primero corresponde a la ampliación del requerimiento de estados financieros a la totalidad de municipios del país. Hasta el ejercicio anterior esta obligación sólo se había limitado a una muestra de gobiernos locales.

El segundo cambio está dado por la introducción de medidas específicas para asegurar la confiabilidad de las cifras al cierre del ejercicio, tales como la correcta declaración de los saldos vigentes de deudores por rendiciones de cuentas; los saldos de deuda corriente, no corriente y otras; y la ejecución presupuestaria municipal.

La tercera modificación se refiere a la exigencia adicional de entregar información financiera de las corporaciones municipales, en forma de nota explicativa. Este antecedente será de gran relevancia para dar a conocer la situación financiera municipal de una manera integral.

La información que deberá ser aportada por los municipios a través de estos estados financieros no sólo constituirá, de acuerdo a la CGR, un insumo para mejorar la fiscalización de éste órgano sobre los municipios, sino que también permitirá a las propias entidades edilicias manifestar su compromiso con la transparencia financiera, empleando estos informes como un instrumento para dar a conocer las fuentes y destino de los recursos municipales.

(Fuente: Diario Constitucional)

Contraloría toma conocimiento de información remitida por el Consejo para la Transparencia sobre norma que regula el lobby

LobbyEl Consejo para la Transparencia ha remitido a la Contraloría General un informe sobre los registros reportados a esa entidad por sectionersos organismos de la Administración del Estado respecto a la Ley N° 20.730 que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios.

Al efecto, cabe recordar que dicha ley dispone que el Órgano Contralor debe poner a disposición permanente del público, en un sitio electrónico, los registros de agenda pública a los que alude, asegurando su fácil y expedito acceso, como asimismo, en forma trimestral, un registro que contenga una nómina sistematizada de las personas que en tal periodo hayan sostenido reuniones o audiencias con los sujetos pasivos para fines de lobby o de gestión de intereses particulares.

Así, el CPLT informa que, en cumplimiento de ese mandato legal, tiene habilitado el sitio electrónico denominado “InfoLobby”, en el cual se publica la información remitida por los sujetos pasivos sobre estos registros de agenda pública y los datos de lobbistas y gestores de intereses particulares.

Además, expresa que, sin perjuicio del análisis que pueda desarrollar esta Contraloría General, se destacan en el informe determinados resultados estadísticos de ese trabajo, que enumera, los cuales a su juicio podrían ser de interés para el ejercicio de las funciones del Órgano de Control.

A mayor abundamiento, se refieren al alto porcentaje de los sujetos pasivos que no cuenta con registro alguno de audiencias, viajes y donativos; a que la mayoría de los sujetos pasivos informados desde el inicio de la vigencia de la ley corresponde al cargo «Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la ley N° 19.886»; a la existencia, en el ámbito de la administración central del Estado, de determinados organismos que no han reportado ningún registro de agenda pública, y, en general, a omisiones y deficiencias en la información por parte de ciertos entes.

De esa forma, la Contraloría expone haber tomado conocimiento de lo anteriormente señalado y que considerará esta información en las investigaciones futuras.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consejo para la Transparencia declaró inadmisible amparo de acceso a la información contra Ministerio de Justicia

TransparenciaSe dedujo amparo de acceso a la información en contra del Ministerio de Justicia, fundado en la denegación de la información solicitada referente al número de ingresos de causas de sectionorcios a los tribunales y el número de sentencias de sectionorcio desde el año de promulgación de la Ley (2004). También, solicitó el número de sectionorcios según los motivos de término de causa desde el año de promulgación de la Ley.

El Consejo para la Transparencia expresó que, atendido a lo dispuesto en el artículo 24, inciso segundo, de la Ley de Transparencia previene que la reclamación «deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso». Agrega, que el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento dispone que «Si el particular omitiese alguno de los requisitos de interposición, el Consejo Directivo podrá ordenarle subsanar las omisiones o aclarar la solicitud o reclamo en un plazo de cinco días hábiles, indicándole que, si así no lo hiciere, se declarará inadmisible».

