Transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano: respaldan idea de legislar

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Por unanimidad, la Comisión de Vivienda y Urbanismo aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que consta de tres ejes fundamentales: mejorar los niveles de transparencia del mercado del suelo, perfeccionar el impuesto territorial y, en el caso puntual de los cambios de uso de suelo desde agrícola a urbano, establecer un tratamiento tributario específico para que los incrementos de valor generados en este proceso sean compartidos, en mayor medida, con la comunidad entera.

Cabe precisar que la norma, una vez que reciba segundo informe de la Comisión de Vivienda, deberá ser estudiada también por la Comisión de Hacienda, para las normas de su competencia.

NO QUEREMOS SEGUIR SUBIENDO IMPUESTOS

El presidente de la instancia parlamentaria, senador Iván Moreira precisó que «hay algunos temas que yo diría que son controversiales, porque este proyecto de ley tiene un impuesto y obviamente muchos de nosotros no somos partidarios de seguir subiendo los impuestos en Chile, pero entendemos que este es un proyecto importante que debemos resolver; además, se necesita una regularización y una ley que regule la venta de terrenos y no sufra especulaciones».

«En este último tiempo -agregó el legislador- hemos conocido escándalos de marca mayor, en donde ha habido especulación de suelo, influencias, en fin y como se dio el minuto de tener que asumir una responsabilidad legislativa y hacernos cargo de este tema, en primera instancia en forma unánime hemos apoyado en general este proyecto y una vez que se vea en la Sala tendrá un espacio de alrededor de un mes para hacer indicaciones».

«Hay un espíritu de avanzar y lo haremos de una manera profesional, siempre buscando la transparencia y también protegiendo los intereses del Estado y de todos los chilenos porque si esto trae consigo un nuevo impuesto, bueno las cosas siguen subiendo y se generaría un paso más en las alzas de impuestos, cuando ya tuvimos una reforma tributaria en donde nosotros entendíamos que esta iba a ser la única alza de impuestos durante este gobierno», recalcó.

IMPUESTO PARA EL ESTADO

Se argumenta en el mensaje, que el mercado del suelo, por su naturaleza, tiende a la opacidad, lo que dificulta la competencia de los actores que intervienen en él, incrementa los precios y posibilita conductas indebidas. Para combatir estos fenómenos se propone, primero, profundizar y anticipar las instancias de participación existentes en los instrumentos de planificación territorial; segundo, facilitar el acceso a la información contenida en aquéllos; tercero, implementar en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo un observatorio del mercado del suelo que permita generar mayores simetrías de información entre los agentes que participan del mercado, y, por último, facilitar el acceso y ampliar la información que contiene el Catastro de Bienes Raíces que mantiene el Ministerio de Bienes Nacionales.

Se plantean en el proyecto modificaciones al impuesto territorial, que permitirán facilitar su actualización cuando ocurren cambios en los instrumentos de planificación territorial, asegurando su aplicación ante aumentos importantes en el valor de los bienes raíces y ampliando la operatoria de la sobretasa a los sitios eriazos buscando impedir sus externalidades negativas.

Por último, se establece un impuesto que permita al Estado capturar una mayor parte del incremento del valor que experimentan los bienes raíces en aquellos procesos de cambio de los Planes Reguladores que incluyen una ampliación del límite urbano, gravando con una tasa de 10% el incremento de valor que se produzca en dichos casos, cuyo cobro se materializará en el momento de la enajenación del inmueble.

COADYUVAR AL EJECUTIVO

En otro orden, e recién asumido nuevo presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, senador Iván Moreira, adelantó que hay una serie de mociones parlamentarias que se irán incorporando a la tabla de las sesiones, «pero fundamentalmente nosotros también queremos coadyuvar al Ejecutivo en materia de vivienda, de cómo el gobierno tendrá su política pública en cuanto a la distribución de los subsidios, porque aspiramos a que el Ministerio sea lo más eficiente posible para resolver los problemas de vivienda que hay en nuestro país».

«Podemos coadyuvar con legislaciones y además esperamos que en la discusión, en el debate existan recursos necesarios en materia de viviendas para el próximo año. La política habitacional debe ser de continuidad, independiente del color del gobierno de turno y asumir el tema de los campamentos para su erradicación», resaltó el parlamentario.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10163-14.

