Consejo para la Transparencia declaró inadmisible reclamo por infracción a normas de transparencia activa por parte de Universidad de Aysén

TransparenciaSe dedujo reclamo por infracción a los deberes de transparencia activa en contra de la Universidad de Aysén, fundado en que el acceso a la información no es expedito. Específicamente, reclama que la Universidad no posee un formulario electrónico para realizar solicitudes de acceso en línea.

Al respecto, el Consejo para la Transparencia sostuvo que, atendido lo dispuesto en los artículos 7° y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 3°, letra i), 6°, 50 y siguientes de su Reglamento, para que el CPLT pueda conocer de los reclamos por infracción a las normas de transparencia activa interpuestos en contra de los órganos de la Administración del Estado que señalan dichos cuerpos normativos, es preciso que con anterioridad tenga lugar el supuesto que establece la ley a este respecto, esto es, que no se mantengan a disposición permanente del público, a través de los sitios electrónicos de los órganos de la Administración del Estado, los antecedentes señalados en el artículo 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento.

Por lo anterior, se resuelve que, del análisis del reclamo por infracción a las normas de transparencia activa deducido, se advierte que no existe una infracción a los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento. Ello, por cuanto la presentación del recurrente tendría por objeto realizar una denuncia respecto de barreras de acceso existentes para efectuar solicitudes de acceso a la información, pero no reclamar por la falta de completitud o de acceso al listado de la información que las normas antes indicadas obligan a mantener en los sitios electrónicos a los órganos de la Administración del Estado.

De esta forma, el Consejo concluyó declarando la inadmisibilidad del requerimiento.

(Fuente: Diario Constitucional)

Contraloría se pronuncia sobre inclusión de alumno en “actividad formativa equivalente a tesis”

estudiantes educacion superior asociacion universidadSe solicitó a la Contraloría General de la República, por parte de un estudiante, según afirma, del Programa de Magister en Derecho con mención en Derecho Tributario de la Universidad de Chile, reclamando en contra de esa casa de estudios por no haber sido considerado dentro de aquellos alumnos que cursarían en el año 2016 la “Actividad Formativa Equivalente a Tesis” -en adelante AFET-.

Señala que mediante correos electrónicos se le informó que podría participar de aquella instancia, pero que, en definitiva, no fue considerado.

En su informe, la universidad manifiesta que efectivamente se enviaron correos electrónicos informativos a alumnos que habían participado de ese programa, agregando que en la nómina final no se consideró al solicitante porque carecía de la calidad de alumno regular, dado que cursó el magíster durante el periodo 2012-2013 y, de acuerdo al reglamento dictado al efecto, la permanencia máxima en él es de tres años.
Al efecto, el ente de control hace presente que la jurisprudencia del Órgano Contralor ha manifestado, entre otros, en el dictamen N° 9.904, de 2015, que la autonomía universitaria -de que goza el establecimiento denunciado- consiste en la atribución de esas instituciones de tener poder resolutivo en todo lo que se relaciona con su quehacer interno, sin perjuicio de la obligación de sujetarse a las disposiciones legales y constitucionales que sean aplicables, por lo que la Universidad de Chile, tal como se sostiene en ese pronunciamiento, puede determinar los requisitos de aprobación de estudios y de titulación de una carrera, los que deberán estar especificados y sancionados mediante un acto formal.

Y es que tal como el recurrente lo expresa y en armonía con lo informado por la referida universidad, el interesado carecía de la calidad de estudiante en la época en que le fueron enviados los correos que aludían a la AFET, toda vez inició el pertinente programa de magister en el año 2012, por lo que debió graduarse como máximo durante el año 2014.

En razón de lo expuesto, el dictamen concluye manifestando que no se advierte irregularidad en la decisión del organismo reclamado en orden a no haber considerado al recurrente para la AFET del año 2016.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el Dictamen de Contraloría Nº 1.291 de 2017..