De esta manera, el CPLT sostiene que al momento de realizar el análisis de admisibilidad, no se advirtió con suficiente claridad el fundamento del mismo.

Por lo anterior, se señala que el Consejo ejerció la facultad prevista en el citado artículo 46 del Reglamento, requiriendo a la parte recurrente subsanar el amparo deducido en los términos referidos.

n embargo, el CPLT indicó que la reclamante no realizó presentación alguna destinada a subsanar el amparo interpuesto; por tal motivo, declaró la inadmisibilidad de la presente reclamación al tenor de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y el artículo 46 de su Reglamento.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consejo para la Transparencia desestimó amparo de acceso a la información contra Dirección de Vialidad del Ministerios de Obras Públicas en el marco de un proceso de licitación

TransparenciaSe dedujo un amparo de acceso a la información en contra de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la «oferta económica completa, presentada por el Consorcio Besalco Arrigoni Montajes- Brundl en la Licitación del Contrato «Reposición sobre el río Biobío Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción -San Pedro de La Paz, región del Biobío» (Código SAFI 166.521), según acta de apertura de fecha 17-11-2011″.

Al efecto, el Consejo para la Transparencia expresa que la aludida licitación fue adjudicada por medio de resolución DGOP N° 327, de fecha 30 de diciembre de 2011, con toma de razón de fecha 27 de enero de 2012, al Consorcio Copasa-Corsan Corviam Dos, esto es, la reclamante en el presente amparo.

Así, advierte que la oferta económica requerida en este amparo, no fue fundamento de la resolución adjudicatoria antes señalada, en los términos que lo exige el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, para determinar su publicidad, ya que la oferta económica solicitada corresponde a un Consorcio, que no obtuvo la licitación en comento -Belsaco S.A.-Arrigoni Montajes-Bründl-. Agrega, que aun cuando lo solicitado es una oferta que obra en poder de la Administración del Estado, es asimismo un documento elaborado y financiado por un privado, y que, como se puede apreciar, fue rechazado.

Enseguida, el CPLT indica que el tercero interesado, esto es, Belsaco S.A.-Arrigoni Montajes-Bründl., alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. Sin embargo, recuerda que en lo que atañe a la referida causal, ha establecido que los criterios que deben considerarse para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya sectionulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

En cuanto al primer requisito anotado en la letra a), señala que, lo requerido, comprende, según la empresa, el Análisis de Precios Unitarios, documento que detalla partida por partida, cómo se componen los precios unitarios que el consorcio ofertó en su oportunidad y que al ser conocidos por la competencia constituye el traspaso de 70 años de desarrollo, investigación y acuerdos comerciales que ha suscrito la empresa. Además, incluye información estratégica y reservada de la empresa, referida particularmente a precios, equipo profesional y otros. Asimismo, de acuerdo al artículo 76, del reglamento para Contratos de Obras Públicas, la oferta económica «incluirá un análisis detallado de costos, cuyo desglose será el establecido en el presupuesto oficial o el que se señale en las bases administrativas, y ciñéndose al mismo esquema considerado en éste; separadamente se indicarán los montos o porcentajes correspondientes a gastos generales desglosados detalladamente, y utilidades». Por lo tanto, y tratándose de una oferta que, de haber sido adjudicado, habría sido realizado por el Consorcio Belsaco S.A.-Arrigoni Montajes-Bründl., y no por terceros distintos a ésta, las características económicas de cómo se iba a desarrollar el mismo y, en general, las distintas especificaciones de la oferta, son conocidos principalmente por dicha empresa, y por el órgano público que tomó la decisión de rechazar oferta requerida, no resultando fácilmente conocidos antecedentes para ajenos a dicha empresa.

A continuación, señala la decisión que, en lo tocante al requisito expuesto en la letra b), el Consejo precisa que dichos esfuerzos se ven reflejados en la circunstancia de que el tercero interesado se ha opuesto a la entrega de los antecedentes requeridos, oposición que se ha manifestado tanto ante el procedimiento de acceso ante el órgano requerido, como ante el CPLT.