Corte de Apelaciones de Santiago eleva pena por declaración maliciosa de impuestos

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó a 5 años y un día de presidio efectivo, la pena que deberá cumplir Pedro Eduardo Fuentealba Escobar, condenado por infracción al artículo 97 N° 4, inciso segundo del Código Tributario; es decir, declaración de impuestos maliciosamente incompleta o falsa, ilícito perpetrado entre 2001 y 2002.

En fallo unánime (causa rol 473-2016), la Undécima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Fernando Carreño y María Paula Merino– incrementó la pena de 541 días dictada por el 34° Juzgado del Crimen de Santiago.

La sentencia de la Corte de Apelaciones confirma la responsabilidad del condenado en el delito, pero descarta aplicar la aminorante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos investigados.

«El delito tipificado por el inciso final del artículo 97 N°4 del Código Tributario –que es de aquellos que la doctrina denomina de peligro abstracto y de mera actividad y no de resultado–, sanciona al que maliciosamente confeccione, venda o facilite a cualquier título, guías de despacho o facturas, notas de débito o de crédito, boletas falsas con o sin el timbre del Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en dicho numeral, fue introducida por la Ley 19.738, conocida como la «Ley de Lucha contra la Evasión», cuyo espíritu no fue otro que condenar a las personas que cometían fraudes con facturas, esto es, el tráfico de facturas falsas (…) los elementos del tipo, el verbo rector consiste en confeccionar, vender o facilitar a cualquier título, incluso gratuito», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «En cuanto al elemento material, debe tratarse de facturas o de los otros documentos tributarios que indica, falsos. En lo que respecta al elemento subjetivo la norma se refiere a que el autor cometa o posibilite la comisión de los delitos de los incisos 1º, 2º y 3º. El sujeto activo puede ser cualquier persona natural, a diferencia de lo que ocurre en el ilícito tipificado en el inciso segundo en que este tiene que ser contribuyente sujeto a IVA».

«(…) los informes periciales acompañados en autos –continúa–, rolantes a Fs. 1, 125 y 249, sólo es posible determinar que el acusado Fuentealba Estobar disminuyó el impuesto a las ventas y servicios que debía ingresar en arcas fiscales, por cuanto imputaba al débito fiscal IVA un mayor crédito fiscal que se fundaba en facturas material e ideológicamente falsas (…) al registrar facturas irregulares en su contabilidad, aumentó ficticiamente sus costos y/o gastos operacionales, disminuyendo con esto la utilidad declarada en arcas fiscales, no pudiendo establecerse que él actuara como facilitador de algún tipo de facturas a terceros».

Además, «la minorante contemplada en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, exige por parte del agente un ánimo de colaboración para esclarecer los hechos materia de la investigación, el cual además, debe reunir la característica de ser sustancial, esto es, trascendente para alcanzar los fines del proceso: el completo esclarecimiento del hecho punible y/o la participación. Además, el aporte del imputado debe abarcar situaciones fácticas que, al menos hasta ese momento, los órganos persecutores no hayan estado en condición de acceder a ellos, por lo tanto no tenían conocimiento de su existencia (…) en la especie, resulta suficiente para desechar tal atenuante, el propio reconocimiento efectuado por el sentenciador al analizar la autoría que se le imputó al acusado en la presente investigación, pues reconoce que éste «niega su participación en los hechos investigados».

«Lo anterior motivó que ésta tuvo que determinarse teniendo en consideración la demás prueba aportada en el presente juicio, tales como los dichos de los supuestos proveedores de madera del encartado, los que no reconocen tal calidad, como asimismo, los peritajes allegados al proceso. Ergo, no corresponde beneficiar al sentenciado con la atenuante en comento, menos calificarla», concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema rechaza recurso de casación y confirma sentencia que condenó a empresa a pagar impuestos adeudados

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia que condenó a Textiles Porvenir S.A. a pagar los impuestos adeudados entre 2009 y 2011.

En fallo unánime (causa rol 9.363-2016), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y el abogado (i) Jorge Lagos– confirmó la resolución recurrida que rechazó las reclamaciones presentada por la empresa.

«Quedaron firmes los hechos de la causa. Uno de ellos, establece que la reclamante actuó con la intención de evadir el pago de tributos, intentando dar visos de realidad y legalidad a operaciones que eran inexistentes, utilizando en sus registros contables facturas ideológicamente falsas. Esta conducta es constitutiva de infracciones tributarias sancionadas con pena corporal, más precisamente, las castigadas por el artículo 97 N°4 inciso 2° del Código Tributario, encontrándose comprendida dentro de las hipótesis del N°3 del artículo único de la Ley 18.320, que permiten al Servicio actuar dentro de los plazos de prescripción, sin someterse a las limitaciones previstas por esa ley y, por ende, no está obligado a emitir la Citación dentro del término de seis meses, como prescribe el numeral 4° del artículo único de la Ley sobre cumplimiento tributario», establece el fallo.

