Nueva institucionalidad para Comisión del Mercado Financiero fue despachada por el Senado

Finanzas DineroPor 22 votos favorables y 3 abstenciones, la Sala despachó el informe de la Comisión Mixta que concordó entre ambas Cámaras una nueva institucionalidad colegiada para la supervisión del mercado de Valores y Seguros con la posibilidad de avanzar progresivamente en un modelo integrado de supervisión de todo el mercado financiero.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Juan Antonio Coloma, José García Ruminot, Andrés Zaldívar, Hernán Larraín, Felipe Harboe, Baldo Prokurica e Iván Moreira.

En la oportunidad, si bien se valoró que en la Comisión Mixta se haya avanzado en la elaboración de una nueva propuesta más integradora del mercado financiero, también se hizo presente por parte del senador Harboe la falta de tiempo para revisar los cambios propuestos en la instancia mixta.

No obstante, los senadores Coloma y Zaldívar, dejaron constancia que la propuesta de la Comisión Mixta si bien se decidió avanzar en el texto original que proponía la creación de una Comisión de Valores y Seguros, se acogió la opinión de numerosos especialistas que coincidieron en que se debe avanzar en la creación de organismos colegiados de esta naturaleza que tengan una relación virtuosa y den espacio para prevenir las situaciones de problemas financieros que ocurren en el mundo moderno.

TEXTO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN MIXTA

El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, tiene por objeto adecuar la institucionalidad nacional que regula el mercado de valores y seguros a las transformaciones experimentadas por el sector a nivel mundial, en las últimas décadas, las que plantean desafíos relevantes en relación a la estructura de regulación y supervisión financiera existente, para lo cual se transforma la organización institucional de gobierno unipersonal de la Superintendencia de Valores y Seguros en una Comisión de Valores y Seguros con estructura colegiada, manteniendo la condición de servicio público descentralizado y especializado.

Al comenzar la discusión en el seno de la Comisión Mixta, el Ejecutivo presentó una proposición, mediante Mensaje N° 200-364, de 24 de octubre de 2016, como forma y modo de superar la discrepancia suscitada entre ambas Cámaras, y que consiste en una nueva propuesta de modernización, reforma y adecuación institucional del actual sistema de regulación y supervisión del mercado financiero, que reúne las funciones regulatorias y sancionatorias en un único organismo colegiado, denominado Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Contenido del proyecto de ley:

– Crea la Comisión para el Mercado Financiero, como un servicio público descentralizado, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, y que para todos los efectos será considerada la sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de Valores y Seguros, y del servicio denominado Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.

– En el ejercicio de sus potestades corresponderá a la Comisión velar por el correcto desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes del mismo y promoviendo el cuidado de la fe pública, debiendo mantener una visión general y sistémica del mercado, considerando los intereses de los inversionistas y asegurados.

– Establece las competencias fiscalizadoras de la Comisión, las que dicen relación con la supervisión de las personas que emitan o intermedien valores de oferta pública; de las bolsas de productos, las bolsas de valores mobiliarios y las operaciones bursátiles; de las asociaciones de agentes de valores y las operaciones sobre valores que estos realicen; de los fondos que la ley somete a su fiscalización y las sociedades que los administren; de las sociedades anónimas y en comandita por acciones que la ley sujete a su vigilancia; de las empresas dedicadas al comercio de asegurar y reasegurar, cualquiera sea su naturaleza, y los negocios de éstas, así como de las personas que intermedien seguros; del Comité de Autorregulación Financiera y en general, de cualquiera otra entidad o persona natural o jurídica que las leyes le encomienden.

– Excluye de la fiscalización de la Comisión a las administradoras de fondos de pensiones.

– Otorga a la Comisión una función de colaboración con el Servicio de Impuestos Internos en su rol fiscalizador del cumplimiento de la normativa tributaria, mediante las funciones que se le otorgan.

– Determina las atribuciones generales de la Comisión, las que deberán ser ejercidas conforme a las reglas y al quórum de aprobación que se precisan.

– Existirá un Consejo, encargado de la dirección y administración superior de la Dirección, para lo cual deberá establecer una normativa interna de funcionamiento, la que determinará los aspectos básicos para su funcionamiento y para el cumplimiento de las obligaciones encomendadas y que contendrá, en general, todas aquellas disposiciones que le permitan una gestión eficiente.

– El Consejo estará integrado por 5 miembros, denominados Comisionados. Su Presidente será nombrado por el Presidente de la República, deberá ser de reconocido prestigio profesional en materias financieras, tendrá la calidad de jefe de servicio, siendo el encargado de la organización y administración de la Comisión. Será elegido dentro de los 90 días siguientes al inicio del período presidencial y tendrá dedicación exclusiva y permanencia en el cargo por el período por el que se extienda el mandato presidencial.

– Los 4 miembros restantes serán designados por el Primer Mandatario, de entre personas de reconocido prestigio profesional o académico en materias financieras, con acuerdo de los 4/7 de los Senadores en ejercicio, permanecerán en el cargo por un período de 6 años, mediante una designación escalonada cada 3 años.

– Regula las inhabilidades e incompatibilidades para ser designado comisionado, las causales de cesación en el cargo; los quórums para sesionar y adoptar acuerdos, la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias; la obligación de presentar declaración de patrimonio y la regulación de los conflictos de intereses.

– Determina las atribuciones del Consejo entre las que destacan las de establecer políticas de planificación, dirección, coordinación y control del funcionamiento del organismo; fijar políticas de administración y enajenación de bienes; la dictación de normas generales administrativas y la resolución de procedimientos sancionatorios.

– La Comisión contará con una Unidad de Investigación, responsable de la instrucción del procedimiento sancionatorio que se regula, la cual estará a cargo de un Fiscal, nombrado por el Consejo mediante el proceso de selección de altos directivos públicos y durará 6 años en su cargo, pudiendo renovarse su nombramiento por un período consecutivo.

– Todo el personal de la Comisión para el Mercado Financiero se regirá por un Estatuto del Personal de carácter especial y, en el Código del Trabajo, como legislación supletoria.

– Prohíbe a los excomisionados y a los exfuncionarios de la Comisión, desde la cesación en sus cargos y por el plazo de seis meses, prestar cualquier tipo de servicio, sea de forma gratuita o remunerada o adquirir participación en la propiedad de entidades respecto de las cuales se ha emitido algún tipo de decisión de las que se señalan.

– Mejora el proceso administrativo sancionatorio, dando mayores garantías de objetividad e imparcialidad a los fiscalizados.

– Separa los roles investigativos de los sancionatorios, disponiendo que corresponderá al Consejo la aplicación de sanciones, sin intervenir de modo alguno en la investigación de las infracciones y el levantamiento de cargos, lo que se entrega a la unidad especializada que se crea, bajo la responsabilidad del Fiscal, con el objeto de contribuir a resguardar adecuadamente el debido proceso y a garantizar imparcialidad.

– Fortalece la capacidad de investigación y sanción de infracciones a las leyes de mercado de valores y seguros sujetas a la fiscalización de la Comisión, para lo cual se le confieren facultades explicitas para requerir acceso a información sobre operaciones bancarias de personas determinadas, en el marco de los procesos que inicie.

– Regula el beneficio de reducción de las sanciones pecuniarias y penales a las que podrán acceder quienes incurriendo en una conducta sancionable por la Comisión, se autodenuncien aportando los antecedentes que conduzcan a la acreditación de los hechos constitutivos de infracción.

– Establece los apremios o sanciones a las que la Comisión tiene derecho en caso de que se obstaculizare o impidiere el pleno ejercicio de sus funciones otorgadas o a las del Fiscal.

– Dispone que el procedimiento sancionatorio durará como máximo 9 meses, desde la formulación de cargos hasta la resolución final del Consejo, a menos que hubiese una o más prórrogas de plazo en el proceso.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 9015-05.

Proyecto que permite las tarjetas de prepago quedó en condiciones de ser ley

tarjeta creditoCon 111 votos a favor y 1 abstención, la Cámara de Diputados aprobó en tercer y último trámite el miércoles 3 de agosto, el proyecto que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondo por entidades no bancarias.

La iniciativa, que fue remitida al Ejecutivo para sus trámites de promulgación como ley, apunta a facilitar el acceso de los sectores de menores recursos a medios de pago electrónicos, mediante el desarrollo de instrumentos que permitan almacenar fondos previamente, tales como tarjetas, cuentas de Internet o teléfonos móviles, provistas no solo por los bancos.

Dentro de los cambios aprobados, se permite a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. (METRO S.A.), convenir con las entidades no bancarias emisoras de medios de prepago, la prestación recíproca de los servicios de recaudación y carga de fondos.

Las entidades no bancarias tendrán un marco regulatorio distinto a la Ley General de Bancos. Las empresas emisoras y operadoras de medios de prepago, deberán constituirse en el país como sociedad anónima especial de giro exclusivo, debiendo sujetarse a las disposiciones aplicables a las sociedades anónimas abiertas, cumplir las exigencias que el Banco Central establezca y someterse a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Dentro de las entidades que podrán constituir estas sociedades se encuentran las Cajas de Compensación y las Cooperativas de Ahorro y Crédito fiscalizadas por la SBIF.

El Banco Central, en tanto, podrá dictar normas diferenciadas, atendiendo a la naturaleza de las operaciones que efectúen los emisores u operadores de estos medios de prepago.

La operación de estos instrumentos podrá ser ejercida por estas empresas o por sociedades de apoyo al giro bancario, siendo necesario, en este último caso, que dichas sociedades establezcan condiciones y exigencias objetivas y no discriminatorias de contratación.

Los emisores no bancarios de medios de prepago podrán recibir dinero del público, solo para efectuar los pagos correspondientes a su utilización, al cargo de las comisiones que procedan o al reembolso de los recursos recibidos. Estos fondos recibidos por el emisor se registrarán, mantendrán y contabilizarán en todo momento en forma segregada respecto de las otras operaciones realizadas por la sociedad emisora, no serán susceptibles de embargo, medida prejudicial o precautoria u otras limitaciones al dominio y no devengarán intereses ni reajustes.