Sobre el tercer requisito, que se lee en la letra c), señala que la circunstancia que, en definitiva, el órgano haya rechazado la oferta solicitada en este amparo y haya conferido la licitación a otra empresa, permite que el Consorcio Belsaco S.A.-Arrigoni Montajes-Bründl, pueda volver a presentar nuevamente la oferta, eventualmente efectuando mejoras a sus características técnicas y/o económicas, lo que hace que el mantenimiento en reserva de la información que fue acompañada al órgano reclamado adquiera relevancia para dicho Consorcio, proporcionándole una mejora o ventaja competitiva, en tanto contiene información clave, por un lado, por cuanto contiene los antecedentes económicos considerados por la empresa para el desarrollo del proyecto; y, por otro, a efectos de optar nuevamente a otras licitaciones.
Por los motivos antes expuestos, el CPLT concluye rechazando el amparo en análisis, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consejo para la Transparencia declaró inadmisible reclamo por infracción a normas de transparencia activa por parte de Universidad de Aysén

TransparenciaSe dedujo reclamo por infracción a los deberes de transparencia activa en contra de la Universidad de Aysén, fundado en que el acceso a la información no es expedito. Específicamente, reclama que la Universidad no posee un formulario electrónico para realizar solicitudes de acceso en línea.

Al respecto, el Consejo para la Transparencia sostuvo que, atendido lo dispuesto en los artículos 7° y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 3°, letra i), 6°, 50 y siguientes de su Reglamento, para que el CPLT pueda conocer de los reclamos por infracción a las normas de transparencia activa interpuestos en contra de los órganos de la Administración del Estado que señalan dichos cuerpos normativos, es preciso que con anterioridad tenga lugar el supuesto que establece la ley a este respecto, esto es, que no se mantengan a disposición permanente del público, a través de los sitios electrónicos de los órganos de la Administración del Estado, los antecedentes señalados en el artículo 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento.

Por lo anterior, se resuelve que, del análisis del reclamo por infracción a las normas de transparencia activa deducido, se advierte que no existe una infracción a los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento. Ello, por cuanto la presentación del recurrente tendría por objeto realizar una denuncia respecto de barreras de acceso existentes para efectuar solicitudes de acceso a la información, pero no reclamar por la falta de completitud o de acceso al listado de la información que las normas antes indicadas obligan a mantener en los sitios electrónicos a los órganos de la Administración del Estado.

De esta forma, el Consejo concluyó declarando la inadmisibilidad del requerimiento.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consejo por la Transparencia declaró inadmisible amparo de acceso a la información contra SERNAGEOMIN

TransparenciaSe dedujo acción de amparo de acceso a la información pública en contra del SERNAGEOMIN, fundado en la ausencia de respuesta a su requerimiento.

En su decisión, el CPLT expone en síntesis que no existe identidad entre el solicitante de información y quien recurrió de amparo ante el CPLT, toda vez que la persona que dedujo el amparo es una persona distinta de quien requirió de amparo.
De ese modo, conforme a lo anterior, el CPLT concluye declarando la inadmisibilidad del amparo de acceso a la información presentado en autos.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte la decisión del Consejo, C3356-16.

A Sala del Senado proyecto que aumenta sanciones a los delitos de cohecho y soborno

cohechoEn condiciones de ser discutido y votado en la Sala del Senado quedó el proyecto que modifica el Código Penal aumentando las penas para los delitos de cohecho y soborno y que tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal. Ello, luego que la Comisión de Constitución aprobara la iniciativa que fue presentada por los senadores Alberto Espina, Pedro Araya, Alfonso de Urresti, Felipe Harboe y Hernán Larraín.

Según explicó el senador Espina, el proyecto “hace cambios muy importantes en toda la ley que sanciona los delitos de cohecho, de soborno cometidos por funcionarios públicos chilenos, e incluso aquellos cometidos por funcionarios públicos extranjeros y también se sanciona a los particulares que incurran en el acto de soborno, elevando las penas considerablemente”.