Resolución que agrega: «Cabe precisar, en este punto, que la hipótesis de exclusión de los beneficios de la ley consiste en que el comportamiento sea constitutivo del tipo, no así que se haya ejercido la acción penal, de modo que es inocuo que, en el caso de autos, no se haya iniciado un proceso criminal contra la reclamante. En tales circunstancias, este capítulo del recurso de casación en el fondo será desechado».

«Siguiendo con esta pauta de calificación, es posible concluir que los jueces del fondo no han incurrido en un error de derecho al estimar que las declaraciones de impuesto presentadas por la reclamante son maliciosamente falsas, pues fueron hechas con la intención de evadir impuestos, al punto que constituyen infracciones que pueden ser sancionadas con pena corporal. En esas condiciones, el inciso 2° del artículo 200 del Código Tributario ha sido correctamente aplicado, por lo que la acción fiscalizadora estaba vigente al momento de emitirse las liquidaciones reclamadas. Esto significa que este capítulo del recurso de casación también será rechazado», concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

SII da a conocer brechas de cumplimiento tributario y enfatiza su labor preventiva

SIIEn el contexto de su Modelo de Gestión del Cumplimiento Tributario (MGCT), y la próxima publicación del Plan de Cumplimiento Tributario año 2017 (PGCT), el SII dio a conocer las brechas de cumplimiento tributario del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuestos que concentran cerca del 90% de los ingresos tributarios del país.

En el caso del Impuesto a la Renta, un 24% de los contribuyentes de primera categoría no cumple con presentar su Formulario 22, los que en su mayoría corresponden a microempresas. En el caso del IVA, el 16,71% de los contribuyentes no presenta su declaración, porcentaje que también se concentra principalmente en el segmento de microempresas.

Cabe señalar que las “brechas de cumplimiento tributario” permiten determinar la diferencia entre el pleno cumplimiento de una obligación tributaria y el real nivel de cumplimiento de ésta. Es un indicador cuantitativo y no representa necesariamente “evasión” puesto que puede estar explicada por diferentes aspectos: Desconocimiento de la obligación, conocimiento inapropiado, imposibilidad material de cumplir, negligencia, interpretación diferente a la del SII y decisión positiva de incumplir la obligación.

El SII aplica acciones de fiscalización proporcionales al comportamiento tributario de los contribuyentes, y su subsecuente nivel de riesgo de incumplimiento, estableciendo estrategias diferenciadas para apoyar y asistir a quienes cometen errores en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para afrontar decididamente a quienes, en forma intencional o reiterada, no cumplae con ellas.

La identificación de brechas permite focalizar los esfuerzos en cerrar progresivamente aquellas brechas más relevantes e ir avanzando en el mejoramiento de los niveles de cumplimiento tributario. Es por ello que el esfuerzo del SII está focalizado en conocer las causas detrás de las brechas y en función de ellas establecer acciones proporcionales de tratamiento contenidas en programas integrales, con foco especial en la acción preventiva, las que buscan hacer del cumplimiento tributario un proceso fácil, proporcional y expedito para el contribuyente.

Tal como se ha realizado en los últimos dos años, durante el próximo mes de marzo, el SII publicará en su sitio web el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario (PGCT), igualando una buena práctica internacional referida a políticas de transparencia y claridad para los contribuyentes. En él los contribuyentes podrán encontrar datos útiles referidos a segmentos de interés y planes de tratamientos diferenciados según niveles de riesgo.

(Fuente: SII)

SII publica primera respuesta a consulta previa sobre si una operación tributaria podría considerarse elusiva

SIIEn el marco de las acciones preventivas que desarrolla el organismo para facilitar y potenciar el correcto cumplimiento de la normativa tributaria, el Servicio de Impuestos Internos publicó hoy en su página web la primera respuesta a una consulta previa no vinculante efectuada por un contribuyente sobre si una operación determinada podría ser considerada elusiva, efectuada en el marco del artículo 26 bis del Código Tributario.

La consulta previa es una herramienta que permite advertir en forma anticipada la eventual incorporación de aspectos que se aparten de la normativa legal.