Suprema rechaza protección de estudiante contra Universidad que negó matrícula por existencia de deuda

educaciónLa Corte Suprema acogió el recurso de apelación, revocando la sentencia de protección que estimaba que la negativa de matrícula de un estudiante a causa de tener deudas con la institución era un acto ilegal y arbitrario. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 26 de julio de 2016, en fallo unánime la tercera sala del máximo tribunal revocó y rechazó la acción de protección deducida por un alumno de la carrera de derecho en contra de la Universidad de las Américas, ante la negativa de esa Casa de Estudios para matricularse, debido a la existencia de una deuda por aranceles de periodos académicos anteriores.

El estudiante argumenta que se encuentra en la última etapa de su enseñanza universitaria y que la Universidad, al actuar como lo hace,  impide que personas que cumplen con los requisitos académicos puedan acceder a su derecho a la educación por razones ajenas a lo académico, consistentes en el no pago de una deuda, lo que constituye un ejercicio ilegítimo de autotutela.

Sin embargo, en su sentencia la corte estima que de los contratos de prestación de servicios educacionales firmados por el recurrente con la Universidad recurrida se desprende que el alumno se obligó a pagar por los servicios educacionales contratados. Por otra parte, continúa la corte, los contratos también establecen la obligatoriedad de la normativa académica, reglamentaria y administrativa de la Universidad contenida en los Reglamentos, especialmente y en lo que incide en el recurso la contenida en el Reglamento del Alumno. El reglamento señala que los alumnos regulares conservarán dicha calidad mientras «carezcan de impedimentos de orden académico, económico, disciplinario o de salud para cursar estudios».

Se agrega enseguida que el artículo sexto del citado documento establece la obligatoriedad de la normativa académica, reglamentaria y administrativa de la Universidad contenida en los Reglamentos, especialmente y en lo que incide en el recurso la contenida en el Reglamento del Alumno.

En este sentido, no es controvertido por el actor que hasta la fecha no ha podido pagar la deuda que tiene con la Universidad, por lo que queda de manifiesto que la negativa de la recurrida a matricular al alumno por el periodo 2016 no es ilegal o arbitraria, toda vez que se ajustó a los contratos celebrados con el recurrente y a la reglamentación interna de la Universidad.

Es por ello que la sentencia concluye que en los contratos firmados, el estudiante acepta la reglamentación interna de la universidad en la cual se condiciona la matrícula a la no existencia de deuda.

Contraloría planteó la necesidad de revisar aportes estatales en establecimientos de educación superior públicos y privados

Contraloría General de la Republica“Nosotros como Contraloría estamos convencidos de que donde está la plata pública tiene que estar la revisión y tiene que estar la Rendición de Cuentas, independientemente de la forma jurídica”. Con estas palabras, el Contralor General, Jorge Bermúdez, abordó la situación del financiamiento fiscal a la Educación Superior en seminario sobre la materia, realizado el jueves 22 de septiembre, en la Universidad de Santiago de Chile (USACH).

La actividad contempló las ponencias de especialistas en los temas vinculados al aporte estatal en materia de educación y fue organizado por el Observatorio de Educación Superior, de las universidades del Estado de Chile (OBESUP).

El Contralor mencionó que todas las instituciones de educación que reciben recursos del Estado deben responder de la misma manera por la utilización de esos montos y planteó que el norte de la Institución que lidera durante los próximos años será velar por el cuidado y buen uso de los recursos públicos.

Esta obligación –explicó– está definida en el artículo N° 85 de la Ley Orgánica de la CGR, lo que implica que “debemos preocuparnos de ver adónde van esos recursos” y aseguró tener una mirada crítica respecto al proyecto de reforma a la Educación Superior, porque “lejos de establecer controles sobre los recursos lo que hace es quitarlos”.

A modo de ejemplo, señaló que en 2015 el financiamiento fiscal a la educación superior fue de 2.300 millones de dólares; y este año, de 2.500 millones de dólares. Asimismo, gran parte de esos dineros -indicó- va a instituciones de educación privada, las que de acuerdo a la normativa vigente no están obligadas a cumplir con las mismas revisiones que las estatales. “¿Puede ser que esa plata no tenga ningún control? ¿Puede ser que se entregue como una especie de cheque en blanco? Evidentemente, la respuesta no puede ser sino negativa”, enfatizó.

