Comisión aprobó proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas

En condiciones de ser visto por la Comisión de Hacienda quedó el proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, luego que la Comisión del ramo concluyera su análisis y votación esta semana.

La propuesta legal, ingresada a trámite legislativo en junio de 2015, da cuenta que para implementar el programa de concesiones de manera ágil y flexible, surgió dentro del Ministerio de Obras Públicas una institución especializada hoy denominada «Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP).

Dicha unidad, explicitó el Ejecutivo, se constituyó como el organismo técnico encargado de ejecutar los procesos asociados a las concesiones, siendo responsable de, entre otras cosas, articular la generación y el diseño de proyectos susceptibles de operar bajo esta modalidad; llevar a cabo los procesos de licitación; y realizar el seguimiento de las distintas instancias de desarrollo de los proyectos ya concesionados, es decir, la gestión contractual tanto en la etapa de construcción como en la de explotación.

Sin embargo, expuso el Gobierno, frente a la actual dimensión de los proyectos en curso y por venir, se reconoció la necesidad de crear una nueva entidad capaz de sacar adelante las iniciativas con una adecuada planificación, en cuanto a plazos y recursos, de manera de no afectar la ruta crítica para el éxito en la adjudicación y posterior ejecución de la nueva cartera, ni a los proyectos actualmente en construcción y/o ejecución.

En esta línea, la iniciativa crea la citada Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y establece la obligación del Ministerio del ramo de contar con una planificación permanente en un horizonte a cinco años.

Además, la nueva institucionalidad promueve el fortalecimiento del modelo de gestión y de fiscalización de los proyectos, así como el perfeccionamiento del modelo de desarrollo y de aprobación de estos; la profundización de las capacidades para el análisis y estructuración financiera de los proyectos; el fortalecimiento de la cartera entre inversionistas y financistas, nacionales y extranjeros; la implementación de sistemas tecnológicos para la gestión interna y para la entrega de información a la ciudadanía; y una mayor coordinación con otros organismos públicos, entre otros.

Según se informó desde la Comisión que preside el diputado Felipe Letelier (PPD), el proyecto fue aprobado prácticamente en los mismos términos en que fue ingresado, salvo la introducción de una norma negociada con el Ejecutivo que permite que el director general de Concesiones de Obras Públicas, previa aprobación del Ministro del ramo, pueda delegar en funcionarios de su dependencia atribuciones específicas para una o más regiones o localidades, cuando circunstancias calificadas lo hagan necesario, y pudiendo poner término a la delegación en cualquier momento.

Acuerdos y cambios pendientes

En la sesión de este miércoles, el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, informó de los alcances de la negociación llevada a cabo con el personal de la CCOP y que quedaron plasmados en un protocolo de acuerdo firmado el 27 de enero de este año.

La autoridad explicó que entres los acuerdos se considera que, a través de distintos mecanismos, el 95% del personal de la Coordinación, independiente si es a contrata o a honorario de suma alzada, se podrá traspasar a la nueva Dirección General, manteniendo las rentas brutas actuales, mediante un proceso gradual y con reconocimiento de la antigüedad laboral. Además, se contemplará la entrega de una asignación de modernización general y una asignación transitoria excepcional para técnicos y administrativos.

«Este acuerdo reconoce el mérito y la experiencia de los equipos humanos de la CCOP, que han venido desarrollando esta labor con el mayor profesionalismo hace más de 20 años», remarcó el Ministro en su presentación.

Según se especificó en la sesión, los acuerdos afectarán principalmente a los artículos transitorios, los cuales se espera modificar durante el trámite en la Comisión de Hacienda. Entre los puntos a abordar está la inclusión de las citadas asignaciones, que tendrán un costo fiscal de $528 millones anuales.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10126.

Aprueban modificaciones a normas sobre antenas celulares

Siete son las mociones que componen el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de instalación de torres soporte de antenas de telecomunicaciones.

El propósito es dar mayor participación a los vecinos que sufren con las antenas, tanto patrimonialmente como en términos de salud. Muchas veces, no son notificados a tiempo, sino hasta cuando la antena ya fue construida, y tampoco se avisa al propietario del terreno contiguo, que pierde la plusvalía de su propiedad al no poder vender o arrendar su predio.

Junto con mejorar la participación de los vecinos y de sus respectivas agrupaciones, la norma también busca desincentivar la instalación de este tipo de estructuras en zonas residenciales.

El texto, que ahora será revisado por el Senado, también modifica normas sobre la notificación a los vecinos afectados, los plazos para otorgar los permisos de instalación, la regulación de sus instalaciones, las medidas de compensación y la identificación de las empresas de telecomunicaciones que hacen uso del soporte de antenas, entre otras materias.