En efecto, dentro del contexto de la Norma General Anti Elusiva, el referido artículo 26 bis establece la posibilidad de que los interesados puedan consultar si los actos, contratos, negocios o actividades económicas que expongan ante el Servicio, podrían configurar o no alguna de las hipótesis de abuso de forma jurídica o simulación a que se refieren los artículos 4° ter y 4 quáter del Código Tributario.

La consulta a la que está dando respuesta el Servicio se refiere a si la división, y la posterior disolución de la sociedad continuadora y adjudicación de bienes en un término de giro, podría ser calificada como elusiva en los términos de los artículos 4° bis, ter y quáter del Código Tributario.

A la fecha, la Oficina de Análisis de Elusión, dependiente de la Subdirección de Fiscalización, está analizando otras 9 consultas tanto vinculantes como no vinculantes dentro del marco del artículo 26 bis del Código Tributario.

También con un objetivo orientador y preventivo, el SII publicó en noviembre pasado un catálogo con ejemplos de esquemas tributarios en los que podría aplicarse la Norma General Antielusión, cuyo contenido se irá actualizando periódicamente.

(Fuente: SII)

Consulte la respuesta del SII.

Cámara de Diputados pide la creación de una defensoría pública tributaria

Reforma TributariaPor 99 votos a favor y 6 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución que pide a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, la creación de una Defensoría Pública Tributaria.

La petición fue presentada a la Cámara por un grupo transversal de diputados compuesto por Diego Paulsen (RN), René Manuel García (RN), Jorge Rathgeb (RN), Sergio Espejo (DC), Pedro Pablo Alvarez-Salamanca (UDI), René Saffirio (IND) y Mario Venegas (DC).

Los parlamentarios recordaron que el Estado, hoy en día, resguarda los derechos a través de distintas instituciones que otorgan defensas gratuitas en materias tales como civiles, penales y laborales. Sin embargo, en el área tributaria no existe un sistema que garantice la igualdad de fuerzas para que una persona defienda su punto de vista frente a las imputaciones que se formulen, ya que la contraparte es el Servicio de Impuestos Internos.

“Creemos necesario que el Estado replique los organismos de asesoría jurídica que hoy existen en lo civil, penal y laboral al área tributaria”. Con ello, indicaron, “lograremos que los emprendedores del país, que no tengan los recursos necesarios para contratar la asesoría de abogados especialistas, cuenten con ese servicio, haciendo valer sus derechos en igualdad de condiciones”, puntualizaron.

(Fuente: Diputados)

Consulte la Resolución de la Cámara N° 797.

Corte Suprema acoge prescripción tributaria por derecho a ser juzgado en un plazo razonable

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo, acogiendo la excepción de prescripción opuesta en segunda instancia por la reclamante por cometerse infracción al derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El martes 10 de enero, la segunda sala del máximo tribunal revocó la sentencia que rechazó la excepción de prescripción, y en cambio aceptó la reclamación, cobrando las diferencias de impuesto de primera categoría e impuesto global complementario de los años tributarios 1995, 1996 y 1997, por no justificar los orígenes de los fondos empleados en distintas inversiones.

Según la resolución, el poder coercitivo del Estado encuentra su límite en las garantías individuales que son reconocidas a las personas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la legislación nacional, a consecuencia de lo establecido en el artículo 5 de la Carta Fundamental. En el caso, el lapso de tiempo de 19 años por el cual se extendió el proceso constituye una infracción al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, circunstancia que impone a la judicatura ejercer el control a que se encuentra llamada. En el caso, esto se manifiesta en verificar si la acción de cobro de tributos ha sido ejercida y mantenida dentro un plazo de tal naturaleza. Siguiendo esta línea, se consideró que el plazo en que se resuelve el asunto –19 años– resulta irrazonable.

Teniendo esto en consideración, la corte estima que

la forma en que las disposiciones del derecho interno se relacionan con las normas constitucionales y de derecho internacional citadas, pues el respeto de estas últimas, exige que la acción de la justicia sea rápida y oportuna, tanto en escuchar a los justiciables, como en zanjar los problemas puestos en su conocimiento, sean ellos del ámbito civil o penal, debiendo resolverse el conflicto en un plazo razonable, esto es, ajustado a la razón. En tal perspectiva, si bien la conjunción de los artículos 201 incisos 2° y 3° dejan en claro que la presentación del reclamo basta para suspender el curso de la prescripción que consagra el Código Tributario y que ese estado se mantiene, de acuerdo con su inciso final, mientras los impuestos no pueden girarse, ya sea en primera instancia por disposición de la ley o en alzada a petición del reclamante (artículo 24 inciso 2° y 147), no es posible aceptar, en razón de la antedicha normativa –preferentemente integrada, en lo internacional, por el pacto de San José de Costa Rica y el artículo 5° de la Carta Política, en lo nacional–, que tal suspensión opere, en la práctica, de manera indefinida, deviniendo la acción de cobro del Fisco, en los hechos, en imprescriptible, sin fundamento legal.