En tal sentido, señaló que “dependiendo de la gravedad, las penas quedan desde cinco años de cárcel como mínimo a 15 años, lo que a nosotros nos parece que es un cambio muy importante en nuestra legislación porque hoy día las penas por estos delitos de corrupción son extremadamente bajas y por lo tanto, una persona condenada, lo probable es que quede en libertad”.

El legislador indicó que “adicionalmente cambiamos el beneficio que reciba el funcionario público. Hoy día se señala que tiene que ser “un beneficio económico” nosotros lo ampliamos a un beneficio de cualquier otra naturaleza pero que sea indebido, con lo que se amplía el margen de acción, porque puede haber un soborno que se haga para un funcionario público y que no sea plata, puede ser otro beneficio indebido y que no corresponda”.

Según el senador Espina, “los actos de soborno dicen relación con pagarle a un funcionario público para que realice un acto que está dentro de su competencia pero se le paga para que lo realice indebidamente. Lo segundo es para que realice un acto que no puede hacer porque está fuera de su competencia y en tercer lugar queda aquel en que se le paga para que cometa un delito como funcionario público y eso tiene una sanción más alta”.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10739-07.

Congreso y Ejecutivo concuerdan medidas para regular remuneraciones de altas autoridades del estado

congreso nacional smallEn el marco de la necesidad de fortalecer la legitimidad del servicio público, ante el aumento de los estándares éticos que la ciudadanía espera que cumplan quienes se desempeñan como servidores públicos, el Congreso Nacional y el Gobierno iniciaron en 2015 un trabajo conjunto para revisar el sistema actual de dietas parlamentarias y remuneraciones de las altas autoridades del país, para efectos de fijar criterios para su determinación y reajustabilidad.

Hoy, los presidentes del Senado, Ricardo Lagos Weber, y de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, junto al Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, suscribieron el convenio que plasma los acuerdos alcanzados, enfocados en dos líneas de propuestas:

I. Establecer un mecanismo de reajuste de remuneraciones
II. Impulsar moción que modifica la Ley Orgánica del Congreso Nacional en lo relativo a Probidad y Transparencia

Al respecto, el ministro Valdés calificó la propuesta como «soluciones bastante innovadoras que alejan los conflictos» que podrían existir cuando los parlamentarios deben legislar sobre sus propios rejaustes.

De esta manera, en primer término, el Congreso le dará al Presidente de la República un poder especial para fijar el monto del reajuste, previo informe de un organismo asesor que propondrá el reajuste de remuneraciones de las altas autoridades del Estado, el cual no podrá ser superior al general dispuesto para el sector público.

Dicho Consejo estará compuesto por tres miembros, los cuales deberán haber ejercido en alguno de los siguientes cargos: Consejero del Banco Central, Contralor General de la República, Ministro de Hacienda, Director de Presupuestos, Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos o Director Nacional del Servicio Civil. Todos los miembros serán nombrados por el Presidente de la República y ejercerán su cargo ad honorem.

El Presidente de la Cámara destacó que «este esfuerzo se viene realizando por las corporaciones desde antes del presente mandato» y que es especialmente relevante, en materia de reajuste, porque los parlamentarios recibían constantemente «una crítica severa de que nosotros nos pronunciábamos sobre nuestro propio reajuste y aparecía como un privilegio».

Modificación ley orgánica del Congreso Nacional

En segundo lugar, se propone enfatizar algunas medidas contenidas en el proyecto que modifica la LOC:

1. Dedicación Exclusiva de la Función Parlamentaria y deber de abstención de los parlamentarios. La citada moción regula estas materias entendiendo por función parlamentaria todas las actividades que realizan senadores y diputados para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones que les confieren la Constitución y las leyes. Además, se plantea que los parlamentarios solo podrán ejercer la administración de los bienes que no estén afectos a la obligación de ser delegados a terceros; desempeñar actividades docentes hasta por un máximo de doce horas mensuales; y producir, crear y publicar obras literarias, científicas, artísticas o técnicas.

En cuanto al deber de abstención de los parlamentarios, la moción establece que los miembros de ambas corporaciones no podrán promover ni votar asuntos en el que tengan un interés directo o lo tenga su cónyuge, conviviente civil o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, cuando sea de tal naturaleza que, objetivamente, pudiera considerarse que adquiere preminencia sobre el interés general. El parlamentario que infrinja el deber de abstención, será sancionado con censura.

2. Sobre el efecto del desafuero en las asignaciones parlamentarias, la Comisión sugiere incorporar como indicación un artículo que consagre legalmente este efecto, de acuerdo a lo ya acordado tanto en la Cámara como en el Senado en la materia. Es decir, que las asignaciones solo corresponderán a la parte “que no esté comprometida por contratos válidamente celebrados por la institución o que recaiga en recursos destinados al ejercicio mismo de la función parlamentaria”.

3. En materia de multas por inasistencia de los parlamentarios, se propone perfeccionar la norma, ampliando la sanción a la inasistencia injustificada a sala también a las comisiones; estableciendo un rango de multas que deberá aplicar el organismo interno de las respectivas Corporaciones. Así solo se entenderá por ausencia justificada la que se funde en una licencia médica, un impedimento grave, la realización de alguna gestión encomendada por la Corporación o alguna de las actividades propias de la función parlamentaria.

Antecedentes

Cabe recordar que este trabajo surgió del acuerdo alcanzado el 21 de septiembre de 2015, en el marco de la discusión del Reajuste del Sector Público, donde los poderes Ejecutivo y Legislativo, representados por el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y los entonces Presidentes del Senado, Patricio Walker y de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, suscribieron un protocolo de acuerdo que contempló que el reajuste de ese año no se aplicara a los mas altos cargos del Estado, incluyendo a la Presidenta de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes Regionales, Senadores y Diputados.

Pero, además, se acordó revisar el sistema actual de dietas parlamentarias, los criterios para su determinación y los mecanismos para su reajustabilidad, de tal forma que ellos sean definidos mediante procedimientos externos al quehacer parlamentario.

Paralelamente, y de manera consistente, tanto el Ejecutivo como el Congreso Nacional han avanzado en otras medidas tendientes a dotar de mayor legitimidad a la función pública y, en particular, a la función parlamentaria, como por ejemplo:

  1. Reforma constitucional que estableció la obligación de una Cuenta Pública a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados (Ley N° 20.854);
  2. Reforma constitucional que establece la cesación en el cargo de parlamentarios, alcaldes y concejales, por infracción a las normas sobre transparencia y gasto electoral (Ley N° 20.870);
  3. Ley sobre Probidad en la Función Pública, que regula la declaración de intereses y patrimonio a autoridades públicas (Ley N° 20.880).
  4. Conformación del Consejo de Modernización de la Labor Legislativa.
  5. Proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en materia de Probidad y Transparencia, que precisa impedimentos de los parlamentarios; que prohíbe el uso de información privilegiada; refuerza el deber de asistencia, entre otras medidas (Boletín N° 10.264-07).
  6. Medidas de gestión interna del Congreso Nacional:
    1. Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados, sobre procedencia del pago de asignaciones a un diputado que se encuentra desaforado.
    2. Elaboración de nuevo Estatuto Parlamentario para la Cámara de Diputados, que busca revisar y definir un conjunto de prerrogativas, derechos, deberes y prohibiciones que rigen el ejercicio del cargo parlamentario.
    3. Norma de la Comisión de Ética del Senado que obliga a los parlamentarios a hacer pública, mediante la ley de lobby u otra fórmula de registrar sus audiencias, las reuniones que sostengan con personas que postulen a algunos de los cargos en los cuales el Senado tiene participación en la decisión final.
    4. Avances para tener un sistema de transmisión televisiva de las diversas comisiones del Senado.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10264.

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