Su intervención fue la antesala de la presentación detallada del Informe Fiscal de Financiamiento a la Educación Superior 2015, elaborado por la CGR, que estuvo a cargo del jefe del Área Análisis Contable Empresas Públicas y Universidades de la División de Análisis Contable de la CGR, Nicolás Espinoza.

El programa del encuentro contempló también la ponencia del Rector de la USACH Juan Manuel Zolezzi, quien planteó que la Reforma a la Educación Superior que se encuentra en el Parlamento legitima y profundiza un modelo privado, “donde el Estado está al servicio de los intereses particulares y desconoce su responsabilidad con la educación pública”. Añadió que no es partidario que se retire el proyecto sino que es preciso hacer “un salvataje que rescate su espíritu original”, afirmó.

Manifestó, entre otros temas, que como institución no se opone a la Rendición de Cuentas, pero insistió en que su interés es que esa condición se aplique a todas las entidades educacionales que reciben recursos públicos. También se manifestó contrario a la sobrerregulación que puede “ahogar a las universidades del Estado si no hacemos el ensamble necesario para que esto funcione correctamente”.

El encuentro contó con la participación del Director Ejecutivo de OBESUP, Tito Flores; el académico de la Universidad de Tarapacá e investigador asociado OBESUP, Enrique Fernández; y la investigadora CIAE de la Universidad de Chile, Académica de la Universidad de Valparaíso e investigadora asociada OBESUP, Carolina Guzmán.

(Fuente: Contraloría)

Universidad vulnera principio de celeridad al dilatar un sumario por acoso durante 2 años

supremaSe dedujo acción de protección –por parte de una particular– en contra de la Universidad de Chile. La recurrente estimó vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Consulte el fallo analizado por Microjuris.

Como expuso la actora, en el mes de abril del año 2011 ingresó a cursar un post grado en neurología en el Hospital Barros Luco Trudeau, correspondiente a un programa de formación de especialista en neurología con una duración de tres años. Durante el desarrollo del curso, uno de sus profesores, Jefe Subrogante del Servicio de Neurología, mutó su comportamiento desde un acoso sexual en su contra a un acoso u hostigamiento laboral el que tuvo su punto cúlmine en el examen práctico que rindió con fechas 23 al 25 de junio de 2014 y desde el 4 al 6 de agosto del mismo año 2014, los que fueron realizados bajo procedimientos y evaluaciones muy dudosas por los facultativos a quienes correspondió calificarla.

Luego, señaló la recurrente que, tanto del acoso sexual como de aquél de índole laboral, dio cuenta a las autoridades de la Universidad en el mes de junio del año 2014, iniciándose una investigación sumaria que luego varió a un sumario administrativo para investigar tales hechos, sumario que aún se encontraba pendiente a la fecha de interposición del recurso, lo que la perjudica sobremanera pues, la Comisión Coordinadora de Programas de Formación de Especialista, en su sesión del 20 de noviembre del 2014, en forma excepcional la autorizó para rendir por tercera oportunidad el examen práctico con una comisión mixta y un veedor externo, debiendo solicitar hora de examen después de resuelta la investigación sumaria, lo que no ha podido hacer por encontrarse aún en tramitación el antes citado sumario administrativo.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió de recurso de protección; decisión confirmada unánimemente por la Corte Suprema.

En su sentencia, adujo que el atraso injustificado en la sustanciación del sumario administrativo iniciado por las denuncias de acoso sexual y laboral interpuestas por la actora, le ha impedido a la recurrida solicitar hora para rendir el examen práctico del Programa de Especialización de Neurología Adultos.

En primer lugar, este considerable retraso en la tramitación del sumario incoado para determinar responsabilidades funcionarias vulnera el articulo 19 Nº 2 de la Constitución sobre Igualdad a la Ley, al no actuar con la celeridad necesario.

En ese mismo sentido, se contraviene el principio de la celeridad que rige el actuar de la administración pública, consagrado en el artículo 7 de la Ley N° 19.880. Según este principio, el procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Esto no ha sido seguido por la Universidad.