La persona podrá, en cualquier momento, solicitar al emisor la devolución del saldo de dinero provisionado en el medio de prepago, sin reajustes ni intereses. También podrá utilizarlo para acceder al sistema de transporte público de pasajeros.

Adicionalmente, se autoriza a la empresa Metro a convenir con las entidades no bancarias emisoras de medios de prepago, la prestación recíproca de los servicios de recaudación y carga de fondos.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9197.

Presentan solicitud para permitir el retiro parcial de fondos previsionales

afpUn grupo de diputados pidió al Ejecutivo el envío de un proyecto que posibilite, por una sola vez, el retiro de hasta el 25 por ciento de los ahorros previsionales de cada cotizante para comprar un inmueble o entregar un pie en un crédito hipotecario.

A través de una resolución –que aún debe ser votada y aprobada por la Sala de la Corporación– los legisladores piden al gobierno que mientras se espera e implementa una reforma previsional general, es necesario contar con medidas que operen a corto y mediano plazo para apoyar a la clase media, planteando, como una de estas, la posibilidad del retiro parcial de los fondos ahorrados en las AFP.

Al respecto, el diputado Marcelo Chávez explicó que “hay que recordar que los fondos previsionales en Chile son de propiedad de los afiliados y lamentablemente en Chile, al parecer, se ha ido perdiendo esta noción. Por lo tanto, creemos que, por esta, vía los afiliados al sistema de pensiones podrían rentar mucho más por la vía de la adquisición de una vivienda que lo que hoy día están haciendo a través del sistema de pensiones».

Añadió que la idea de esta propuesta es que tendría un carácter voluntario, no obligatorio, de manera quien quiera, pueda ,por una vez en su vida, retirar para este solo objeto.

Chávez precisó que “queremos contribuir con esta propuesta a generar y abrir la conversación en torno a este sistema de pensiones, no para consolidar este sistema, muy por el contrario; sino para abrir la conversación, para abrir el debate y generar el espacio y las propuestas que puedan ir surgiendo a propósito de este tema”.

El diputado Fuad Chahin, en tanto, señaló que “este sistema es un crimen social que no da para más, que requiere cambios profundos, estructurales, y hay que pasar a un sistema mixto con aportes tripartitos y solidarios; pero, este cambio de sistema, va a tener efectos en 20 o 30 años, esos son los tiempos que se toma en surtir efecto un cambio estructural como el que el país necesita y que nosotros respaldamos. Obviamente hay que tener, además otras medidas que generen algún efecto en el corto plazo, y ahí hemos propuesto a los menos dos; fortalecer el Pilar Solidario para los más vulnerables y aportar con iniciativas que mejoren las pensiones y aumenten la rentabilidad y por eso esta propuesta que hoy hemos ingresado».

Agregó que “hoy día el Estado de Chile gasta entre un 0,9 y 1 punto del PIB para financiar las pensiones de los 130 mil pensionados de las FFAA y de Orden; y, apenas 0,7 puntos del PIB para el millón y medio de personas que reciben el Pilar Solidario o pensiones básicas solidarias, aportes previsional solidario; eso, tenemos que mejorarlo. El esfuerzo del Estado tiene que estar con ese millón y medio más vulnerable, ampliando los montos y también la cobertura».

Pero, además, llamó la atención sobre la clase media, ya que el Estado también tiene beneficios para aquellos poseen mayor capacidad de ahorro, porque los aportes previsionales voluntarios tienen franquicia tributaria y, por lo tanto, «es la clase media la que hoy día en el corto plazo tiene pocas posibilidades de poder mejorar sus pensiones o sus ingresos porque este cambio estructural se va a tomar un tiempo en surtir efecto, y queremos por lo tanto que la decisión se tome ahora».

En esa línea, la solicitud plantada por medio de esta resolución busca que la clase media, que no recibe los beneficios del Pilar Solidario ni tampoco tiene capacidad de ahorro para un APV, pueda retirar parte de sus fondos de pensiones para invertir «en un negocio bastante seguro y bastante rentable como el negocio inmobiliario, ya sea para destinarlo al arrendamiento o para poder adquirir una vivienda propia y evitar el pago justamente de una renta».

El diputado Pablo Lorenzini, en tanto, manifestó que “además de mirar para adelante, y en eso estamos, yo pido revisar lo que se ha hecho; revisar, por ejemplo, todo lo que ocurrió con las tablas y cálculos de mortalidad efectuados por las superintendencia y que obviamente ha sido manipulado a favor de las AFP. Lo de ofrecer renta vitalicia versus renta programada y los cambios que eso significa en las pensiones también está manipulado”.

El proyecto de Resolución fue firmado, también, por los diputados DC Juan Morano, Iván Flores, Sergio Ojeda, Víctor Torres y Mario Venegas.

(Fuente: Diputados)

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