En tal perspectiva, no corresponde que el pleito declarativo se extienda por más de dos décadas, lapso considerado desde la data de exigibilidad de los impuestos en cobro hasta la fecha de expedición de este fallo (…). El deber de respetar y promover el aludido derecho impone optar por aquella interpretación que, de manera mejor y más completa, resguarde y concrete tal garantía, cuestión que no se logra dando aplicación, únicamente, a la ley positiva del ordenamiento interno, pues ello importaría someter al contribuyente a una carga que perpetúa la indefinición de su situación fiscal y patrimonial, continuando indeterminadamente expuesto a la realización de sus bienes ante la inactividad del ente encargado de llevar adelante el cobro de lo adeudado. En ese sentido, resulta contradictorio que la máxima prescripción que contempla nuestro Código Civil opere al vencimiento del término de diez años y, en cambio, la extinción de la pretensión fiscal pueda requerir un mayor plazo y encontrarse en suspenso indefinidamente.

Por lo mismo, no aplicar preferentemente las disposiciones de los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 5 inciso 2° y 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución Política de la República, constituye un error de derecho en que incurrieron los sentenciadores de alzada, al privilegiar las disposiciones del derecho interno en materia de prescripción.

El fallo tiene un voto de disidencia de los Ministros señores Juica y Dahm.

Los disidentes consideran que se debe rechazar el recurso de casación, pues si bien la garantía de ser juzgado en un plazo razonable prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos es directamente aplicable por estar incorporada al ordenamiento jurídico nacional, se trata de un concepto jurídico indeterminado, que carece de precisión legislativa dentro de los cuales se encuadre su aplicación, esto es, no contiene la determinación de lo que debe entenderse como un tiempo razonable para justificar un juzgamiento. En ese contexto, para determinar que dicho término ha sido excedido, se requiere ponderar, caso a caso, una serie de condiciones establecidas que permita a una corte de casación suponerlas fuera de un contexto legal.

Lo que se reprime constitucionalmente es la tardanza que se produce en la tramitación del proceso mismo y no en lo que se demora por el Estado en cobrar un tributo, para lo cual, en éste último caso, opera la prescripción extintiva prevista por la ley tributaria entre la fecha en que debió pagarse el tributo y la data de la notificación de la liquidación pertinente, cuestión que en este evento no se ha producido, porque precisamente la liquidación legalmente notificada introdujo dicho término extintivo. De modo, que en el presente caso, el juicio real, en su duración sólo debe contarte a partir del seis de febrero de dos mil siete, data establecida como hecho de la causa, dictándose la sentencia definitiva de primer grado el veinte de mayo de dos mil quince, lo que dista considerablemente de los 19 años expresados como de demora del «juicio».

A tercer trámite en el Senado pasa el proyecto que moderniza la legislación aduanera

aduanaEn condiciones de cumplir su tercer trámite, en la Cámara de Diputados, quedó proyecto que moderniza la legislación aduanera. (Boletín N° 10.165-05). Esto, luego que la Sala concluyera el despacho en particular de la iniciativa.

En la oportunidad, algunos de los temas que concentraron el debate fueron: la necesidad de mejorar los sistemas de fiscalización de los diversos servicios de comercio exterior, en especial los courrier, donde se expresaron dudas por la internación de elementos peligrosos como armas de fuego, municiones y la evasión tributaria.

Asimismo se hizo énfasis en dar una solución satisfactoria a las inquietudes y demandas de los funcionarios de aduanas y velar por una legislación equitativa en cuanto a las potestades de los Tribunales Tributarios Aduaneros (TTA), entre otros aspectos del proyecto.

Intervinieron en diversos momentos de la discusión los senadores Andrés Zaldívar, Juan Antonio Coloma, Fulvio Rossi, Alejandro Navarro, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Antonio Horvath, José García Ruminot y Francisco Chahuán. Además del Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco y el Director de Aduanas, Juan Araya. Por su parte, el senador Jorge Pizarro dejó constancia de su inhabilitación para votar.