El diputado Osvaldo Urrutia (UDI) planteó que la idea es mejorar la notificación a los vecinos y a los propietarios, quienes ven afectados su entorno en términos patrimoniales y de salud, ya que nadie los indemniza.

Señaló que las propiedades pierden plusvalía, y eso es lo que se busca evitar. Es decir, que en las zonas residenciales se instalen estructuras que soporten antenas. En ese marco, se faculta a los vecinos para organizarse e incluso demandar a quien arriende un terreno provocando el daño mencionado. En suma, el parlamentario recalcó que el texto legal aumenta la participación y desincentiva el uso e instalación de mega torres en zonas residenciales.

Agregó el legislador que se igualan las condiciones en las direcciones de obras para obtener los permisos y se amplían los plazos.

Por su parte, el diputado Marcelo Chávez (DC), si bien calificó el proyecto como un avance, lamentó que lo aprobado carezca de una mejor planificación urbana en términos de instalación de antenas y de incentivos para las compañías para desarrollar tecnologías menos invasivas con el entorno, los vecinos y las comunidades.

El parlamentario destacó que en las zonas declaradas como sensibles como hospitales, jardines infantiles y escuelas, las torres de menos de 18 metros tengan un distanciamiento mayor, de 50 a 100 metros.

Por último, el diputado Rodrigo González (PPD) coincidió en la falta de una adecuada planificación de las ciudades en el proyecto despachado por el Senado a segundo trámite constitucional. Recordó que una iniciativa impulsada por él y que no fue considerada por la Sala, precisaba las zonas donde se podían instalar las antenas, lo que permitía a los vecinos saber si en sus barrios habría o no torres.

Las zonas de distanciamiento definidas por el proyecto, a juicio del diputado González, son absolutamente limitadas puesto que su propuesta contemplaba 250 metros en vez de los 100 metros aprobados. Concluyó señalando que el Congreso desaprovechó una gran oportunidad de regular de verdad la instalación de antenas en beneficio de las comunidades.

(Fuente: Diputados)

Consulte los proyectos de ley, Boletínes N° 10387-15, 9658-159647-159641-15.

Corte de Valparaíso rechaza reclamo de ilegalidad por permisos de construcción de centro comercial en Puerto Barón

Corte-de-Apelaciones-de-Valparaiso-pjud.cl_La Corte de Apelaciones de Valparaíso desestimó ayer –jueves 16 de febrero– el reclamo de ilegalidad presentado por un grupo de vecinos en contra del municipio porteño que autorizó la construcción del mall Puerto Barón.

En fallo unánime (causa rol 588-2013) la Quinta Sala del tribunal de alzada porteño –integrada por los ministros María Angélica Repetto, Max Cancino y Rosario Lavín- descartó infracción de ley en la resolución municipal que otorgó el permiso de edificación del proyecto: «alteración, reparación y ampliación de la bodega Simón Bolívar y obra nueva de edificio centro comercial, áreas verdes y vialidad interior».

«Que habiéndose desestimado las alegaciones de ilegalidad formuladas en el reclamo respecto al permiso de edificación N° 79, sólo puede concluirse que con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5 y 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y 24 letra a) de la Ley N° 18.695, la Directora de Obras Municipales de Valparaíso concedió el permiso de construcción, de acuerdo con los antecedentes acompañados y cumpliendo el proyecto con las normas urbanísticas establecidas vigentes a la fecha de su emisión, particularmente aquella contenida en los planes reguladores», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «(…) se desestima el reclamo de ilegalidad municipal presentado por don Mario Zumelzú Codelia, don Pablo Andueza Guzmán y don Edgardo Piqué González, abogados, en representación de don Carlos Rómulo Manterola Carlson, don Edison Schultz Vera, don Óscar Hormazábal Ciudad, don Raúl Alcázar Cruz, don Jorge Bustos Bustos, doña Lorena Colivoro Villalón, doña María José Oyarzún Solís, don Camilo Vargas Koch, doña Andrea Silva Alarcón, doña Sara Herrera Mora, doña María Flores Pastén y doña Patricia Araya Mancilla, en contra de la Municipalidad de Valparaíso, respecto a la resolución que otorgó el permiso de edificación N° 79, de 14 de febrero de 2013 emitida por la Directora de Obras Municipales de la misma ciudad, sin costas, por estimar que los actores litigaron con motivo plausible».

(Fuente: Poder Judicial)

A %d blogueros les gusta esto: