Corte Suprema acoge Recurso de Protección y ordena redireccionar cámara de vigilancia en flota de buses

La Corte Suprema confirmó el fallo que acogió el recurso de protección presentado por el sindicato de conductores en contra de la empresa Flota Talagante, por la instalación de cámaras de vigilancia al interior de los buses y que ordenó redireccionar los dispositivos para que no apunten al rostro de los choferes.

En fallo dividido (causa rol 39-2017), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Álvaro Quintanilla– ratificó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que acogió la acción cautelar por considerar que la instalación original de las cámaras viola la protección a la vida privada y la honra de los trabajadores.

«Que luego del análisis de los hechos, la sentencia concluye que atendido que el objetivo y finalidad de la instalación de cámaras es la protección y seguridad tanto de los conductores como de los pasajeros y no el control de los primeros, una cámara de grabación enfocando exclusivamente al conductor o el rostro del mismo y con el audio no se condice con el objetivo explícito de la medida y sí aparece como un medio de control, entendiéndose de esa forma o al menos amenazando el derecho constitucional contenido en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República», establece el fallo del máximo tribunal.

La resolución agrega que: «se comparte el razonamiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel en cuanto entendió que correspondía respetar el derecho antes aludido, por lo que acoge el recuso sólo en cuanto se dispone que se redireccionen las cámaras sin enfocar el rostro de los choferes, respetando así el derecho de sus empleados a la vida privada, aún en su lugar de trabajo».

Decisión adoptada con el voto en contra de la ministra Egnem.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema condena a empresas a pagar indemnización a familiares de joven trabajador fallecido en accidente de tránsito

TRansitoLa Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a empresas mandante, contratistas y subcontratista a pagar una indemnización total de $275.000.000 (doscientos setenta y cinco millones de pesos) a la madre y hermana de Benjamín Vega Maldonado, joven de 15 años que falleció, el 7 de diciembre de 2013, atropellado mientras descarga un camión de bebidas.

En fallo unánime (causa rol 95.110-2016), la Cuarta Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Alfredo Pfeiffer y la abogada (i) Leonor Etcheberry– confirmó la sentencia recurrida que condenó a la mandante Rendic Hermanos S.A.; a las contratistas Transportes Polar S.A. y Embotelladora Andina S.A., y a la empresa Ana María Díaz García EIRL, a pagar solidariamente $200.000.000 (doscientos millones de pesos) a Isabel Maldonado Carvajal (madre de la víctima), y $75.000.00 (setenta y cinco millones de pesos) a Jayleen Marzán Maldonado (hermana).

La sentencia confirma que las empresas demandadas son responsables por la muerte del joven trabajador, al no otorgar las medidas de seguridad necesarias para que cumpliera apropiadamente labores en la descarga de bebidas en un supermercado de Antofagasta.

«Que respecto, primeramente, de la infracción de ley denunciada por Ana Díaz García E.I.R.L., la sentencia establece que las instrucciones de la recurrente, empleadora directa de la víctima –joven trabajador que perdió la vida en el accidente-, lo expusieron a la probabilidad del daño, al ordenarle hacer la carga y descarga de bebidas de fantasía en la vía pública, sin tomar los resguardos mínimos necesarios para proteger su vida y salud, razón por la cual hace una correcta interpretación del artículo 2.330 del Código Civil, al desestimar su aplicación al caso, ya que fluye de los antecedentes antes descritos que no hubo por parte del trabajador una acción imprudente o temeraria que le sea atribuible», sostiene el fallo del máximo tribunal.

Resolución que agrega: «(…) en lo que dice relación con las restantes alegaciones referidas precedentemente, de los recurrentes Rendic Hermanos S.A., Transportes Polar S.A., y Embotelladora Andina S.A., cabe señalar que no se advierten las infracciones de ley acusadas, toda vez que la sentencia impugnada tuvo por acreditada la existencia de la relación entre cada una de las demandadas y el trabajador fallecido, así como las acciones ejecutadas y omisiones de cada una de ellas y el modo en que estas concurrieron en la ocurrencia del accidente, aplicando correctamente los jueces del fondo las normas citadas por las demandadas, tanto en cuanto se determina su responsabilidad en el hecho dañoso, como en cuanto se establece la naturaleza de aquella, disponiendo que cada demandada deba concurrir solidariamente al pago de las indemnizaciones decretadas, sin que sea posible para este tribunal modificar las conclusiones a que han arribado los sentenciadores, sin alterar previamente los hechos que se han dado por acreditados, lo que resulta improcedente atendida la naturaleza del recurso y desde que no se han denunciado infracciones a las normas reguladoras de la prueba».