Finalmente, la corte al acoger el recurso resuelve que la recurrida deberá fijar, previa solicitud de la actora, día y hora para recibir el examen final que ella debe rendir en el Programa de Especialización de Neurología Adultos.

Corte Suprema acoge recurso de casación y rechaza demanda de alumno de la carrera de perito criminalístico

estudiantes educacion superior asociacion universidadLa Corte Suprema acogió recurso de casación y anuló la sentencia que había condenado al Instituto Profesional Santo Tomás a pagar una indemnización de más de $15.000.000 (quince millones de pesos) a un alumno de la carrera de perito criminalística.

En fallo unánime (causa rol 9480-2016), la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Patricio Valdés, Héctor Carreño, Guillermo Silva, Rosa María Maggi y el abogado (i) Juan Figueroa– concluyó que lo resuelto, tanto la Corte de Apelaciones de Temuco como el Segundo Juzgado Civil de la ciudad, se hizo con infracción de ley, al considerar que el plantel incumplió las normas del contrato, al publicitar una carrera sin campo laboral.

De acuerdo al fallo de la Corte Suprema, el contenido de la publicidad, en el área educacional, no constituye parte de las obligaciones del contrato que suscriben los alumnos con el instituto que dicta la carrera.

«Que, al respecto, esta Corte ya ha manifestado en un caso precedente relativo a la misma oferta de la carrera que «el contenido de la publicidad del demandado no constituye una condición objetiva que se integre al contrato, sino que una opinión, esto es un juicio de valor subjetivo de quien la emite, quien tiene respecto de su contenido un conocimiento intermedio entre la ignorancia y la ciencia. En efecto, el análisis de la publicidad hace posible concluir que en ella se asevera la posibilidad de que llegue a existir en el futuro un campo laboral con ciertas características, pero de ningún modo se asegura su existencia futura con algún grado de certeza, lo que queda especialmente de manifiesto cuando dice ‘La puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal, que está plenamente vigente al año 2005, augura un gran campo ocupacional y muy interesantes expectativas para los Peritos Forenses’. Las expresiones ‘augura’ un gran campo ocupacional y muy interesantes ‘expectativas’ revelan sin lugar a dudas que a la época en que se realiza la publicidad no se sabe a ciencia cierta si la posibilidad de un gran campo laboral se materializará en definitiva, sin perjuicio de que quien la emite señale con tales expresiones que se espera que así ocurra, lo que constituye precisamente una opinión o juicio de valor subjetivo acerca de la probabilidad de que llegue a existir el mencionado campo laboral» (Sentencia de la Corte Suprema de 11 de mayo de 2012, Rol 8931-2011).

En consecuencia, el valor subjetivo de la publicidad impide considerarla integrada al contrato y, por tanto, no se configura la obligación que se estima infringida. A mayor abundamiento, cabe considerar que aun aceptando que la publicidad mencionada integrara el contrato y formara parte del mismo como una condición objetiva, tal integración no se produciría sino concibiendo al campo educacional en la forma precisa descrita por la demandada, esto es, como una posibilidad futura que puede acontecer o no, naturaleza que impide considerar que aquél asuma la existencia del campo laboral como una obligación», sostiene el fallo del máximo tribunal.

La resolución agrega que «(…) conforme a lo expresado en el motivo precedente, no es posible -como lo han hecho los sentenciadores del fondo- entender incorporado al contrato objeto del pleito obligaciones que no pueden entenderse como parte de la convención en análisis en virtud del artículo 1444 del Código Civil, o por la costumbre o por la naturaleza de la obligación, como lo sería aquella ya contenida en la sentencia del tribunal a quo, consistente en impartir una carrera que «permita cabalmente a sus egresados ejercerlas como tal, existiendo campo ocupacional para ello por tratarse de una carrera requerida en el mercado ocupacional«. Que, en efecto, tal obligación no es un elemento de la naturaleza de los contratos de prestación de servicios al tenor del ya citado artículo 1444. Tampoco la ley se remite en este caso a la costumbre, tratándose de un contrato civil, ni menos se ha probado en autos su incorporación por la costumbre mercantil, si alguien pretendiera el carácter comercial del contrato sub lite. Por último, no pertenece a la naturaleza de una obligación de hacer, como es la que emana del contrato en análisis, la que pretenden los sentenciadores del fondo».

(Fuente: Poder Judicial)

Ingresó a la cámara proyecto que reforma la Educación Superior

estudiantes educacion superior asociacion universidadA la Comisión de Educación y posteriormente a la Comisión de Hacienda -para analizar las materias financieras-, fue enviado el proyecto sobre Educación Superior, iniciativa que busca entregar un nuevo marco regulatorio con el fin de alcanzar los objetivos de la Reforma Educacional.

El texto legal plantea la creación de un Sistema de Educación Superior integrado por las instituciones de educación superior y por el conjunto de organismos y servicios públicos con competencia en dicho ámbito. Adicionalmente, el proyecto de ley define las instituciones de educación superior: centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades.

En segundo término, se crea la Subsecretaría de Educación Superior que, entre otras labores, administrará el Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior que crea este proyecto y que será obligatorio para las instituciones de educación superior que reciban fondos públicos.

Además, la Subsecretaría administrará un Sistema Nacional de Información de la Educación Superior que contendrá información de los estudiantes y las instituciones de educación superior, lo que permitirá la elaboración de políticas públicas y dotará de mayor transparencia al Sistema.

Fomento de la formación técnico profesional

El texto establece que cada cinco años se elaborará, a través de un Consejo Asesor con integración público-privada, la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, que orientará el desarrollo e implementación de las políticas públicas que se definan para el sector. Dentro del Mineduc, se crea, además, una unidad de coordinación de Formación Técnico Profesional.

Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

La propuesta establece el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, integrado por el Ministerio de Educación (a través de la Subsecretaría Educación Superior), el Consejo Nacional de Educación, el Consejo para la Calidad y la Superintendencia de Educación Superior.

El Consejo para la Calidad de la Educación Superior sustituye a la actual Comisión Nacional de Acreditación y se encargará de administrar y resolver los procesos de acreditación institucional.

El proyecto contempla una nueva acreditación institucional, la que será obligatoria para las instituciones de educación superior autónomas. Esta nueva acreditación consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de los estándares de calidad para cada nivel, fijados por el Ministerio de Educación, en conjunto con el Consejo para la Calidad y el Consejo Nacional de Educación.

Además, se mantiene la acreditación obligatoria de las carreras y programas conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Pedagogías y se establece la acreditación obligatoria de los programas de doctorados.

Superintendencia de Educación Superior

El texto considera la creación de una Superintendencia de Educación Superior, encargado de la fiscalización y supervigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la educación superior, la legalidad del uso de los recursos y la supervisión de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior.

Asimismo, se regula un procedimiento administrativo sancionador que permite resguardar el interés público comprometido en el actuar de la Superintendencia, a través de un debido proceso. El procedimiento podrá finalizar imponiendo sanciones ante las infracciones.

Regulaciones de las Instituciones de Educación Superior

El proyecto contempla regulaciones de las instituciones de educación superior que se organicen como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Al respecto se establece la exigencia de que sus controladores y miembros asociados sólo sean personas naturales o personas jurídicas sin fines de lucro. Adicionalmente, se les exige contar con un órgano de administración superior, cuyos integrantes cuentan con claros deberes y sean responsables civil y penalmente.

Asimismo, se les impone la obligación de destinar sus recursos y reinvertir sus excedentes en la consecución de sus fines y en la mejora de la calidad de la educación que brindan. Además, se incorporan prohibiciones y regulaciones estrictas a las operaciones con personas relacionadas a la institución de educación superior, a fin de resguardar esta obligación.

Educación Superior Estatal

Respecto a las instituciones estatales, se propone una Red, coordinada por la Subsecretaría de Educación Superior, que se constituirá en una instancia de articulación de dichas instituciones.
El proyecto también establece normas que contribuirán a flexibilizar los procesos internos de estas instituciones, al tiempo que se regulan sus órganos de administración y gestión (Rector o Rectora, Consejo Directivo y un órgano colegiado de carácter normativo).

Financiamiento Público de la Educación Superior

El proyecto de ley establece la gratuidad para los estudiantes de sus estudios de pregrado mediante el financiamiento público a las instituciones de educación superior que cumplan ciertos requisitos y obligaciones.

Las instituciones de educación superior que accedan a esta modalidad de financiamiento deberán otorgar estudios gratuitos a aquellos estudiantes que cumplan las condiciones señaladas en la ley. Asimismo, todos sus estudiantes estarán sujetos a las normas de aranceles regulados. Los valores de estos aranceles los determinará la Subsecretaría de Educación Superior mediante un procedimiento especial en el que participará una Comisión de Expertos.

En ese mismo sentido, el texto legal establece la modalidad de financiamiento de las funciones de investigación y creación artística para aquellas universidades que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad y la creación de un fondo de las instituciones de educación superior estatales, para que cumplan con las obligaciones que les son propias y para su fortalecimiento institucional.

Periodo de transición

El texto legal establece diversos plazos para la dictación de las normas que regulan las nuevas instituciones creadas, así como para la entrada en vigencia del Sistema Común de Acceso, para el nuevo proceso de acreditación obligatoria y la habilitación de las actuales acreditaciones.

Respecto a la gratuidad, se define la transición del financiamiento institucional y de las condiciones a cumplir por las instituciones. Además, se señalará el avance en la cobertura de acuerdo a la condición socioeconómica de los estudiantes, iniciándose con los cinco deciles de menores ingresos, pasando al sexto decil en 2018 y avanzado los demás deciles según la disponibilidad de recursos en función de los ingresos fiscales estructurales. También se establece la regulación del arancel para aquellos estudiantes que no cumplan la condición socioeconómica y se matriculen en instituciones adscritas a gratuidad.

Finalmente, se define el proceso para calcular los aranceles regulados y también del plazo para el inicio y la determinación de los recursos de los fondos para el financiamiento de las funciones de investigación de las universidades que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad y el fondo para las instituciones de educación superior.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10783.

Corte de Talca acogió protección contra Universidad por exigir experiencia laboral para rendir examen de grado de Derecho

talcaLa Corte de Apelaciones de Talca acogió el recurso de protección deducido por un egresado de la carrera de Derecho en contra de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, por exigir como requisito para rendir su examen de grado, «el tener que Acreditar experiencia laboral ante la Universidad como lo señala el Acta 192 (de la Excelentísima Corte Suprema) y Firmar un documento donde certifica que está en conocimiento del Acta 192 y que por los años trascurridos no puede optar al juramento de abogado».

El recurrente estimó vulnerado el artículo 4 del Reglamento de Licenciatura de la Escuela de Derecho, el legítimo derecho contemplado en el artículo 19 N°s. 2 y 24 de la Constitución Política de la Republica, esto es, el derecho a la igualdad ante la ley y de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes, corporales o incorporales.

En su sentencia, la Corte de Talca consideró que, de acuerdo al análisis de los antecedentes y la normativa aplicable para el caso en comento, fue posible advertir que las exigencias suplementarias formuladas en la resolución del recurso de reconsideración, por la Directora de la Escuela de Derecho de la recurrida, constituyen un acto arbitrario, esto es, carente de razonabilidad e injustificado, que ha establecido una diferenciación arbitraria en perjuicio del recurrente, por lo que ha privado a este último del legítimo ejercicio del derecho a la igualdad ante la ley, asegurado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, sostiene que las exigencias en cuestión importan una invalidación unilateral, sin mediar resolución judicial alguna de un tribunal competente, de la condición de egresado del recurrente y que le habilita a solicitar rendir su Examen de Grado, por parte de la recurrida, lo que no solo repugna a la plenitud de la jurisdicción conferida a los tribunales que establece la ley, conforme al artículo 76 de la Carta Fundamental, sino que implica además una vulneración, en grado de privación, del legítimo ejercicio del derecho de propiedad incorporal del recurrente sobre dicha condición de egresado que le habilita para solicitar rendir el Examen antedicho, conforme a los artículos 1 y 4 del Reglamento de Licenciatura de la Escuela de Derecho, razón por la cual la alegación de la recurrida debe ser desestimada por esta Corte.

Así, el fallo concluye expresando que las mencionadas exigencias, constituyen un acto arbitrario, esto es, carente de razonabilidad e injustificado, que ha privado al recurrente del legítimo ejercicio del derecho de propiedad, asegurado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro Carrillo González, quien fue de parecer de rechazar el recurso de protección deducido, fundado en que la exigencia hecha por la recurrida para permitir la conclusión de sus estudios de derecho y obtener el respectivo grado de Licenciado en ciencias jurídicas, a través de la aprobación del respectivo examen de grado, nace de los efectos que produce el incumplimiento en la forma de satisfacer los requisitos que se le exigen para obtener el título de abogado, que otorgado por la Excma. Corte Suprema, constituye la culminación de un proceso excepcional de titulación que le permita entre otros y principalmente, cumplir con la ley 18.120, para ejercer la profesión cuyo título es otorgado por el Tribunal superior del país, así como el desarrollo de otras alternativas de desarrollo profesional válidas y legítimas que otorga la obtención de aquel título. Añade que Tribunal quien haciendo uso de sus facultades, ha impuesto los requisitos que ha estimado necesario para obtener el título de abogado, por medio del Acta 192-2015 de 9 de noviembre del año recién pasado, la que para la situación del recurrente, hace exigible el cumplimiento de los requisitos de los artículos 11 y 12 de la mencionada Acta y cuyo conocimiento le fue requerido al estudiante y postulante a rendir el examen de grado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el fallo analizado por Microjuris, Rol 489-16.

Sernac demandó a cuatro universidades privadas por cláusulas abusivas

2011-09-01-SernacEl Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó demandas colectivas en contra de cuatro universidades privadas a las que acusa de mantener cláusulas abusivas en los contratos con sus estudiantes.

Según informó el propio organismo mediante un comunicado, durante los últimos meses se llevó adelante un proceso de mediación colectiva con 23 universidades que comprendió la «revisión de los contratos e instrumentos de crédito, entre ellos, letras de cambio y pagarés, que debían firmar los estudiantes o sus avales». Al cabo de éste, 17 planteles accedieron a ajustar sus contratos «eliminando las cláusulas que, a juicio del Servicio, eran abusivas y perjudicaban los derechos de los estudiantes y sus apoderados».

Otras cuatro universidades tuvieron una actitud distinta y «no estuvieron dispuestas a eliminar de sus contratos aquellas cláusulas que dejaban en clara desventaja a los estudiantes y apoderados, y que apuntaban en la misma dirección de aquellas que fueron eliminadas por las otras 17 instituciones» de educación superior.

De acuerdo con el Sernac, la presentación de las demandas colectivas busca «que la justicia declare nulas dichas cláusulas y les aplique las multas respectivas (a las universidades) por haber incluido tales disposiciones en sus contratos, que van en contra de lo que establece la Ley de Protección del Consumidor».

Dentro de las cláusulas abusivas que fueron eliminadas por las otras 17 Universidades -y por las que se demanda a las 4 que se rehusaron- destacan:

  • Disposiciones que contenían autorizaciones amplias para el tratamiento y comunicación de los datos personales de los estudiantes.
  • Cláusulas que permitían modificaciones unilaterales a los planes, programas y mallas educacionales, al sólo arbitrio de la universidad y sin señalar causales objetivas que las justificaran.
  • Condiciones que permitían suspender unilateralmente el servicio educacional ofrecido y contratado, por el no pago del o los aranceles del servicio.
  • Cláusulas que imponían barreras de salida al contrato en caso de retiro, suspensión y/o abandono del alumno del establecimiento educacional.
  • Artículos que contenían eximentes de responsabilidad amplios y en perjuicio del alumno.
  • Disposiciones que contenían mandatos amplios e irrevocables y que no incluían la obligación de rendir cuenta.
  • Obligaciones que imponían renuncias anticipadas de derechos al disponer que los estudiantes aceptan y conocen los términos y condiciones de la normativa interna de la universidad.