VOTACIONES

A petición del senador Juan Antonio Coloma, se votaron separadamente las normas del artículo 7° relativas a los plazos que tendrá el Servicio Nacional de Aduanas para formular cargos «si en las destinaciones aduaneras resultaren mayores derechos, impuestos, tasas o gravámenes que los cobrados». A juicio del parlamentario, los plazos tienen que ir de la mano de la certeza jurídica y la dinámica del comercio exterior, por lo que la propuesta de dos años le parecía excesivo.

Sin embargo, la Sala aprobó por 20 votos a favor y 6 en contra el texto aprobado en general por la Comisión de Hacienda, es decir, manteniendo dicho plazo de 2 años.

Asimismo, por 23 votos contra 2 y 1 abstención se rechazó la enmienda de la Comisión de Hacienda al artículo 1º numeral 30, es decir, la norma que modificaba la responsabilidad de los agentes de aduanas en caso de contravenciones en el despacho a su cargo. La disposición se introdujo mediante indicación del senador Francisco Chahuán. Sin embargo, durante el debate en Sala, si bien se destacó la buena intención de la enmienda prevaleció -por 19 votos a favor y 3 abstenciones- el criterio de la norma aprobada en general que mantiene la responsabilidad administrativa de los agentes de aduanas y no se innova en el peso de la prueba.

Finalmente, por 13 votos contra 12 se rechazó el artículo 32 que permitía a las personas sujetas a la jurisdicción disciplinaria del Director Nacional de Aduanas podrán reclamar ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la resolución que les aplique amonestaciones. Esto, porque se estimó que había que fijar un criterio para que las reclamaciones no entorpezcan el funcionamiento de estos tribunales tributarios aduaneros.

PRINCIPALES NORMAS

El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, tiene por objetivo central introducir mejoras en los procesos aduaneros para simplificar el desarrollo de las operaciones de comercio de exterior, manteniendo la fiscalización sobre las mismas.

Los principales aspectos del contenido del texto legal son los siguientes:

  • Incorpora la figura del Operador Económico Autorizado (OEA), que recaerá en aquellas personas que el Servicio Nacional de Aduanas certifique como tales, para que cumplan funciones propias del Servicio en la cadena logística del comercio exterior, con el objeto de auxiliar a los interesados en el acceso a los beneficios relativos al control y simplificación de los procesos aduaneros.
  • En el caso de las destinaciones de importación y exportación, y a efectos de llevar a cabo sus funciones de fiscalización y auditoría, el Servicio podrá certificar a personas con el objeto de que le asistan en los procesos de determinación de peso, humedad, extracción de muestras, preparación de muestras representativas, medición, calibraje, análisis químicos y otros que se determinen por resolución del Director Nacional de Aduanas.
  • Actualiza la Sección sobre Tratamientos Arancelarios Especiales del Arancel Aduanero, que regula las franquicias y regímenes especiales, reajustando montos; incorporando nuevos actores tales como los tripulantes de naves, aeronaves y otros vehículos de transportes, a este régimen especial arancelario; establecimiento de la reajustabilidad de las franquicias establecidas en el Arancel Aduanero; y la medida que aumenta el monto de las partidas que pueden ser objeto de las declaraciones simplificadas de importación, medida que favorecerá a todos los usuarios, particularmente a los que ingresan al país a través de aeropuertos y pasos fronterizos terrestres.
  • Aumenta de US$100 a US$500 el valor máximo de los medicamentos que se puede importar exento del pago de aranceles y derechos, siempre que cuenten con receta médica.
  • Crea la Destinación Aduanera de Depósito, que permite a las mercancías extranjeras, hasta por el plazo de un año, postergar el pago de los derechos, impuestos y demás gravámenes que cause en su importación, mientras se le efectúan procesos menores que favorezcan su conservación, presentación, calidad comercial, etc., siempre que ello no transforme o modifique la naturaleza de las mismas, no altere los atributos que determinan su carácter esencial y no implique un cambio en su clasificación arancelaria.
  • Faculta al Director Nacional de Aduanas para abstenerse de cursar declaraciones de importación acogidas a exenciones o franquicias aduaneras preferenciales, cuando el Servicio acredite fundadamente la existencia de un comportamiento permanente de incumplimiento de ciertos usuarios de la cadena de comercio exterior.
  • Entrega al Director Nacional de Aduanas el deber de reglamentar las obligaciones y facultades de las Empresas de Envío de Entrega Rápida o Expreso Internacional, entendiendo por tales aquellas que prestan el servicio de recolección, transporte, recepción y entrega de este tipo de envíos, desde y hacia el extranjero, utilizando medios propios o de terceros, sin perder el control y la responsabilidad de ellos durante todo el suministro de dicho servicio.
  • Permite la importación y retiro de mercancías, previa constitución de garantías que asegure el pago de los derechos, impuestos y demás gravámenes, lo que beneficiará especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
  • Actualiza el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, eliminando la participación del Ministerio de Hacienda en el procedimiento de autorización, facultad que corresponderá sólo al Director Nacional de Aduanas; introduciéndose modificaciones menores que posibilitan que aquellas industrias que tienen potencial para desarrollar estas actividades las efectúen de mejor manera.
  • Establece un monto máximo de 200 UTM en el caso de las multas que se apliquen a los concesionarios de recintos de depósito aduanero y los almacenistas habilitados sujetos a la jurisdicción disciplinaria del Director Nacional de Aduanas, en el caso de  sanciones por el incumplimiento de las obligaciones inherentes a sus cargos. En el caso de reincidencia, el monto máximo asciende a 300 UTM.
  • Faculta al Ministerio Público para solicitar, en los casos de delitos de contrabando o fraude de mercancía afecta a tributación especial o adicional y por el período que dure la investigación, la incautación de los vehículos que hubiesen sido utilizados para perpetrar el ilícito.
  • Introduce modificaciones a la regulación de remates aduaneros, permitiendo una labor más eficiente del Servicio en los procesos de subastas, otorgando, además, un mejor destino para las mercancías que no son objeto de interés por parte de los usuarios, pudiendo donarlas o declararlas chatarras, reduciendo de esta manera, costos que hacen ineficiente la operatoria del mecanismo.
  • Incorpora a las instituciones de beneficencia o asistencia social como sujetos de las donaciones de mercancías incautadas, y ya no sólo a los establecimientos educacionales como lo es hasta ahora.
  • Permite a todo importador constituir un mandato general en favor de un agente de aduanas, de manera que pueda efectuar todos los despachos de las mercancías, y ya no sólo respecto de aquellas que superen un determinado monto.
  • Establece una garantía para los usuarios de zonas francas que requieran operar ante el Servicio, regulando de mejor manera las cauciones y garantías que deben constituir estos usuarios.
  • Faculta al Director Nacional de Aduanas para gestionar franquicias respecto de la importación de vehículos de personas lisiadas y con discapacidad, modificando una norma que radica esta facultad en la Subsecretaría de Hacienda, permitiendo a los usuarios un mejor acceso a este beneficio.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10165-05.

Servicio de Impuestos Internos presentó su Código de Ética

SIIEl Servicio de Impuestos Internos y los Servicios dependientes o relacionados con el Ministerio de Hacienda presentaron hoy sus Códigos de Ética, en una ceremonia de lanzamiento efectuada en el Auditorio del Ministerio de Hacienda, y en la que participaron el Ministro de la cartera, Rodrigo Valdés; el Subsecretario, Alejandro Micco; la Oficial del Programa de Gobernabilidad Democrática del PNUD, Marcela Ríos, y los Jefes de los respectivos Servicios.

El Código de Ética del SII es producto de un trabajo efectuado durante años, en torno al desarrollo de una cultura ética que promueve valores compartidos en la organización. Dicha labor tuvo un fuerte impulso el año 2015, durante la elaboración del Plan Estratégico Institucional, el cual contó con la participación efectiva a lo largo de todo el proceso de funcionarios, equipos directivos y asociaciones de funcionarios. En la ocasión se definieron la misión, visión y valores institucionales y, además, se puso de manifiesto la necesidad de actualizar el Código de Conducta, adecuándolo a los nuevos escenarios e incorporándolo como uno de los proyectos estratégicos del Servicio.

Con el objetivo que el documento representara fielmente a los funcionarios, se realizaron reuniones de las Mesas de Trabajo Regionales a lo largo del país, con el apoyo de consultores de la Subdirección de Desarrollo de Personas, de las Asociaciones de Funcionarios y del Comité de Código de Ética creado para estos efectos. Además, se consultó a los funcionarios sobre aquellos aspectos conductuales que deberían estar presentes en el nuevo Código de Ética del SII, por lo que su elaboración correspondió a un proceso con un alto grado de participación.

Así, el Código de Ética contiene una serie de principios y valores, que establecen un marco de referencia del comportamiento ético institucional, que refleja la cultura, misión, visión y objetivos estratégicos del SII y que son significativos para el correcto ejercicio de la función pública de cada uno de sus funcionarios.

Cabe destacar que los Servicios de Hacienda son las primeras instituciones en publicar sus Códigos de Ética, en el marco de la Agenda de Probidad y Transparencia en los Negocios y en la Política y el Instructivo presidencial 1025, del 19 de mayo del 2015, sobre lineamientos para la redacción de un Código de Ética.

La iniciativa instó a los 254 servicios públicos de la Administración del Estado a contar con estos instrumentos, que apunten a la probidad en las labores cotidianas, en un ejercicio sano y eficaz, que redunde en un mejor nivel de atención y transparencia hacia la ciudadanía.

(Fuente: SII)

Consulte el Código de Ética del Servicio de Impuestos Internos.

Bruselas sanciona a Apple con la devolución de 13.000 millones por ventajas fiscales

Fuente: Wikipedia

Fuente: Wikipedia

La Comisión Europea obligará a la compañía de tecnología a devolver hasta 13.000 millones de euros más intereses a Irlanda en impuestos no pagados. La firma se benefició de un régimen fiscal favorable de forma ilícita gracias a un acuerdo con Irlanda que le permitió pagar solo el 1% en impuestos por sus beneficios de 2003, el primer año que disfrutó de reglas benevolentes, tasa que fue reduciéndose hasta el 0,005% en 2014, el último ejercicio bajo la lupa. La cantidad que deberá desembolsar representa prácticamente el doble del beneficio mundial que logró Apple en el último trimestre, y un tercio de todas sus ventas en dicho periodo. Competencia ha estimado que las ventajas que otorgó Irlanda a la compañía para abaratar considerablemente su factura con el fisco durante más de una década son ayudas de Estado ilegales, e impone la mayor devolución de impuestos registrada nunca en suelo comunitario.

«Han reducido artificialmente la factura fiscal de Apple y queremos enviar un mensaje claro: los Estados no pueden dar ventajas fiscales a las empresas, da igual que sean grandes o pequeñas, extranjeras o europeas», ha afirmado este martes la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Las acciones de la compañía dirigida por Tim Cook apenas acusan el revés en la apertura de Wall Street, y cotizan con ligeras caídas. El montante de la devolución está cerca del peor escenario para Apple que calculaba JP Morgan, el banco de inversión de la compañía de Cupertino, que cifraba el golpe en hasta 17.000 millones de euros.

El enfrentamiento tomará ahora la vía judicial. Tanto Apple como Irlanda han expresado ya su decisión de recurrir la decisión. «Confiamos en que la medida será revocada», ha afirmado la compañía en un comunicado. La respuesta de Apple incluye un inquietante recado para Europa advirtiendo de que en caso de tener que efectuar el desembolso, sus efectos también se notarían en Europa: «tendrá un profundo y dañino efecto en la inversión y la creación de empleo en Europa», avisan.

Las reacciones en Irlanda, cuyo sistema fiscal ha quedado en entredicho, tampoco se han hecho esperar. «Estoy en profundo desacuerdo con la Comisión», ha dicho contundente el ministro de Finanzas, Michael Noonan, en un comunicado. «La decisión no nos deja otra opción que recurrir para defender la integridad de nuestro sistema fiscal», ha añadido. Bruselas considera que Apple declaró en Irlanda la «práctica totalidad» de los beneficios que obtuvo en la UE para pagar menos impuestos.

El asunto va más allá de un conflicto entre una empresa y la Unión Europea. La macrosanción, que llevaba semanas esperándose ha abierto grietas en las relaciones entre Bruselas y Washington, con el Tesoro norteamericano acusando directamente a la Comisión de extralimitarse de sus funciones al investigar a Apple, la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil, y tachándola de erigirse en un organismo fiscal supranacional. La Comisión responde que las leyes son iguales para todos independientemente de su tamaño o nacionalidad, y rechaza cualquier insinuación de persecución antinorteamericana.

Para ello pone de ejemplo sus actuaciones contra Starbucks y Fiat-Chrysler, a las que exigió la devolución de entre 20 y 30 millones de euros en impuestos atrasados a Holanda y Luxemburgo respectivamente. También el caso de las 35 multinacionales a las que en enero de este año ordenaron devolver 700 millones de euros al fisco belga después de que dicho país empleara durante una década prácticas dignas de los más avezados paraísos fiscales. «La mayoría son empresas europeas», recuerdan desde Bruselas.

(Fuente: El País)

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