«En lo referente –continúa–, concretamente, a la calificación de la participación de cada uno de los demandados en «un mismo hecho» –el atropello– (considerando vigésimo segundo), lo que lleva a aplicar la regla de la solidaridad del artículo 2.317 del Código Civil, que impugnan los recurrentes, es lo cierto que, aún en el evento de sostenerse que se ha incurrido en un error de derecho, no tendría influencia en lo dispositivo del fallo, por cuanto de igual modo debiera llegarse a la conclusión de que al haberse establecido que cada uno de los demandados, con su conducta, contribuyó a la producción del resultado dañoso, son obligaciones concurrentes que los hace responder de la totalidad del daño causado, en forma indistinta y hasta la concurrencia del monto total del mismo, por lo que si el daño lo repara uno, exonera al otro, circunstancia que si bien no es un caso de solidaridad, opera como tal y corresponden a lo que en doctrina se conoce como «obligaciones concurrentes o in solidum«.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Santiago confirma multa a línea aérea por infringir normas sobre almacenamiento de combustible

aerolineasLa Corte de Santiago confirmó la multa de 50 UTM (unidades tributarias mensuales) que aplicó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a Latam Airlines Group S.A., por no respetar las normas sobre acopio de combustible en aeropuerto Diego Aracena de Iquique.

En fallo unánime (causa rol 10.426-2016), la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros María Soledad Melo, Jaime Balmaceda y la abogada (i) María Cecilia Ramírez– confirmó la sanción a la aerolínea, tras establecer que la SEC actuó dentro de sus facultades fiscalizadoras.

«Que resulta pacífico que la reclamante utilizó una instalación sin haber sido declarada ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, lo mismo que la inexistencia de los registros solicitados por la fiscalizadora. Por otro lado, lo cierto es que no se controvierte el ejercicio de las facultades que la ley entrega a la reclamada en relación con la investigación de los hechos y que la sanción impuesta finalmente, sean consecuencia de un actuar ilegal de su parte», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «del análisis de los antecedentes resulta que los cargos que le fueron formulados a la reclamante, son efectivos, ella misma reconoce el haber incurrido en las infracciones que se le imputaron, no siendo suficientes los descargos presentados, de manera que operaba en forma irregular, al margen de la legalidad, sobre la cual la Superintendencia no tenía registró alguno.
En efecto, reconoce que utilizó la instalación de combustibles líquidos sin haber sido declarada ante la Superintendencia, y que por desconocimiento no tenían los registros solicitados. A ello se debe añadir que atendida la naturaleza de las instalaciones de la recurrente, se encuentren sujetas al «Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos», aprobado por el DS N° 160″.

«Consecuentemente –continúa–, la obligación de inscripción en la Superintendencia, se exige por razones de seguridad, con el fin de acreditar de un modo fehaciente que las instalaciones destinadas a actividades relacionadas con los combustibles líquidos, se encuentren en perfecto estado de funcionamiento y no comprometan la integridad de las personas o de las cosas. La obligación a que se ha hecho referencia tiene su fuente legal en el artículo 2° del D.F.L. N° 1, de 1978, del Ministerio de Minería, que establece un Registro en el que deberán inscribirse las personas que produzcan, importen, refinen, distribuyan, transporten, almacenen, abastezcan o comercialicen petróleo, combustibles derivados del petróleo, biocombustibles líquidos, gases licuados combustibles y todo fluido gaseoso combustible, como gas natural, gas de red y biogás».

Por lo que, concluye: «De acuerdo a lo razonado precedentemente resulta que la reclamada ha actuado en el ámbito de sus facultades, estableciendo la real existencia de las infracciones imputadas a la actora, calificándolas de leve, aplicando la sanción prevista por la ley, por lo que no puede concluirse que haya incurrido en alguna ilegalidad que haga procedente la reclamación deducida, ni menos el cambio de sanción o la rebaja de la multa impuesta, desde que ella lo ha sido dentro de los límites que la ley establece».

(Fuente: Poder Judicial)

Comisión de Transportes despacha proyecto que regula la circulación de vehículos en casos de congestión y contaminación

autopista urbanaTras un intenso debate la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado aprobó y despachó el proyecto que busca regular la circulación de vehículos en casos de congestión y contaminación. Ahora corresponde que la Comisión de Hacienda analice la iniciativa antes de ser votada por la Sala.

Cabe recordar que este proyecto fue presentado por los senadores Guido Girardi, Manuel Antonio Matta y Manuel José Ossandón y en lo fundamental, busca establecer el marco normativo para que las autoridades competentes determinen, en razón de la contaminación atmosférica o de la congestión vehicular, restricciones al parque vehicular.

Según explicó el presidente de la Comisión de Transportes, senador Manuel Antonio Matta, el proyecto “implica el establecimiento en zonas de perímetros claramente establecidos de tarificación vial. Esto incluye a todos los vehículos motorizados, exceptuando a motos, motonetas”.

Agregó que “hemos hecho especial mención de forma que no tengan tarificación aquellos vehículos, por ejemplo, que usan energías no contaminantes como es el caso de la propulsión eléctrica o el caso de otras alternativas que tienen que ser debidamente calificadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”.

El senador Matta señaló que “este proyecto está tratando de despejar hasta donde sea posible las congestionadas calles de las urbes metropolitanas de Chile”.

En la misma línea, el senador Alejandro García Huidobro manifestó que “logramos dejar afuera todo lo que es el transporte menor de motocicletas, vehículos de emergencia, también los vehículos eléctricos y las nuevas tecnologías que tienen que irse desarrollando”.

Agregó que “se abrió una discusión importante en que se aprobó en general este proyecto con la idea de irlo perfeccionando en la sala. Quedó aprobada la posibilidad que una persona que tenga restricción por congestión ese día, pagando una tarifa va a poder utilizar las vías públicas”.

El senador García Huidobro señaló que el problema de la congestión vehicular es producto del “Transantiago, que es una pésima política pública que lo que hizo fue aumentar el parque vehicular y el parque de motos…exigí que esto sea solamente para la Región Metropolitana, pero desgraciadamente mi propuesta no fue aceptada pero eso lo vamos a discutir en la sala”.

(Fuente: Senado)

Moción propone regular transporte privado de pasajeros

TaxisLa moción de los diputados Browne, Godoy, Pilowsky y Sabat, expone que desde la implementación del Transantiago, el transporte de pasajeros se encuentra severamente cuestionado por la ciudadanía.

Observa luego que en materia de transporte de pasajeros, existe una distinción entre el transporte público y privado. Agrega que la regulación tanto legal como por vía de decretos, para el transporte público, es variada, el transporte privado por su parte tiene una reglamentación a través del Decreto 80, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Al efecto, los autores de la iniciativa explican que la regulación antes citada, establece básicamente que el transporte privado remunerado de pasajeros es una actividad lícita y que consiste en que “una persona contrata a otra persona, con el objeto de que ésta última transporte exclusivamente a uno o más pasajeros individualizados en forma predeterminada, desde un origen hasta un destino preestablecidos”.

Sin embargo, arguyen que ante el descontento sufrido por el transporte público, las personas han buscado vías distintas de traslado, generando externalidades como favorecer la frecuencia de sus viajes, reducir los costos económicos, de congestión y ambientales, surgiendo aplicaciones que permiten una conectividad entre conductores y pasajeros, permitiendo traslados más cómodos y de costos menores a los que proporcionan algunos transportes públicos.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Obras públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10601-15.

Corte de Apelaciones rechaza recurso de protección de taxistas contra el Ministerio de Transportes por el sistema Uber

TaxisLa Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto por el gremio de taxistas en contra del Ministerio de Transportes por el sistema Uber de movilización. Así lo anunció el Poder Judicial a través de su cuenta de Twitter.

Ya son varios días de presión de los transportistas hacia la cartera que dirige Andrés Gómez-Lobo para que Uber, aplicación que permite a cualquiera con un vehículo poder movilizar personas como un taxi, se congele, pues alegan que ellos tienen una regulación que es muy estricta. En tal contexto es que el recurso solicita a la autoridad cesar las actividades de las aplicaciones que denominan «piratas».

De la resolución de la Corte de Apelaciones se extrae que «no se trata de una acción popular que pueda interponerse por cualquier persona a nombre de otra, (…) desde que el constituyente personalizó su ejercicio, limitándolo a quienes hubieren sufrido privación, perturbación o amenaza en sus derechos, a sus mandatarios, o a quienes comparezcan determinadamente en su favor, razones por las cuales, el presente recurso, no será admitido a tramitación».

(Fuente: Cooperativa)

Plantean prohibir subcontratación de mantenimiento en empresas estatales del transporte público de pasajeros

METROConsiderando el papel estratégico que tienen para la ciudadanía las empresas estatales del área del transporte, un grupo de diputados presentó un proyecto que prohíbe a dichas empresas la subcontratación de servicios de mantenimiento. La iniciativa, enviada a estudio a la Comisión de Trabajo, fue ingresada a trámite el pasado miércoles 6 de enero.

Según resaltaron los autores, los trabajadores de Metro S.A, revelaron que uno de cada siete operario de la empresa es tercerizado, lo que hace que esta no tenga el control de los procesos de calidad de las vías, sistemas eléctricos y los trenes. Los diputados plantearon:

«Dada la importancia, tanto de Metro como de EFE, se hace necesario que las labores de mantenimiento de los sistemas y maquinaria de estos fundamentales servicios de transporte público estén bajo el control directo de estas mismas empresas, expresando en la ley la imposibilidad que ellas puedan externalizar dichos servicios, tendiendo así a prevenir situaciones de fallas»

La moción agrega al Código del Trabajo una norma que determina que no se podrán subcontratar a los trabajadores que se desempeñen en servicios de mantención del material físico en empresas del Estado que tengan por objeto la explotación de servicios de transporte de pasajeros.

Además, agrega en la ley de Metro S.A. que los trabajadores que se desempeñen en la mantención del material físico de la empresa, tales como vías, carros y sistemas eléctricos, deberán ser contratados directamente por la empresa, «no pudiendo desempeñarse en estas labores a través de un contratista o subcontratista”.

Finalmente, en la misma línea, en la Ley Orgánica de la empresa de los Ferrocarriles del Estado agrega una norma que define que los trabajadores que se desempeñen en la mantención del material físico de los Ferrocarriles del Estado, tales como vías, carros y sistemas eléctricos, deberán ser contratados directamente por la empresa o por alguna de sus filiales, no pudiendo desempeñarse en estas labores a través de un contratista o subcontratista.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10508.

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