(Fuente: Cooperativa)

Consulte el comunicado emitido por el Sernac.

Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar acoge demanda colectiva del Sernac en contra de la Universidad del Mar

Foto Maribel Fornerod La Tercera

Foto Maribel Fornerod La Tercera

El tribunal civil de la ciudad jardín acogió la demanda deducida por el Servicio Nacional del Consumidor sobre protección del interés colectivo de los consumidores en contra de la Universidad, declarando varias clausulas del contrato de prestación de servicios educacionales como abusivas y por ello, nulas, admitiendo también la indemnización de perjuicios para los ex estudiantes de la casa de estudios.

En lo esencial, el tribunal hace procedente la protección del interés colectivo, aplicando una multa dada la situación de incumplimiento contractual de la Universidad, en cuanto infringe el artículo 2° letra d) de la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en cuanto establece la obligación de dar fiel cumplimiento a los términos, y condiciones y modalidades ofrecidas por las entidades de educación, sumado a la respectiva indemnización de perjuicios pertinente a los estudiantes afectados.

Consulte el fallo analizado por Microjuris.

En primer lugar, la corte de primera instancia condenó la existencia de cláusulas que permitieran modificar las condiciones en las que se entregaban las prestaciones. Al respecto, el fallo consideró que «la Universidad se atribuye la facultad de poder entregar el servicio educacional contratado de una forma distinta a la que originalmente se pactó en el contrato en cuestión. (…) La abusividad deviene de arrogarse unilateralmente esta facultad, quedando a la absoluta disposición del proveedor, la determinación de la forma y lugar en que se impartirán los servicios de docencia, sin prevenir las causas que podrían dar lugar a la elección de una u otra forma del servicio, pudiéndose llegar al injusto de que un número importante de asignaturas se impartan de manera virtual».

A la vez, se cuestionó la posibilidad de dejar sin efecto el contrato o de suspender unilateralmente su ejecución, sin expresión de causa alguna. En este sentido, se configuran varias formas de abuso, indicandose por el tribunal que «en primer lugar, el proveedor sujeta el otorgamiento del servicio educacional contratado a una condición, cual es, simplemente la decisión de la casa de estudios de impartir el año académico, lo que queda entregado al solo arbitrio de la Universidad, no siendo necesaria expresión de causa alguna. (…) En segundo lugar, la cláusula es abusiva al condicionar el otorgamiento del servicio educacional a alcanzar el número mínimo de alumnos, o en general, por cualquier causa o motivo interno de la Universidad. (…) En tercer lugar, la citada cláusula contiene disposiciones que importarían una limitación absoluta de responsabilidad, privando a los consumidores de su derecho a resarcimiento. (…) En cuarto lugar, la cláusula atenta, además, contra el principio de buena fe y el equilibrio de las prestaciones, desde el momento en que la devolución de los dineros pagados por los consumidores, se devolvería sin reajustes ni intereses de ningún tipo, lo que resulta abusivo y contrario a la buena fe que debe regir en materia contractual, atendida la finalidad del contrato.»

Respecto a la indemnización de perjuicios solicitada por los estudiantes, el tribunal considera que la afectación en el avance curricular del alumno constituye un incumplimiento que afecta la finalidad prevista al momento de contratar, causando evidentes perjuicios a los estudiantes, cuyo monto se determina en torno a cuatro grupos:

Grupo 1: Alumnos que continuaron sus estudios en otros planteles educacionales, en virtud de convenios, sin dejar de tener la calidad de alumnos de la Universidad del Mar.

Grupo 2: Alumnos que fueron reubicados durante el año 2013 en otras instituciones educacionales, dejando de tener la calidad de alumnos de la Universidad del Mar.

Grupo 3: Alumnos cuya reubicación en otros centros educacionales no fue posible y que, por dicha razón, no continuaron con sus estudios durante el año 2013.

Grupo 4: Alumnos cuyos ramos cursados en la Universidad del Mar no son susceptibles de convalidación y/u homologación con otras instituciones.

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